jue. Feb 26th, 2026

déficit

En octubre, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $209.169 millones

By Arguello Juan Carlos 4 años ago
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En octubre, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $209.169 millones El Sector Público Nacional (SPN) registró en octubre un déficit primario de $209.169 millones y un déficit financiero de $277.094 millones [1] . De esta manera, al mes de octubre se acumula un déficit primario de $776.645 millones (1,8% del PBI) y un déficit financiero de $1.337.799 millones (3,1% del PBI), luego de excluir los ingresos extraordinarios correspondientes a los DEG [2]. Entre las diferentes jurisdicciones que conforman el SPN, la Administración Pública Nacional (APN) registró al mes de octubre un déficit acumulado de $1.244.028 millones (-2,9% del PIB) neto de los ingresos extraordinarios correspondientes a los DEG, mientras que el resto del SPN registró un superávit de $467.383 (1,1% del PIB), en parte favorecidos por recursos extraordinarios como el Aporte Solidario (Ley N° 27.605).

En el período de referencia, los Ingresos totales del SPN ascendieron a $771.447 millones (+69,8% i.a.) 1. Los ingresos tributarios crecieron 67,6% i.a., impulsados por el desempeño de tributos provenientes del comercio exterior, la seguridad social y la actividad económica. Los ingresos asociados a la actividad económica, como el IVA neto de reintegros (+$43.776,1 millones; +52,3% i.a.) y los Créditos y Débitos (+$27.550,2 millones; +65,7% i.a.) exhibieron un crecimiento por encima del nivel de precios, al igual que la recaudación asociada al Impuesto a las Ganancias (+$31.587,1 millones; +67,0% i.a). A su vez, la variación de los derechos de exportación ascendió a +$50.308,4 millones (+128,8% i.a.)

Por su parte, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+66,6% i.a.) se incrementaron en términos reales por tercer mes consecutivo. Cabe mencionar que estos ingresos se encuentran disminuidos por las exenciones para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud, los sectores críticos del programa REPRO II y las provincias del Norte Grande.

En cuanto al resto de los ingresos, las rentas de la propiedad registraron una suba de 144,5% i.a. Dentro de este rubro se registra el cobro de servicios por préstamos ARGENTA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se encontraba suspendido en 2020 y que para octubre 2021 presenta una variación de +$3.690,9 millones. Por último, la contracción de los recursos de capital se explica por lo dispuesto en la Ley N° 27.574, que suspendió el financiamiento a la ANSES por parte del FGS para hacer frente a las erogaciones del programa de Reparación Histórica.

Respecto a las erogaciones del SPN, las mismas alcanzaron un incremento del 83,0% i.a., guarismo que asciende a 96,9% i.a. luego de excluir gastos extraordinarios asociados al COVID-19 en 2020 y 2021. Esta expansión del gasto se ve impulsada tanto por la inversión de capital como por las diferentes medidas de inclusión y contención social desplegadas por el Gobierno Nacional a lo largo del año en curso.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $369.275 millones (+73,8% i.a.; +128,1% i.a. neto de gasto COVID). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$126.769 millones (+75,7% i.a; +145,6% i.a neto de gasto COVID). En este universo se destacan los incrementos de tres programas: Políticas Alimentarias (+$26.352,2 millones), producto de la iniciativa del Gobierno Nacional de incrementar la asignación en febrero 2021 (50%) y de ampliar el universo de beneficiarios hasta 14 años, inclusive; Potenciar Trabajo (+$14.953,6 millones), debido al aumento de beneficiarios y del Salario Mínimo Vital y Móvil; y Acciones de Empleo (+$9.226,5 millones) – principalmente REPRO II – por la asistencia a los sectores productivos afectados de forma crítica por la pandemia.

Además, es importante destacar el incremento en el pago de Asignaciones Familiares en el mes de octubre (+$20.832,2 millones), el cual contempla el otorgamiento del complemento mensual dispuesto por el Decreto N°719/21. Al mismo tiempo, se observaron incrementos en las transferencias para los programas Promoción y Desarrollo del Turismo Nacional (+$5.508,5 millones) y aquellas asociadas a los programas PROGRESAR (+$3.798,3 millones) y Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género – ACOMPAÑAR (+$1.596,4 millones). En cuanto al gasto en bienes y servicios, este registró una suba de +224,6% i.a., asociado en su mayoría a la de adquisición de Vacunas COVID-19 (+$27.982,8 millones).

Por otra parte, las transferencias corrientes al sector público arrojaron una variación de +$29.332,8 millones (+65,4% i.a; +78,7% i.a. neto de gasto COVID). En este concepto es menester mencionar las transferencias con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606 y a la provincia de Buenos Aires en concepto del Fondo del Fortalecimiento Fiscal dispuesto en la Resolución 524/2020. Asimismo, se registraron aumentos en las transferencias a Gobiernos Provinciales (+$5.545,8 millones) en el marco de convenios especiales.

En materia de subsidios energéticos, se registra la asistencia a CAMMESA (+$39.182,0 millones) y los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos (+$3.811,0 millones) principalmente por las mayores erogaciones en el marco del programa Plan Gas.

Por otro lado, las prestaciones de la seguridad social ascendieron a $324.135 millones (+49,6% i.a). Esta dinámica se explica por la actualización de la fórmula de movilidad (Ley N° 27.609), que arroja mayores incrementos en línea con la recuperación de la recaudación y los salarios de la economía. En el mismo sentido, las remuneraciones registraron una variación de 74,4% i.a. producto de los incrementos otorgados de acuerdo a la paritaria salarial vigente.

Finalmente, el gasto de capital registró una suba de +$50.644 millones (+264,2% i.a.), triplicando su valor respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores transferencias de capital a las provincias (+$21.202,3 millones) entre las cuales se destacan aquellas realizadas para construcción de viviendas (+$5.083,9 millones), Gestión Educativa (+$3.000 millones), Transporte (+$2.470 millones) y las realizadas por ENOHSA para el desarrollo de infraestructura de saneamiento (+$2.425,5 millones). En igual sentido, se observa un incremento en la Inversión Real Directa, en la que se destacan la inversión por parte de empresas públicas (+$5.088,7 millones) como así también las erogaciones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de autopistas (+$1.706 millones) y por el Ministerio de Obras Públicas para Infraestructura de Obras de Transporte (+$1.290,0 millones).

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1] Este resultado incluye en el mes de octubre $4.477,6 millones en concepto del Aporte Solidario (Ley N° 27.605).

2] En el mes de septiembre se registraron $427.401 millones provenientes de la asignación extraordinaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI efectuó en el contexto de la crisis global por la pandemia del COVID-19

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El Presupuesto Nacional: primeras señales de la política fiscal 2022

By Arguello Juan Carlos 4 años ago
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Esta semana, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto nacional para el próximo año. La ‘ley de leyes’ da la pauta de qué espera el oficialismo que suceda con la macroeconomía y qué política fiscal implementará en consonancia con ello, tanto desde un punto de vista tributario como con el gasto y el financiamiento público. ¿Cómo está viendo el Gobierno la recuperación y qué nos indica el Proyecto respecto de la dirección que se pretende en la política fiscal?

Pautas macroeconómicas 

En primer lugar, la presentación del presupuesto incluye una serie de pautas macroeconómicas para este año y los próximos. Aunque estas proyecciones suelen mostrar desvíos respecto a los valores efectivos de las variables, resultan útiles para analizar la visión oficial respecto del sendero macroeconómico que se prevé hacia adelante. Según estas proyecciones, se espera que en 2022 se consolide la recuperación, en un contexto de descenso de la inflación, estabilidad del tipo de cambio real, y aumento en el empleo, el salario real y los volúmenes de comercio exterior.

En el Proyecto, el Gobierno espera que la recuperación de la actividad continúe a buen ritmo. De acuerdo con esta visión, el PBI crecería 8% en 2021 y 4% en 2022. Así, el Producto recuperaría el año próximo toda la caída que causó la pandemia, y se ubicaría 1,2% por arriba del de 2019. Evaluando al ingreso por habitante, todavía habría camino por recorrer, ya que el PBI per cápita seguiría casi 2% por debajo del de aquel año. Esta previsión, que resulta algo optimista en comparación con nuestras proyecciones, vendría acompañada de una mejoría del salario real y el nivel de empleo.

En lo que hace a las variables nominales, el Gobierno espera que el tipo de cambio finalice este año en ARS 102,4 (+24% i.a.). Este número era el postulado en el Presupuesto 2021 y se mantuvo, a pesar de que la inflación fue significativamente mayor a la prevista, dejando como resultado un retraso cambiario más veloz al propuesto (de casi 15%). En cambio, la evolución de los precios sí muestra una corrección al alza, ya que la pauta original del 29% fue cambiada por una expectativa de 45% a diciembre: en otras palabras, la apreciación real que finalmente se prevé para este año no estaba contemplada el año pasado.

De cara al año próximo la apreciación cambiaria no se repetiría en la misma magnitud, ya que el dólar treparía 28%, alcanzando un precio de ARS 131,1 a fin de año. En simultáneo, se prevé que la inflación alcance 33%, desacelerándose 12 p.p. respecto de la previsión oficial. En este sentido, surge el interrogante de qué sucederá con el dólar si los precios vuelven a descender más lentamente de lo previsto o, peor aún, si hubiera un salto inflacionario inesperado. Esta cuestión toma relevancia si se considera que nuestras proyecciones -al igual que las de la mayoría de analistas- se ubican por encima de dicha pauta.

Por último, el Gobierno espera que, luego del fuerte salto de 2021, las exportaciones e importaciones continúen creciendo moderadamente. De esta forma, el superávit comercial se mantendría elevado y las ventas al exterior serían récord el año próximo. Sobre esta macroeconomía de crecimiento real con reducción de la nominalidad es que el gobierno presenta en el Proyecto de Presupuesto cual es la dirección que pretende imprimirle a la política fiscal.

Trayectoria fiscal 

En primer lugar, cabe destacar que para este año el Gobierno espera que el déficit primario del Sector Público Nacional sea levemente inferior al pautado en la Ley de Presupuesto del año pasado, bajando de 4,2% a 4,0% del PBI. Esta reducción no necesariamente implica que la política fiscal de este año termine siendo más contractiva que estipulado originalmente, ya que la pauta de déficit anterior (4,2% del PBI) no contemplaba el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas y se alcanzaba con volúmenes de comercio exterior 10% inferiores a los que se estiman actualmente. No obstante, también hay que destacar que el cierre previsto actualmente para este año se alcanza con una pauta anual de gastos de capital que luce muy optimista, y el cierre definitivo puede ser algo inferior.

El segundo punto a destacar respecto del cierre de 2021 es que no está contemplando dentro los ingresos (arriba de la línea) la asignación de DEGs recibida del FMI, posiblemente para no distorsionar el resultado de este año y enfatizar que el rumbo es hacia una consolidación fiscal gradual. No obstante, luego de enviado el Presupuesto, el Gobierno emitió un Decreto incorporando los DEG a los recursos presupuestarios de este año, lo que representa ingresos adicionales a los contemplados allí para el cierre de este año por 1 p.p. del PBI.

Esto no implica que el cierre de 2021 será necesariamente inferior al 4% del PBI estipulado, porque a la par de esta incorporación de recursos también resta añadir el impacto de las medidas que se anuncien próximamente. Lo que implica el reciente Decreto es que el Gobierno podrá realizar gastos adicionales o reducciones impositivas sorteando la restricción de emisión actual (vendiendo los DEG al BCRA contra pesos), al tiempo que los mayores recursos presupuestarios incrementarán en límite de adelantos transitorios este año y para 2022. Asimismo, se desprende que el Tesoro le pedirá prestado los DEG que le vendió al BCRA para cancelar las obligaciones con el FMI.

De cualquier manera, de acuerdo a nuestras estimaciones, el rojo primario para este año podría estar algo sobrestimado, principalmente por lo mencionado respecto de los gastos de capital.

Para 2022 el Proyecto de Presupuesto indica que el Gobierno buscará acortar moderadamente el déficit primario: el desbalance antes de intereses alcanzaría 3,3% del PBI el año que viene, reduciéndose en 0,7 p.p. del PBI respecto de este año. A esta trayectoria se arriba mediante una expansión de los ingresos (+39% i.a.) superior a la de los gastos primarios (+35% i.a.).

Sin embargo, dicha reducción es mayor si consideramos que el resultado debe alcanzarse contemplando una expansión de los gastos de capital (+0,2 p.p. del PBI), una importante reducción en los recursos no tributarios (casi -0,5 p.p. del PBI) debido a que no se estipula el aporte de las grandes fortunas y una menor recaudación por retenciones a las exportaciones (-0,3 p.p. del PBI). Estos factores indican que en realidad el esfuerzo a realizar para alcanzar el 3,3% del PBI propuesto no es 0,7 p.p. del PBI sino casi 1,7 p.p. del PBI.

¿Cómo se espera entonces alcanzar el resultado? Esencialmente gracias a una buena dinámica de los recursos (especialmente previsionales) y mediante la contención de las erogaciones corrientes. El Proyecto espera que los aportes y contribuciones a la seguridad social crezcan por encima de la inflación (indicativo de la expectativa de crecimiento del empleo y los salarios formales), exhibiendo una suba de 0,6 p.p. en términos del Producto (en nuestra visión esta dinámica podría estar algo sobreestimada). Por otra parte, también habría mejoras en la recaudación del impuesto PAIS -por el retorno del turismo exterior-, bienes personales, ganancias e IVA.

El resto de esta diferencia sería cubierta por una caída de los gastos corrientes primarios, que al crecer 33% i.a. se reducirían en 1 p.p. del PBI. Parte de esta caída se debería a la disminución del paquete de ayuda por Covid, lo que indica que la previsión oficial es que la pandemia se disiparía a lo largo del 2022. Sin embargo, los principales factores explicativos son aquellas partidas de gasto corriente no relacionado ni con salarios ni con transferencias con finalidad social esto es, bienes de consumo y, especialmente, el déficit operativo de empresas públicas y las transferencias corrientes a empresas: las partidas destinadas a subsidios económicos muestran un crecimiento nominal inferior a la inflación y, sobre todo, al PBI a precios corrientes. Si bien el Proyecto indica que para cumplir esto los usuarios deberían cubrir el 43% del costo mayorista de energía, no se explicita la trayectoria tarifaria prevista.

En lo que respecta al principal componente del gasto (prestaciones sociales atadas a la movilidad), el Proyecto espera que las mismas crezcan al 39% -11 p.p. por encima del resto del gasto corriente primario- lo cual era previsible ya que en función de la nominalidad de este año tendrán un importante arrastre (de alrededor de 25 p.p.) para el año que viene. En términos del PBI, el gasto en prestaciones de la seguridad social se mantiene estable, lo cual puede indicar que dichas partidas podrían resultar insuficientes teniendo en cuenta que la movilidad previsional suele crece en términos reales con las desinflaciones.

 

Por otra parte, el presupuesto estima un gasto en intereses de 1,3% del Producto en 2021 y 1,6% en 2022. Así, se espera un desbalance financiero que alcanzaría el 5,4% del Producto para este año y 4,9% para el próximo.

Programa financiero 

Cuando al análisis de los ingresos y los gastos se le añaden los vencimientos de deuda, puede verse que incluso con la reducción prevista en el desequilibrio fiscal el programa financiero de 2022 muestra importantes desafíos.

En primer lugar, cabe señalar que el programa financiero contemplado en el Proyecto de Presupuesto no incluye los pagos de capital al FMI y al Club de París de 2022 (como así tampoco los DEG este año en los recursos). Dado que estos servicios representan montos muy significativos y está actualmente negociándose su extensión, a primera vista luce razonable que no figuren en el Presupuesto, a los efectos de evitar distorsiones. Omitiendo estos vencimientos, las necesidades financieras brutas ascienden a ARS 10,6 billones (17,6% del PBI). Este volumen de pagos luce desafiante por varios motivos.

En primera instancia, debemos descartar las obligaciones que se renovarían sin mayores problemas (por ejemplo, Letras Intransferibles con el BCRA, Adelantos Transitorios con el mismo organismo y una Letra Intrapública). El resto, omitiendo algunos otros conceptos menores, representa la verdadera brecha de financiamiento relevante y se cubriría con tres fuentes: emisión monetaria, desembolsos de Organismos Internacionales y colocación de nueva deuda.

En este sentido, cabe destacar que la primera de estas fuentes (emisión monetaria) se encuentra legalmente limitada en 2022 y el Presupuesto así lo refleja: el stock de adelantos transitorios está hoy cercano a su límite legal, y para el año que viene no se contempla el giro de utilidades del Banco Central (frente a ARS 800.000 millones este año). De este modo, la asistencia monetaria apenas alcanzaría a 1,8% del Producto, lo que implicaría su mínimo nivel desde 2018 (cuando el déficit y los pasivos totales eran menores y, aun así, el endeudamiento derivó en un default).

En segundo término, la colocación de títulos presupuestada implica un importante grado de rollover de los vencimientos del año que viene. Finalmente, el financiamiento neto de Organismos Internacionales (2,4% del PBI) luce abultado: en caso de no poder obtenerse, se deberá recurrir a otras fuentes de financiamiento.

Conclusión 

Por último, cabe resaltar que las presiones para el cumplimiento de esta trayectoria fiscal en gran medida están determinadas por lo que finalmente suceda con la meta inflacionaria. Si ésta se verificara, todas las presiones adicionales de gasto no contemplado -especialmente en lo relativo a subsidios, que se prevé aumentarlos muy por debajo del 33%- deberán tener correlato en una fuente de financiamiento (a priori) distinta a la emisión monetaria o en una subejecución de otras partidas (principalmente, de gastos de capital).

Por otro lado, una sorpresa inflacionaria -respecto del 33% pautado- proveería recursos nominales no contemplados, reduciría el peso de las deudas no indexadas, alejaría el límite legal de los adelantos transitorios y licuaría gastos de diversas partidas (siempre en caso de que no se readecúen). No obstante, tiene en paralelo efectos que pueden ser aún más nocivos: puede continuar erosionándo el salario real (obturando la recuperación de la actividad) y puede derivar en mayores presiones cambiarias.

En conclusión, el Proyecto de Presupuesto para 2022 se cimenta sobre una trayectoria macroeconómica de crecimiento real con desinflación, e indica que la trayectoria fiscal deseada apunta hacia la reducción gradual del déficit. El Proyecto de Presupuesto deja algunas certezas y algunas dudas. Dentro de las certezas, podemos encontrar que se busca dar prioridad a la obra pública, contener el gasto corriente no relacionado con la finalidad social y reducir el peso de la emisión monetaria en el mix del financiamiento. En cuanto a las principales dudas, aún se debe explicitar el impacto de la negociación con el FMI y el Club de París, y detalles acerca de la política tarifaria.

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En julio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $117.739 millones luego de excluir los ingresos extraordinarios del Aporte Solidario

By Arguello Juan Carlos 5 años ago
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Se destaca el incremento en inversión social en los programas Potenciar Trabajo, Progresar, Repro, y de política alimentaria, bonos al personal de salud, entre otros. También hubo aumento del gasto en la adquisición de vacunas Covid 19 que permitió acelerar el ritmo de vacunación. El gasto de capital casi se duplicó en el interanual, impulsado por inversión en obra pública El Sector Público Nacional (SPN) registró en julio un déficit primario de $117.739 millones y un déficit financiero de $182.325 millones, ambos sin considerar los ingresos asociados al Aporte Solidario . Si se adicionaran estos últimos, el déficit primario se ubica en $98.570 millones y el financiero a $163.156 millones. Así, al mes de julio se acumula un déficit primario de $306.668 millones (0,7% del PBI) y un déficit financiero de $677.161 millones (1,6% del PBI).

Esta dinámica fiscal es el resultado de los principios planteados en el presupuesto: una expansión de los ingresos como consecuencia de una política de administración tributaria progresiva a medida que se recupera la actividad y, en simultáneo, una dinámica del gasto que fortalece y potencia esa recuperación.

En el período de referencia los Ingresos totales del SPN ascendieron a $757.616 millones (+73,7 i.a.) que, excluyendo al Aporte Solidario, alcanzarían los $738.447 millones (+69,3% i.a). Los ingresos tributarios crecieron 69,6% i.a., impulsados por tributos sensibles a la actividad económica, como el IVA neto de reintegros (+$59.153,4 millones; +94,7% i.a.) y los Créditos y Débitos (+$29.619 millones; +81,6% i.a.) y por los derechos de exportación (+125% i.a.) ante la persistencia de los precios externos favorables.

Los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social crecieron 68,5% i.a., evidenciando una aceleración respecto al mes pasado explicada en parte por la recuperación de los salarios tras los distintos acuerdos paritarios. Cabe mencionar que estos ingresos se encuentran disminuidos por las exenciones para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud, los sectores críticos del programa REPRO II y las provincias del Norte Grande.

En cuanto a los ingresos no tributarios (+202% i.a.), se destaca lo registrado en julio por el Aporte Solidario y Extraordinario, que se utiliza exclusivamente para gastos de inclusión y destinados a morigerar los efectos de la pandemia (Ley N° 27.605). Por su parte, la suba en las rentas de propiedad (+118% i.a.) obedece principalmente al cobro de servicios por préstamos ARGENTA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se encontraba suspendido en 2020 (+$8.944 millones) y al incremento de las rentas de Fondos Fiduciarios del SPN (+$2.138 millones). Por último, la contracción de los recursos de capital se explica por lo dispuesto en la Ley N° 27.574, que suspendió el financiamiento a la ANSES por parte del FGS para hacer frente a las erogaciones del programa de reparación histórica.

En cuanto a las erogaciones del SPN, el gasto primario registró en julio una suba de 44,7% i.a., que asciende a 72,0% si se excluye el gasto COVID en 2020 y 2021. Esta expansión de alrededor de 13 puntos porcentuales por encima de la inflación se encuentra impulsada por la inversión de capital y las distintas políticas de inclusión social desplegadas por el Gobierno.

Las transferencias corrientes al sector privado presentaron un crecimiento de + $61.599 millones (+33,5% i.a; +132% i.a neto de gasto COVID). En este universo se destacan los incrementos de tres programas: Políticas Alimentarias (+$10.918 millones), por la suba en la asignación en febrero 2021 (50%) y la ampliación de beneficiarios hasta 14 años, inclusive; Potenciar Trabajo (+$12.796 millones), por el aumento de titulares y del Salario Mínimo Vital y Móvil; y, por último, Acciones de Empleo (+$12.319 millones) – principalmente REPRO II – por la asistencia a los sectores productivos afectados de forma crítica por la pandemia. Adicionalmente, debe resaltarse la inversión en el programa PROGRESAR (+$2.943,2 millones) y Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales (+$2.364,0 millones), este último asociado al pago de bonos realizados al personal de la Salud.

Cabe mencionar lo acontecido con la Asignación Universal para Protección Social (+87,0% i.a.), cuyo crecimiento, al igual que el mes pasado, se explica por la realización de pagos retroactivos ante la presentación de Declaraciones Juradas por educación pendientes. En cuanto al gasto en bienes y servicios, este registró una suba de 150,6% i.a., asociada en su mayoría al programa de adquisición de Vacunas COVID-19 (+ $14.732 millones).

En materia de subsidios energéticos, se destacan los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos (+1,518,1%), principalmente en el marco del programa Plan Gas (+ $7.231,9 millones) y la asistencia a CAMMESA (+166,0% i.a.). Las prestaciones de la seguridad social ascendieron a $282.915 millones (+41,3% i.a). Esta dinámica está explicada por la actualización de la fórmula de movilidad (Ley N° 27.609), que arroja mayores incrementos para los jubilados y jubiladas en línea con la recuperación de la recaudación y los salarios de la economía.

Las transferencias corrientes al sector público presentan una variación de +$5.250 millones (+8,2% i.a; +44,7% i.a. neto de gasto COVID). En este concepto es menester mencionar las transferencias con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606 y a la provincia de Buenos Aires en concepto del Fondo del Fortalecimiento Fiscal dispuesto en la Resolución 524/2020.

Por último, el gasto de capital registró una suba de +$24.757 millones (+91,6% i.a.). El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayor inversión de empresas públicas (+$3.136,4 millones), por la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de autopistas y autovías (+$7.214,8 millones) y la inversión realizada por el Ministerio de Obras Públicas (+$2.422,0 millones) en el marco del programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas. Además, se observaron mayores transferencias de capital a las provincias, entre las cuales se destacan aquellas realizadas al ENOHSA (+$1.769,5 millones), como así las asignaciones para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (+$1.029,8 millones).
¹ En el mes de julio se registraron $19.169 millones en concepto del Aporte Solidario (Ley N° 27.605)

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En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $242.951 millones luego de excluir los ingresos extraordinarios del Aporte Solidario

By Arguello Juan Carlos 5 años ago
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El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un déficit primario de $242.951 millones y un déficit financiero de $297.681 millones. Este resultado no tiene en consideración lo recaudado por el Aporte Solidario(1). Si se adicionara dicha recaudación, el déficit primario sería de $153.217 millones y el déficit financiero alcanzaría los $207.947 millones. Con esta dinámica, el primer semestre del año acumula un déficit primario de $208.098 millones (0,5% del PBI) y un déficit financiero de $514.005 millones (1,3% del PBI).

En el período de referencia los Ingresos totales del SPN ascendieron a $766.680 millones (+90,3% i.a.) que, excluyendo al Aporte Solidario, ascenderían a $676.946 millones (+68% i.a). Los ingresos tributarios crecieron 80,7% i.a., explicado por el impacto negativo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en 2020, que afecta la base de comparación, y la contribución de los tributos asociados al comercio exterior.

Los derechos de exportación registraron una suba de 141,2% i.a., impulsados por el sostenimiento de los términos de intercambio favorables respecto al año anterior. Otros tributos que tuvieron incrementos significativos fueron el IVA neto de reintegros (+$59.250,2 millones; +96,1%), Bienes Personales (+6.702,6 millones; +68,7%) Débitos y Créditos Bancarios (+$26.203,5 millones; +64,1%) y Ganancias (+$28.438 millones; +56,0%). Con respecto a los Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social (52,4% i.a), incide en su desempeño la reducción de contribuciones patronales a sectores afectados por la pandemia (sector de la Salud, sectores críticos del programa REPRO II, régimen de Norte Grande, entre otros).

Los ingresos no tributarios registraron un incremento significativo producto de lo registrado en el mes de junio en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario cuyo monto se utiliza exclusivamente para gastos destinados a morigerar los efectos de la pandemia, según lo dispone la Ley N° 27.605.

En cuanto a las rentas de propiedad, se observa un incremento de +$23.004 millones respecto a igual mes del 2020. Se destaca en esta suba el cobro de servicios por préstamos ARGENTA otorgados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que se encontraba suspendido en 2020 (+$4.832,5 millones); además, el incremento de las rentas de Fondos Fiduciarios del Sector Publico (+$4.180,8 millones). Por su parte, la contracción de los recursos de capital se explica por lo dispuesto en la Ley N° 27.574, que suspendió el financiamiento a la ANSES por parte del FGS para hacer frente a las erogaciones del programa de reparación histórica.

En cuanto a las erogaciones del SPN, el gasto primario registró en junio una suba de 40,1% i.a., que asciende a 68,9% si se excluye el gasto COVID en 2020 y 2021. Esta expansión de alrededor de 12 puntos por encima de la inflación del período se encuentra motorizada por la inversión de capital, que más que duplica su nivel respecto al mismo periodo 2020 (+210,5% i.a.).

En el análisis por principales conceptos del esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento, las remuneraciones registraron una variación de 64,9% i.a. producto del impacto de los nuevos incrementos de los distintos acuerdos salariales del SPN. Con relación al gasto en bienes y servicios, este registró una suba de 55,3% i.a., asociado en su mayoría al programa de adquisición de vacunas COVID (+ $4.408 millones).

Las transferencias corrientes presentaron una variación de $39.890 millones (+15,3% i.a; +99,3% i.a neto de gasto COVID). Aquellas con destino al sector privado (+9,7% i.a.) también arrojan un crecimiento neto de gasto COVID (+98,1% i.a). En este universo destacan las erogaciones del programa de Políticas Alimentarias (+131,8% i.a.; +$11.021 millones) debido al incremento en la asignación del 50% a partir de febrero 2021 y la ampliación del universo de beneficiarios hasta 14 años, inclusive. El programa Potenciar Trabajo presenta un incremento de +$8.426 millones por el aumento tanto en la cantidad de beneficiarios como del Salario Mínimo Vital y Móvil. A su vez, los pagos del programa Acciones de Empleo – principalmente REPRO II – registraron un incremento significativo a fines de asistir a los sectores productivos afectados de forma crítica por la pandemia.

Cabe resaltar lo ocurrido con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que registró un incremento de +$12.165 millones respecto al mes anterior (+134% i.a.). Esto corresponde al adelanto del pago del complemento por escolaridad y al incremento de la movilidad dispuesto para junio. En materia de subsidios energéticos, se destaca la asistencia a CAMMESA (+111,6% i.a.) y los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos (+57,3%).

Las transferencias corrientes al sector público presentan una variación positiva de +$18.414 millones (+44,5% i.a; +103,7% i.a. neto de gasto COVID). Este resultado se explica en su mayoría por mayores transferencias a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (+$7.512 millones respecto a igual período de 2020). También es menester mencionar las transferencias con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606 por alrededor de $2.100 millones y a la provincia de Buenos Aires por alrededor de $5.000 millones en concepto del Fondo del Fortalecimiento Fiscal dispuesto en la Resolución 524/2020.

Las prestaciones de la seguridad social ascendieron a $407.793 millones (+40,0% i.a), evidenciando una significativa aceleración respecto a meses pasados. Esta dinámica está explicada por la actualización de la fórmula de movilidad (Ley N° 27.609), que arroja mayores incrementos en línea con la recuperación de la recaudación y los salarios de la economía.

Por último, el gasto de capital registró una suba de +$32.965 millones (+210,5% i.a.). El crecimiento estuvo impulsado tanto por mayor inversión de empresas públicas (+$9.739 millones) como por erogaciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de autopistas y autovías (+$3.339 millones) y aquellas realizadas por el Ministerio de Defensa en el marco del programa Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa (+$1.373,6 millones).

Además, se observaron mayores transferencias de capital a las provincias, entre las cuales se destacan aquellas realizadas al ENOHSA (+$2.434 millones), las realizadas por el Ministerio de Obras Públicas en el marco del programa “Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas” (+$2.430,5 millones) como así las transferencias de Vialidad Nacional para construcciones de obras viales fuera de la red nacional (+$1.532,3 millones).

1 – En el mes de junio se registraron $89.734 millones en concepto del Aporte Solidario (Ley N° 27.605)

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Moody’s destaca la solvencia financiera de Misiones y el bajo nivel de gastos en relación con los ingresos

By Arguello Juan Carlos 5 años ago
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La flexibilidad fiscal de las provincias argentinas seguirá siendo limitada en los próximos años. La consultora financiera Moody’s Local Argentina considera como negativo el incremento de la dependencia de las provincias a ingresos de origen nacional, en conjunto con la alta participación del gasto en personal sobre los gastos corrientes (60% en promedio), que conlleva a una limitada flexibilidad en términos de ingresos y de gastos, ante continuas presiones inflacionarias y de liquidez. “Esperamos que las provincias continúen enfrentando desafíos considerables dada la elevada incertidumbre en torno a la recuperación económica, sujeta a la duración y severidad de los efectos del coronavirus y a la repercusión final de las medidas económicas tomadas para contener su propagación”, señala su último reporte. En ese escenario, Moody´s ubica a Misiones como la provincia con menor incidencia del gasto de personal sobre gastos corrientes y la de menor déficit en relación a los ingresos. Al mismo tiempo, Misiones es una de las tres provincias que presentan niveles de deuda por debajo del 10% en relación a sus ingresos corrientes.

La carga de intereses en relación a los ingresos de las provincias disminuirá en 2021 y 2022. Los servicios de deuda en relación a los ingresos se han incrementado en los últimos años principalmente por las variaciones del tipo de cambio al contar con una elevada proporción de deuda en moneda extranjera. Para 2021 y 2022, se espera un alivio temporal en la carga de los servicios debido a que la mayoría de los procesos de reestructuración llevados a cabo por las distintas provincias contemplaron una reducción de las tasas de interés para los primeros años, con incrementos escalonados o step-up en adelante.

En términos generales, las provincias han presentado niveles de endeudamiento crecientes durante los últimos años, debido en parte a la devaluación de la moneda doméstica, lo cual ha resultado directamente en un incremento de la deuda en moneda extranjera medida en moneda local. Sin embargo, destacamos que provincias como Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Tucumán y Santa Fe han presentado niveles de endeudamiento por debajo del 25% de sus ingresos operativos al cierre de 2020, lo cual reduce su vulnerabilidad a las limitaciones actuales de acceso al mercado de capitales. Por otra parte, Chubut, Jujuy y Provincia de Buenos Aires presentan un endeudamiento superior en relación a sus pares, cercano o por encima del 80% de sus ingresos operativos, siendo la Provincia de Buenos Aires la más expuesta a deuda emitida a través de títulos públicos (88%), mientras que Chubut alcanzó un 70%, y Jujuy, un 25%. Esta última posee una mayor exposición al gobierno nacional como acreedor, lo cual le brinda mayor versatilidad al momento de obtener una potencial refinanciación.

Es importante mencionar que varias jurisdicciones han llevado a cabo procesos de reestructuración luego de que el gobierno nacional alcanzara un acuerdo con sus acreedores internacionales en el tercer trimestre de 2020. 

Dicho acuerdo ha sentado las bases para que las provincias elaboren distintas propuestas y negociaciones con sus respectivos acreedores en relación a sus emisiones de deuda en los mercados internacionales. Los acuerdos resultantes han mostrado aspectos en común como la reducción de cupones de interés, con intereses escalonados o step-up, y la extensión de plazos de amortización. 

Sin embargo, el recupero estimado según el valor presente de las condiciones resultantes de dichos acuerdos respecto al valor presente de las condiciones originales de cada título de deuda, ha diferido sustancialmente dependiendo de la provincia y del momento en que han alcanzado el acuerdo. A la fecha de este reporte, nueve provincias han concluido acuerdos de reestructuración de sus títulos de deuda internacionales. No obstante, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de La Rioja todavía continúan con negociaciones luego de un extenso período de prórrogas sin haber alcanzado un acuerdo con sus acreedores hasta la fecha. 

Durante 2020, las provincias han verificado una mayor dependencia a los ingresos de origen nacional, principalmente debido a la abrupta caída de la actividad económica en el marco del desarrollo de la pandemia causada por el coronavirus, que conllevó a una mayor asistencia del gobierno nacional. No obstante, las variaciones en las proporciones de ingresos propios han sido dispares en las distintas jurisdicciones, debido a que las restricciones no han impactado de igual forma en todas las actividades que en cada una prevalecen. 

La evolución de la actividad económica se encuentra sujeta a la duración y severidad de los efectos del coronavirus, y la repercusión final de las medidas económicas tomadas para contener su propagación. Argentina no ha evidenciado crecimiento sostenido durante la última década, habiendo registrado una severa caída en el año 2020 a partir del impacto de la pandemia. Moody’s Investors Service espera para los próximos dos años que la economía se recupere parcialmente. 

Adicionalmente, los elevados niveles de inflación persisten, y han alcanzado un ratio interanual del 48,8% a mayo 2021. Por otro lado, el valor del peso se ha devaluado significativamente durante el 2018 y 2019, lo cual ha deteriorado los niveles de endeudamiento de las provincias que estaban expuestas a deuda en moneda extranjera. 

Moody’s Local Argentina espera que las proporciones de ingresos propios vuelvan a incrementarse a medida que la recuperación económica se materialice. 

Adicionalmente, se considera negativo desde un punto de vista crediticio que los gastos de personal representen una elevada proporción de los gastos corrientes. A pesar de que han habido esfuerzos por parte de varias jurisdicciones para contener el aumento del gasto de personal, limitando el aumento de la nómina activa y realizando aumentos salariales moderados en línea con el contexto económico actual, este concepto continúa siendo relevante para la mayoría de las jurisdicciones y se ha mantenido en niveles similares, como proporción de los gastos corrientes, durante los últimos años. 

No se espera que esto se revierta en los próximos años. Sin embargo, se considera que la aplicación del pacto fiscal, por las provincias que lo hayan suscripto, podría atenuar esta tendencia a futuro, dado que establece limitaciones a los incrementos de la nómina activa en relación al incremento poblacional. 

Asimismo, un incremento sostenido en los gastos de inversiones e infraestructura resulta indispensable para potenciar un mayor desarrollo económico a futuro, lo cual mejoraría las proporciones de ingresos propios, ampliando la capacidad de las provincias de cumplir con sus compromisos financieros en el mediano y largo plazo.

La carga de intereses en relación a los ingresos de las provincias disminuirá en 2021 y 2022 

Al considerar el impacto de los intereses en los resultados fiscales de las provincias, la situación es dispar dependiendo de la jurisdicción que se trate. Hay jurisdicciones con elevados niveles de endeudamiento como CABA, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, y, en contraposición, provincias como Formosa, Misiones, y Tucumán que presentan niveles por debajo del 10% en relación a sus ingresos corrientes. 

En tal sentido, para las provincias más endeudadas, la incidencia de la carga de intereses sobre el resultado fiscal se ha ido incrementando durante los últimos años, debido principalmente a su exposición a deuda en moneda extranjera, resultando en niveles por encima del 3% de sus ingresos totales para el 2020. 

Moody’s Local Argentina espera que las provincias que han alcanzado acuerdos de reestructuración de deuda verifiquen una reducción sustancial en la carga de intereses en 2021 y 2022, brindándoles un alivio temporal en los resultados fiscales.

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