El Gobierno adjudicó cuatro corredores viales por 20 años: el mileismo le abre la puerta Cristóbal López en el negocio de los peajes
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de reorganización de la infraestructura vial al adjudicar cuatro corredores viales correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 1186 del Ministerio de Economía, entrega la operación de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de veinte años y redefine el mapa de los concesionarios privados, con el desembarco de nuevos jugadores y el regreso de empresarios que ya habían participado del sistema de peajes.
La licitación forma parte de la estrategia oficial para transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y las futuras inversiones sobre corredores estratégicos, bajo un esquema en el que las empresas podrán comenzar a percibir peajes una vez cumplidas las obras mínimas exigidas en los contratos. Los valores presentados durante el proceso licitatorio fueron calculados a precios de julio de 2025, por lo que deberán ser actualizados antes de su aplicación efectiva.
Uno de los principales ganadores fue el Grupo Corven, cuyo brazo financiero, Creditech, obtuvo dos de los cuatro corredores licitados. La compañía, históricamente vinculada a la fabricación de motocicletas y al sector financiero, ingresará por primera vez al negocio de las concesiones viales, convirtiéndose en uno de los operadores con mayor presencia dentro del nuevo esquema.
El consorcio integrado por Creditech y Plantel se adjudicó el corredor Mediterráneo, de 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35, que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con una tarifa propuesta de $1.989,67 más IVA cada 100 kilómetros. El mismo grupo también obtuvo el corredor Portuario Sur, integrado por 636,75 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188, en Buenos Aires y La Pampa, donde ofertó un peaje de $1.256 más IVA cada 100 kilómetros.
Otro de los corredores adjudicados fue el denominado Puntano, que quedó en manos de la unión transitoria conformada por Basaa y Cecosa. La propuesta contempla la administración de 720 kilómetros distribuidos sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y la circunvalación de Río Cuarto, con una tarifa de $1.440,08 más IVA cada 100 kilómetros. Basaa, sucesora de Britos, mantiene una trayectoria vinculada a la obra pública en Córdoba y fue una de las constructoras con mayor participación durante las gestiones provinciales de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Sin embargo, el aspecto que concentra mayor atención política y empresarial es la adjudicación del corredor Portuario Norte a CPC, la constructora perteneciente al empresario Cristóbal López. El tramo comprende 528 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 33 y la avenida A-008 e incorpora futuras estaciones de peaje en localidades como Venado Tuerto, Rufino, Casilda, General Villegas y Trenque Lauquen. La empresa presentó una oferta con una tarifa de $1.856 cada 100 kilómetros.
La adjudicación marca el regreso de López al negocio de las concesiones viales luego de casi una década. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la entonces concesionaria de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas perdió el contrato por incumplimientos en los planes de inversión y por la retención de fondos provenientes de los peajes que debían ser transferidos al Estado. Posteriormente, la empresa atravesó un concurso preventivo del que logró salir recién en 2025.
El regreso del empresario también reaviva el debate sobre los criterios de evaluación utilizados en las licitaciones públicas. López enfrenta actualmente procesos judiciales vinculados a las causas Cuadernos y Los Sauces-Hotesur, mientras que en el expediente Oil Combustibles obtuvo una absolución por parte de la Cámara de Casación Penal, aunque esa decisión permanece bajo revisión de la Corte Suprema tras la apelación del Ministerio Público Fiscal.
A ello se suman antecedentes contractuales de CPC como constructora. Entre ellos figura la rescisión de obras sobre la Ruta Nacional 3 durante 2018 y la paralización de la duplicación de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, un proyecto adjudicado en 2022 que no llegó a completarse y cuya continuidad deberá redefinirse dentro del nuevo esquema concesionado.
La decisión del Gobierno refleja el avance de la política de privatización de la infraestructura vial impulsada por el Ministerio de Economía. No obstante, la composición de los adjudicatarios vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de selección, la ponderación de antecedentes empresariales y los sistemas de control que deberán garantizar el cumplimiento de las inversiones comprometidas durante los próximos veinte años.
Para las provincias y los usuarios del sistema vial, el desafío excede el cambio de operadores. La eficiencia de las nuevas concesiones será medida por la capacidad de mejorar el estado de las rutas, reducir los costos logísticos y garantizar niveles adecuados de seguridad vial. En ese contexto, la transparencia en la ejecución de las obras y el monitoreo del cumplimiento contractual serán factores determinantes para evaluar si el nuevo modelo logra traducirse en mejores servicios para el transporte de personas y mercancías.