Con una agenda marcada por la fragmentación geoeconómica, el avance acelerado de la inteligencia artificial y la crisis climática, el Foro Económico Mundial (WEF) 2026 inicia este lunes en Davos en un contexto definido como el más complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, la 56.ª reunión anual convoca durante cinco días a unos 3.000 líderes políticos, empresariales y sociales, con una cifra récord de 64 jefes de Estado y de Gobierno confirmados.
El encuentro se desarrolla en un escenario global atravesado por tensiones entre potencias, desaceleración económica y un debilitamiento del sistema multilateral. En ese marco, el presidente del FEM, Borge Brende, planteó que el foro de este año no representa un ejercicio retórico, sino una instancia de articulación imprescindible frente a un mundo crecientemente fragmentado.
Un foro atravesado por la rivalidad entre potencias
La edición 2026 de Davos se inaugura con una fuerte impronta geopolítica. Entre los principales protagonistas figura el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asiste con la mayor delegación estadounidense de su historia, en un contexto de renovadas amenazas arancelarias y disputas comerciales, incluida la controversia por Groenlandia que sobrevuela los pasillos del foro.
También participa el presidente argentino Javier Milei, que llega a Davos con el objetivo de consolidar su agenda liberal tras los acuerdos alcanzados con Washington, buscando respaldo político y financiero en un contexto internacional volátil.
En paralelo, China envió una delegación de alto nivel encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, con la intención de posicionarse como “defensor de la globalización” frente al avance del proteccionismo estadounidense. Esta narrativa contrasta con la creciente confrontación geoeconómica que domina el debate global.
En el campo europeo, líderes como Emmanuel Macron (Francia), Pedro Sánchez (España) y Ursula von der Leyen (Unión Europea) llegan con un discurso enfocado en la defensa del multilateralismo y la cooperación internacional, en un intento por preservar reglas comunes en un sistema bajo presión.
Los cinco ejes que estructuran la agenda de Davos
La agenda oficial del Foro Económico Mundial 2026 se articula en torno a cinco desafíos estratégicos, formulados como preguntas que atraviesan todas las sesiones:
Cooperación en un mundo en disputa: cómo evitar que la rivalidad geoeconómica bloquee las soluciones colectivas.
Nuevas fuentes de crecimiento: cómo revitalizar la economía global frente a una deuda récord y la desaceleración.
Inversión en las personas: cómo recualificar a la fuerza laboral ante el avance de la automatización.
Innovación responsable: cómo desplegar la inteligencia artificial sin perder control ni confianza humana.
Prosperidad planetaria: cómo crecer económicamente sin exceder los límites ecológicos del planeta.
Estos ejes reflejan una preocupación transversal: la tensión entre crecimiento, tecnología y sostenibilidad en un entorno de alta incertidumbre política y económica.
Riesgos globales y controversias en una cumbre bajo presión
En la antesala del foro, el FEM publicó el Informe de Riesgos Globales 2026, que advierte que la confrontación geoeconómica se convirtió en el riesgo más urgente a corto plazo, desplazando por primera vez en años a las amenazas ambientales como principal preocupación global.
El informe refuerza el diagnóstico de un mundo más fragmentado, con cadenas de suministro tensionadas, disputas comerciales recurrentes y menor capacidad de coordinación internacional.
La cumbre tampoco está exenta de controversias. La invitación al canciller de Irán generó protestas de organizaciones de derechos humanos, sumando un nuevo foco de tensión a un evento ya cargado de frentes abiertos. Este episodio se agrega a un clima general de polarización que condiciona los debates y los márgenes de consenso.
En palabras de Borge Brende, Davos 2026 se desarrolla en un contexto en el que el diálogo dejó de ser un gesto simbólico para convertirse en una “necesidad existencial”, en un sistema internacional donde los mecanismos tradicionales de cooperación muestran signos de agotamiento.
El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial obtuvo dictamen en el Senado tras un trámite acelerado, pero enfrenta un rechazo contundente de especialistas, organizaciones ambientales y referentes científicos, que advierten sobre un debilitamiento estructural del régimen de protección ambiental, riesgos para la seguridad hídrica y mayor incertidumbre jurídica. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero.
El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. En apenas dos días, el oficialismo logró dictaminar el proyecto pese a las objeciones técnicas, constitucionales y ambientales planteadas durante las exposiciones. El tratamiento parlamentario, inicialmente previsto para el 26 de diciembre, fue finalmente postergado para febrero.
Cambios estructurales y cuestionamientos constitucionales
Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la reforma propuesta introduce modificaciones de fondo a la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, al alterar el esquema de presupuestos mínimos de protección ambiental previsto en la Constitución Nacional. Según advirtieron, la iniciativa reduce el alcance del régimen nacional y fragmenta los criterios de protección de bienes comunes estratégicos como el agua.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que el proyecto “reduce el área de protección glaciar —que actualmente alcanza apenas el 0,21% del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos”. Además, remarcó que la iniciativa transfiere a las provincias la facultad de definir qué glaciares deben ser protegidos, lo que “desmantela el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país”.
En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que la reforma “tira por la borda la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos” y alertó sobre el precedente que podría sentar para otras normas ambientales vigentes. “¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques, por los ríos, por la Ley General del Ambiente?”, planteó.
Ciencia, crisis climática y falta de participación
Desde el ámbito científico, las críticas se centraron en la ausencia de consultas previas y en la celeridad del tratamiento legislativo. Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina, calificó como “inadmisible” que el proyecto no haya sido consultado con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo de referencia establecido por la propia ley vigente para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.
Pablo E. Villagra, director del IANIGLA, recordó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió reconocimiento de la comunidad glaciológica internacional y no presenta errores significativos, además de encontrarse actualmente en proceso de actualización.
Agostina Rossi, de Greenpeace Argentina, advirtió que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y sostuvo que la distinción entre glaciares “útiles” y “no útiles” carece de sustento científico. “Los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”, afirmó.
Las organizaciones también cuestionaron la escasa participación pública y el carácter exprés del proceso legislativo, señalando que la iniciativa no replica el nivel de debate y consenso que acompañó la sanción original de la ley.
Minería, inversiones y licencia social
Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) plantearon que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre normativa y que la reforma busca adecuar el marco regulatorio del sector. Alfredo Vitaller, por CAEM, sostuvo que acompañan la protección de los glaciares “en tanto cumplan su función como reserva de agua”.
Sin embargo, desde las organizaciones ambientales y científicas se advirtió que la reforma no generará mayor seguridad jurídica ni atraerá inversiones de largo plazo. Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, afirmó que “las empresas serias buscan certidumbres y estándares ambientales altos” y que “los flujos de inversión más importantes van a los países con mayor protección ambiental”. En ese sentido, remarcó que flexibilizar la ley “profundizará la incertidumbre normativa y debilitará la licencia social para operar”.
Durante la jornada también expusieron los gobernadores de San Juan y Catamarca, quienes defendieron la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo minero. El gobernador de Catamarca destacó que la actividad genera cerca de 3.000 empleos directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 puestos adicionales, subrayando su impacto en la economía local y en la diversificación productiva.
Un debate abierto con impacto institucional
Con dictamen favorable, el proyecto será tratado en el recinto del Senado el próximo 10 de febrero, tras un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Las organizaciones ambientales, científicas y sociales reiteraron su pedido para que no se avance con una reforma que, según sostienen, reduce los niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática.
“La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, enfatizaron los expositores, al tiempo que reclamaron un debate más amplio, con base científica y participación efectiva, antes de modificar uno de los pilares del régimen ambiental argentino.
Crisis climática y fronteras: el LIF celebra su décimo aniversario con un ciclo de conferencias internacionales.
El Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF) del CONICET-UNaM lanza una propuesta para repensar los territorios y las geografías del cambio climático con la participación de destacados especialistas de Argentina y Canadá.
Un espacio de reflexión interdisciplinaria sobre los territorios en crisis
En el marco de su décimo aniversario, el Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF), perteneciente al Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH, CONICET-UNaM), organiza un nuevo encuentro dentro del Ciclo de Conferencias sobre Fronteras, que busca abrir el debate sobre los límites, las tensiones y las transformaciones espaciales en un mundo atravesado por el cambio climático.
La conferencia titulada “Los lugares, territorios y terrenos de un mundo en llamas. Una tríada espacial para la crisis climática” se realizará el martes 4 de noviembre a las 17 horas (Argentina) en modalidad virtual, y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube @iesyh.conicetunam.
El evento contará con la disertación del Dr. Gastón Gordillo, investigador de la Universidad de British Columbia (Canadá), reconocido por sus estudios sobre geografía crítica, territorialidad y espacialidad en contextos de conflicto y transformación ambiental.
La conferencia será comentada por Facundo Rojas, investigador del IANIGLA (CONICET-Universidad Nacional de Cuyo), y moderada por Tania Porcaro, integrante del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (GEFRE).
Una tríada espacial para entender el cambio climático
El encuentro propone repensar las dimensiones espaciales de la crisis climática a partir de tres conceptos centrales —lugar, territorio y terreno—, en el marco de un mundo marcado por los incendios forestales, el extractivismo y la degradación ambiental.
“Reflexionaremos sobre cómo los incendios y los desastres ecológicos reconfiguran las nociones tradicionales de espacio, y cómo el territorio se convierte en un campo de disputa política, económica y simbólica”, señalaron desde la organización del LIF.
La propuesta busca tender puentes entre la geografía crítica, la antropología, la ecología política y los estudios ambientales, promoviendo un diálogo entre investigadores del norte y del sur global sobre las fronteras como espacios dinámicos de conflicto y resistencia.
Este ciclo se inscribe en una línea de trabajo consolidada por el LIF en la última década. Orientada al análisis de las fronteras geográficas, sociales, culturales y epistemológicas desde una mirada interdisciplinaria.
Una década de investigación sobre fronteras y territorialidades
El Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF) celebra en 2025 diez años de trayectoria como espacio de referencia en el estudio de las dinámicas de frontera en América del Sur. Integrado al IESyH (CONICET-UNaM), el laboratorio ha impulsado investigaciones sobre movilidad, soberanía, extractivismo, migraciones, pueblos originarios y conflictos ambientales en zonas de frontera.
El ciclo de conferencias, que se desarrolla a lo largo de todo el año, tiene como propósito fortalecer la red académica regional e internacional. Y consolidar un enfoque crítico sobre las transformaciones territoriales contemporáneas.
“El LIF reafirma su compromiso con la producción de conocimiento situado, interdisciplinario y con perspectiva latinoamericana”, destacaron desde la organización.
Por Mario Osava / Inter Press Service – Brasil multiplicó por 7,4 veces su producción de granos en los últimos 50 años. Comprobó así la pujanza de la agricultura tropical con potencialidad para seguir creciendo, pero con las amenazas de la crisis climática y de la geopolítica.
La cosecha de cereales, leguminosas y oleaginosas del año 2024/2025 alcanzará 350,2 millones de toneladas, con un aumento de 16,3 % sobre el período anterior, estima la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) del Ministerio de Agricultura. El año agrícola abarca de octubre a septiembre siguiente.
El primer año de serie histórica de las estadísticas de Conab, 1976/1977, registró 46,9 millones de toneladas, pero el año siguiente cayó a 38,2 millones de toneladas.
“Cuando me gradué de agrónomo (1991) éramos importadores de alimentos. Hoy nos transformamos en una potencia con participación increíble en los mercados mundiales: 60 % de toda la soja importada por el mundo, 30 % del maíz, 52 % del azúcar y 25 % o 27 % del algodón”, celebró Marcos Fava Neves, profesor de universidades en Brasil, Argentina y Estados Unidos.
“Hacia fines de esta década alcanzaremos 40 % de las importaciones mundiales de carne de pollo, 30 % de la carne de vacuno y 20 % de la carne porcina”, agregó.
Brasil es el mayor productor y exportador mundial de soja, café, azúcar y jugo de naranja, además del mayor exportador de otros cinco productos: carnes de pollo y de vacuno, algodón, celulosa y tabaco, de que es segundo o tercero productor.
Muestra de los productos agrícolas de los que Brasil es el mayor productor mundial y mayor exportador, con datos de FAO, Estados Unidos y Brasil. Tabla: Fava Neves
Factores del crecimiento
Eso se logró con la incorporación de nuevas tierras a la producción y “un inmenso aumento de productividad”, destacó a IPS por teléfono desde la ciudad de Ribeirão Preto, en el sureño estado de São Paulo, donde es profesor de la pública Universidad de São Paulo y de una escuela superior privada enfocada en el agronegocio, como se llama en el país a la agricultura a gran escala.
El área sembrada de granos creció mucho menos, de 37,3 millones de hectáreas en 1976/1977 a 81,7 millones de hectáreas en 2024/2025, es decir un aumento de 119 %, contra 647 % en la producción.
“Brasil triplicó la productividad agrícola, gracias a mucha investigación científica de los suelos, las semillas, los fertilizantes y de defensivos”, sostuvo Francisco Matturro, agricultor y uno de los directores de la Asociación Brasileña del Agronegocio (Abag).
La “domesticación” de los suelos del Cerrado, especie de sabana que ocupa 2,03 millones de kilómetros cuadrados, un poco más que el territorio de México, en el centro de Brasil, fue uno de los grandes factores de ese salto productivo, apuntó Neves.
La estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), creada en 1973, se destacó por estudios que facilitaron esa expansión, especialmente al adaptar la soja para el cultivo en tierras antes menospreciadas del Cerrado, consideradas infértiles y muy secas.
Pero hay otros centros de investigación más antiguos que contribuyeron también al bum agrícola brasileño, como el Instituto Agronómico (IAC), vinculado al gobierno del estado de São Paulo, observó Matturro.
El monocultivo de soja en el estado de Tocantins, en el centro del Brasil, pasó a ocupar extensas áreas de la región del Centro-oeste de Brasil. Esa oleaginosa era prácticamente desconocida en el país hace medio siglo y ahora es su mayor productor y exportador, con una producción de 171,4 millones de toneladas en el periodo 2024/2025. Imagen: Mario Osava / IPS
Soja lidera
La soja encabeza la multiplicación de los granos. Un cultivo casi desconocido en Brasil hace 50 años lidera ahora la producción, con 171,4 millones de toneladas en 2024/2025, seguido del maíz, con 139,7 millones de toneladas.
Buena parte de la producción de maíz se debe a la expansión de la soja en la región del Centro-oeste de Brasil, como el segundo cultivo del año, tras la cosecha de la soja. La posibilidad de hacer dos o incluso tres cultivos cada año en la misma tierra es una de las ventajas de la agricultura tropical, de la que Brasil se tiene como un caso exitoso.
La soja tiene un rol “determinante” para el segundo cultivo, al responder por 80 % de la fertilización necesaria, realzó Matturro en entrevista telefónica a IPS desde São Paulo.
Otras leguminosas cumplen una función similar, como el maní, cultivado antes de una nueva siembra de la caña de azúcar, cuyo ciclo productivo es de cinco años, pero se amplió a varios años más con las nuevas técnicas.
La siembra directa también impulsó el segundo cultivo. Se trata de una práctica, iniciada en los años 70 y diseminada por 40 000 hectáreas, que mantiene la paja en el suelo para fertilización y conservación de la humedad, explicó Matturro, también economista y exsecretario de Agricultura del estado de São Paulo.
“Pero no se puede olvidar el factor humano, el productor que con su coraje y disposición de correr riesgos impulsó la expansión agrícola, especialmente los que migraron del sur hacia el Centro-oeste”, la región que responde hoy por la mayor producción nacional de granos, acotó.
Estimulados por programas de ocupación del territorio nacional, durante la última dictadura militar (1964-1985), los agricultores de todo el Brasil, principalmente los “gaúchos” del sur, se hicieron propietarios de grandes extensiones de tierras baratas en el oeste y en el norte amazónico, donde prosperó la soja, el maíz y el algodón.
Pero solo cerca de un tercio de los 850 millones de hectáreas del país tiene uso agrícola actualmente, hay territorio para seguir aumentando la producción. Cerca de 20 millones de hectáreas de pastizales degradados se pueden transformar en tierras agrícolas en los próximos años, estimó Neves.
Ese potencial de expansión se asegura por el lado importador, ya que la demanda mundial debe incrementarse por el crecimiento poblacional, la urbanización y alza del consumo, argumentó.
El algodón y el maíz expandieron su producción tras la soja en el estado de Mato Grosso, mayor productor de granos de Brasil. Se siembran en las mismas áreas como segundo cultivo tras la cosecha de soja, posibilidad que ayudó Brasil a convertirse en la potencia agrícola actual. Imagen: Michel Alvim
Nuevas vulnerabilidades
Pero hay problemas para la sostenibilidad de la actividad agrícola y su crecimiento futuro, como la dependencia brasileña de insumos importados, la escasez de mano de obra especialmente para manejar máquinas cada día mas sofisticadas y las restricciones ambientales, reconoció el experto.
Brasil importa cerca de 90 % de los fertilizantes que consume y la invasión de Ucrania por Rusia desnudó los riesgos de esa dependencia de pocos proveedores. Rusia provee ahora cerca de 30 % de los fertilizantes importados por Brasil.
El temor es que Estados Unidos imponga sanciones a Brasil por adquirir tanto fertilizantes como diéseles rusos, como hizo con India, que tuvo sus productos gravados en 50 % por importar mucho petróleo de Rusia.
Otras guerras y las disputas entre los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, y China pueden afectar el suministro de fertilizantes a Brasil, que los importa también de China (20 %) y, en menor cantidad, de Canadá, Egipto, Marruecos y Biolorrusia.
Lo mejor es diversificar las fuentes y evitar privaciones, recomienda Neves. El gobierno brasileño trata de ampliar la producción interna, pero ello cuesta tiempo.
El elevado endeudamiento de los agricultores es otra amenaza, que requiere un mejor sistema de financiación de su actividad, añadió.
“Son problemas que existen hace años y no impidieron el crecimiento de nuestra agricultura”, concluyó.
Matturro destacó, por su parte, la carencia de almacenamiento que no se acompasó con la producción de granos. Estimó ese déficit en 125 millones de toneladas, agravado por un desequilibrio. En Estados Unidos 65 % de la capacidad de los almacenes se concentra en las haciendas, mientras en Brasil se limita a 5 %.
Otra vulnerabilidad es el transporte, de costo elevado por la insuficiencia de ferrocarriles, hidrovías y buenas carreteras, agregó. Los grandes ríos se adecuan muy lentamente para el transporte de grandes volúmenes de granos, lamentó.
Osvaldo Aly, director de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria, apunta el riesgo hídrico como el gran factor de insostenibilidad del “modelo tecnológico muy productivista” de la agricultura brasileña.
Las áreas de gran producción en Brasil, que logran dos cosechas anuales con un sistema de secano, disfrutan de una situación singular, de las lluvias que provienen de la Amazonia y que se dirigen al centro-sur del país por la barrera de la cordillera de los Andes.
“La deforestación, especialmente en la Amazonia, pone en jaque ese ciclo hidrológico” y un sistema compuesto de grandes acuíferos, ríos y los llamados “ríos voladores” que transportan la humedad amazónica, señaló Aly, un agrónomo que se especializó en temas hídricos.
El bioma amazónico ya perdió 17 % de sus bosques, según organizaciones que los monitorean por satélites, y científicos como el afamado climatólogo Carlos Nobre estiman que la pérdida de más de 20 % puede constituir el punto de no retorno.
Eso significa la eliminación de la capacidad de autoalimentarse de los bosques, convertirlos en una sabana y poner fin a los servicios ambientales del bioma, que incluyen las lluvias en las principales áreas agrícolas de Brasil.
La gran agricultura brasileña sobreexplota los recursos hídricos, sin evaluar los riesgos ante la confianza en la abundancia de agua, pero en el Cerrado, bioma del centro del país, las lluvias ya sufrieron una reducción de 20 % y en el centro-sur ellas se atrasan 20 días en relación al pasado, y muchos acuíferos se están agotando, advirtió.
Además se trata de “monocultivo intensivo que destruye la biodiversidad, usa muchos agrotóxicos para controlar plagas y aplica en la agricultura el proceso industrial”, añadió.
“Se busca la utilidad inmediata, sin compromiso con la perennidad, en ciclos cortos de gran destrucción de la naturaleza”, de que es ejemplo el café, un cultivo que se desplazó de las cercanías de Río de Janeiro en el siglo XIX, migró hacia el sur por tierras fértiles y luego se dispersó por varias regiones, concluyó.
Mario Osava – es corresponsal de IPS desde 1978 y encargado de la corresponsalía en Brasil desde 1980
