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Sergio Moro: de un adalid de la justicia a un camandulero reprobable hipócrita y embustero

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Muchas veces la construcción de una imagen es deliberadamente edificada mediante el engaño que tiene éxito y solvencia hasta que periodistas e investigadores serios como el sitio The Intercept fundado por los periodistas Glenn Greenwald, Laura Poltras y Jeremy Scahill dan a luz a los “archivos más grandes e importantes de material filtrado en muchos años”. Está compuesto por “chat secretos, audios, videos y documentos de los fiscales y del ex juez Sergio Moro, quien encarceló a Lula, que muestra varias incorrecciones” procesales.

Los fiscales de la operación “Lava Jato” confirmaron en un extenso comunicado que los mensajes publicados por The Intercept fueron ”fruto de un ataque de Hackers, lo que confirmaría la autenticidad del material.

“La fuerza de tareas de la “Lava Jato” en el Ministerio Público Federal del Estado de Paraná informa al público que sus miembros fueron víctimas de la acción criminal de un “hacker” que practicó los más graves ataques a su actividad, la vida privada y la seguridad de sus integrantes”, señaló el texto.

Greenwald señaló en su cuenta de twitter que “hemos publicado hoy tres artículos como inicio de un reporte de un archivo explosivo sobre Brasil”. “El primero de ellos es nuestra explicación de que es el archivo , que contiene, como lo obtuvimos y que principios usamos para revelarlo”, continuó.

El periodista siguió señalando que “además publicamos una nota con numerosos chats encriptados de los fiscales de la “Lava Jato” que prueban una sospecha de larga data que ellos negaban vehementemente: que muestra que actuaron motivados explícitamente para impedir que Lula y el PT (Partido de los Trabajadores) ganaran las elecciones de 2018”.

Los artículos citan numerosos intercambios de Telegram entre los procuradores y entre estos y el juez moro, que sugieren esta motivación y, asimismo, , una orientación a los primeros por parte del magistrado, que podría violar las normas procesales. “Además, y verdaderamente explosivo: Sergio Moro, antes juez y ahora Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, complotó en secreto con los fiscales para construir el caso criminal contra Lula sobre el que él terminó fallando”, lo que supones “una clara violación de la ética y las bases de la justicia”.

De acuerdo con el periodista estadounidense, ”en suma, , el proceso por el que se encarceló a Lula y se lo hizo inelegible para competir-allanado el camino al poder de Bolsonaro-fue alimentado ilegalmente , con abuso de poder politizado y con engaños”.

En los chats, que el jefe de fiscales, Deltan Dallagnol, muestra dudas sobre la solidez de las pruebas en el caso por el que se condenó a Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En concreto, aquel admitía en reserva que las pruebas eran endebles para adjudicar al ex presidente la titularidad del triplex en el balneario de Guarujá que, según la sentencia, le había sido entregado como soborno por la constructora OAS.

Asimismo consideraba difícil de sostener la vinculación de ese supuesto pago con contratos de esa firma con la petrolera estatal Petrobras, otro elemento que ha motivado serias críticas a esa sentencia de Moro, confirmada ya, en segunda instancia.

Por otro lado se lee en The Intercept intercambio entre los fiscales y Moro en lo que éste les instruye sobre el modo más eficaz de realizar planteos y pedir medidas de prueba, lo que constituye, según la ley brasileña, una violación del deber de imparcialidad de los jueces, que no pueden asumir tareas de acusación.

Lula, que en pocos años pudo rescatar del hambre y la pobreza a 36 millones de brasileños, reducir la mortalidad infantil en un 45% y disminuir el número de personas subalimentadas en un 82% y conseguir que Brasil, el país más grande de Latinoamérica , donde la brecha entre ricos y pobres era la mayor del mundo, desapareciera del mapa del hambre que la FAO elabora anualmente.

Lo único que le queda al Ministro Moro es pedir perdón y recluirse en un convento, pues su paciente trabajo para acceder a la próxima presidencia de Brasil, se ha derrumbado como un castillo de naipes. Acaso la justicia divina se apiade de él.

Miguel Schmalko-consejero y ex presidente de FEBAP y CACEXMI (Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones)

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Internaron al expresidente de Perú Alan García: se habría disparado en la cabeza

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El dirigente habría intentado suicidarse luego de que el Poder Judicial aprobara el pedido de la fiscalía para detenerlo por un plazo de 10 días.
El dirigente habría intentado suicidarse luego de que el Poder Judicial aprobara el pedido de la fiscalía para detenerlo por un plazo de 10 días.
El expresidente de Perú Alan García permanecía internado en la mañana de este miércoles 17 de abril y era sometido a una intervención quirúrgica luego que fuera capturado por agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad.
Según reporta el diario peruano El Comercio, el dirigente se habría disparado en la cabeza luego que el Poder Judicial aprobara el pedido de la fiscalía para detenerlo por un plazo de 10 días. Los médicos intentan salvarle la vida, pero sus signos vitales son débiles y la hemorragia es abundante. Por el momento, está en el área de traumashock.
García es uno de los cinco exmandatarios vivos que gobernaron Perú tras el fin del régimen militar en 1980 (1985-1990 y 2006-2011). El exjefe de Estado está salpicado por el escándalo de las dádivas de Odebrecht a políticos y tiene prohibición de salida del país.
En noviembre de 2018, García solicitó asilo en la embajada uruguaya, alegando ser víctima de una persecución política después de que la justicia peruana le prohibiera salir de Perú, pero Montevideo rechazó su pedido. La constructora brasileña admitió ante la justicia estadounidense que pagó 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.
En diciembre del 2018, Odebrecht firmó un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y a entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los cuatro expresidentes (Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y García) y a otros políticos y funcionarios peruanos.
Además de García, otros dos expresidentes encaran investigaciones judiciales que pueden llevarlos a prisión por el megaescándalo Odebrecht. Ellos son: Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016). El primero escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición. El segundo ya cumplió una pena de prisión preventiva con su esposa Nadine Heredia por nueve meses de los 18 meses que le impuso un tribunal. Salieron libres después de que el Tribunal Constitucional revocó la decisión del magistrado.
Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski fue arrestado el 11 de abril pasado y Alberto Fujimori (1990-2000) cumple prisión preventiva desde octubre de 2018, también por presunto lavado de activos por recibir fondos de Odebrecht para su campaña.

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Cambiemos presentó el Plan Nacional Anticorrupción

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A través de un decreto publicado este jueves (11/4) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso en funciones el Plan Nacional Anticorrupción, que durará cinco años. Se trata de un programa que despliega más de 250 iniciativas “transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia” en la Administración Pública, pero también para prevenir, investigar y sancionar infracciones. La idea apunta al electorado preocupado por la corrupción pero la mayor preocupación de la gente pasa actualmente por la economía y el empleo.
Siguiendo con su agenda electoral y mientras define el anuncio de medidas económicas para incentivar el consumo y aliviar el impacto de la crisis económica, el Gobierno nacional formalizó este jueves (11/4) la puesta en marcha del Plan Nacional Anticorrupción, mediante el decreto 258/2019 publicado en el Boletín Oficial.
La iniciativa fija los lineamientos para una mayor transparencia en el Poder Ejecutivo, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones.
El plan tendrá vigencia para el quinquenio 2019-2023.
El programa contiene “más de 250 iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas”, según señala la norma en sus considerandos.

Entre ellas, enumera, se encuentran “mecanismos para mejorar la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas – con especial énfasis en la obra pública -, diversas plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a información pública o la implementación de una plataforma uniforme para la rendición de cuentas de transferencias, becas y subsidios”.
El plan se lanza tras la consulta pública que la Oficina Anticorrupción realizó en agosto del año pasado, por espacio de cuatro semanas, donde 24 actores de la sociedad civil presentaron 18 propuestas. Estas iniciativas abordan temas como el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la integridad en el sector privado, la educación en ética a nivel escolar, entre otras cuestiones.
El decreto dispone la creación de un Consejo Asesor de a cargo hacer el seguimiento de su implementación, para cuya conformación se convocará a “organizaciones de sociedad civil, del sector privado y a expertos de reconocida trayectoria”.
El proyecto fue impulsado por la Oficina Anticorrupción, conducida por la exdiputada del PRO Laura Alonso, y por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional que comanda otro exdiputado nacional, el ‘lilito’ Fernando Sánchez.
“Siguiendo los lineamiento fijados por las convenciones sancionadas en la materia por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la OCDE, la norma crea un mecanismo de seguimiento público, que será diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto”, dispone el artículo 3° del decreto.
“El cumplimiento de estas convenciones no solo constituye un mandato de derecho interno, sino que además es una obligación internacional de la que deriva la correlativa responsabilidad y a cuya observancia queda subordinada la reputación del país en la comunidad internacional”, resalta el texto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La norma fija tres aspectos centrales sobre los que girará su accionar: “transparencia y gobierno abierto”; “integridad y prevención” e “investigación y sanción”.

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Odebretch: detuvieron a Kuczynski, el ex presidente peruano

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Odebretch, el caso de corrupción más grande que involucra a algunos países de América Latina, como Argentina, Colombia, Brasil y Panamá y por el cual cayeron los funcionarios más altos de los mismos países, hoy alcanzo al ex presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.
El miércoles 10/04, el Poder Judicial de Perú emitió la orden mediante la cual exige la detención del ex presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (2016- 2018) por estar involucrado en el caso de lavado de dinero más famoso de latinoamérica, Odebretch.
La orden judicial ordena prisión preliminar para el ex funcionario de 80 años durante 10 días. El acusado fue dirigido a la Prefectura de la Policía Nacional, donde cumplirá con el período de encarcelamiento, luego de realizar la revisión médica correspondiente.
La detención no solamente afecto al ex mandatario sino que también cayó sobre su ex secretaria Gloria Kisic y de su chofer José Luis Bernaola.
De acuerdo a lo expresado por el juez a cargo de la investigación Jorge Luis Chávez, el Ministerio Público presentó como “hecho precedente” los “actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido” Kuczynski en cuanto a los proyectos de corrupción que fueron realizados emparejados con Odebretch durante su función como Ministro de Economía del ex presidente, Alejandro Toledo (2001-2006), quien hoy tiene una orden de búsqueda y captura sobre sus espaldas.
El caso Odebretch fue iniciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos acusando a distintos políticos de haber realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países. Entre ellos los ex presidentes de Brasil: Dilma Rouseff, Lula Da Silva y Michel Temer.
La empresa había creado un departamento de sobornos llamado “Caja B” a finales de 2010 para que los distintos funcionarios impulsen contractos de la empresa alrededor del mundo. Por ejemplo los acuerdos firmados con la petrolera estatal de Brasil Petrobras por los cuales condenaros a los ex mandatarios brasileños y al ex presidente de la constructora, Marcelo Odebretch a 19 años de prisión.
En cuanto al acusado peruano, las autoridades de su país ya habían registrado sus domicilios en Lima en 2018, 24 horas después de haber presentado su renuncia a la presidencia en consecuencia del escándalo que las sospechas de corrupción habían causado tanto en el ámbito político como en el pueblo. Siendo el primer presidente en abandonar el cargo por una causa judicial, aunque luego le prohibieron la salida del territorio.
Horas antes de su detención, al ser consultado por el caso Odebretch, el ex funcionario explicó en el programa televisivo peruano, Panorama, que: “No tengo una opinión, me parece ridículo, gracias”.
Como si fuera poco, en el año 2016, Marcelo Odebretch ya había declarado en 2016 frente a las autoridades norteamericanas que en Perú se pagaron alrededor de US$ 29 millones entre los años 2005 y 2014. Es por eso que el entramado de corrupción afecto a otros ex líderes de Perú.

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Denuncian a “viceintendente” de Cambiemos en Corrientes: cobraba tres sueldos

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Una concejal de la ciudad correntina de San Roque denunció al Viceintendente local de Cambiemos, José Altamirano, de haber cobrado triple sueldo, uno de ellos del Senado nacional, mientras ejerce la función pública, en un hecho que ya está en manos de la Justicia penal de Corrientes.
Las investigaciones preliminares, que motivaron una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción N°1 de Goya, confirmaron que Altarmirano cobró hasta diciembre de 2018 un sueldo de 25 mil pesos por mes en el Senado, es decir, durante todo el primer año de gestión como viceintendente, tiempo en el que también percibía su salario por esta función municipal sin haber solicitado ninguna licencia sin goce de haberes, según los documentos oficiales recolectados.
Concretamente, se trataría de un caso de “Viceintendente Ñoqui” porque la concejal denunció que, mientras Altamirano ejerce la función municipal – presidente del Concejo Deliberante-, figura como personal del Senado Nacional, empleado en el despacho del senador macrista de Cambiemos, el exgobernador Pedro Braillard Poccard. A su vez, el mismo Altamirano tendría un empleo en la Asociación Vecinal de Saneamiento de San Roque (AVESA).
La concejal denunciante es Adriana Carmagnola, quien detectó las supuestas irregularidades y formalizó una denuncia ante la Comuna de San Roque. A partir de allí, el Ejecutivo municipal solicitó los correspondientes informes al Senado y a la Asociación Vecinal para constar las irregularidades y poner al resguardo los recursos del erario público.
El resultado de esta investigación se transformó en una denuncia penal ante la Justicia provincial en Goya.
Entre los elementos probatorios del caso, el Senado nacional respondió oficialmente con un documento hecho por el director de Recursos Humanos de la Cámara que certifica que Altamirano estaba dado de alta, percibiendo haberes en el despacho del senador macrista hasta diciembre de 2018, mientras ya hacía un año que era viceintendente y cobraba su sueldo municipal cercano a los 20 mil pesos en ese momento.
“Pedimos que la Justicia investigue si Altamirano cometió los delitos de defraudación a los Estados nacional y municipal, por doble sueldo, y por violación de los deberes de funcionario público y de las normas de incompatibilidad de funciones y de ética pública, además de otros posibles delitos de corrupción que puedan surgir”, explicó la concejal Carmagnola.
La edil consideró que “estamos ante una situación grave, en lo que vulgarmente se denomina ´ñoqui´”.
“Cómo es posible que al ser viceintendente también figure como empleado del Senado. A su vez, cómo es posible que sea empleado en la asociación AVESA de San Roque. Es decir, cómo hizo para cumplir esas tres funciones a la vez”, agregó la concejal denunciante.
“Queremos saber por qué Altamirano no solicitó las debidas licencias sin goce de haberes en el Senado y en AVESA a los efectos de cumplir con su función de viceintendente”, manifestó Carmagnola.
De acuerdo a la denuncia penal, Altamirano cobró hasta diciembre de 2018 un sueldo cercano a 20 mil pesos como viceintendente de San Roque y otro de 25 mil pesos como empleado del Senado nacional.
“Un sueldo privado, como el caso de AVESA, no es incompatible con el de la función municipal; pero la ley de ética pública indica que debió solicitar licencia en esa Asociación porque los altos mandos de un Gobierno no pueden ejercer labores que comprometan su desempeño municipal administrativo como es llevar adelante la gestión del Concejo Deliberante”, ejemplificó la concejal Carmagnola.
Ahora, la Municipalidad de San Roque espera que la Justicia avance con la investigación para determinar si hubo delitos de corrupción con el objetivo de garantizar la transparencia en el cuidado de los recursos de los vecinos de la localidad.

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