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Comerciantes advierten que Precios Transparentes" puede generar una mayor contracción de la demanda

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió que la implementación del programa “Precios Transparentes” generó una gran confusión entre empresarios y consumidores, lo que podría derivar en una mayor contracción de la demanda.

 

“Frente a la confusión que está generando la implementación de los “Precios Transparentes” es necesario que el gobierno formule una campaña intensa y eficaz aclaratoria, debido a que el 80% de los comercios PyME no comprende la medida ni cómo instrumentarla”, señala un documento de la entidad.

Eso está generando altercados entre consumidores y vendedores que perjudican a las PyMES, que ya tiene como carga los aumentos recientes en las tarifas de luz, gas y combustibles y la caída en las ventas durante todo 2016″, agrega la Came.

En varios puntos, la entidad empresaria expone varios “problemas” en la aplicación del programa que derivó en un encarecimiento del financiamiento de las compras con tarjetas de crédito.

Desde que el gobierno promovió esta medida, se inició una campaña generando expectativas de que los precios caerían un 20%, cuando en realidad en los comercios PyME sucedían varias cosas:

1. Muchos ya venían bajando los precios de contado o promoviendo grandes descuentos y liquidaciones por falta de ventas. Por lo tanto, no tienen margen para seguir bajándolos.

2. La mayoría de los comercios pequeños y también muchos medianos que daban la posibilidad de financiamiento, ya cobraban un interés por el precio financiado porque las tarjetas no les daban las mismas condiciones que a las grandes cadenas. Y justamente eso les generaba pérdidas de ventas en las manos de los grandes comercios que sí ofrecían cuotas.

3. Otra proporción importante de PyMES sólo aceptaban tarjetas en un pago, o no aceptaban.

¿Qué está sucediendo ahora? Frente a la confusión y malos entendidos de esta medida, los consumidores acuden a esos negocios y perciben que el empresario le modificó las condiciones de venta ya sea subiendo el precio, agregando el interés, o eliminando el financiamiento, cuando en realidad mantuvo las mismas condiciones que antes.

Preocupa que todo esto se produce en un contexto de varios meses de contracción de la demanda.

Desde CAME se realizaron, entre el miércoles 1 y el viernes 3 de febrero, reuniones intensas con 150 comerciantes adheridos a cámaras nucleadas por la entidad y relevamientos directos entre 357 comercios del país para comprender más a fondo cómo se está comportando el comercio minorista.

 

Los resultados ayudan a clarificar

  • El 28% de los comercios analizados aún no implementó la norma porque no la comprende o está analizando cómo hacerlo.
  • Otro 31,9% no la aplica porque ya cobraba precios diferentes por pago “efectivo, en una cuota o débito” y pago “en cuotas”.
  • El 20,2% no la aplica porque no acepta tarjeta o porque sólo acepta tarjetas en un pago y los precios entre esas dos modalidades siempre fueron iguales.
  • Es decir, el 80,1% de los comercios PyME no cambió nada frente al martes 31 de enero.
  • Además, el 4,8% de los comercios relevados que antes cobraban cuotas sin interés disminuyó entre 5% y 10% el precio de venta en efectivo o un pago, pero aumentó entre 10% y 20% el precio con financiamiento en seis cuotas.
  • Sólo el 15,1% de los negocios relevados mantuvo el precio en un pago o efectivo, pero aumentó el precio con financiamiento, cuando antes cobraban cuotas sin interés absorbiendo ellos los costos. Los aumentos declarados en cuotas sin interés rondan el 10% para seis pagos.
  • Frente al desorden, muchos comercios están poniendo el precio en un pago o efectivo y carteles donde dice “consultar en caja por opciones de financiamiento”. Eso está generando cierta sensación de ambigüedad en el consumidor de que los precios se incrementaron, cuando no ocurrió así en el comercio PyME.
  • Llevará un período de adaptación poner en funcionamiento la medida en las PyMES porque todavía se está capacitando al personal y determinando la cartelería. El cálculo del costo financiero total no es una práctica habitual en los comercios pequeños.Mientras tanto, es necesario darle claridad a la medida y evitar enfrentamientos. Simultáneamente, hay que monitorear lo que ocurre en los próximos meses con las ventas, especialmente de bienes durables. Teniendo en cuenta que productos como electrodomésticos, artículos electrónicos, materiales para la construcción, muebles, indumentaria, calzados, entre otros, se consumen mayormente a plazos de entre 3 y 18 meses (pocos consumidores tienen capacidad de adquirirlos en un pago), si la medida no es clara puede terminar siendo perjudicial.

    Del recorrido PyME quedaría claro que el principal problema estaría en las grandes cadenas comerciales. Allí es hacia donde deberían apuntar este tipo de medidas, porque son quienes forman precios y quienes suelen desorientar al consumidor con las ofertas y promociones. Los chicos, en general, no lo hacen.

     

    Clientes vs. comercios

    Analizando 1.178 comentarios vinculados a los Precios Transparentes de sitios web de los diarios Ámbito Financiero, Clarín, La Nación, Infobae, La Voz del Interior, junto al Facebook institucional de CAME, se pudo ver que:

    • El 59,1% de los comentarios fueron adversos a la medida
    • El 34,2% fue protestando contra los comercios, principalmente hacia los más grandes y reconocidos
    • El 6,3% a favor del gobierno y la medida
    • El 0,4% restante salió en defensa del comercio
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La CGT anunció el primer paro nacional contra el gobierno de Macri

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El consejo directivo de la CGT decidió iniciar un plan de lucha gradual y progresivo en rechazo de “la política económica del gobierno”, que incluirá una movilización hacia el Ministerio de Producción el 7 de marzo junto con todos los gremios industriales y un paro general con otra marcha para la segunda quincena de ese mes.
Así lo confirmaron los integrantes del triunvirato de la central obrera, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, luego de varias horas de deliberaciones del consejo directivo en la sede de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), en Combate de los Pozos 255, de la Capital Federal.
La movilización hacia Producción el 7 de marzo se realizará desde las 15 y, la huelga general nacional y la marcha de la segunda quincena de ese mes, “muy probablemente” sea fijada para el 30 de marzo, en homenaje a los trabajadores reprimidos durante el paro y movilización de 1982, convocados por el cervecero Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la llamada CGT Brasil.
La conducción de la CGT ratificó además que “no participará” más en la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo -que debía reanudarse este mes- ante “la falta total de confianza en el Gobierno y la crítica situación con el sector empresario”.
La reunión tuvo una asistencia casi perfecta: los únicos que no se dejaron ver fueron tres de los más encumbrados miembros de la cúpula sindical: el estatal y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (Upcn), el mercantil Armando Cavalieri y el constructor Gerardo Martínez (Uocra); quienes presumiblemente estarían de vacaciones.
El 7 de marzo, los dirigentes sindicales difundirán “un duro y crítico” documento y “una propuesta del movimiento obrero” ante “la actual realidad nacional”, en tanto Daer explicó que ambas marchas y el paro se realizarán “en defensa del trabajo y la producción, las paritarias libres, los convenios, el sistema previsional, la salud, la seguridad social y la educación” y en rechazo de “la flexibilización y el aumento de las tarifas”.
La huelga general de la segunda quincena de marzo comenzará entre las 12 y las 14 para permitir la movilización y participará la totalidad de los sindicatos confederados en la central obrera.
Schmid, quien ofició de anfitrión del encuentro como titular de la Fempinra, señaló que la CGT “está disconforme con la realidad” y ratificó que “el diálogo está y continuará roto en la medida que el gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico”, porque “no hubo aciertos en la aplicación de esas medidas”.
“Continúa habiendo incertidumbre; el cuadro tarifario y los aumentos en los diversos rubros como peajes, combustibles, prepagas y educación erosiona el poder adquisitivo”, afirmó.
Daer dijo que “los empresarios incumplieron las actas firmadas en la Mesa de Diálogo -el pago del bono de 2.000 pesos y el compromiso de no producir suspensiones y despidos-, lo que generó falta de confianza y la decisión de no participar más”, afirmó.
El dirigente de la Sanidad acusó al gobierno de “inactividad” y señaló que en las movilizaciones participarán los movimientos sociales, en especial el Evita, y las pequeñas y medianas empresas, en tanto Schmid explicó que “se denunciará la realidad”.
“El Gobierno debe tener otro enfoque porque no hubo aciertos en la aplicación de las medidas económicas. La CGT cuestiona muy dura y concretamente esas políticas oficiales”, puntualizó el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt).
Por su parte, Acuña (estaciones de servicio) aseguró que ya hubo “mucho contacto, diálogo y reuniones con los funcionarios y nada se cumplió, lo que demostró que todo lo firmado por el gobierno y los empresarios con el sindicalismo fue verborragia total”.
Acuña sostuvo que gobierno y patrones “juegan en conjunto” y, ello, atenta contra “los intereses de los trabajadores, como en el caso de los bancarios, que obtuvieron un aumento paritario y la cartera de Trabajo se negó a homologarlo e impide su cobro”.
Schmid adelantó que de forma previa a las movilizaciones se conversará y aunarán tareas con las delegaciones regionales y con “la totalidad de los sectores agredidos por estas políticas”.
“La CGT no está conforme con la realidad”, dijo Schmid, en tanto Daer explicó que el movimiento obrero acercó en su momento al Senado modificaciones adoptadas respecto de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) aprobada por decreto oficial.
El dirigente calificó la decisión presidencial como “muy endeble” porque “le quita legitimidad de origen al obviar a Diputados”.
Acuña aclaró que la decisión del consejo directivo “no fue una simple movilización o un paro sino el inicio de un plan de lucha progresivo en reclamo del cumplimiento de los compromisos contraídos y el respeto a los trabajadores y al pueblo”.
“Cuando algo beneficia a los trabajadores de inmediato se veta. No hay respeto por el Congreso. Hay demasiadas pruebas sobre la mesa. No hay más tiempo de diálogo. Esta situación sólo puede revertirse modificando de cuajo la actual realidad”, concluyó Acuña, quien estimó que en un año fueron casi 400 mil los despidos producidos.
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Equilibrio fiscal de las provincias, o el unicornio azul

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Por Félix Piacentini. Aunque cuando se miran las cuentas fiscales de las provincias, uno se da con que hasta septiembre venían mostrando una situación bastante buena, la estimación oficial incorporada por el ministerio de hacienda en el presupuesto 2017 para el consolidado de las 24 provincias es tan pesimista que proyecta un déficit de $ 105 mil millones en 2016, duplicando por ende el rojo consolidado de $ 52 mil millones que se presentaba en 2015. De aquí se desprenden dos reflexiones. O el último trimestre del año pasado fue una catástrofe en las provincias en el plano fiscal, o los técnicos de hacienda erraron sus estimaciones. Como hay un delay importante en la publicación de la ejecución de algunas provincias, como por ejemplo de la más grande y la que más influye en el resultado final como es Buenos Aires, tendremos que confiar en la proyección oficial hasta que se demuestre lo contrario.

De esta forma el año pasado se habría alcanzado el mayor déficit de al menos los 12 últimos años, llegando a representar el 1,3% del PBI y superando el ahora viejo máximo del 0,9% presenciado en 2015. Este pésimo resultado se registró en un año no electoral, y cuando las provincias comenzaron a recibir 3 puntos de una devolución gradual de 15 puntos de coparticipación (en el caso de Córdoba, Santa Fe y San Luis por el fallo de la Corte la devolución fue completa), más 6 puntos extra en préstamos de Nación a tasa subsidiada. También ocurrió cuando las jurisdicciones pudieron volver a financiarse en el mercado de crédito internacional, emitiendo unos US$7.050 millones en colocaciones locales.

Es decir, un año en el que las provincias contaron con ingresos inéditos del 7,2% del PBI en concepto de coparticipación, no lograron contener el gasto y llegaron a este penoso récord. En cuanto al nivel de endeudamiento, las obligaciones en moneda extranjera mencionadas implican que el stock de deuda en pesos se expandió un 41% en 2016 sólo por ese concepto. Aunque este ritmo de endeudamiento asusta, el nivel total todavía no es preocupante y no hay riesgos en el corto plazo. Pero ciertamente hay provincias como Buenos Aires en donde el cociente Ingresos Totales sobre stock de deuda ya estaría en un 52% y otras como Jujuy, CABA y Mendoza donde se encontrarían en torno al 40%. Más que nada para éstas sería aconsejable moderar la trayectoria futura de financiamiento para evitar que el nivel de endeudamiento se convierta en un problema.

En la búsqueda de causas se encuentra que el deterioro fiscal de las provincias sigue siendo consecuencia de la práctica todavía vigente de nombrar personal muy por encima del crecimiento poblacional, lo que ha llevado a un exceso de personal del 34% superior al nivel óptimo y que tiene un sobrecosto fiscal de 2 puntos del PBI por año. En el año 2005 los Gastos Totales del agregado de las 24 provincias representaban 13 puntos del PBI y hoy se llevan 18 puntos. Esos 5 puntos de ampliación del gasto público se destinaron casi completamente a gastos de personal, que pasaron de 5 a 9 puntos del PBI. Mientras tanto la inversión pública permaneció estancada en 2 puntos del PBI, casualmente lo que gastan en exceso por empleo público. Es decir que si no se hubieran nombrado en demasía a unas 500 mil personas, las provincias podrían agregar el doble de infraestructura cada año. Desde el plano fiscal podrían haber tenido superávits ininterrumpidos desde 2004, en lugar de la mayoría de déficits.

¿Y para el 2017, año eleccionario, qué podemos esperar? La historia nos dice que en años eleccionarios es muy difícil contener el gasto, siendo usual que la obra pública explote y que los aumentos salariales a los 2,2 millones de empleados públicos provinciales superen la inflación. Por el lado de los ingresos las jurisdicciones subnacionales contarán con mayores recursos, ya que la devolución adicional de coparticipación ya será de 6 puntos porcentuales de los 15 detraídos para financiar al ANSES, lo que llevará a que si lo expresamos en porcentaje del PBI las transferencias automáticas lleguen a casi 8 puntos, otro pico histórico de las últimas décadas.

Pero claro, la cuestión es cuán capaces pueden ser de evitar un desborde electoral del gasto. Si aumentara en el mismo porcentaje que el gasto nacional previsto para este año, un 22%, el déficit consolidado de los 24 distritos podría rondar los $ 97 mil millones o el 1% del PBI. En esta hipótesis de “prudencia” fiscal el déficit sería menor al 1,3% del PBI que se habría registrado en 2016. Si por otro lado somos desconfiados, la experiencia nos avala, y el gasto se expandiera al 25% el déficit total ya redondearía $ 140 mil millones y sería mayor al de 2016, representando 1,4% del producto. El lector se preguntará porqué ni siquiera mencioné la posibilidad de un equilibrio presupuestario de las provincias en 2017. Para llegar a ese “unicornio azul” el gasto debería crecer a tan sólo el 15%. Físicamente imposible.

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