Delcy Rodríguez

Venezuela: ya son 920 los muertos y las pérdidas superan los USD 6.700 millones

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Venezuela atraviesa su cuarto día consecutivo de emergencia tras los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactaron el país el pasado miércoles. El balance oficial asciende a 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más castigadas por el desastre, especialmente en el estado costero de La Guaira.

La magnitud de la tragedia movilizó una amplia respuesta internacional. Equipos de rescate y asistencia humanitaria provenientes de Estados Unidos, España, México, Colombia, Chile, Ecuador, República Dominicana, Suiza, Países Bajos y El Salvador trabajan junto a miles de efectivos venezolanos en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. En las próximas horas también se espera la llegada de brigadas de Alemania e Italia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la continuidad de la militarización de La Guaira y la restricción del acceso de civiles a la zona de desastre. La medida fue adoptada luego de que la llegada masiva de voluntarios y ayuda humanitaria provocara severos congestionamientos que dificultaban el paso de ambulancias y equipos de emergencia.

Daños económicos equivalentes al 6% del PIB

Más allá del drama humanitario, comienzan a dimensionarse las consecuencias económicas del desastre. Según estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños físicos directos alcanzan los USD 6.700 millones, una cifra equivalente a cerca del 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

Las pérdidas abarcan infraestructura pública, viviendas, servicios básicos, hospitales, redes eléctricas y actividades productivas. El impacto se concentra especialmente en la región costera norte del país, donde se registraron los mayores derrumbes y daños estructurales.

En paralelo, las autoridades informaron que lograron restablecer aproximadamente el 60% del suministro eléctrico en las zonas afectadas, aunque persisten problemas severos en servicios esenciales como agua potable, telecomunicaciones y atención sanitaria.

Un sistema de salud bajo presión

Los terremotos también expusieron las fragilidades del sistema sanitario venezolano. Diversos hospitales operan con capacidad reducida, escasez de insumos y limitaciones en servicios básicos. En algunos centros médicos de emergencia se reportaron dificultades para acceder a agua corriente y equipamiento esencial, mientras miles de heridos continúan requiriendo atención médica.

La situación se vuelve más compleja a medida que avanzan las horas. En sectores de La Guaira, rescatistas y voluntarios reportan que comienza a percibirse olor a descomposición entre los escombros, una señal de que aún podrían quedar numerosas víctimas atrapadas bajo edificios colapsados. Además, varias estructuras dañadas mantienen riesgo de derrumbe, lo que incrementa los peligros para los equipos de rescate.

Crece la ayuda internacional

La comunidad internacional continúa ampliando la asistencia. China confirmó el envío de ayuda humanitaria de emergencia y expresó su disposición a incrementar el apoyo según evolucione la situación. También se sumaron mensajes de solidaridad de líderes mundiales, entre ellos el rey Carlos III, quien manifestó su “profunda tristeza” por las consecuencias de la tragedia.

Mientras tanto, miles de efectivos especializados siguen trabajando contra reloj en la búsqueda de sobrevivientes. Las autoridades venezolanas mantienen habilitadas líneas especiales para reportar desaparecidos y coordinan con organismos internacionales la llegada de nuevos recursos para enfrentar una de las peores catástrofes naturales registradas en el país en las últimas décadas.

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Catástrofe en Venezuela: los muertos ya son 920 y la crisis humanitaria escala con miles de heridos y desaparecidos

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Venezuela enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente. A menos de 48 horas de los dos terremotos que sacudieron al país el miércoles 24 de junio, el balance oficial de víctimas volvió a agravarse y ya asciende a 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda entre edificios colapsados y zonas devastadas.

La actualización fue difundida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien confirmó que la cifra de víctimas fatales se multiplicó en las últimas horas a medida que los equipos de rescate lograron acceder a sectores que permanecían aislados desde los sismos.

Los terremotos, de magnitudes 7,1 y 7,5 y separados por apenas segundos, son considerados por especialistas como los más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los eventos sísmicos más severos desde el terremoto de Caracas de 1967.

La región más golpeada es el estado de La Guaira, donde el Gobierno venezolano reportó más de 70.000 familias afectadas. Allí se concentra gran parte de la destrucción de viviendas, infraestructura vial y servicios esenciales. También se registraron daños severos en Caracas y otras ciudades del centro y occidente del país.

La emergencia sigue agravándose debido a la continuidad de la actividad sísmica. Las autoridades confirmaron al menos 214 réplicas desde el evento principal, incluida una de magnitud 4,4 registrada durante la madrugada de este viernes.

La dimensión de la tragedia movilizó una inédita respuesta internacional. Naciones Unidas informó que 16 países ya desplegaron equipos de búsqueda y rescate en territorio venezolano. En total, operan 25 brigadas especializadas y más de mil rescatistas procedentes de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Italia, Catar, Jordania, República Checa, Chile, Colombia, Ecuador, México y El Salvador.

Paralelamente, la Federación Internacional de la Cruz Roja lanzó un pedido urgente de 54 millones de euros para asistir a unas 300.000 personas afectadas por la catástrofe. Los recursos estarán destinados a atención médica, refugios temporales, agua potable, alimentos y asistencia humanitaria de emergencia.

La ayuda internacional también comenzó a llegar desde el sector privado. Starlink anunció la provisión gratuita de internet satelital en las zonas afectadas hasta el 25 de julio. La medida fue agradecida públicamente por la presidenta Delcy Rodríguez, quien destacó la importancia de mantener las comunicaciones durante la emergencia.

Mientras tanto, continúan las operaciones de rescate en edificios derrumbados y barrios afectados. Las autoridades venezolanas mantienen el estado de emergencia y reforzaron la presencia militar en La Guaira para garantizar la distribución de alimentos, agua potable y asistencia sanitaria.

Las estimaciones preliminares indican que los daños materiales podrían superar los 10.000 millones de dólares. Organismos internacionales advirtieron además que la cifra de víctimas podría seguir aumentando en los próximos días a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros y localización de desaparecidos.

La tragedia ya es considerada una de las mayores emergencias humanitarias registradas en América Latina durante las últimas décadas y mantiene en alerta a toda la región.

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Delcy Rodríguez remueve a Padrino y redefine el control militar en Venezuela

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez desplazó este miércoles a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa y designó en su lugar al general Gustavo González López, en una decisión que reconfigura uno de los pilares del poder en Venezuela. El cambio no es menor: Padrino llevaba más de una década al frente de la cartera, un período inusual en la historia institucional del país. La pregunta que se abre es inevitable: ¿se trata de un ajuste táctico tras una crisis puntual o del inicio de un rediseño más profundo en la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas?

La decisión llega luego de un hecho crítico: la operación del 3 de enero en la que fuerzas especiales de Estados Unidos penetraron Fuerte Tiuna y detuvieron a Nicolás Maduro sin una reacción efectiva de la estructura militar. Ese episodio dejó expuesta una fisura en el sistema de seguridad y, sobre todo, en el esquema de conducción castrense que Padrino encabezaba.

El fin de un ciclo: del equilibrio interno al desgaste político

Padrino no era un ministro más. Desde su designación en octubre de 2014, se convirtió en una pieza central para garantizar la cohesión de la Fuerza Armada en un contexto de reacomodo tras la muerte de Hugo Chávez. Su rol fue, en esencia, político: administrar tensiones internas, distribuir cuotas de poder y asegurar que los distintos grupos dentro del estamento militar convivieran sin fracturas abiertas.

Ese equilibrio permitió algo inédito: su permanencia durante más de diez años en un cargo históricamente inestable. Pero también consolidó un modelo en el que los militares ampliaron su influencia más allá de la defensa, con presencia directa en áreas económicas y de gestión estatal. Más de un tercio del gabinete llegó a estar integrado por uniformados, activos o retirados.

Sin embargo, el mismo esquema que garantizó estabilidad terminó condicionando su margen de maniobra. La falta de reacción ante la incursión en Fuerte Tiuna erosionó su principal activo: la capacidad de control. En un sistema donde la lealtad y la eficacia operativa son inseparables, ese episodio alteró la ecuación.

El reemplazo: inteligencia, control y señal política

La designación de Gustavo González López no es neutra. Su trayectoria está ligada a los organismos de inteligencia y contrainteligencia, con pasos por el Sebin y la Dgcim, además de su rol reciente en la Guardia de Honor Presidencial. Es, en términos funcionales, un perfil orientado al control interno más que a la conducción militar tradicional.

Su llegada al Ministerio de Defensa sugiere un desplazamiento del eje: de la administración de consensos dentro de la Fuerza Armada a una lógica más centrada en la vigilancia, la disciplina y la contención de riesgos. En otras palabras, menos arbitraje político y más control directo.

Las sanciones internacionales que pesan sobre González López también introducen otra dimensión. Refuerzan la idea de un endurecimiento del esquema de poder, en un contexto donde la legitimidad externa ya no parece ser una variable determinante en la toma de decisiones.

Repercusiones: equilibrio interno y señales hacia la estructura militar

El desplazamiento de Padrino reconfigura la correlación de fuerzas dentro del Gobierno y, sobre todo, dentro de la estructura militar. Durante años, su figura funcionó como articulador entre distintos sectores. Su salida abre un interrogante sobre cómo se redistribuirán esas lealtades.

Para el oficialismo, el movimiento puede interpretarse como un intento de recuperar control tras un episodio que expuso vulnerabilidades. Pero también implica riesgos: desarmar un esquema de equilibrio interno siempre genera tensiones, especialmente en instituciones con fuerte peso político.

Al mismo tiempo, el mensaje hacia la Fuerza Armada es claro. La continuidad ya no está garantizada por la trayectoria, sino por la capacidad de responder en escenarios críticos. En ese marco, la designación de un perfil vinculado a inteligencia puede leerse como una advertencia y una redefinición de prioridades.

Un escenario en evolución

La salida de Padrino marca el cierre de una etapa, pero no define por sí sola el rumbo. Habrá que observar cómo se reacomodan los distintos sectores dentro de la Fuerza Armada y qué grado de control logra consolidar la nueva conducción.

También será clave seguir el impacto de este cambio en la estructura del gabinete y en la distribución del poder económico que, durante años, tuvo fuerte presencia militar.

La decisión de Rodríguez introduce una señal nítida: el Gobierno está dispuesto a recalibrar su núcleo de poder frente a situaciones de crisis. Lo que aún no está claro es si este movimiento alcanzará para recomponer el control o si, por el contrario, abrirá nuevas tensiones en un esquema que, hasta ahora, había logrado sostenerse sobre equilibrios delicados.

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Trump impondrá aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, al declarar una emergencia de seguridad nacional vinculada al rol del régimen cubano en la política regional. La medida, formalizada mediante una orden ejecutiva firmada el jueves, se conoció el mismo día en que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma legal clave para abrir su industria petrolera a empresas extranjeras, en una señal directa de alineamiento con las demandas de Washington tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

El doble movimiento —presión económica sobre Cuba y flexibilización hacia Venezuela— redefine el tablero energético y geopolítico del Caribe, con impacto directo sobre los flujos de crudo, las inversiones internacionales y las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con América Latina.

Apertura petrolera en Venezuela y giro estratégico hacia Estados Unidos

La Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad, en segunda lectura, una reforma legal que permitirá una mayor participación de empresas extranjeras en la explotación petrolera, hasta ahora dominada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La norma habilita a las compañías foráneas a administrar yacimientos bajo su propio riesgo y costo, un cambio estructural en el modelo energético del país.

La reforma fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien sostuvo que el objetivo es maximizar el potencial de un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. “Esta ley nos permite dar un verdadero salto cualitativo histórico para convertir esas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la mayor felicidad que pueda tener un pueblo”, afirmó durante un acto público tras la votación.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reforzó ese enfoque al señalar que la iniciativa “impulsará el sector energético, promoviendo la producción de petróleo en campos no desarrollados”. La ley deberá ser firmada y publicada para entrar en vigencia.

La apertura legislativa se produce luego de que Trump dejara en claro su intención de que empresas estadounidenses inviertan en Venezuela, tras la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense realizado el 3 de enero. En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que flexibiliza algunas sanciones, autorizando a empresas estadounidenses a realizar operaciones vinculadas a la exportación, compra, venta, almacenamiento y transporte de petróleo venezolano.

Sin embargo, persisten dudas en el sector privado. El director ejecutivo de ExxonMobil calificó recientemente a Venezuela como “ininvertible” en su estado actual, mientras que fuentes citadas por CNN indicaron que la administración Trump evalúa el uso de contratistas militares privados para proteger activos energéticos en el país.

Orden ejecutiva de Trump y presión arancelaria sobre Cuba

El mismo jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que habilita a Estados Unidos a imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que “directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba”. Según el texto oficial, las políticas del Gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

El documento menciona, entre otros fundamentos, la alineación de Cuba con Rusia, su presunto rol como refugio de grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, la persecución de opositores políticos, la supresión de libertades civiles y la corrupción estatal.

Pese a la dureza del decreto, Trump afirmó que no busca “estrangular” la economía cubana. “Cuba es una nación en decadencia, y hay que compadecerse de Cuba. No creo que Cuba pueda sobrevivir”, declaró ante la prensa, al tiempo que sostuvo que el país no podría subsistir sin el petróleo venezolano.

La Casa Blanca remarcó que el nuevo esquema arancelario es una herramienta de presión para acelerar un cambio político en la isla, una expectativa compartida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Impacto regional y reacción de los países proveedores

Cuba enfrenta crecientes tensiones con Washington desde la captura de Maduro, quien durante su mandato fue un aliado estratégico de La Habana y sostuvo el suministro de crudo. Actualmente, México aparece como uno de los principales proveedores: en 2025, aportó alrededor del 44 % del petróleo importado por Cuba, según estimaciones citadas por especialistas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió esta semana el envío de crudo al país caribeño como “una decisión soberana” y explicó que se realiza tanto a través de contratos de Pemex como en el marco de ayuda humanitaria. La Casa Blanca no se refirió específicamente a México, aunque el alcance del decreto incluye a cualquier país que mantenga ese tipo de vínculos energéticos con La Habana.

Mientras tanto, Cuba reafirmó su “posición antimperialista e inclaudicable” frente a Estados Unidos y evitó responder de inmediato a los señalamientos incluidos en la orden ejecutiva, según confirmó CNN.

En este contexto, la estrategia de Trump combina presión comercial, reconfiguración energética y señales selectivas de apertura, con Venezuela como potencial socio económico y Cuba como principal blanco de sanciones. El alcance real de las medidas dependerá de la reacción de los países involucrados y de la disposición del sector privado a asumir riesgos en un escenario político aún inestable.

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Excarcelaciones en Venezuela: el Gobierno afirma haber liberado a 626 personas y pide a la ONU verificar

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que 626 personas privadas de libertad fueron excarceladas en el país y anunció que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifique el listado oficial. El anuncio se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales y familiares, que denuncian opacidad y demoras en el proceso y manejan cifras significativamente menores.

La divergencia entre los números oficiales y los registros independientes vuelve a colocar el foco sobre la credibilidad institucional del proceso de liberaciones, anunciado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y seguido de una creciente presión social y política.

El anuncio oficial y el pedido de verificación internacional

Durante una reunión con integrantes de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el palacio presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez afirmó:
Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad”.

En ese marco, rechazó las denuncias formuladas por organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos, y cuestionó el uso de cifras alternativas. “Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”, sostuvo.

Para respaldar la versión oficial, la mandataria anunció que el lunes mantendrá una comunicación telefónica con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de solicitar que su oficina verifique las listas de excarcelados.
Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano”, agregó, al tiempo que pidió “responsabilidad” en el ejercicio de la política.

Rodríguez vinculó el contexto actual con el impacto social y humano de la crisis reciente y mencionó el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que derivó en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como un episodio de alto costo para la población.

Un proceso anunciado sin listados públicos

El proceso de excarcelaciones fue anunciado hace dos semanas por Jorge Rodríguez, quien informó la liberación de “un número importante” de personas, sin detallar identidades ni cantidad total. Días después, indicó que las listas de los liberados estaban disponibles, aunque hasta el momento no fueron difundidas públicamente.

Desde entonces, decenas de familiares se concentraron en las afueras de centros de detención para solicitar información sobre sus allegados, mientras distintas ONG denunciaron falta de transparencia, retrasos administrativos y ausencia de confirmaciones oficiales.

Este escenario de incertidumbre alimentó la brecha entre el discurso gubernamental y los relevamientos independientes, profundizando el debate institucional sobre el alcance real del proceso.

La brecha con las ONG

Las cifras difundidas por organizaciones de derechos humanos difieren de manera sustancial de las anunciadas por el Ejecutivo. La ONG Foro Penal y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estiman que, desde el 8 de enero, fueron liberadas entre 154 y 170 personas.

En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó este viernes que las autoridades excarcelaron a personas cuyos casos “no eran públicos”, lo que complejiza la trazabilidad del proceso.

Según los datos de Foro Penal, aún faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD sostiene que existen más de 942 personas encarceladas. La diferencia de registros refuerza los cuestionamientos sobre la falta de información oficial sistematizada y el impacto político de un proceso que, lejos de cerrar el conflicto, mantiene abiertas las tensiones con la sociedad civil y los organismos internacionales.

En este contexto, el pedido de verificación a la ONU aparece como un intento del Gobierno de legitimar institucionalmente las excarcelaciones, aunque el resultado de esa revisión será clave para determinar su credibilidad interna y externa.

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