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CBDC: los impactos sobre la libertad, intimidad y el desarrollo económico

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Escribe Pedro Saltini / Mises Institute – Estudios recientes ponen de manifiesto una tendencia preocupante: el 84% de los americanos teme ejercer su libertad de expresión, según una encuesta de opinión New York Times/Siena Colleger.  Aunque esta estadística por sí sola es alarmante, sólo araña la superficie de un problema más amplio: la erosión gradual de las libertades personales. Este declive va más allá de la libertad de expresión y se extiende a los ámbitos del pensamiento, la cognición y la autonomía económica. A medida que esta erosión continúa, las nuevas tecnologías amenazan con acelerarla. Entre ellas se encuentra el desarrollo de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC), que han estado en primera línea de los debates políticos recientes. Aunque se comercializan como innovaciones para mejorar la inclusión y la eficiencia financieras, las CBDC plantean preocupaciones legítimas sobre la libertad, la privacidad y la extralimitación del gobierno.

Monopolización estatal y mercado

Para comprender los peligros potenciales de la adopción de la CBDC, es fundamental volver a la definición de Max Weber del poder estatal. En Política como vocación, Weber describe el Estado como la institución que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio determinado. Esta definición es especialmente pertinente en el contexto de los sistemas financieros. Históricamente, los mercados han prosperado gracias a la competencia, la innovación y el carácter descentralizado de la política monetaria. Los CBDC, sin embargo, representan un intento del Estado de monopolizar y centralizar las transacciones financieras bajo un paraguas digital.

La senadora Kirsten Gillibrand ha afirmado que un CBDC podría fomentar la inclusión financiera, reducir los costes de transacción y mejorar la política monetaria. Aunque estas ventajas pueden resultar atractivas para quienes no están familiarizados con la economía, ocultan riesgos significativos. Como Friedrich Hayek advirtió, el control gubernamental de los sistemas económicos es un camino peligroso, que conduce inevitablemente a una mayor centralización y a la reducción de la libertad personal. La «mano invisible» del mercado ha demostrado ser mucho más fiable que la mano visible de la intervención estatal. La cuestión es si estamos dispuestos a cambiar eficiencia por libertad.

Lecciones de la eNaira de Nigeria 

Basta con echar un vistazo a la eNaira de Nigeria para vislumbrar el posible futuro de los CBDC. Introducida en 2021 tras la prohibición de las criptomonedas, se suponía que la eNaira marcaría el comienzo de una nueva era de estabilidad financiera. En lugar de ello, se convirtió en una herramienta de control gubernamental. Inicialmente concebida como una forma de reducir las transacciones físicas en efectivo y promover los pagos digitales, pronto se encontró con importantes obstáculos, como la volatilidad, los altos costes de transacción y la falta de transparencia debido a su blockchain cerrado y centralizado.

El gobierno nigeriano impuso límites estrictos a los monederos electrónicos, incluidos límites diarios de retirada y restricciones de saldo. A pesar de las promesas del gobierno de que el efectivo físico seguiría en circulación hasta que la eNaira estuviera plenamente operativa, más de la mitad de la población se quedó con billetes viejos sin valor. Esto dejó a millones de nigerianos empobrecidos sin acceso a los servicios financieros básicos. Lejos de promover la inclusión, la eNaira profundizó las desigualdades económicas existentes.

Este estudio de caso pone de relieve una lección crucial: las CBDC no son tecnologías neutrales. Conllevan riesgos inherentes que afectan desproporcionadamente a los más vulnerables de la sociedad. Para países en desarrollo como Nigeria —donde más del 90% de la población vive con menos de 6,85 dólares al día, las consecuencias de una mala aplicación de las monedas digitales son devastadoras. Pero incluso en naciones desarrolladas como los Estados Unidos, estas políticas plantean graves riesgos.

CBDC en los Estados Unidos

Aunque Estados Unidos aún no está a punto de adoptar un CBDC a gran escala, la Reserva Federal ha explorado el concepto. Bank of America sugiere que un dólar digital es poco probable en un futuro inmediato. Sin embargo, la propia Reserva Federal reconoce varios riesgos asociados a los CBDC, como las repercusiones sobre la estabilidad financiera, el coste y la disponibilidad del crédito y la seguridad del sistema financiero en general. Estos riesgos no son teóricos, sino que se basan en la experiencia histórica y la lógica económica.

Los economistas austriacos llevan mucho tiempo defendiendo que el dinero sano debe surgir de forma natural a través del mercado, no mediante la coacción del Estado. Ludwig von Mises afirmó que «la excelencia del dinero reside en su valor más allá del mero intercambio». El papel del dinero es facilitar el intercambio voluntario y almacenar valor, no servir como herramienta de control e intervención gubernamental. Un CBDC representa una desviación radical de estos principios, al crear un sistema monetario que depende por completo de la política gubernamental.

Además de los riesgos financieros, los CBDC suponen una amenaza existencial para la privacidad. La Reserva Federal afirma que un futuro CBDC trataría de equilibrar la transparencia con la privacidad del consumidor. Sin embargo, como argumentó Murray Rothbard en La ética de la libertad, no hay «equilibrio» que alcanzar cuando se trata de la privacidad. El derecho a la propiedad implica el derecho a controlar cómo se utiliza esa propiedad sin interferencias. Un CBDC socava este derecho fundamental al permitir que el Estado controle cada transacción, eliminando de hecho la privacidad financiera.

Paralelismos históricos: lecciones del dinero fiat y el oro

El auge del dinero fiduciario ofrece importantes paralelismos históricos con el actual debate sobre los CBDC. Al igual que las monedas fiduciarias sustituyeron al dinero respaldado por materias primas, los CBDC podrían reemplazar al efectivo y a otras formas de moneda descentralizada. La transición al dinero fiduciario estuvo marcada por la extralimitación de los gobiernos y la inestabilidad monetaria. Como en una ocasión Frédéric Bastiat observó, «El Estado es la gran entidad ficticia por la que todos buscan vivir a expensas de todos los demás». Esta ficción se vuelve aún más peligrosa cuando se aplica al propio dinero.

La crítica de la Escuela Austriaca al dinero fiduciario es directamente aplicable a los CBDC. El dinero fiduciario —a diferencia del oro—, no tiene valor como mercancía y está sujeto a la manipulación de las autoridades centrales. Del mismo modo, un CBDC sería poco más que un token digital, cuyo valor dependería totalmente de la política gubernamental. Esto crea un incentivo para que los gobiernos inflen la oferta monetaria y erosionen el poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie. Con el tiempo, esto podría conducir a una inestabilidad económica generalizada y al malestar social.

Cómo oponerse a la CBDC: el enfoque austriaco

Teniendo en cuenta estos riesgos, ¿cómo podemos oponernos eficazmente al desarrollo de los CBDC? El planteamiento austriaco ofrece una hoja de ruta clara. En primer lugar, la educación es clave. Mucha gente carece de nociones básicas de economía, lo que les hace vulnerables a narrativas engañosas sobre los supuestos beneficios de las monedas digitales. Es esencial exponer los riesgos y abogar por soluciones alternativas basadas en los principios del mercado.

La defensa y la resistencia son igualmente importantes. Debemos defender activamente las pocas libertades que nos quedan. Esto significa apoyar políticas que promuevan la privacidad financiera, oponerse a la vigilancia estatal y fomentar el desarrollo de sistemas financieros descentralizados. También significa resistir la tentación de cambiar libertad por comodidad. La historia demuestra que una vez que se renuncia a la libertad, rara vez se recupera sin luchar.

Por último, debemos promover soluciones de mercado voluntarias. El sector privado ya ha desarrollado numerosas alternativas a las monedas digitales respaldadas por el Estado, desde criptomonedas descentralizadas a innovadores sistemas de pago. Estas soluciones ofrecen la mejor esperanza para preservar la libertad financiera en la era digital. Al fomentar la competencia y la innovación, podemos crear un sistema financiero más resistente e inclusivo, que empodere a las personas en lugar de subyugarlas.

A medida que se intensifica el debate sobre los CBDC, es crucial mantenerse alerta. Aunque sus defensores hagan hincapié en los beneficios potenciales, no debemos perder de vista los riesgos. Las lecciones de la historia son claras: el control centralizado del dinero conduce a la inestabilidad económica, a la reducción de la libertad personal y a una mayor extralimitación del gobierno. Adoptando los principios de la Escuela Austriaca, podemos trazar un rumbo diferente, que dé prioridad a la libertad, la innovación y la autonomía individual.


Pedro Saltini, estudiante internacional brasileño en la Universidad Estatal de Ferris, que cursa una licenciatura en Economía con especialización en Ciencias Políticas. En los últimos años, Pedro ha centrado su investigación en el emprendimiento y la economía austriaca, ganando múltiples premios, incluyendo Menciones Honoríficas y el prestigioso Premio Rising Star por su dedicación y logros en la universidad.

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La CNV se alinea con la SEC en cuanto a las Meme Coins

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La CNV acaba de alinearse con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y deja en claro su postura respecto las meme coins.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) acaba de alinearse con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y deja en claro su postura: Las meme coins (como $LIBRA) no son valores financieros y, por lo tanto, quedan fuera de regulación.

La CNV las descarta como valores financieros

El organismo regulador no considera que la compraventa de meme coins implique la oferta o venta de valores financieros bajo la legislación vigente. Esto significa que los emisores y vendedores no tienen que registrarse, ni los inversores cuentan con la protección de las leyes de valores.

La CNV se apoya en la definición legal de “valor”, que abarca instrumentos como acciones, bonos y notas, todos con respaldo en activos o derechos futuros. Las meme coins no generan ingresos, no garantizan ganancias y no dependen de la gestión de una empresa. Son, en esencia, fichas digitales sin sustancia económica real.No hay inversión, solo especulación

Para que un activo sea considerado un contrato de inversión, debe cumplir con el criterio del caso SEC v. WJ Howey Co., que exige:

  • Inversión en una empresa real → No sucede. Los compradores de meme coins no financian un proyecto ni respaldan un negocio.
  • Expectativa razonable de ganancias → No aplica. El precio sube o baja por moda, sin fundamentos económicos.
  • Ganancias generadas por la gestión de otros → Tampoco se cumple. El valor no depende del trabajo de una empresa, sino del hype y el frenesí especulativo.


Advertencia final: el fraude sigue siendo un riesgo

Si bien la CNV deja fuera de regulación a las meme coins, aclara que esto no significa carta blanca para estafas. Cualquier intento de disfrazar activos fraudulentos como meme coins o esquemas que induzcan a engaño podrán ser sancionados bajo otras normativas.

El mensaje es claro: si comprás meme coins, lo hacés bajo tu propio riesgo. Sin regulación, sin respaldo y con una volatilidad extrema, este mercado es un terreno fértil para la especulación y el engaño.

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Generación Zoe: Leonardo Cositorto fue condenado a 12 años de prisión

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El Tribunal de Goya, Corrientes, lo consideró como el “ideólogo del conglomerado delictivo”. Además, los jueces dispusieron 8 años de cárcel para Batista, Camelino y Etchegaray, los otros tres imputados por la megaestafa.

El Tribunal de Justicia de Goya, Corrientes, condenó a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, acusado de liderar la megaestafa piramidal de Generación Zoe, que dejó a decenas de damnificados. Asimismo, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte dispusieron 8 años de cárcel para Maximiliano Javier BatistaLucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, todos ellos señalados como coautores de la estafa.

En la lectura de las condenas, el juez Carbajal enfatizó que Cositorto recibió la pena más alta por ser considerado “ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo”, en referencia a Generación Zoe.

Al comienzo de la audiencia de cesura, la Fiscalía, representada por los doctores Rubén Barry y María Eugenia Ballará, había solicitado una pena de 16 años de prisión para quien es considerado líder de una asociación ilícita y coautor de reiterados fraudes.

Asimismo, los fiscales Barry y Ballará pidieron 14 años de prisión para Batista, 12 para Camelino y 11 para Echegaray.

Por su parte, la querella, representada por los doctores Pablo Fleitas William Maidana, solicitó la máxima pena posible para los cuatro imputados, 16 años de prisión, al considerar que no solo estafaron económicamente a los damnificados, sino que además perjudicaron la vida personal de los inversores que apostaron a Generación Zoe.

Pasado el primer cuarto intermedio, el doctor Guillermo Dragotto, abogado defensor de Cositorto y Batista, pidió una pena “justa y resocializadora” para sus clientes: 5 años de prisión para el apuntado como el líder de Generación Zoe, y 3 para uno de sus principales laderos.

Antes de entrar a un segundo cuarto intermedio para que el Tribunal pudiera realizar la deliberación correspondiente, Cositorto tomó la palabra y aseguró que “jamás” tuvieron la intención de estafar a alguien.

Luego de analizar por 30 minutos, el Tribunal presidido por el juez Carbajal determinó la pena máxima de prisión para Cositorto y le dio 16 años de prisión por los delitos de jefe de la asociación ilícita y como coautor por estafa.

A Echegaray, Batista y Camelino le dieron la pena de ocho años de prisión. Todos ellos fueron condenados como miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado.

Las prisiones preventivas serán sostenidas. En el caso de Echegaray Batista y Cositorto retornarán a la provincia de Córdoba, ya que allí tienen pendientes otras acusaciones.

En cuanto a Camelino, se resolvió que quede en libertad bajo el requisito de que deberá fijar domicilio en Goya y deberá presentarse cada semana a la fiscalía. También deberá entregar su pasaporte.

Luego de conocer las condenas, Cositorto fue retirado de la sala con chaleco antibalas y en medio de una fuerte custodia policial.

Tal como estaba estipulado, la audiencia de este martes comenzó a las 8.30. Cositorto arribó al recinto unos minutos antes, y desde un primer momento exhibió un rostro de preocupación, en la víspera de conocer su sentencia.

El viernes pasado, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, que componen el Tribunal de Goya, declararon culpable a Cositorto por el delito de asociación ilícita y el fraude a 98 ahorristas.

Junto a él, también fueron declarados culpables Echegaray, Batista y Camelino. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

Minutos antes de la sentencia, Cositorto protagonizó un fuerte cruce con el juez Carbajal, con quien se mostró enojado al escuchar sus palabras previas al veredicto: aseguraba que dos meses antes de pagarle a los 98 ahorristas víctimas, él ya había vaciado y cerrado sus cuentas bancarias.

Ante este escenario, el acusado comenzó a renegar desde el banco de los acusados y deslizar críticas contra el magistrado. Y en consecuencia, la autoridad del Tribunal interrumpió a los gritos su intervención y ordenó que se lo esposara a Cositorto y se lo retirara de la sala.

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Forbes calificó al escándalo $LIBRA como “el robo cripto más grande de la historia”

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La revista de negocios se refirió en duros términos al caso que involucra al mandatario argentino. Avanza la investigación judicial a nivel local.

Uno de los sitios de negocios más importantes del mundo publicó una nota en la que habla sobre la investigación que enfrenta el Presidente luego de “promover una criptomoneda que colapsó en cuestión de horas, vaporizando miles de millones en valor”.

El pasado viernes 14 de febrero, el presidente Milei difundió en sus redes sociales el denominado “Viva la Libertad Project”, con eje en la comercialización de la criptomoneda $LIBRA y orientado, según él, a financiar inversiones en Argentina. La demanda por la divisa se disparó e infló su valor de u$s0 a $5 hasta que sus creadores retiraron ganancias por u$s87,4 millones de dólares.

La criptomoneda colapsó hasta su precio original, lo que provocó pérdidas millonarias para miles de personas, no solo seguidores argentinos del libertario, sino también extranjeros que confiaron en la publicación del mandatario. Ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su posteo en “X”. Días después, se defendió: “No promocioné. Solo difundí”.

“El robo de criptomonedas más grande de la historia”

La noticia rápidamente generó un revuelo a nivel nacional y mundial. Y este lunes la revista Forbes calificó el escándalo como “el robo de criptomonedas más grande de la historia”. “Las cifras pintan un panorama brutal: el 86% de los comerciantes que compraron LIBRA perdieron dinero, con pérdidas totales que alcanzaron los 251 millones de dólares”, aseguró la publicación.

“El presidente argentino, Javier Milei, está en problemas después de su breve incursión en el mundo de las criptomonedas que dejó a la oposición pidiendo su impeachment y a un juez iniciando una investigación por fraude”, añadió.

“Milei borró rápidamente la publicación, alegando que desconocía los detalles del proyecto, pero el daño ya estaba hecho. Los abogados de Argentina, encabezados por el oponente político de Milei, Claudio Lozano, presentaron más de 100 denuncias de fraude contra el presidente y un juez argentino abrió una investigación”, continúa el artículo.

Forbes no fue el único medio que habló al respecto, sino que hace unas horas, el semanario londinense The Economist publicó una nota titulada como la “desventura cripto de Javier Milei”, en la que señalan que esta sería la “primera vergüenza seria del argentino como Presidente”.

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al Presidente por negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y delitos contra el orden financiero tras una oleada de denuncias presentadas la semana pasada luego de la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dejó cientos de damnificados.

En el marco de la causa, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.

Asimismo, ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia (IGJ), y a empresas como Google. Además, Taiano pidió cotejar la página web del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior, el sitio en el que se deben registrar los encuentros oficiales de todos los funcionarios del gabinete.

El objetivo es analizar toda la información sobre encuentros oficiales que hayan tenido Milei o cualquier funcionario del actual gobierno con Mauricio Gaspar Novelli (trader financiero), Manuel Terrones Godoy (empresario), Sergio Daniel Morales (asesor de la Comisión Nacional de Valores), Julian Peh (CEO de KIP Protocol) y Hayden Mark Davis (CEO de Kalsier Ventures).

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Caso $LIBRA: el Gobierno habilita a la Oficina Anticorrupción a investigar la criptomoneda

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El Gobierno habilita a la Oficina Anticorrupción para investigar el caso de la criptomoneda $LIBRA
📌 Se creó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para analizar posibles irregularidades
📌 El decreto firmado por Milei y Bullrich ordena recopilar información sobre el criptoactivo
📌 El Gobierno asegura que entregará toda la documentación a la Justicia

El Gobierno nacional oficializó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) en la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, luego de que el presidente Javier Milei promocionara el activo digital en sus redes sociales. A través del Decreto 114/2025, se estableció además la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), un equipo especializado que recopilará información sobre el proyecto y colaborará con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) en el proceso investigativo.

La medida fue impulsada por el Ejecutivo tras el revuelo generado por la abrupta caída del valor de la criptomoneda, que provocó pérdidas entre los inversores y derivó en denuncias sobre un posible esquema fraudulento.

Facultades de la UTI y el rol de la OA

El decreto establece que la UTI podrá solicitar información a organismos nacionales e internacionales, así como convocar a funcionarios y expertos para avanzar en la investigación. Además, tendrá la facultad de denunciar cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de evidencia relevante para la causa.

Si bien la unidad tendrá acceso a material sensible, no podrá emitir juicios sobre las pruebas, ya que esa facultad es exclusiva del Poder Judicial. Una vez finalizada la investigación, la UTI será disuelta.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, deberá presentar denuncias en caso de detectar posibles delitos relacionados con el proyecto Viva la Libertad Project, promovido por la empresa KIP Protocol.

Milei y la estrategia del Gobierno

El Ejecutivo reconoció que se realizaron reuniones con representantes de KIP Protocol, incluyendo a Mauricio Novelli, Julián Peh y Hayden Mark Davis, quienes aseguraron haber asesorado al Presidente en el lanzamiento del proyecto.

Desde la Casa Rosada aseguraron que Milei solo compartió la publicación del proyecto en sus redes sociales, sin ninguna vinculación formal con el desarrollo de $LIBRA. Sin embargo, el retiro de la publicación tras el desplome del valor del activo aumentó las especulaciones sobre su posible responsabilidad.

El Gobierno reafirmó su compromiso con la transparencia y aseguró que toda la información recabada será entregada a la Justicia. “El Presidente Milei, que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias”, señalaron en un comunicado oficial.

La causa ahora queda en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales en el caso.

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