China continuará trabajando con todas las partes, incluyendo aquellas involucradas en los conflictos actuales en Oriente Medio, para mantener la comunicación, intensificar los esfuerzos de mediación y aunar consensos, dijo hoy jueves una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en una conferencia de prensa diaria.
La portavoz Mao Ning hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta relacionada con el aumento de las tensiones regionales, tras los ataques militares contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
China enviará en un futuro próximo a la región a Zhai Jun, enviado especial del Gobierno del país para la cuestión de Oriente Medio, con el fin de trabajar por la desescalada de la tensa situación, manifestó la vocera.
China está seriamente preocupada por la tensa situación en Oriente Medio, expresó Mao, tras apuntar que el país ha llevado a cabo intensos trabajos de mediación con diversas partes durante los últimos días.
La vocera recordó que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha sostenido llamadas telefónicas con sus homólogos de Rusia, Irán, Omán, Francia, Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para intercambiar puntos de vista en profundidad sobre la situación regional.
La extensión y la escalada del conflicto no benefician a nadie, puntualizó Mao, destacando que China considera que la guerra y la fuerza no pueden resolver los problemas de forma definitiva; las soluciones correctas son el diálogo y la negociación, y las controversias y diferencias deben ser neutralizadas a través de medidas políticas y diplomáticas.
El gobierno de Francia autorizó este jueves que aviones de Estados Unidos utilicen bases militares francesas en Oriente Medio, en plena escalada militar vinculada a los ataques contra Irán. La decisión, confirmada por el Estado Mayor del Ejército francés, se presenta como una autorización temporal y enmarcada en la cooperación bilateral entre ambos países.
El movimiento ocurre en medio de una guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron bombardeos contra territorio iraní. Desde entonces, el conflicto ha provocado cientos de víctimas y ha extendido el riesgo de escalada en toda la región.
La autorización francesa introduce una señal política ambivalente: París mantiene críticas sobre la legalidad internacional de los ataques iniciales, pero al mismo tiempo habilita apoyo logístico a Washington. La pregunta que emerge en los círculos diplomáticos es inevitable: ¿se trata de una maniobra de contención estratégica o de un alineamiento gradual con la operación militar liderada por Estados Unidos?
Cooperación militar en medio de una guerra regional
Fuentes del Estado Mayor francés confirmaron que aeronaves estadounidenses podrán operar desde instalaciones militares francesas desplegadas en Oriente Medio. Las autoridades evitaron especificar qué bases estarán involucradas, aunque subrayaron que la medida responde a la necesidad de proteger a socios regionales.
La decisión se inscribe dentro de la histórica relación militar entre París y Washington. Sin embargo, llega en un contexto delicado: Francia ha cuestionado públicamente que los ataques contra Irán se hayan iniciado al margen de los procedimientos previstos por el derecho internacional.
La respuesta oficial busca sostener un equilibrio complejo. Mientras critica el marco jurídico del conflicto, París argumenta que la responsabilidad última de la escalada radica en Irán por sus programas de armamento nuclear y balístico y por el apoyo a organizaciones armadas en la región.
En paralelo, el gobierno francés desplegó refuerzos militares. La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, informó que seis cazas Rafale adicionales fueron enviados a bases francesas en Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra el fin de semana pasado.
Esas instalaciones fueron alcanzadas a comienzos de semana por ataques iraníes. Aunque no hubo víctimas ni heridos y las bases continúan operativas, el episodio elevó el nivel de alerta para las fuerzas francesas desplegadas en la zona.
El despliegue naval y la coordinación europea
La respuesta militar francesa no se limita a la aviación. El portaaviones Charles de Gaulle, que se encontraba en el mar Báltico, se dirige ahora al Mar Mediterráneo. Según el Ministerio de Defensa, llegará a la región entre finales de esta semana y comienzos de la próxima.
El grupo naval estará acompañado por las fragatas Provence, Forbin y Languedoc, con la misión declarada de reforzar la seguridad marítima en un escenario donde varias rutas comerciales comenzaron a sufrir interrupciones.
En paralelo, el presidente Emmanuel Macron inició contactos con líderes europeos para coordinar la respuesta regional. Tras conversaciones con Giorgia Meloni y Kyriakos Mitsotakis, los tres gobiernos acordaron coordinar el despliegue militar en Chipre y el Mediterráneo oriental y colaborar para garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo.
La iniciativa apunta a reforzar la defensa de Chipre y proteger las rutas comerciales en un contexto donde drones y misiles ya han alcanzado instalaciones civiles y energéticas en distintos países de la región.
Legalidad internacional bajo debate
La dimensión militar del conflicto convive con un debate jurídico cada vez más intenso. El secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, pidió públicamente que todas las partes respeten el derecho internacional.
Expertos en derecho internacional consultados por distintos medios sostienen que las condiciones jurídicas para el ataque inicial de Estados Unidos e Israel podrían no haberse cumplido, ya que la legítima defensa exige pruebas claras de una amenaza inminente.
El debate gira en torno a dos disposiciones centrales de la Carta de la ONU: la prohibición general del uso de la fuerza contra otros Estados y la excepción que permite responder a un ataque armado o a una amenaza inmediata.
En ese marco, el argumento de la “defensa preventiva” es objeto de controversia. Algunos especialistas sostienen que no se presentaron pruebas concluyentes de que Irán estuviera a punto de lanzar un ataque.
La respuesta iraní también enfrenta cuestionamientos. Analistas jurídicos advierten que los bombardeos y ataques con misiles contra varios países del Golfo podrían considerarse ataques indiscriminados, lo que también vulneraría el derecho internacional.
Un tablero geopolítico en movimiento
En el terreno político, la decisión francesa de permitir el uso de sus bases por parte de Estados Unidos introduce un nuevo matiz en la correlación de fuerzas dentro de la alianza occidental.
Por un lado, París intenta sostener su tradicional posición de autonomía estratégica dentro de la OTAN y de la política exterior europea. Por otro, la cooperación militar con Washington muestra que, en un escenario de guerra abierta, la coordinación con Estados Unidos sigue siendo un eje central de seguridad.
El despliegue naval, la coordinación con Italia y Grecia y la presencia militar en Emiratos Árabes Unidos reflejan un objetivo concreto: proteger rutas comerciales, garantizar la seguridad de aliados regionales y resguardar a los aproximadamente 400.000 ciudadanos franceses que viven en Oriente Medio.
Aun así, el conflicto abre una incógnita mayor sobre el orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Si las grandes potencias recurren al uso de la fuerza sin consenso jurídico claro, advierten varios especialistas, el sistema legal internacional podría enfrentar una erosión difícil de revertir.
Un conflicto que todavía se está definiendo
El permiso francés para el uso de bases militares puede interpretarse como un gesto logístico acotado o como un paso más hacia una implicación mayor en la guerra.
Mucho dependerá de cómo evolucione la escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos, y de si el conflicto logra contenerse dentro del actual teatro regional o se expande hacia otras rutas estratégicas del comercio global.
Por ahora, la decisión de París combina cautela diplomática y cooperación militar. En un escenario donde las fronteras entre apoyo político, defensa regional y participación indirecta en la guerra se vuelven cada vez más difusas.
WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al canciller alemán, Friedrich Merz, en una reunión atravesada por la escalada bélica en Medio Oriente, las tensiones comerciales y el reacomodamiento de la relación transatlántica.
El encuentro, que en principio estaba orientado a discutir comercio e inversiones, quedó dominado por los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus derivaciones geopolíticas. En ese contexto, Trump aprovechó su comparecencia ante la prensa para lanzar duras críticas contra España y el Reino Unido, profundizando la fractura con dos aliados tradicionales.
Una reunión marcada por Irán y los aranceles
Merz llegó a Washington tras una visita a Pekín, donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping, y luego de que Alemania y Francia anunciaran un refuerzo de su cooperación en materia de disuasión nuclear. El viaje se produjo en medio de una creciente inquietud europea por la ofensiva contra el régimen iraní, que incluyó la muerte del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y por las amenazas de nuevos aranceles globales impulsadas por la Casa Blanca.
El canciller alemán fue el primer líder europeo en visitar Washington tras los ataques. Si bien evitó condenar la operación militar, tampoco la respaldó explícitamente. “Reconocemos el dilema”, afirmó, al señalar que los intentos diplomáticos de las últimas décadas no lograron frenar el programa nuclear iraní. “No vamos a dar lecciones a nuestros socios sobre sus ataques militares contra Irán”, agregó, en una postura de equilibrio que refleja las tensiones internas en Europa.
En paralelo, sobrevuela el malestar europeo por la política comercial de Trump, especialmente después de que la Corte Suprema estadounidense declarara ilegales los aranceles de emergencia impuestos el 20 de febrero.
Golpe diplomático contra España
El momento más áspero del día llegó cuando Trump apuntó directamente contra el gobierno del presidente español Pedro Sánchez, por negarse a permitir el uso de bases militares españolas en operaciones vinculadas a los ataques contra Irán.
“España se ha portado de manera terrible”, sostuvo el mandatario, a quien calificó como “un socio terrible de la OTAN”. Incluso aseguró haber ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, “romper todas las relaciones” comerciales con el país europeo.
La reacción de Madrid no se hizo esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la decisión al recordar que las bases de Rota y Morón son “de soberanía española” y que cualquier operación debe encuadrarse en la Carta de Naciones Unidas. El gobierno de Sánchez sostiene que la ofensiva contra Irán carece de respaldo en el derecho internacional y, por tanto, no puede habilitar el uso de instalaciones conjuntas para acciones unilaterales.
Desde la oposición, el Partido Popular acusó al Ejecutivo de “aislar” a España y reclamó mayor lealtad con los aliados atlánticos.
Fricción creciente con el Reino Unido
Trump también elevó el tono contra el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien reprochó no haber sido “cooperativo”. “Es muy triste ver que la relación ya no es lo que era”, afirmó en declaraciones al diario The Sun, en referencia al vínculo histórico entre Washington y Londres.
El Reino Unido se negó inicialmente a permitir el uso de sus bases para los ataques ofensivos contra Irán, aunque posteriormente autorizó operaciones defensivas y el empleo de instalaciones en Inglaterra y en Diego García para neutralizar misiles iraníes. Incluso tras el impacto de un dron en la base de Akrotiri, Starmer reiteró que Londres “no se unirá a una acción ofensiva” y subrayó que cualquier participación británica debe contar con base legal clara.
El distanciamiento entre ambos líderes se suma a otras tensiones recientes, como las diferencias en torno a Groenlandia y la devolución de las islas Chagos a Mauricio.
Europa, dividida
La guerra con Irán expuso una vez más la fragmentación europea. Mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó sin reservas la decisión estadounidense, Alemania, Francia y el Reino Unido reiteraron que no participaron en los ataques, aunque se mostraron dispuestos a facilitar acciones defensivas “necesarias y proporcionadas”.
El encuentro entre Trump y Merz, lejos de disipar incertidumbres, dejó al descubierto el nuevo mapa de tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos. En un escenario global marcado por la guerra, el comercio y la competencia estratégica con China, la relación transatlántica atraviesa una fase de redefinición profunda.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, redobló este jueves sus críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que su país “no se merecía esta agresión vil” tras el operativo militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión política, geopolítica y normativas internacionales, en el que Venezuela busca reafirmar su soberanía e institucionalidad interna luego de un acontecimiento sin precedentes que reconfigura la escena regional y global.
Fuerte rechazo oficial y narrativa de defensa nacional
Rodríguez formuló sus críticas durante un acto oficial celebrado en Caracas, donde calificó el ataque de “agresión vil, guerrerista” de una potencia nuclear, en referencia a Estados Unidos. Según su relato, Venezuela no estuvo pasiva durante el operativo que derivó en la captura de Maduro: “¡Aquí nadie se entregó! ¡Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores!”, afirmó para enfatizar una idea de resistencia y dignidad nacional que permea el discurso oficialista.
En su alocución, la presidenta encargada también enfatizó que el gobierno no está “subyugado” a las decisiones del presidente estadounidense y reafirmó que el país continuará su curso de soberanía e independencia nacional pese a presión externa. Además, instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque militar, tras al menos 100 fallecidos reconocidos oficialmente en medio de enfrentamientos, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Rodríguez sostuvo además que no descansará hasta que tanto Maduro como Flores regresen a Venezuela, subrayando la lealtad del oficialismo hacia el exmandatario detenido en Estados Unidos, y perfilando el episodio como una injusticia histórica que marcará las relaciones entre ambos países.
Contexto de la crisis y repercusiones políticas
El ataque estadounidense, ejecutado el 3 de enero de 2026, incluyó bombardeos en varias zonas de Caracas y terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, trasladados posteriormente a Nueva York, según informó el gobierno de Estados Unidos en un operativo descrito como de “gran escala” y justificado por acusaciones penales pendientes contra el exmandatario.
La detención de un líder en ejercicio —o recientemente en ejercicio— de la presidencia es un hecho extraordinario que ha generado reacciones internacionales contrapuestas y ha tensionado aún más la ya delicada situación regional. Organismos internacionales y gobiernos de distintos bloques han expresado preocupaciones sobre el uso de la fuerza, la soberanía estatal y el respeto al derecho internacional humanitario.
En este marco, el rechazo de Rodríguez se inscribe no solo en términos políticos internos —fortaleciendo un relato de resistencia y victimización frente a Estados Unidos— sino también como un elemento de confrontación diplomática y geopolítica que involucra reivindicaciones de soberanía, independencia y respeto al pluralismo internacional.
Repercusiones económicas y regionales
Más allá de la retórica política, la crisis tiene implicaciones económicas profundas. Venezuela, con una economía estructuralmente dependiente del petróleo, enfrenta un escenario de presión adicional sobre sus ingresos energéticos, sobre todo tras señales públicas de Washington acerca de posibles intereses estratégicos sobre activos petroleros venezolanos. Esto se da en paralelo a sanciones, bloqueos o embargos que han afectado la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y mantener infraestructuras clave.
Los mercados regionales también observan con atención la situación, ya que la estabilidad de Venezuela —históricamente un gran exportador de crudo— impacta no solo las variables internas sino también las cadenas globales de energía y comercio. Las tensiones con Washington pueden influir en decisiones de inversión, patrones de comercio y estrategias de diversificación de suministro en el corto y mediano plazo.
Proyección política e institucional
El pronunciamiento de Delcy Rodríguez, en el contexto de una sucesión oficial que la colocó como presidenta encargada conforme al mecanismo constitucional venezolano tras la captura de Maduro, busca consolidar autoridad interna mientras se enfrenta a presiones externas sin precedente. Su discurso apunta a fortalecer la narrativa de soberanía nacional frente a una intervención militar extranjera y a movilizar apoyo popular ante un escenario de incertidumbre institucional.
A nivel regional, diversos gobiernos han llamado a la moderación y al respeto al marco multilateral para la resolución de crisis, subrayando el papel del diálogo y del derecho internacional como medios preferentes para enfrentar situaciones de alta complejidad política y humanitaria.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos abrió un punto de inflexión en la política internacional. Mientras la Casa Blanca explicita una doctrina basada en fuerza y dominación, el Gobierno venezolano activó un estado de excepción con amplias facultades represivas. El episodio reconfigura el equilibrio político, jurídico y económico en el hemisferio occidental.
La administración de Donald Trump explicitó esta semana un cambio estructural en el papel global de Estados Unidos, al asumir abiertamente una estrategia de poder basada en la fuerza, la coerción y el dominio directo. La definición quedó en boca de Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.
“Vivimos en un mundo que está gobernado por la fuerza, por el poder, por la autoridad. Éstas son las leyes de hierro del mundo”, sostuvo Miller en declaraciones televisivas. Y fue más allá: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”.
Las declaraciones se produjeron luego de una incursión militar que, según funcionarios estadounidenses, involucró a casi 200 efectivos en territorio venezolano y derivó en un enfrentamiento armado. Trump justificó la operación al presentar a Maduro como el jefe de un cártel de narcotráfico y a Venezuela como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.
Una doctrina de fuerza sin control legislativo
El episodio dejó al descubierto un aspecto central del segundo mandato de Trump: el desplazamiento del Congreso en materia de política exterior y uso de la fuerza. La Casa Blanca rechazó la necesidad de autorización legislativa para la captura de un jefe de Estado extranjero, al calificar la incursión como una “misión de aplicación de la ley”.
La posición fue avalada por los líderes republicanos del Congreso. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, sostuvo que informar previamente al Capitolio habría sido “desaconsejable”, argumentando que el Poder Legislativo “no es el mejor para guardar secretos”.
La operación abrió interrogantes clave: si existe un plan viable para la transición venezolana, cómo se financiará una eventual administración indirecta del país, si habrá nuevas acciones militares y cuál será el costo fiscal para los contribuyentes estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la aprobación presidencial de Trump cae por debajo del 40% y persisten tensiones internas por inflación y precios elevados.
En paralelo, el discurso de la Casa Blanca se expandió más allá de Venezuela. Trump lanzó advertencias directas a Colombia, exigió a México “ponerse las pilas” y amenazó a Irán con represalias. Miller incluso deslizó la posibilidad de que Estados Unidos incorpore Groenlandia, al sostener que “para asegurar la región ártica, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.
Venezuela responde con un estado de conmoción exterior
Frente a la ofensiva estadounidense, el Gobierno venezolano activó un Estado de Conmoción Exterior, una figura constitucional inédita desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Nicolás Maduro —capturado horas antes— y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene rango de ley y regirá por 90 días, prorrogables por otros 90.
El texto ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales la búsqueda y captura de toda persona que promueva o apoye el ataque armado de Estados Unidos, con miras a su juzgamiento. Además, dispone la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado, sometiendo temporalmente a su personal al régimen militar.
El decreto habilita también la requisición de bienes para la defensa nacional, la suspensión del derecho a reunión y manifestación y la adopción de “cualquier otra medida necesaria para proteger al pueblo”, aunque mantiene formalmente las garantías a la vida, la libertad personal, el debido proceso y la prohibición de tortura.
Según explicó el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, el estado de conmoción exterior implica “la restricción de garantías constitucionales” y otorga al presidente “las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico y social”. Aunque el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional o la Justicia, Apitz subrayó que en Venezuela “no hay contrapesos” efectivos al Poder Ejecutivo.
Impacto político, económico e institucional
La escalada redefine el escenario regional. En términos institucionales, Estados Unidos avanza hacia una doctrina que relativiza la soberanía de otros Estados y el derecho internacional, pilares del orden construido tras la Segunda Guerra Mundial y de los tratados fundacionales de la ONU y la OTAN.
En el plano económico, la militarización de la industria petrolera venezolana y la concentración de poder en el Ejecutivo anticipan mayor incertidumbre para la producción, las inversiones y el comercio exterior. A nivel social, el decreto habilita un endurecimiento represivo con impacto directo sobre derechos civiles y políticos.
Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos utilizará su poder de forma más abierta y unilateral en defensa de sus intereses. Desde Caracas, la respuesta es el cierre del sistema político y la criminalización de cualquier apoyo interno a la ofensiva extranjera.
El choque de estrategias no solo define el futuro inmediato de Venezuela, sino que proyecta un cambio profundo en el equilibrio político del hemisferio occidental, con efectos que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura actual.
