El Gobierno impulsa la remoción del juez Alejo Ramos Padilla
El Ministerio de Justicia presentó un expediente en el Consejo de la Magistratura que es el organismo que propone y remueve magistrados.
El Ministerio de Justicia presentará el lunes un expediente en el Consejo de la Magistratura para buscar la remoción del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que tiene en sus manos la investigación sobre la supuesta trama de espionaje y extorsiones que rodeaba al falso abogado Marcelo D’Alessio.
El escrito será presentado por el representante del Poder Ejecutivo ante el organismo que designa y remueve a los jueces, Juan Bautista Mahiques.
La decisión del Gobierno llegó luego de la polémica presentación de Ramos Padilla ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, ocurrida el miércoles, por impulso del diputado ultra K Leopoldo Moreau. “Creemos que lo que hizo ahí fue un caso evidente de mal desempeño de sus funciones, y por eso consideramos que debe dejar su cargo”, explicó a este diario un funcionario del Ministerio de Justicia, para explicar la decisión oficial.
Según la nota que envió al Consejo, el Gobierno cree que su polémica presentación en el Congreso configuró una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. La presentación fue hecha el mismo día que Ramos Padilla volvió ordenar la citación a indagatoria de Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas.
“No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo el Ministerio de Justicia en la nota. Esta párrafo alude a que el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, declaró la incompetencia de Ramos Padilla en el caso Etchebest y no formuló un requerimiento de instrucción por nuevos casos que el juez empezó a investigar.
En una nota dirigida a Mahiques, la cartera de Justicia afirmó que parece haber una clara intencionalidad en la actuación del juez, “afirmando como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. Sucede que la causa todavía no tiene probados los hechos que el juez exhibió ante los diputados K que, en un hecho inédito, lo aplaudieron efusivamente tres veces.
En esa línea, se solicitó al Consejo que se abra una investigación para determinar si el juez incurrió en incumplimiento de sus funciones, y argumentó que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”.
En la nota el ministerio de Justicia señaló que “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal”. Esta frase alude a las críticas que hizo a las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto a quien presentó como “usuarias” de datos de D’Alessio, aunque nunca hicieron una presentación legislativa o una denuncia judicial con ellos. Es más, hizo escuchar un audio del falso abogado que habría mandado a Oliveto antes de quedar detenido, pese a la reserva que mantiene la causa.
Y concluye la nota que, “con motivo de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito que por su intermedio se expongan los hechos descriptos precedentemente ante el Consejo de la Magistratura a los efectos de que se dé inicio al procedimiento legalmente previsto”.
Por otra parte, se remarcó la “evidente finalidad política” que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración “a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, atento que el programa Verdad y Justicia solo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”. Es decir, que un organismo controlado por los K en la provincia, tuvo las pruebas que algunos acusados aún no había visto.
“El Dr. Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes” y, sin embargo, no fue requerida su intervención, finaliza la nota.
Fuentes del Consejo adelantaron a este diario que al Gobierno le resultará difícil conseguir los votos necesarios entre los consejeros para impulsar la investigación a Ramos Padilla. Será clave si los consejeros del peronismo renovador apoyan la investigación o se alían con los kirchneristas para bloquearla.
Paralelamente, a este pedido el juez Ramos Padilla es investigado en una causa penal abierta en Bahía Blanda por presionar a personal del juzgado de esa ciudad. Cuando fue subrogante en Bahía Blanca se retrasó una causa contra Lázaro Báez por haber comprado facturas truchas para lavar dinero.
Además, Ramos Padilla es candidato a asumir en el juzgado electoral de La Plata que es clave para el control de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El día de la presentación del juez en la cámara baja, Cambiemos vació la comisión y sostuvo que la convocatoria al juez por parte de su presidente, el ultrakirchnerista Leopoldo Moreau, era “una puesta en escena” y una “maniobra”.
En los pocos casos en que jueces han expuesto ante el Congreso, como el ex juez federal Juan José Galeano por la causa del atentado contra la AMIA, las conferencias se hicieron a puertas cerradas y bajo juramento de no divulgar información. En cambio, Ramos Padilla habló en una sesión pública y exhibió pruebas originales de la causa.
En sus varias horas de exposición, el juez hizo graves consideraciones: “Lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, no a uno solo, sino a varios, a un periodista, a un juez, es ínfimo… Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de varios países”, sostuvo Ramos Padilla.
Esa posición está en línea con la postura de la senadora y ex presidente Cristina Kirchner quien, hace dos semanas atrás, pidió que la Corte Suprema tome la causa D’Alessio porque estaba metida “una potencia extranjera”, en la medida que el falso abogado decía que era de la DEA.
Fuente Clarín
