El Senado avanza con una nueva ley de biocombustibles hasta 2036
El Senado dio un paso clave hacia un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. Un plenario de comisiones emitió dictamen de mayoría sobre una iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, con respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, que eleva los porcentajes obligatorios de mezcla de bioetanol y biodiésel y extiende hasta 2036 un régimen de transición para las empresas del sector.
El acuerdo establece que el corte de bioetanol pasará del actual 12% al 15% después de un año de vigencia de la nueva norma, mientras que el biodiésel subirá del 7,5% al 10% en el mismo período. El proyecto también incorpora límites a la participación de cada empresa para evitar una concentración excesiva del mercado y busca otorgar un horizonte regulatorio de 15 años.
El avance representa una señal política para las provincias vinculadas a la producción de biocombustibles. El bioetanol tiene como principales materias primas la caña de azúcar y el maíz, con fuerte presencia productiva en Tucumán, Salta y Jujuy, mientras que la industria del biodiésel tiene un núcleo relevante en Santa Fe a partir del procesamiento de aceite de soja.
Un nuevo mapa para el biodiésel
El dictamen mantiene inicialmente un corte obligatorio de biodiésel del 7,5% para todo gasoil o diésel oil comercializado en el país. A partir de los 12 meses de la sanción de la ley, ese porcentaje subiría al 10%.
El esquema establece además dos segmentos de empresas: las integradas, que pueden participar en distintas etapas de la cadena productiva, y las no integradas. Para estas últimas se fija inicialmente un cupo equivalente al 6,5% del mercado total.
Ese porcentaje tendrá una reducción progresiva: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 3% en 2031. Desde 2032, el 7% podrá ser comercializado entre todas las firmas, de acuerdo con el esquema previsto en el dictamen.
El proyecto incorpora además un límite para evitar que una compañía concentre una porción dominante del mercado. Según lo planteado durante el debate, ninguna empresa podrá acceder a más del 10% del cupo correspondiente al segmento de las no integradas.
La discusión, sin embargo, dejó una tensión sectorial sin resolver. Las pymes elaboradoras de biodiésel rechazan el nuevo esquema porque pretenden conservar el 7,5% de participación que actualmente tienen asignado y cuestionan la reducción progresiva de su espacio dentro del mercado.
Por ese motivo, el senador peronista Fernando Salino anticipó la presentación de un dictamen de minoría, con el argumento de que la propuesta no contempla el reclamo de las pequeñas y medianas empresas del sector.
Bioetanol: 15% y competencia por el cupo
Para el bioetanol, el proyecto plantea mantener durante un año el corte obligatorio del 12% y luego llevarlo al 15%. La composición de ese porcentaje preservará la participación de las dos principales materias primas: 6% de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y 6% proveniente del maíz.
El 3% restante quedará destinado a un esquema de competencia, según explicó la senadora salteña Royón durante el debate.
La arquitectura busca evitar que el incremento del corte se traduzca automáticamente en una concentración de los negocios en los actuales grandes proveedores. Por eso, el proyecto incorpora reglas sobre cupos y participación empresarial.
La senadora Beatriz Ávila consideró que el dictamen constituye un avance trascendente porque la legislación vigente había quedado desactualizada. También destacó que el nuevo esquema incorpora previsibilidad durante 15 años, declara la actividad de interés público, contempla beneficios impositivos y permite que las provincias puedan incrementar los cupos.
El límite a la concentración, en el centro del acuerdo
Uno de los puntos políticos y económicos más relevantes del dictamen es la incorporación de límites a la concentración. El texto establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente, mientras que para el segmento de compañías no integradas del biodiésel se establece un límite específico del 10% del cupo.
La discusión sobre la estructura del mercado no es secundaria. El aumento de los cortes obligatorios amplía de manera automática la demanda de biocombustibles, por lo que la distribución de esos nuevos volúmenes puede determinar quién captura el crecimiento generado por la nueva regulación.
Para las empresas, el horizonte hasta 2036 busca reducir la incertidumbre regulatoria y permitir decisiones de inversión de mayor plazo. Para las pymes, en cambio, el punto crítico será la forma en que se distribuyan los cupos durante la transición.
La propuesta, por lo tanto, intenta resolver dos objetivos simultáneos: aumentar el uso de biocombustibles y evitar que el crecimiento regulado de la demanda quede concentrado en pocos jugadores.
Exenciones y una discusión que llegó al gasoil patagónico
El dictamen también contempla excepciones al corte obligatorio de biodiésel. Quedan alcanzados por ellas los combustibles destinados a embarcaciones fluviales y marítimas, minería, primeros llenados, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación en yacimientos y centrales eléctricas, además de determinadas zonas frías patagónicas.
Durante el debate, el senador Agustín Coto planteó precisar qué debe entenderse por “zonas frías patagónicas” y propuso utilizar como referencia la normativa IRAM, debido a que el combustible mezclado puede presentar dificultades operativas bajo temperaturas extremadamente bajas. El planteo fue aceptado por los demás senadores.
La autoridad de aplicación también conservará la posibilidad de modificar excepcionalmente el porcentaje obligatorio mediante una resolución fundada, cuando existan situaciones comprobadas de escasez que puedan afectar el abastecimiento interno o razones técnicas y de calidad que lo justifiquen.
Una señal para las provincias productoras
El consenso alcanzado en comisiones tiene además una dimensión federal. La ampliación del mercado de bioetanol puede beneficiar a las cadenas productivas vinculadas con la caña de azúcar y el maíz, mientras que el nuevo esquema de biodiésel impactará especialmente sobre la industria aceitera y los establecimientos productores de Santa Fe.
Por eso, el acompañamiento de legisladores de distintos espacios adquiere una lectura que excede el debate energético. Royón, el radical Flavio Fama, Beatriz Ávila, Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Carolina Moisés respaldaron el dictamen, aunque Moisés lo hizo con disidencia parcial.
La aprobación del dictamen no implica todavía la sanción de la nueva normativa. El próximo desafío será trasladar el acuerdo alcanzado en comisión al recinto, donde deberán resolverse las diferencias que permanecen abiertas, en particular la situación de las pymes de biodiésel.
El Gobierno logró así una primera convergencia con sectores dialoguistas alrededor de una reforma que combina mayor demanda obligatoria, reglas contra la concentración y un horizonte regulatorio extendido. La discusión pendiente será determinar si ese nuevo mercado consigue distribuir los beneficios de la expansión entre grandes empresas, pymes y las provincias que aportan las materias primas.