El Gobierno intervino COVIARA por 180 días para acelerar su transformación en Sociedad Anónima
El Gobierno nacional dispuso la intervención por 180 días hábiles de la empresa estatal Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), en la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de destrabar y completar un proceso de transformación societaria que permanece inconcluso desde 2025. La medida concentra en un interventor las facultades de administración y representación necesarias para avanzar hacia la conversión de la empresa en una sociedad anónima unipersonal y su posterior fusión con Playas Ferroviarias de Buenos Aires.
La decisión fue establecida mediante el Decreto 817/2026, firmado el 27 de agosto por el presidente Javier Milei, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La intervención comenzó a regir desde el mismo día de su dictado y tendrá una duración de 180 días hábiles.
El Ejecutivo justificó la intervención en una situación de vacancia e integración incompleta del directorio de COVIARA que, según los fundamentos del decreto, dificulta la adopción y ejecución coordinada de las decisiones necesarias para completar la transformación y posterior fusión de la empresa. La presidencia del directorio se encontraba vacante desde la renuncia aceptada a partir del 31 de marzo de 2026, mientras que también permanecían sin cubrirse otros cargos de directores.
El problema adquiere relevancia porque el proceso de reconversión ya había sido definido por el Decreto 117/2025. Aquella norma dispuso transformar COVIARA, originalmente una empresa del Estado, en COVIARA S.A.U. y posteriormente avanzar con su fusión por absorción por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., lo que implicaría la disolución de COVIARA sin liquidación.
Sin embargo, a más de un año y medio de esa decisión, el proceso todavía no había llegado a su conclusión. El nuevo decreto señala que permanecían pendientes actuaciones societarias, registrales, patrimoniales, contables, contractuales, administrativas y operativas necesarias para perfeccionar la transformación y concretar la fusión.
En ese contexto, la intervención funciona como una herramienta para concentrar la conducción y evitar que la falta de autoridades plenamente constituidas continúe demorando el proceso. El Gobierno sostiene que la naturaleza y complejidad de los actos pendientes requieren una conducción con responsabilidad ejecutiva directa y capacidad suficiente para tomar decisiones de manera inmediata.
El Ejecutivo designó como interventor al capitán de navío Marcial Eduardo Pérez, quien tendrá durante los 180 días hábiles el ejercicio exclusivo de la administración y representación de COVIARA y de su continuadora COVIARA S.A.U. También asumirá las competencias que correspondan al directorio, incluidas las obligaciones que el Decreto 117/2025 había asignado a ese órgano.
Las facultades otorgadas son amplias. El interventor podrá realizar los actos jurídicos, administrativos, societarios, registrales, patrimoniales, contables, financieros y operativos que resulten necesarios para completar la transformación y la posterior fusión. Entre otras atribuciones, podrá designar y remover funcionarios y personal, contratar servicios y resolver o rescindir contratos existentes vinculados con la continuidad de las prestaciones de la sociedad o de terceros.
El decreto aclara que esa enumeración no es limitativa. La amplitud de las facultades busca evitar que nuevos obstáculos administrativos o societarios impidan alcanzar el objetivo fijado por el Ejecutivo: completar la reconversión de COVIARA y avanzar con su absorción por Playas Ferroviarias de Buenos Aires.
La medida también establece un esquema de supervisión compartida. El Ministerio de Defensa y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía, estarán facultados para supervisar la intervención y dictar las normas complementarias o aclaratorias necesarias para su implementación.
El caso de COVIARA se inscribe en el proceso de transformación de empresas estatales impulsado por el Gobierno a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley de Bases 27.742. El DNU modificó el régimen de funcionamiento de las empresas del Estado y estableció que las sociedades o empresas con participación estatal se transformaran en sociedades anónimas bajo la Ley General de Sociedades. La Ley de Bases, a su vez, otorgó herramientas al Poder Ejecutivo para avanzar sobre empresas y sociedades comprendidas en el sector público nacional.
En el caso específico de COVIARA, la intervención no dispone una nueva transformación ni modifica el destino societario establecido previamente. Su finalidad es ejecutar una decisión que ya había sido adoptada: completar la conversión en sociedad anónima unipersonal y concretar posteriormente la fusión por absorción con Playas Ferroviarias de Buenos Aires.
El dato central, por lo tanto, no es solamente la intervención de una empresa vinculada al área de Defensa, sino el reconocimiento explícito de que un proceso de transformación estatal iniciado en 2025 todavía no había podido completarse por la falta de una conducción plenamente integrada. El Gobierno optó ahora por reemplazar transitoriamente el esquema ordinario de administración por una conducción unipersonal con facultades ampliadas.
Desde una perspectiva de gestión pública, la medida apunta a resolver un problema concreto: transformar una decisión normativa en una operación societaria efectiva. El resultado dependerá de que durante los próximos 180 días hábiles puedan completarse los trámites, transferencias, decisiones contractuales y actuaciones registrales pendientes y, finalmente, materializarse la fusión prevista.
El desafío será convertir la intervención en una herramienta de cierre y no en una nueva instancia de transición. El propio decreto establece un objetivo preciso y un plazo determinado: terminar la transformación de COVIARA y avanzar con su absorción por Playas Ferroviarias de Buenos Aires. En ese sentido, los próximos meses permitirán medir si la concentración de facultades consigue destrabar un proceso que permanecía pendiente desde 2025.