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Concejal posadeño fue denunciado por “acoso laboral”

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Se conoció esta tarde una denuncia por acoso laboral, presentada por una empleada del Concejo Deliberante de Posadas, contra el edil Daniel Amarilla (Unión Popular). El denunciado negó las acusaciones.

La joven denunciante dijo que “por contestarle en un grupo de whatsapp el comenzó a perseguirme, tratarme como a una loquita. Luego me desafecto de mis tareas y ahora hace dos meses que no me certifica y no me deja trabajar. Yo solo quiero trabajar y que no me joda más este tipo”.

La joven empleada del Concejo Deliberante explicó a Economis que comenzó a trabajar en el legislativo en el año 2015. “Ingresé directamente a planta gracias a Daniel Amarilla, que es amigo de toda la vida de mi padre. Como no había tareas dentro del Concejo, trabajaba en el local partidario y el Concejal me certificaba”.

La joven de 24 años trabajó desde su ingreso fuera del edificio del Concejo Deliberante, siempre bajo las ordenes de Daniel Amarilla, quien le certificaba las actividades para que pueda presentar los comprobantes laborales ante Recursos Humanos del Concejo.

La trabajadora explicó que el problema “es por como es Daniel, burlón, soberbio. Trata mal a las personas en especial a las mujeres. Un día le pare el carro en público y ahí comenzaron los problemas”.

“El trato con él nunca fue bueno”, contó la joven. Dijo que el edil la maltrataba en público, objetaba su trabajo y que luego de confrontarlo él hace todo lo posible para que ella no pueda seguir trabajando. Aún con los maltratos verbales, ella comentó que “él me decía siempre que tenía suerte, porque era la hija de su amigo”.

Indicó que “luego de la campaña de las PASO en agosto, le conteste en un grupo de whatsapp y eso generó su enojo”. Luego de ese cruce virtual donde había otros trabajadores y militantes, una semana después de las primaria ella comenta que “él me desafecto del local, me dijo estoy haciendo cambios quédate tranquila”.

Ella comentó que confiada esperó las nuevas directivas del edil, pero comenzó a no responderle los mensajes, ni las llamadas y luego terminó bloqueándola de sus contactos. “Yo le llamaba para saber como iba a seguir trabajando”.

“Hace dos meses no me certifica, fui a pedirle explicaciones pero no me atiende. Incluso fui con gente del Sindicato (SOEMP) y el no me dejó entrar a su oficina”, relató. Explicó que en Recursos Humanos del Concejo le advirtieron que ella debe “marcar tarjeta o presentar las certificaciones laborales”, pero para ello debería obtener del concejal Amarilla una nota donde la desafectaba de su equipo de trabajo.

Ella intentó conseguir eso, para poder ubicarse en otras áreas de trabajo. Pero según la denunciante “el no me facilitó eso, cuando fuimos a pedirle dijo que el 22 de noviembre presentó la nota a Recursos Humanos. Pero cuando fuimos a preguntar me explicaron que el presentó una nota al Presidente del HCD donde pedía un sumario hacía mí, por incumplimiento laboral”.

“Amarilla anda amenazando a mis compañeros, les prohíbe que hablen conmigo. A los que trabajan para otros concejales, el también los amenaza”, dijo. Pidió que “se termine esta persecución. No tengo una respuesta y no puedo trabajar”.

Explicó que “aún no me han afectado el sueldo, pero con el pedido de sumario no se que va a pasar”. Afirmó que ella solo quiere “trabajar y cumplir mis tareas. Quiero que no me joda más ni Daniel Amarilla, ni su esposa”.

 

Comentó que primero fue a hacer una denuncia policial y luego realizó una presentación en el Ministerio de Trabajo. La joven pide que se le levante el sumario y le permitan cumplir tareas dentro del Concejo Deliberante.

Lamentó que esta situación haya llegado tan lejos y contó que esto “ha afectado mi relación con mi esposo e hijos, estoy muy preocupada con esto y me tiene muy alterada”.

El Concejal Amarilla, que deja su banca el próximo 10 de diciembre dijo a Economis que “me entero de la denuncia por ustedes, no fui notificado de nada aún”. Reconoció que la joven trabajaba para él, incluso que la ayudo a entrar en planta permanente como un “favor a un amigo de toda la vida”.

Pero desconoció la denuncia porque “ella nunca trabajo, yo siempre le certifique y ella no cumplía ninguna tarea”. Describió a la joven como “una forra, que armaba puterío”. Reconoció que en agosto tuvo un cruce con la joven y por ello “la saque de los grupos”.

Afirmó que ahora se abrió un sumario y el presentó todo el informe sobre la joven. Queda en manos de la presidencia del Concejo resolver la cuestión. Explicó que puede hacerlo el actual Alejandro Velázquez o el próximo que asuma el 10 de diciembre. Que cada parte tendrá que presentarse a defenderse y luego se tomará una definición.

Por este sumario al joven puede quedar cesante y perder el puesto de trabajo, explicó el edil.

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Oficina Anticorrupción abrió expediente por el acuerdo entre Gobierno y Correo Argentino

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La Oficina Anticorrupción (OA) abrió un expediente para analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará los oficios correspondientes “fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente” y pedir “información a los funcionarios involucrados”, y luego “hacer el análisis que corresponde y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar la Justicia quizás en algún momento”, consignó la titular del organismo, Laura Alonso, en declaraciones a una radio porteña.

La polémica se desató luego de que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse “por abusiva” la propuesta realizada por la empresa Correo Argentino S.A, propiedad de la familia Macri, y aceptada por el Estado Nacional, en el marco de un concurso preventivo.

La decisión de la fiscal tuvo lugar luego de que el Gobierno avalara una nueva oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado.

Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.

Por ese acuerdo, Macri y varios funcionarios fueron denunciados bajo la acusación de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Según Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse “abusivo”, ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

El Estado era el principal acreedor de Correo Argentino S.A. por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse cargo de la concesión del reparto de la correspondencia.

Luego de la quiebra, el servicio volvió a quedar en manos del Estado, que se encargó de repartir sobres y bultos en todo el país.

La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), el cual toma como base la fecha en que se inicia el concurso el 19 de septiembre de 2001, cuando se empezaría a pagar y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.

La Procuración de la Nación realizó un cálculo estadístico y matemático, el cual da que al año 2033 esa deuda que era de 296 millones, actualizando los índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a 71.000 millones de pesos.

Con lo cual, la oferta que hizo el Correo Argentino al Estado nacional, incluye una quita de 70 mil millones, es decir del 98 por ciento.

En la audiencia del 28 de junio, hubo dos propuestas del Correo Argentino S.A para saldar la deuda.

La primera consistía en el pago del 100 por ciento del capital verificado y/o declarado admisible, que sería abonado en 19 cuotas anuales y consecutivas, más una cuota de intereses del 6 por ciento anual, la cual fue rechazada.

La segunda consistía en el pago del 100 por ciento del capital verificado y/o declarado admisible, en 15 cuotas anuales y consecutivas más una cuota de intereses del 7 por ciento anual.

Para la Fiscalía, las dos propuestas son inadmisibles, al argumentar que “a primera vista, la nueva propuesta recepta los requerimientos del Estado Nacional en tanto ´mejora´, literalmente, tanto el ´plazo de pago´ (de 19 cuotas, pasa a proponer 15 cuotas anuales y consecutivas) como la tasa de ´interés´ (del 6 por ciento anual, propone ahora aplicar un 7 por ciento anual)”.

“Sin embargo, un pormenorizado análisis económico nos lleva a una conclusión diferente: la propuesta no implica mejora alguna. Ello, vicia el consentimiento prestado, convirtiendo el acto en arbitrario e irrazonable, pues no cuenta con fundamentación suficiente que amerite evaluar el cambio de la decisión estratégica del Estado además de carecer de un soporte técnico que lo avale”, agregó la Fiscalía.

Tras desatarse la polémica, el Gobierno salió a defender el acuerdo , al asegurar que se trató de un procedimiento “transparente” y que no se le perdonó “ni un mango” al Correo Argentino.

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