Defensoría del Pueblo

Femicidios en Argentina 247 víctimas en 2025 y ningún mes con menos de 15 casos

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Durante 2025 se registraron en Argentina 247 víctimas de femicidio, según el Informe Anual del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. El relevamiento confirma que, pese a una leve reducción respecto del pico alcanzado en 2023, la violencia de género extrema mantiene una presencia sostenida a lo largo de todo el año, sin que ningún mes registre menos de 15 casos.

El informe consolida un diagnóstico estructural: la problemática no muestra quiebres estacionales ni descensos significativos, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas persistentes, focalizadas y con alcance territorial efectivo.

Tipología de los crímenes y continuidad temporal

Del total de 247 víctimas contabilizadas en 2025, el Observatorio identificó 200 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, 4 transfemicidios, 9 suicidios feminicidas y 17 casos asociados a contextos de narcotráfico y crimen organizado. Esta clasificación permite dimensionar la diversidad de escenarios en los que se manifiesta la violencia letal por razones de género.

Si bien las cifras de 2024 y 2025 muestran una baja en relación con el máximo registrado en 2023, el informe advierte que la violencia se mantiene constante durante los doce meses del año. En términos estadísticos, durante 2025 se cometió un femicidio cada 35 horas, lo que equivale a un promedio semanal de 4,7 víctimas.

Este dato pone de relieve la persistencia de la violencia extrema como fenómeno estructural, más allá de variaciones coyunturales en los registros anuales.

El hogar como principal escenario de riesgo

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la localización de los hechos. Según el Observatorio, el 60% de los femicidios ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor, lo que confirma que el espacio privado continúa siendo el entorno más inseguro para las mujeres.

En relación con el vínculo entre víctima y victimario, en el 84% de los casos existía una relación previa, predominantemente parejas o exparejas. En contraste, solo el 5,5% de los femicidios fueron cometidos por personas desconocidas, un dato que refuerza la centralidad de la violencia intrafamiliar y de pareja dentro del fenómeno.

El impacto de estos crímenes trasciende a las víctimas directas. El informe contabilizó 133 niñas y niños que quedaron sin madre como consecuencia de los femicidios registrados durante el año, una dimensión colateral que profundiza las consecuencias sociales de la violencia de género.

Distribución territorial y tasas provinciales

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó el registro con 95 casos, seguida por Santa Fe con 30 femicidios. Sin embargo, el análisis por tasa en relación con la población femenina modifica el mapa del riesgo.

Al considerar la incidencia proporcional, las provincias con los índices más elevados de femicidios durante 2025 fueron Santa Cruz, Misiones y Neuquén, lo que evidencia disparidades territoriales significativas y la necesidad de enfoques diferenciados en el diseño de políticas públicas.

Un insumo clave para las políticas públicas

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación fue creado en 2016 y sostiene de manera continua su tarea de monitoreo y sistematización de datos. El objetivo central de este trabajo es producir estadísticas confiables que permitan diseñar, evaluar y ajustar políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, en línea con la legislación nacional vigente y los compromisos internacionales asumidos por la institución.

El informe anual 2025 vuelve a poner en evidencia que, aun en contextos de reducción relativa de los registros, la violencia femicida continúa siendo un problema estructural, persistente y territorialmente desigual, que exige respuestas institucionales sostenidas y basadas en evidencia.

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Boleto urbano: empresas y municipio expusieron la situación económica del transporte

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Representantes del transporte urbano, autoridades municipales, empresas, organizaciones y usuarios participaron este martes de la audiencia pública convocada para analizar una posible actualización del boleto de transporte urbano de pasajeros en el Área Metropolitana. El encuentro expuso el escenario económico y operativo del sistema, marcado por la caída de la demanda y el aumento sostenido de los costos, y puso en foco el rol de los aportes provinciales y municipales para garantizar su continuidad.

La audiencia se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Parque de la Ciudad y se realizó conforme a lo establecido por decreto, en cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal, como instancia previa y obligatoria para el análisis de modificaciones tarifarias en servicios públicos.

Diagnóstico del sistema: costos en alza y menor demanda

Durante la jornada, los distintos sectores vinculados al transporte urbano expusieron los parámetros necesarios para el sostenimiento del sistema, que incluyen la infraestructura, las unidades en circulación y el personal en actividad. En ese marco, se presentó un diagnóstico que evidenció una caída en la demanda del servicio, combinada con un incremento sostenido de los costos operativos.

Según se explicó en la audiencia, el valor actual del boleto resulta insuficiente para cubrir integralmente los costos del sistema. Por ese motivo, el funcionamiento del transporte urbano se mantiene a través de aportes provinciales y municipales, además de inversiones en infraestructura, flota y mecanismos de control.

El análisis planteado remarcó que estas herramientas permiten sostener la continuidad del servicio, preservar la cobertura territorial y mantener el carácter social del transporte público, en un contexto económico desafiante para el sector.

Marco institucional y actores involucrados

La audiencia pública se desarrolló mediante la exposición de los distintos actores vinculados al sistema de transporte urbano, en un marco institucional previsto por la normativa municipal. Participaron del encuentro el secretario de Gobierno Municipal, José Amable, el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, autoridades de la Defensoría del Pueblo y representantes de EUTA, junto a organizaciones y usuarios del servicio.

La instancia permitió dejar constancia de las posiciones del sector empresario, de las autoridades y de los usuarios, y constituye un paso formal dentro del proceso de evaluación de una eventual actualización tarifaria.

Próximos pasos

El debate sobre la tarifa del transporte urbano impacta de manera directa tanto en los usuarios del servicio, para quienes el boleto representa un componente relevante del gasto cotidiano, como en las empresas prestatarias, que enfrentan un escenario de costos crecientes y menor demanda.

En el plano institucional, la audiencia pública cumple una función central al transparentar la información económica y operativa del sistema y habilitar la participación ciudadana antes de cualquier decisión administrativa. El análisis expuesto en esta instancia será un insumo clave para las definiciones que adopten las autoridades municipales respecto del esquema tarifario.

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Posadas proyecta un Presupuesto 2026 con foco en la eficiencia y el equilibrio fiscal

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Autoridades del Honorable Concejo Deliberante, la Municipalidad de Posadas y la Defensoría del Pueblo presentaron los principales lineamientos del Presupuesto Municipal 2026. El proyecto prioriza la optimización de los recursos, el sostenimiento del empleo público y una administración transparente y equilibrada frente a un contexto económico complejo.

Eficiencia y sostenibilidad como ejes del Presupuesto Municipal 2026

El Presupuesto Municipal 2026 de Posadas comenzó su instancia de análisis técnico y político en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), durante una jornada encabezada por la Comisión de Hacienda, que recibió a representantes del Ejecutivo local y de la Defensoría del Pueblo.

El encuentro marcó el inicio formal del tratamiento de la denominada “Ordenanza Madre”. Instrumento esencial para la planificación y ejecución de las políticas públicas del próximo ejercicio económico.

El presupuesto proyectado tiene como ejes la transparencia en la gestión, la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, la sostenibilidad fiscal y el resguardo de las fuentes laborales municipales. De acuerdo con las proyecciones, el presupuesto del Concejo Deliberante representará el 5,83% del total municipal, lo que implica una reducción del 30% respecto de ejercicios anteriores, resultado de un proceso de refuncionalización interna y control de gastos.

“Este presupuesto permitirá la continuidad de un orden y compromiso asumido, respetando el contexto, el equilibrio y las fuentes laborales”, señaló el presidente del HCD, Jair Dib. Quien destacó el trabajo conjunto entre las áreas administrativas y legislativas para garantizar una gestión moderna y eficiente.

Orden, diálogo y fortalecimiento institucional

Durante la presentación, el defensor del Pueblo, Juan Matías Paonessa, subrayó la importancia de preservar la estructura institucional y cuidar los recursos municipales. “El objetivo es mantener la planta laboral y fortalecer el rol de defensa ciudadana. A través de las herramientas institucionales que fuimos construyendo con el tiempo”.

Paonessa remarcó que la Defensoría del Pueblo continuará priorizando la atención directa al vecino. Promoviendo mecanismos de mediación y articulación con las distintas áreas del municipio.

Por su parte, Dib destacó que el proceso de reordenamiento interno del HCD ha permitido un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y financieros. “El contexto en que se da este presupuesto es el del reacomodamiento de la planta laboral, llevado adelante con diálogo, consenso y mucho trabajo”, afirmó.

El secretario de Hacienda, Sebastián Guastavino, reforzó esa línea de gestión al afirmar que “la palabra clave va a ser la eficiencia. Hoy más que nunca debemos fortalecer la familia del empleado municipal”, haciendo hincapié en la necesidad de un uso responsable del gasto público. Y en la planificación racional de cada programa y partida frente a la coyuntura macroeconómica.

Un instrumento clave para la gobernanza local

El tratamiento del Presupuesto 2026 refleja un ejercicio de planificación integral. Que define la orientación de la política fiscal y la capacidad operativa del municipio para el próximo año.

La Comisión de Hacienda del HCD continuará recibiendo a los distintos organismos descentralizados y áreas ejecutivas a fin de analizar las partidas asignadas y los criterios de inversión pública. Con el objetivo de sostener el equilibrio entre las demandas sociales y la disponibilidad presupuestaria.

En términos institucionales, el presupuesto proyectado consolida un modelo de gestión basado en la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las capacidades estatales locales, en línea con las políticas de eficiencia administrativa que la ciudad de Posadas viene implementando en los últimos años.

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Avanzan en la inclusión de subsidios de agua potable a familias que tengan un familiar con alguna discapacidad

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 Se realizó la primera reunión con familias con algunos miembros con discapacidad del barrio Altos del Sur. Estuvieron presentes también referentes Eprac y la Dirección de Discapacidad del Concejo Deliberante.

La reunión surgió a pedido de las familias que reclaman por la particular metodología del subsidio al agua potable al que acceden las familias que cuentan con algún miembro con discapacidad.

El mismo representa cierta cantidad de litros de agua que las familias reciben de forma subsidiada. Pero al superar ese monto, el beneficio se corta y no se puede volver a solicitar por el lapso de un año.

“Considero un paso importante y clave al que llegamos en esta primera reunión, dado que la realidad nos pone en un gran compromiso ya que las familias con miembros con discapacidad no tienen subsidios estipulados en ninguna normativa.

En este caso, el Eprac viene interviniendo desde un esquema de responsabilidad social, al no tener una norma que regule dicha realidad.  

Esta situación nos compromete a que todos los actores con responsabilidad en la materia serán convocados a fin de elevar un petitorio al gobernador para que exista por normativa, que incluya un subsidio para el agua potable y que sea permanente para las familias que tengan miembros con determinada discapacidad”, explicó el defensor Alberto Penayo.  

Tras este primer encuentro, se acordó avanzar en la gestión propuesta, la que se materializaría  en la próxima reunión por medio de un petitorio formal y un expediente administrativo.

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