Delcy Rodríguez

Trump impondrá aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, al declarar una emergencia de seguridad nacional vinculada al rol del régimen cubano en la política regional. La medida, formalizada mediante una orden ejecutiva firmada el jueves, se conoció el mismo día en que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma legal clave para abrir su industria petrolera a empresas extranjeras, en una señal directa de alineamiento con las demandas de Washington tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

El doble movimiento —presión económica sobre Cuba y flexibilización hacia Venezuela— redefine el tablero energético y geopolítico del Caribe, con impacto directo sobre los flujos de crudo, las inversiones internacionales y las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con América Latina.

Apertura petrolera en Venezuela y giro estratégico hacia Estados Unidos

La Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad, en segunda lectura, una reforma legal que permitirá una mayor participación de empresas extranjeras en la explotación petrolera, hasta ahora dominada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La norma habilita a las compañías foráneas a administrar yacimientos bajo su propio riesgo y costo, un cambio estructural en el modelo energético del país.

La reforma fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien sostuvo que el objetivo es maximizar el potencial de un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. “Esta ley nos permite dar un verdadero salto cualitativo histórico para convertir esas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la mayor felicidad que pueda tener un pueblo”, afirmó durante un acto público tras la votación.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reforzó ese enfoque al señalar que la iniciativa “impulsará el sector energético, promoviendo la producción de petróleo en campos no desarrollados”. La ley deberá ser firmada y publicada para entrar en vigencia.

La apertura legislativa se produce luego de que Trump dejara en claro su intención de que empresas estadounidenses inviertan en Venezuela, tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense realizado el 3 de enero. En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que flexibiliza algunas sanciones, autorizando a empresas estadounidenses a realizar operaciones vinculadas a la exportación, compra, venta, almacenamiento y transporte de petróleo venezolano.

Sin embargo, persisten dudas en el sector privado. El director ejecutivo de ExxonMobil calificó recientemente a Venezuela como “ininvertible” en su estado actual, mientras que fuentes citadas por CNN indicaron que la administración Trump evalúa el uso de contratistas militares privados para proteger activos energéticos en el país.

Orden ejecutiva de Trump y presión arancelaria sobre Cuba

El mismo jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que habilita a Estados Unidos a imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que “directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba”. Según el texto oficial, las políticas del Gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

El documento menciona, entre otros fundamentos, la alineación de Cuba con Rusia, su presunto rol como refugio de grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, la persecución de opositores políticos, la supresión de libertades civiles y la corrupción estatal.

Pese a la dureza del decreto, Trump afirmó que no busca “estrangular” la economía cubana. “Cuba es una nación en decadencia, y hay que compadecerse de Cuba. No creo que Cuba pueda sobrevivir”, declaró ante la prensa, al tiempo que sostuvo que el país no podría subsistir sin el petróleo venezolano.

La Casa Blanca remarcó que el nuevo esquema arancelario es una herramienta de presión para acelerar un cambio político en la isla, una expectativa compartida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Impacto regional y reacción de los países proveedores

Cuba enfrenta crecientes tensiones con Washington desde la captura de Maduro, quien durante su mandato fue un aliado estratégico de La Habana y sostuvo el suministro de crudo. Actualmente, México aparece como uno de los principales proveedores: en 2025, aportó alrededor del 44 % del petróleo importado por Cuba, según estimaciones citadas por especialistas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió esta semana el envío de crudo al país caribeño como “una decisión soberana” y explicó que se realiza tanto a través de contratos de Pemex como en el marco de ayuda humanitaria. La Casa Blanca no se refirió específicamente a México, aunque el alcance del decreto incluye a cualquier país que mantenga ese tipo de vínculos energéticos con La Habana.

Mientras tanto, Cuba reafirmó su “posición antimperialista e inclaudicable” frente a Estados Unidos y evitó responder de inmediato a los señalamientos incluidos en la orden ejecutiva, según confirmó CNN.

En este contexto, la estrategia de Trump combina presión comercial, reconfiguración energética y señales selectivas de apertura, con Venezuela como potencial socio económico y Cuba como principal blanco de sanciones. El alcance real de las medidas dependerá de la reacción de los países involucrados y de la disposición del sector privado a asumir riesgos en un escenario político aún inestable.

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Excarcelaciones en Venezuela: el Gobierno afirma haber liberado a 626 personas y pide a la ONU verificar

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que 626 personas privadas de libertad fueron excarceladas en el país y anunció que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifique el listado oficial. El anuncio se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales y familiares, que denuncian opacidad y demoras en el proceso y manejan cifras significativamente menores.

La divergencia entre los números oficiales y los registros independientes vuelve a colocar el foco sobre la credibilidad institucional del proceso de liberaciones, anunciado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y seguido de una creciente presión social y política.

El anuncio oficial y el pedido de verificación internacional

Durante una reunión con integrantes de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el palacio presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez afirmó:
Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad”.

En ese marco, rechazó las denuncias formuladas por organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos, y cuestionó el uso de cifras alternativas. “Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”, sostuvo.

Para respaldar la versión oficial, la mandataria anunció que el lunes mantendrá una comunicación telefónica con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de solicitar que su oficina verifique las listas de excarcelados.
Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano”, agregó, al tiempo que pidió “responsabilidad” en el ejercicio de la política.

Rodríguez vinculó el contexto actual con el impacto social y humano de la crisis reciente y mencionó el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que derivó en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como un episodio de alto costo para la población.

Un proceso anunciado sin listados públicos

El proceso de excarcelaciones fue anunciado hace dos semanas por Jorge Rodríguez, quien informó la liberación de “un número importante” de personas, sin detallar identidades ni cantidad total. Días después, indicó que las listas de los liberados estaban disponibles, aunque hasta el momento no fueron difundidas públicamente.

Desde entonces, decenas de familiares se concentraron en las afueras de centros de detención para solicitar información sobre sus allegados, mientras distintas ONG denunciaron falta de transparencia, retrasos administrativos y ausencia de confirmaciones oficiales.

Este escenario de incertidumbre alimentó la brecha entre el discurso gubernamental y los relevamientos independientes, profundizando el debate institucional sobre el alcance real del proceso.

La brecha con las ONG

Las cifras difundidas por organizaciones de derechos humanos difieren de manera sustancial de las anunciadas por el Ejecutivo. La ONG Foro Penal y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estiman que, desde el 8 de enero, fueron liberadas entre 154 y 170 personas.

En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó este viernes que las autoridades excarcelaron a personas cuyos casos “no eran públicos”, lo que complejiza la trazabilidad del proceso.

Según los datos de Foro Penal, aún faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD sostiene que existen más de 942 personas encarceladas. La diferencia de registros refuerza los cuestionamientos sobre la falta de información oficial sistematizada y el impacto político de un proceso que, lejos de cerrar el conflicto, mantiene abiertas las tensiones con la sociedad civil y los organismos internacionales.

En este contexto, el pedido de verificación a la ONU aparece como un intento del Gobierno de legitimar institucionalmente las excarcelaciones, aunque el resultado de esa revisión será clave para determinar su credibilidad interna y externa.

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Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo este jueves en Caracas una reunión de alto nivel con el director de la CIA, John Ratcliffe, en un hecho calificado como “histórico” por fuentes estadounidenses y que marca el primer contacto formal de un alto representante de Estados Unidos con el gobierno venezolano desde la captura del expresidente Nicolás Maduro. El encuentro, ordenado directamente por el presidente Donald Trump, se produjo en un contexto de reconfiguración política interna, tensiones diplomáticas y un giro explícito en la estrategia económica venezolana, con eje en la industria petrolera.

Según informó una autoridad estadounidense, la reunión se extendió durante dos horas y tuvo como objetivo central “generar confianza y comunicación” tras la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida hace casi dos semanas en una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas. Ambos permanecen detenidos en Nueva York, donde se declararon inocentes de cargos por narcotráfico y otros delitos.

Durante el encuentro, Ratcliffe y Rodríguez abordaron una posible colaboración económica y coincidieron en la premisa de que “Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos”, de acuerdo con la versión oficial difundida el viernes.

Un gesto político en simultáneo con reformas económicas

La reunión coincidió con un momento institucional clave en Caracas. Ese mismo día, Delcy Rodríguez pronunció su primer discurso sobre el estado de la nación desde que asumió la presidencia interina, en el marco de la presentación del Mensaje Anual 2025 ante el Parlamento.

En su alocución, Rodríguez anunció reformas en la industria petrolera destinadas a permitir una mayor inversión extranjera, lo que representa un cambio significativo respecto de las políticas implementadas durante la gestión de Nicolás Maduro. La presidenta interina confirmó que solicitó al Poder Legislativo la reforma de la ley de hidrocarburos, que hasta ahora obligaba a los socios extranjeros a operar junto a la empresa estatal PDVSA, la cual debía conservar una participación mayoritaria.

Según explicó, las modificaciones permitirían invertir en nuevos yacimientos, en un intento por reactivar un sector estratégico para una economía atravesada por una profunda crisis. En paralelo, Rodríguez anunció la creación de dos fondos soberanos: uno destinado a la protección social, con recursos orientados a hospitales, escuelas, alimentos y vivienda; y otro enfocado en infraestructura y desarrollo social, para financiar inversiones en agua, electricidad y carreteras.

En un tono enfático, la presidenta interina afirmó que no teme enfrentar a Estados Unidos “diplomáticamente a través del diálogo político”, y sostuvo que Venezuela debe defender su “dignidad y honor”. “Si fuera necesario viajar a Washington D.C. para reunirme con el presidente Trump, lo haría caminando, no arrastrada”, afirmó.

Petróleo, control estadounidense y expectativas de inversión

El trasfondo económico de la reunión en Caracas está estrechamente vinculado al petróleo venezolano, sector sobre el cual Trump expresó un interés directo. El presidente estadounidense declaró que las compañías petroleras de su país invertirán en Venezuela y que esas operaciones generarán beneficios tanto para el pueblo venezolano como para Estados Unidos.

No obstante, un alto funcionario estadounidense aclaró que Estados Unidos controlará “indefinidamente” las ventas de petróleo venezolano sancionado, lo que introduce un esquema de supervisión directa sobre los flujos de exportación. Trump, además, pidió públicamente que las compañías petroleras inviertan al menos US$100.000 millones en Venezuela, aunque un ejecutivo del sector afirmó la semana pasada que el país actualmente no es “apto para la inversión”.

Durante una reunión en la Casa Blanca, directivos de las principales empresas petroleras estadounidenses reconocieron que Venezuela constituye una oportunidad atractiva, dado que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero advirtieron que se requieren cambios significativos para convertirla en un destino viable para el capital internacional.

Trump fue explícito al señalar que su administración decidirá qué empresas podrán operar en el país sudamericano. “Tratarán directamente con nosotros. No tendrán que tratar con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela”, afirmó, y añadió que uno de los beneficios para Estados Unidos será una reducción adicional en los precios de la energía.

Un giro político bajo presión interna y externa

Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, juró como presidenta encargada el 5 de enero, apenas dos días después de la detención del entonces mandatario. En su discurso ante el Parlamento, reconoció que fue “muy difícil” presentar el mensaje anual originalmente preparado por Maduro y que ambos trabajaron en el texto hasta seis horas antes de su captura, el 3 de enero.

La mandataria interina aseguró que “toda Venezuela está amenazada” y llamó a la unidad nacional para librar lo que definió como una “batalla diplomática”. Al mismo tiempo, remarcó que Estados Unidos es una potencia nuclear, contextualizando la necesidad de encarar el vínculo bilateral desde una estrategia de diálogo político.

El funcionario estadounidense que informó sobre el encuentro calificó la reunión entre Ratcliffe y Rodríguez como “histórica”, destacando que se trata del primer representante de nivel ministerial que visita Venezuela desde la captura de Maduro.

El encuentro en Caracas se produjo, además, en paralelo a la reunión en Washington entre Trump y la líder opositora María Corina Machado, quien le entregó al presidente estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz, en una señal política que refuerza el complejo entramado de actores y negociaciones en curso.

Escenario abierto y señales cruzadas

Venezuela atraviesa una crisis económica profunda, marcada por un fuerte aumento de los precios de los alimentos y una pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el giro discursivo y normativo de Delcy Rodríguez, junto con el contacto directo con la CIA y la Casa Blanca, introduce un nuevo escenario institucional, aún cargado de incertidumbre.

Mientras Estados Unidos avanza en un esquema de control directo sobre la operatoria petrolera, Caracas busca reabrir canales de inversión extranjera y reconstruir vínculos diplomáticos sin resignar, según la narrativa oficial, soberanía ni dignidad nacional. El resultado de esta ecuación definirá no solo el futuro del sector energético, sino también la arquitectura política y económica de Venezuela en la etapa posterior a Maduro.

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Trump cancela la segunda ola de ataques sobre Venezuela tras la liberación de presos políticos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la cancelación de la segunda ola de ataques militares sobre Venezuela, prevista tras la captura de Nicolás Maduro, al considerar que la reciente liberación de presos políticos constituye un gesto suficiente de cooperación por parte del nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Aunque aclaró que el despliegue militar se mantendrá “por motivos de seguridad”, la decisión introduce un cambio relevante en la escalada del conflicto y abre un nuevo escenario político, económico y energético en la región.

Un giro estratégico tras la liberación de presos políticos

El anuncio fue realizado por el propio Trump a través de una publicación en Truth, donde vinculó de manera directa la decisión de frenar la ofensiva militar con las excarcelaciones dispuestas por el gobierno venezolano tras la captura del exmandatario. En ese mensaje, el presidente estadounidense destacó la cooperación de la administración de Delcy Rodríguez y consideró que una nueva intervención armada dejó de ser necesaria.

Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, afirmó Trump. En la misma línea, sostuvo que, gracias a esa señal, “cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”.

La decisión se inscribe en un contexto de máxima tensión bilateral, pero también de redefinición de prioridades estratégicas, donde los gestos políticos del gobierno venezolano aparecen como un factor de contención frente a una escalada militar de mayores proporciones.

Cooperación energética y despliegue militar en pausa

Más allá de la cancelación de los ataques, Trump fue explícito en señalar que el operativo militar estadounidense no se retira completamente. “Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, afirmó, en referencia al bloqueo de petroleros en las costas venezolanas.

En paralelo, el mandatario puso el foco en la cooperación energética entre ambos países. Según explicó, Estados Unidos y Venezuela están trabajando de manera conjunta en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, con un enfoque que describió como “mucho mayor, mejor y más moderno”. Este punto introduce una dimensión económica clave en la relación bilateral, en un país con vastos recursos energéticos y una infraestructura severamente deteriorada.

En ese marco, Trump informó además que este viernes mantendrá una reunión en la Casa Blanca con grandes compañías petroleras, las cuales —según indicó— invertirán al menos 100 mil millones de dólares. Aunque no se precisaron plazos ni proyectos específicos, el anuncio sugiere un reposicionamiento del sector energético como eje central del nuevo vínculo entre Washington y Caracas.

Repercusiones políticas y escenarios abiertos

La decisión de cancelar la segunda ola de ataques tiene implicancias directas en el tablero político e institucional venezolano. Por un lado, fortalece al gobierno de Delcy Rodríguez, que aparece ante la comunidad internacional como un actor dispuesto a realizar concesiones políticas para reducir la presión externa. Por otro, introduce un canal de diálogo pragmático con Estados Unidos, basado en la estabilidad y en intereses económicos concretos.

Al mismo tiempo, la permanencia del despliegue militar y del bloqueo de petroleros indica que la presión no desaparece, sino que se reconfigura. El mensaje es claro: la distensión es condicional y depende de la continuidad de gestos considerados positivos por Washington.

En términos regionales, la decisión de Trump reduce, al menos en el corto plazo, el riesgo de una escalada bélica de mayor alcance, pero mantiene abiertos interrogantes sobre la sostenibilidad del entendimiento y el impacto que la cooperación energética pueda tener sobre la economía venezolana y sobre el equilibrio político interno.

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Rodríguez endurece discurso contra Trump y promete liberar a Maduro tras “ataque vil”

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, redobló este jueves sus críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que su país “no se merecía esta agresión vil” tras el operativo militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión política, geopolítica y normativas internacionales, en el que Venezuela busca reafirmar su soberanía e institucionalidad interna luego de un acontecimiento sin precedentes que reconfigura la escena regional y global.

Fuerte rechazo oficial y narrativa de defensa nacional

Rodríguez formuló sus críticas durante un acto oficial celebrado en Caracas, donde calificó el ataque de “agresión vil, guerrerista” de una potencia nuclear, en referencia a Estados Unidos. Según su relato, Venezuela no estuvo pasiva durante el operativo que derivó en la captura de Maduro: “¡Aquí nadie se entregó! ¡Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores!”, afirmó para enfatizar una idea de resistencia y dignidad nacional que permea el discurso oficialista.

En su alocución, la presidenta encargada también enfatizó que el gobierno no está “subyugado” a las decisiones del presidente estadounidense y reafirmó que el país continuará su curso de soberanía e independencia nacional pese a presión externa. Además, instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque militar, tras al menos 100 fallecidos reconocidos oficialmente en medio de enfrentamientos, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Rodríguez sostuvo además que no descansará hasta que tanto Maduro como Flores regresen a Venezuela, subrayando la lealtad del oficialismo hacia el exmandatario detenido en Estados Unidos, y perfilando el episodio como una injusticia histórica que marcará las relaciones entre ambos países.

Contexto de la crisis y repercusiones políticas

El ataque estadounidense, ejecutado el 3 de enero de 2026, incluyó bombardeos en varias zonas de Caracas y terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, trasladados posteriormente a Nueva York, según informó el gobierno de Estados Unidos en un operativo descrito como de “gran escala” y justificado por acusaciones penales pendientes contra el exmandatario.

La detención de un líder en ejercicio —o recientemente en ejercicio— de la presidencia es un hecho extraordinario que ha generado reacciones internacionales contrapuestas y ha tensionado aún más la ya delicada situación regional. Organismos internacionales y gobiernos de distintos bloques han expresado preocupaciones sobre el uso de la fuerza, la soberanía estatal y el respeto al derecho internacional humanitario.

En este marco, el rechazo de Rodríguez se inscribe no solo en términos políticos internos —fortaleciendo un relato de resistencia y victimización frente a Estados Unidos— sino también como un elemento de confrontación diplomática y geopolítica que involucra reivindicaciones de soberanía, independencia y respeto al pluralismo internacional.

Repercusiones económicas y regionales

Más allá de la retórica política, la crisis tiene implicaciones económicas profundas. Venezuela, con una economía estructuralmente dependiente del petróleo, enfrenta un escenario de presión adicional sobre sus ingresos energéticos, sobre todo tras señales públicas de Washington acerca de posibles intereses estratégicos sobre activos petroleros venezolanos. Esto se da en paralelo a sanciones, bloqueos o embargos que han afectado la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y mantener infraestructuras clave.

Los mercados regionales también observan con atención la situación, ya que la estabilidad de Venezuela —históricamente un gran exportador de crudo— impacta no solo las variables internas sino también las cadenas globales de energía y comercio. Las tensiones con Washington pueden influir en decisiones de inversión, patrones de comercio y estrategias de diversificación de suministro en el corto y mediano plazo.

Proyección política e institucional

El pronunciamiento de Delcy Rodríguez, en el contexto de una sucesión oficial que la colocó como presidenta encargada conforme al mecanismo constitucional venezolano tras la captura de Maduro, busca consolidar autoridad interna mientras se enfrenta a presiones externas sin precedente. Su discurso apunta a fortalecer la narrativa de soberanía nacional frente a una intervención militar extranjera y a movilizar apoyo popular ante un escenario de incertidumbre institucional.

A nivel regional, diversos gobiernos han llamado a la moderación y al respeto al marco multilateral para la resolución de crisis, subrayando el papel del diálogo y del derecho internacional como medios preferentes para enfrentar situaciones de alta complejidad política y humanitaria.

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