La paradoja de la electrodependencia misionera: El reclamo corporativo de la CEM y el blindaje selectivo a la macroeconomía nacional
El debate en torno al desarrollo de las fuerzas productivas en el nordeste argentino ha sumado un capítulo metodológico de alta relevancia técnica, pero con una sugerente asimetría en su arquitectura política. La Confederación Económica de Misiones (CEM), en un esfuerzo coordinado con el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones (CPIM), ha publicado un revelador informe sobre las percepciones y experiencias de los usuarios frente al servicio de energía eléctrica en la provincia. El documento, estructurado sobre una muestra de 177 agentes económicos pertenecientes a 24 localidades locales, desnuda de forma inequívoca cómo la precariedad de la red de distribución se ha constituido en un vector de estrangulamiento para la inversión privada. No obstante, al analizar los posicionamientos públicos de la conducción empresaria, emerge una notable disonancia cognitiva: la gremial empresaria local focaliza su ofensiva discursiva de manera exclusiva sobre la prestataria estatal Energía de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) y el Ejecutivo provincial, aplicando un prolijo blindaje hermético sobre las variables macroeconómicas del gobierno nacional que explican con su desregulación del mercado eléctrico el violento encarecimiento del insumo.
El diagnóstico microeconómico del relevamiento no admite atenuantes. Con un 92,1% de los encuestados declarando una dependencia crítica de la red eléctrica para sostener su ciclo operativo, las perturbaciones del sistema adquieren un carácter sistémico. El 74,6% de las unidades productivas e industriales declara sufrir interrupciones del suministro más de una vez al mes, cifra que se vuelve dramática al constatar que el 40,1% padece cortes semanales o con frecuencias aún peores. Para el sector industrial, el estrangulamiento es casi absoluto: el 93% sufre cortes mensuales y el 57,9% convive con la inestabilidad semanal. Esta ineficiencia se traduce en un incremento severo de los costos de transacción y en la destrucción de capital; la pérdida de horas laborables, la rotura de herramental tecnológico y la interrupción de líneas de montaje obligan al 46,9% de los agentes —porcentaje que escala al 53,5% en las zonas críticas— a internalizar costos mediante la adquisición de fuentes de generación alternativa de energía como grupos electrógenos y sistemas de almacenamiento ininterrumpido.
Esta forzada sustitución de infraestructura pública por inversión privada impacta directamente sobre la estructura de costos y la competitividad interprovincial. El estudio demuestra que el costo energético ha dejado de ser una variable marginal para transformarse en un componente crítico: para el 26% de los encuestados la electricidad representa más del 20% de sus costos totales de operación, mientras que el 67% define el impacto de la tarifa como alto o muy alto. El sesgo analítico de la CEM radica en omitir que esta brutal compresión de márgenes es la consecuencia directa de la política energética del presidente de la Nación, Javier Milei, cuya administración procedió a una desregulación acelerada del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), suprimiendo subsidios de manera lineal sin contemplar la asimetría estructural de Misiones. Al carecer de acceso a la red de gas natural, la provincia se encuentra en una situación de electrodependencia absoluta, un factor que transforma cualquier incremento en el costo del megavatio mayorista en un choque tarifario exponencial y regresivo sobre su tejido pyme.
La contradicción política se profundiza cuando la dirigencia empresaria, que suele ponderar los lineamientos generales de desregulación y equilibrio fiscal de la Casa Rosada, reclama de forma aislada tarifas proporcionales a la calidad del servicio local sin denunciar el vaciamiento de los programas de incentivos tributarios nacionales y la nula política de fomento impositivo para las economías regionales. El problema de la disponibilidad zonal de potencia —donde solo el 34,5% de los empresarios percibe una capacidad de abastecimiento total para expandir sus procesos de producción— choca de frente con un escenario donde el 66,1% del padrón comercial y el 86% de las industrias proyectan un incremento necesario en su consumo eléctrico frente a cualquier hipotético sendero de estabilización y reactivación económica.
La resolución de este cuello de botella excede largamente la discusión técnica sobre los parámetros operativos de EMSA y requiere una mirada sistémica. Si bien resulta indispensable que la prestataria provincial asuma una política de transparencia y auditoría pública de sus inversiones, publicando indicadores estandarizados de frecuencia y duración de las interrupciones, el planteo corporativo de la CEM adolece de inconsistencia teórica al ignorar el origen macroeconómico del costo que hoy asfixia a sus asociados. Condenar la ineficiencia de la red de distribución provincial mientras se convalida el desmantelamiento de los subsidios mayoristas y la ausencia de compensaciones para zonas electrodependientes expone un posicionamiento que prioriza la afinidad ideológica por sobre el pragmatismo que exige la supervivencia del entramado productivo de la tierra colorada.
