Practicaje: el Gobierno aplica una baja del 20% en las tarifas y sostiene el esquema vigente
El Gobierno nacional dispuso una reducción del 20% en las tarifas de los servicios de practicaje y pilotaje, en una medida orientada a normalizar la actividad portuaria después de la crisis generada por la reforma regulatoria impulsada a fines de julio. La decisión busca reducir el impacto sobre los costos de la navegación y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de un servicio considerado público y estratégico para el funcionamiento de los puertos argentinos.
La medida fue instrumentada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 716/2026. La reducción se aplica sobre las tarifas finales resultantes del régimen de tarifas máximas establecido en 2018 para los servicios de practicaje y pilotaje.
El recorte llega pocos días después de que el Poder Ejecutivo suspendiera los efectos del Decreto 690/2026, que había aprobado un nuevo reglamento para la actividad con el objetivo declarado de eliminar exigencias consideradas obsoletas y facilitar el ingreso de nuevos prestadores. La entrada en vigencia de esa reforma derivó en medidas de fuerza de los prestadores y en una situación que, según el Gobierno, puso en riesgo el normal funcionamiento del sistema.
Con el Decreto 716/2026, el Ejecutivo optó por una salida de transición: restableció temporalmente el régimen anterior, creó una mesa de trabajo con participación estatal y sectorial y fijó como objetivo alcanzar consensos para elaborar un nuevo marco regulatorio. Dentro de ese acuerdo también se estableció una reducción del 20% de las tarifas vigentes.
La Resolución 46/2026 convierte ese compromiso en una medida concreta. El descuento alcanza al resultado final de los cálculos efectuados bajo el régimen tarifario de 2018 y permanecerá vigente mientras continúe la suspensión dispuesta sobre el Decreto 690/2026.
El impacto económico de la decisión trasciende a los propios prestadores. El practicaje es una actividad indispensable para la navegación en aguas jurisdiccionales argentinas, particularmente en operaciones que requieren asistencia especializada para el ingreso, egreso y desplazamiento de buques por ríos, puertos, pasos y canales. Por esa razón, el costo del servicio forma parte de la estructura operativa del transporte marítimo y fluvial.
Desde una perspectiva de política económica, la reducción tarifaria introduce un alivio inmediato sobre un componente de los costos portuarios, mientras el Estado intenta resolver una discusión regulatoria de mayor alcance. El mecanismo elegido evita que la transición hacia un nuevo régimen se traduzca en una interrupción del servicio o en un incremento de costos durante el período de negociación.
La resolución también muestra que la salida adoptada combina tres herramientas: restitución transitoria del marco regulatorio anterior, reducción de tarifas y negociación de una nueva normativa. La ANPyN señala además que las entidades representativas del sector prestaron conformidad con la reducción, un elemento que apunta a facilitar la normalización de las operaciones.
La solución, sin embargo, tiene carácter estrictamente transitorio. La rebaja del 20% no constituye un nuevo régimen tarifario permanente, sino que estará atada a la vigencia de la suspensión del Decreto 690/2026. El desafío de fondo queda trasladado a la mesa intersectorial creada por el Ejecutivo, donde deberán definirse las reglas que permitan combinar competencia, incorporación de nuevos prestadores, seguridad de la navegación y previsibilidad de costos.
Para el sistema portuario argentino, el punto central será que esa instancia de diálogo logre transformar una crisis coyuntural en una reforma regulatoria sostenible. Mientras tanto, la reducción tarifaria funciona como una herramienta de emergencia para recomponer la prestación de un servicio crítico y moderar los costos asociados al movimiento de cargas por la vía navegable.