A continuación reproducimos las tapas de los principales diarios del país. El Senado autorizó los allanamientos en las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández. Las Universidades llevan adelante la tercer semana de paro nacional.
El dolar toco otro récord ayer llegando a venderse a 30.80, lo que marca otro pico de la devaluación del peso.
La expresidente y actual senadora Cristina de Kirchner concurrió este lunes a los tribunales de Comodoro Py para la indagatoria a la que fue citada en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública durante su mandato y el de su esposa, Néstor Kirchner.
Cristina no declaró, sino que presentó un escrito con su descargo por la causa, con duras críticas al proceso judicial y en el que apuntó a la familia de su sucesor. “Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás ‘Nicky’ Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la “Patria Contratista” surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los ’80 y los ’90. Además, resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas”, afirmó la exmandataria.
En uno de los escritos, la exmandataria pidió el apartamiento del juez Claudio Bonadio -a quien calificó de “juez enemigo”- y del fiscal federal Carlos Stornelli. Y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julian Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.
En la causa Los Sauces Cristina Kirchner está imputada también como jefa de una asociación ilícita junto a sus hijos Máximo y Florencia, y en esa investigación también se sospecha de irregularidades con la obra pública.
En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa por el origen que tuvo la misma: “A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”.
En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornellli: fueron “elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas”.
“En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta”, evaluó.
Tras denunciar “graves arbitrariedades” por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la exmandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.
“En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida”, señaló.
La senadora señaló que desde que asumió el presidente Mauricio Macri se dictaron en su contra “cinco procesamientos” y subrayó: “increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015”.
Subrayó también: “pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa”.
“Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio”, añadió.
Para Cristina Kirchner, “estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI”.
“A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política”, señaló.
A continuación, reproducimos una columna de análisis y opinión del periodista y editor de La Nación, Claudio Jacquelín, sobre el impacto político de la causa de los cuadernos. Jacquelín, por años periodista especializado en informaciones gremiales, afirma que según sondeos a los que accedió su diario, la mayoría de la gente tiene desconfianza en la Justicia y no cree que esta causa termine con presos con condena firme. Además, explica que Macri tampoco saca rédito de la causa y la sociedad, en general, mira a toda la dirigencia con la misma desconfianza.
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Si el caso de los cuadernos fuera una obra de teatro o una ópera (merecería serlo), se podría decir que desde su estreno, y tras las primeras funciones, el impacto no ha sido el mismo en la platea y en la crítica especializada que en el superpulman y el gallinero. Encuestas y sondeos realizados hasta el miércoles pasado lo confirman.
Son percepciones iniciales de los que miden cada día la tarea del juez y del fiscal de la causa, pero podrían empezar a cambiar tras la abrumadora acumulación de pruebas que empiezan a asomar, junto con la caída y las confesiones de ejecutivos y dueños de grandes empresas a los que nadie imaginó con ver alguna vez tambaleantes en el banquillo de los acusados. El sistema parece crujir de verdad.
La política líquida es muy funcional en tiempos inciertos. Una encuesta previa a la aparición de los cuadernos que circuló por los despachos oficiales y por los de algunos conspicuos dirigentes peronistas bonaerenses sigue pesando hasta la aparición de otra medición que pueda mensurar con más certeza el impacto de las pruebas y las evidencias en el electorado del conurbano.
Lo cierto es que, aunque la situación judicial de Cristina se complica a velocidad supersónica, no se advierten fugas masivas y ningún senador peronista se avergonzó por haber demorado otra semana la autorización, pedida por Bonadio, para allanar sus domicilios. Ni hablar del desafuero, aunque muchos ya se preguntan cuánto más podrán resistirlo si la causa de los cuadernos sigue con el alud de arrepentidos que en cada declaración le sacan una mano más de pintura a su retrato imperial.
Por eso, buena parte de los propagandistas de Cristina y de los justificadores intelectuales de la política a oscuras han moderado sus cuestionamientos a los cuadernos para empezar a alertar sobre los riesgos de colapso del sistema político y económico del país a causa de lo que de esas anotaciones se ha ido comprobando y ampliando. Falsos defensores de un supuesto interés nacional que pregonan apocalipsis rogando por su salvación personal.
Soluciones peronistas para Macri
Aunque parezca ajeno, todo eso está demasiado ligado con las urgencias económicas del Gobierno. Además de tratar de controlar las consecuencias negativas que el caso de los cuadernos pueda tener sobre las cuentas públicas y la actividad privada, el oficialismo tiene como objetivo cada vez más urgente definir el presupuesto para 2019 y lograr acuerdos que le permitan aprobarlo. El FMI, que vuelve esta semana al país, sigue con mucho interés y preocupación este tema. No será sencillo avanzar, aunque quizás el contexto pueda ayudar al Gobierno.
La economía que cruje y la corrupción estruendosa no le dan ventaja a nadie. Por el contrario, el cuestionamiento creciente a los políticos sin distinciones hace que ningún espacio o dirigente sume con las desgracias ajenas. Y a nadie le sobra poder de veto. Por eso, el Gobierno podría lograr la aprobación en Diputados del ajuste expresado en el presupuesto que debe llegar al Congreso en menos de un mes. Solo tendría que procurarse del quorum. Con eso, apenas necesitaría sumar para su causa a unos pocos diputados de otros bloques. Las ausencias harían el resto. Así, la oposición le daría la herramienta que necesita Macri sin pagar el costo de la adhesión ni el precio del obstruccionismo. En eso andan las conversaciones mientras pasan las hojas de los cuadernos. Ya se lo han hecho saber algunos peronistas que no lamentan las desgracias de Cristina, sobre las que aguardan muchas novedades esta semana.
La sociedad los mira a todos con moderada expectativa y suficiente escepticismo, a la espera de soluciones tangibles, resultados concretos y culpables en prisión. La edad de la inocencia terminó hace mucho.
A continuación reproducimos las tapas de los principales diarios del país. El día del debate sobre el aborto, ahora llamado Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), le llegó a los Senadores, en el poroteo parecería que prima el no. Un debate complejo donde es difícil conciliar posiciones, ya que en muchos casos son antagónicas, pero el punto es cómo legislar incluyendo las diferencias y, a la vez, protegiendo a las mujeres que por distintas circunstancias no desean ser madres y brindando un contexto legal que las ampare.
La irrupción del remisero arrepentido con puntillosos detalles sobre presuntos hechos de corrupción durante el Gobierno anterior, tuvo un inmediato efecto en la escena política argentina. Desde hace unas horas no se habla más que de los cuadernos Gloria, llenos de anotaciones precisas sobre hechos, días, horas y millones de dólares contados a ojo con una exactitud asombrosa. La precisión alimenta el relato. Son los bolsos de López hechos novela. El problema, menor, es que los cuadernos no aparecen. No existen. Desaparecieron. Pero es un dato insignificante ante las oleadas de indignación. Que el juez sea Claudio Bonadío, sin sorteo ni licitación, tampoco importa demasiado si se trata de la lucha frontal contra la corrupción.
Los cuadernos aparecieron (o sus copias) en el momento más oportuno. Ahora el presidente Mauricio Macri prometió una ley anticorrupción para evitar repetir conductas inmorales de empresarios y funcionarios. Esa era, en definitiva, una de sus olvidadas promesas de campaña. Retoma así la iniciativa en medio de un escándalo por la revelación de aportantes truchos y posible lavado de dinero en la campaña de Cambiemos, que salpica a su principal activo político, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pero que tiene ramificaciones en casi todo el despliegue geográfico de la alianza gobernante.
Las revelaciones, con nombre y apellido, con rostros visibles, no indignaron tanto, ni al Presidente ni a su gobierno ni a los medios de comunicación que ahora cubren minuto a minuto el affaire de los cuadernos que, según Claudio Centeno, el chofer memorioso, tuvieron su epílogo en el fuego del asado. Final de novela para un escándalo de novela.
Pregunta inquietante ¿Por qué los cuadernos de dudoso origen indignan más que una investigación documentada sobre aportantes truchos a una campaña de candidatos que prometían transparencia? ¿Por qué indigna más imaginar un bolso volando por el aire con un puñado de miles de dólares que los miles de millones que se están fugando o el enorme volumen de deuda acumulada en los últimos dos años? ¿Por qué la corrupción K es más repulsiva que la M?
El chofer Centeno describe con minuciosidad viajes y mochilas cargadas con dólares, con números tan exactos que parece haberlas contado él. Solo sus anotaciones en los cuadernos que ahora no existen, alcanzaron como prueba necesaria para que Bonadío pida la detención de empresarios y funcionarios e insista en el desafuero de Cristina Fernández, destino ineludible de cada uno de sus embates. Juristas de variada escuela advierten que hay muchos puntos flacos en el trabajo de Bonadío, salvados únicamente por la autoincriminación de Centeno. De otro modo, la causa iba camino a un papelón histórico.
Cuatro prestigiosos abogados opinaron para esta columna: “Las copias de los famosos cuadernos no son en sí mismas, suficientes para sustentar los llamados a indagatorias y detenciones de empresarios, ex funcionarios públicos y hasta una ex presidente de la Nación. Debemos creer que, necesariamente, el juez de instrucción y el fiscal interviniente, han tenido que haber reunido un conjunto de pruebas, que en primer término, dan credibilidad a los relatos que describen las fotocopias simples de unos cuadernos que hoy sabemos, no existen más”, precisó el primero, de larga carrera como penalista.
“El llamado a prestar declaración indagatoria, implica imputar a una persona la comisión de uno o varios hechos punibles, y, por mandato constitucional, debe estar sustentado en hechos debidamente comprobados en la investigación, además, su corrección se obtiene por estar construida sobre un razonamiento que se encuentra sustentado sobre principios lógicos; al mismo tiempo que debe ser legal, fundado en pruebas válidamente incorporadas al proceso; como también veraz, por cuanto no podrá fabricar ni distorsionar los datos probatorios; específica, puesto que debe existir una motivación para cada conclusión fáctica; arreglada a las reglas de la sana crítica; completa, ya que debe comprender todas las cuestiones de la causa y cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión; y expresa, dado que el juez debe poner de manifiesto el razonamiento por el cual adopta una decisión y no otra”, argumenta.
“No se puede reemplazar su análisis crítico por una remisión genérica a las constancias del proceso, o a las pruebas de la causa o con un resumen meramente descriptivo de los elementos que lo conducen a la solución.La mera invocación en forma genérica a los indicios colectados a lo largo de una pesquisa no es pauta suficiente como para avalar un pronunciamiento jurisdiccional legítimo. Pocas personas conocen la totalidad de la prueba reunida en el expte, pero evidentemente, el acogimiento a la figura de arrepentido por parte de algunas de las personas detenidas, vinieron a consolidar un proceso que al inicio, presentaba todos los vestigios de una temible aventura jurídica con aplicación artificiosa del derecho”, culmina.
Un reconocido abogado ahora miembro del Poder Judicial hace foco en la detención de los empresarios y ex funcionarios. “La libertad es cuestión de la existencia o no de peligros procesales (fuga o entorpecimiento de la investigación). Eso es lo único que debe tenerse cualquiera sea el delito y la pena en expectativa”.
“La cuestión de las copias, en tanto cumplan con ciertos requisitos que les den veracidad, como puede ser el caso de un reconocimiento incondicional de quien los escribió o la comprobación de la certeza de los datos, es buena prueba, pero lo que no puede hacerse con una fotocopia es peritar. Pero la pericia se ordena solamente si la persona a la que se atribuyen las anotaciones las desconociera”, explica.
En la misma línea, un jurista de primera línea advierte que “las fotocopias son “meros indicios” de la comisión del delito”, pero para que se constituyan en “prueba” resulta necesario contar con el documento original toda vez que es sobre dicho documento donde se habrán de realizar las tareas de peritaje (por ejemplo caligráficos) entre otras medidas”. “Sólo en el exclusivo mundo de la Republiqueta Comodoro Py se puede hacer estas groseras violaciones de los derechos individuales protegidos en el marco constitucional y convencional”, responde con ironía cuando se le consulta por la ola de detenciones.
“Los cuadernos, que no hay, implican una debilidad desde lo jurídico, se tendría que caer, pero se subsana con los arrepentidos. A raíz de los cuadernos, detienen gente, pero si nadie confiesa nada, los cuadernos no son una prueba. Ahora, los empresarios detenidos, se pueden quebrar. Si corroboran algo, ya no importan los cuadernos. Eso salva la falta de fundamentos de Bonadío”, cierra un abogado radical, pero de los que no están en la alianza.
Es decir, la causa, que tiene como involucrado al misionero Oscar Thomas, ex presidente de Yacyretá, depende de la credibilidad de un remisero, ex suboficial del Ejército, que ofició de “arrepentido” al mismo tiempo que era cómplice de un supuesto delito. El “mani pulite”, el “lava jato”, argentino como lo quieren presentar, tiene todavía bases endebles y está en manos de un juez sospechado de parcialidad, aunque nadie parece reparar en esos “detalles”.
Siquiera el Presidente, que aprovechó para “diferenciarse” de la gestión anterior al mismo tiempo que presentaba “créditos blandos” para jubilados. “Hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos demuestre que no hay impunidad”, dijo y pidió “terminar con el doble discurso de decir una cosa y hacer otra” porque es necesario “poner la verdad y los problemas sobre la mesa para empezar a resolverlos”. Macri sostuvo que los créditos permitirán a los jubilados “arreglar esa habitación que tenemos problemitas, o un escape de gas como le pasó a la vecina”. Detrás estaba, sonriente, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia donde horas antes murieron dos personas por un escape de gas en una escuela que tenía serios problemas de infraestructura. No hay ironía.
Rara parábola del “soporte” del Estado mediante créditos (que terminan siendo una deuda para el jubilado) mientras que se anuncian severos recortes en asignaciones familiares, que afectan a 400 mil chicos en todo el país.
El escándalo de los cuadernos estalló en el momento justo. El mismo día, Javier Iguacel anunciaba un nuevo tarifazo de la energía -Misiones deberá pagar 44 por ciento más por la electricidad que compra a Nación- y nuevos aumentos en el combustible. El mismo día se conocía que la deuda externa aumentó 90 mil millones desde que asumió Macri y alcanzó los 345 mil millones de dólares, cerca del 70 por ciento del PBI. La recesión, la devaluación y los préstamos del FMI equiparan el ratio de la deuda 2006, luego del canje de bonos en default.
La recesión, la devaluación y los préstamos del FMI también marcan el ritmo de la gestión.
La industria cayó 8,1 por ciento -12 por ciento la yerba y el té, 9,7 por ciento el tabaco y 1,2 el papel y cartón-. De los 12 bloques productivos relevados por el Indec, 11 cayeron. La construcción cortó una racha de quince meses en repunte y se contrajo 0,1 por ciento y se espera que sea peor por la parálisis de la inversión en obra pública y la disparada de los valores inmobiliarios por la inflación.
Como síntoma del momento, la recaudación también cayó en julio cinco por ciento en términos reales, ya que creció 23,8, contra una inflación anualizada de 29,5 por ciento. Esa caída se sentirá en la coparticipación que reciben las provincias, el caballito de Troya con el que el Gobierno pretendía imponer el ajuste en el interior. El “aumento” de la coparticipación era el principal argumento de los legisladores de Cambiemos para justificar los recortes en Misiones. Pero está claro que a menores recursos, se hará más fuerte el ajuste, círculo vicioso y harto conocido.
Ahí radica una de las principales resistencias de las provincias al recorte que planea la Nación.
Misiones tiene datos que demuestran que hizo las cosas bien en los últimos quince en años en materia financiera y económica. No hay argumentos para que pague por pecadora. El stock de deuda sobre los ingresos alcanzaba al 302 por ciento en 2002. Hoy es apenas del 13,8. Si se mide por la ley de Responsabilidad Fiscal, Misiones es la segunda que mejor perfomance tiene de acuerdo a la ejecución presupuestaria 2017: apenas 0,9 por ciento, cuando hay provincias como Salta, que alcanzan al 20 por ciento o Buenos Aires, que roza el 10.
La solidez de la economía misionera y el rol del Estado contrastan con la posición de la Nación. En Misiones el Estado prioriza la Educación y la contención social, interviene en la economía para regular, pero también para estimular. El programa Ahora Misiones generó ventas financiadas con tasa cero por 757 millones de pesos, con picos de consumo en varios meses de este año, mientras que el Banco de Crédito de Misiones acaba de entregar su préstamo productivo número 500. La multitudinaria nueva edición del Black Friday, este fin de semana, es otra muestra de la sinergia con el sector privado. No ocurre en otros lados.
