DERECHO INTERNACIONAL

Rodríguez endurece discurso contra Trump y promete liberar a Maduro tras “ataque vil”

Compartí esta noticia !

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, redobló este jueves sus críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que su país “no se merecía esta agresión vil” tras el operativo militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión política, geopolítica y normativas internacionales, en el que Venezuela busca reafirmar su soberanía e institucionalidad interna luego de un acontecimiento sin precedentes que reconfigura la escena regional y global.

Fuerte rechazo oficial y narrativa de defensa nacional

Rodríguez formuló sus críticas durante un acto oficial celebrado en Caracas, donde calificó el ataque de “agresión vil, guerrerista” de una potencia nuclear, en referencia a Estados Unidos. Según su relato, Venezuela no estuvo pasiva durante el operativo que derivó en la captura de Maduro: “¡Aquí nadie se entregó! ¡Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores!”, afirmó para enfatizar una idea de resistencia y dignidad nacional que permea el discurso oficialista.

En su alocución, la presidenta encargada también enfatizó que el gobierno no está “subyugado” a las decisiones del presidente estadounidense y reafirmó que el país continuará su curso de soberanía e independencia nacional pese a presión externa. Además, instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque militar, tras al menos 100 fallecidos reconocidos oficialmente en medio de enfrentamientos, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Rodríguez sostuvo además que no descansará hasta que tanto Maduro como Flores regresen a Venezuela, subrayando la lealtad del oficialismo hacia el exmandatario detenido en Estados Unidos, y perfilando el episodio como una injusticia histórica que marcará las relaciones entre ambos países.

Contexto de la crisis y repercusiones políticas

El ataque estadounidense, ejecutado el 3 de enero de 2026, incluyó bombardeos en varias zonas de Caracas y terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, trasladados posteriormente a Nueva York, según informó el gobierno de Estados Unidos en un operativo descrito como de “gran escala” y justificado por acusaciones penales pendientes contra el exmandatario.

La detención de un líder en ejercicio —o recientemente en ejercicio— de la presidencia es un hecho extraordinario que ha generado reacciones internacionales contrapuestas y ha tensionado aún más la ya delicada situación regional. Organismos internacionales y gobiernos de distintos bloques han expresado preocupaciones sobre el uso de la fuerza, la soberanía estatal y el respeto al derecho internacional humanitario.

En este marco, el rechazo de Rodríguez se inscribe no solo en términos políticos internos —fortaleciendo un relato de resistencia y victimización frente a Estados Unidos— sino también como un elemento de confrontación diplomática y geopolítica que involucra reivindicaciones de soberanía, independencia y respeto al pluralismo internacional.

Repercusiones económicas y regionales

Más allá de la retórica política, la crisis tiene implicaciones económicas profundas. Venezuela, con una economía estructuralmente dependiente del petróleo, enfrenta un escenario de presión adicional sobre sus ingresos energéticos, sobre todo tras señales públicas de Washington acerca de posibles intereses estratégicos sobre activos petroleros venezolanos. Esto se da en paralelo a sanciones, bloqueos o embargos que han afectado la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y mantener infraestructuras clave.

Los mercados regionales también observan con atención la situación, ya que la estabilidad de Venezuela —históricamente un gran exportador de crudo— impacta no solo las variables internas sino también las cadenas globales de energía y comercio. Las tensiones con Washington pueden influir en decisiones de inversión, patrones de comercio y estrategias de diversificación de suministro en el corto y mediano plazo.

Proyección política e institucional

El pronunciamiento de Delcy Rodríguez, en el contexto de una sucesión oficial que la colocó como presidenta encargada conforme al mecanismo constitucional venezolano tras la captura de Maduro, busca consolidar autoridad interna mientras se enfrenta a presiones externas sin precedente. Su discurso apunta a fortalecer la narrativa de soberanía nacional frente a una intervención militar extranjera y a movilizar apoyo popular ante un escenario de incertidumbre institucional.

A nivel regional, diversos gobiernos han llamado a la moderación y al respeto al marco multilateral para la resolución de crisis, subrayando el papel del diálogo y del derecho internacional como medios preferentes para enfrentar situaciones de alta complejidad política y humanitaria.

Compartí esta noticia !

Trump impone una doctrina de fuerza global y Venezuela activa el estado de conmoción exterior

Compartí esta noticia !

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos abrió un punto de inflexión en la política internacional. Mientras la Casa Blanca explicita una doctrina basada en fuerza y dominación, el Gobierno venezolano activó un estado de excepción con amplias facultades represivas. El episodio reconfigura el equilibrio político, jurídico y económico en el hemisferio occidental.

La administración de Donald Trump explicitó esta semana un cambio estructural en el papel global de Estados Unidos, al asumir abiertamente una estrategia de poder basada en la fuerza, la coerción y el dominio directo. La definición quedó en boca de Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

“Vivimos en un mundo que está gobernado por la fuerza, por el poder, por la autoridad. Éstas son las leyes de hierro del mundo”, sostuvo Miller en declaraciones televisivas. Y fue más allá: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”.

Las declaraciones se produjeron luego de una incursión militar que, según funcionarios estadounidenses, involucró a casi 200 efectivos en territorio venezolano y derivó en un enfrentamiento armado. Trump justificó la operación al presentar a Maduro como el jefe de un cártel de narcotráfico y a Venezuela como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.

Una doctrina de fuerza sin control legislativo

El episodio dejó al descubierto un aspecto central del segundo mandato de Trump: el desplazamiento del Congreso en materia de política exterior y uso de la fuerza. La Casa Blanca rechazó la necesidad de autorización legislativa para la captura de un jefe de Estado extranjero, al calificar la incursión como una “misión de aplicación de la ley”.

La posición fue avalada por los líderes republicanos del Congreso. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, sostuvo que informar previamente al Capitolio habría sido “desaconsejable”, argumentando que el Poder Legislativo “no es el mejor para guardar secretos”.

La operación abrió interrogantes clave: si existe un plan viable para la transición venezolana, cómo se financiará una eventual administración indirecta del país, si habrá nuevas acciones militares y cuál será el costo fiscal para los contribuyentes estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la aprobación presidencial de Trump cae por debajo del 40% y persisten tensiones internas por inflación y precios elevados.

En paralelo, el discurso de la Casa Blanca se expandió más allá de Venezuela. Trump lanzó advertencias directas a Colombia, exigió a México “ponerse las pilas” y amenazó a Irán con represalias. Miller incluso deslizó la posibilidad de que Estados Unidos incorpore Groenlandia, al sostener que “para asegurar la región ártica, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.

Venezuela responde con un estado de conmoción exterior

Frente a la ofensiva estadounidense, el Gobierno venezolano activó un Estado de Conmoción Exterior, una figura constitucional inédita desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Nicolás Maduro —capturado horas antes— y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene rango de ley y regirá por 90 días, prorrogables por otros 90.

El texto ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales la búsqueda y captura de toda persona que promueva o apoye el ataque armado de Estados Unidos, con miras a su juzgamiento. Además, dispone la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado, sometiendo temporalmente a su personal al régimen militar.

El decreto habilita también la requisición de bienes para la defensa nacional, la suspensión del derecho a reunión y manifestación y la adopción de “cualquier otra medida necesaria para proteger al pueblo”, aunque mantiene formalmente las garantías a la vida, la libertad personal, el debido proceso y la prohibición de tortura.

Según explicó el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, el estado de conmoción exterior implica “la restricción de garantías constitucionales” y otorga al presidente “las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico y social”. Aunque el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional o la Justicia, Apitz subrayó que en Venezuela “no hay contrapesos” efectivos al Poder Ejecutivo.

Impacto político, económico e institucional

La escalada redefine el escenario regional. En términos institucionales, Estados Unidos avanza hacia una doctrina que relativiza la soberanía de otros Estados y el derecho internacional, pilares del orden construido tras la Segunda Guerra Mundial y de los tratados fundacionales de la ONU y la OTAN.

En el plano económico, la militarización de la industria petrolera venezolana y la concentración de poder en el Ejecutivo anticipan mayor incertidumbre para la producción, las inversiones y el comercio exterior. A nivel social, el decreto habilita un endurecimiento represivo con impacto directo sobre derechos civiles y políticos.

Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos utilizará su poder de forma más abierta y unilateral en defensa de sus intereses. Desde Caracas, la respuesta es el cierre del sistema político y la criminalización de cualquier apoyo interno a la ofensiva extranjera.

El choque de estrategias no solo define el futuro inmediato de Venezuela, sino que proyecta un cambio profundo en el equilibrio político del hemisferio occidental, con efectos que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura actual.

Compartí esta noticia !

China denunció ante la comunidad internacional la confiscación arbitraria de buques por parte de Estados Unidos

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un fuerte pronunciamiento contra la incautación de buques extranjeros por parte de Estados Unidos, al advertir que este tipo de acciones “constituyen una grave violación del derecho internacional”. La declaración se conoció luego de que la Guardia Costera estadounidense confiscara un petrolero el 20 de diciembre, en un operativo que Washington justificó bajo el argumento de que el buque integraba la denominada “flota en la sombra”.

El posicionamiento chino introduce un nuevo elemento de tensión diplomática e institucional en torno al régimen de sanciones unilaterales impulsado por Estados Unidos y reaviva el debate sobre soberanía, comercio internacional y legalidad de las medidas coercitivas en el sector energético y marítimo global.

Rechazo a las sanciones unilaterales y advertencia por violación del derecho internacional

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, se expresó en una rueda de prensa diaria en respuesta a consultas de los medios sobre la incautación del buque, ocurrida el 20 de diciembre, y cuestionó abiertamente el accionar de Washington.

China siempre se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, afirmó el vocero. En ese sentido, agregó que el país asiático también rechaza “cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, atente contra la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos de intimidación unilateral”.

Las declaraciones se produjeron luego de que un funcionario de la Casa Blanca afirmara que el petrolero pertenecía a la denominada “flota en la sombra”, según consignó la agencia Xinhua. Para China, este tipo de justificaciones no habilitan la confiscación de activos ni la retención de embarcaciones bajo el marco del derecho internacional vigente.

El eje Venezuela y la defensa de la cooperación energética soberana

En su exposición, Lin Jian hizo referencia directa a Venezuela, al sostener que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”. En la misma línea, añadió que China considera que la comunidad internacional “comprende y apoya la postura de Venezuela en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses”.

El pronunciamiento chino se inscribe en un contexto de creciente conflictividad en el Caribe, donde Estados Unidos intensificó operativos de interdicción marítima que derivaron en la confiscación de crudo venezolano y el abordaje de buques petroleros, afectando directamente al comercio energético.

Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro calificó estas acciones como “piratería de corsarios”, enmarcándolas en lo que definió como un despliegue militar agresivo. A través de un mensaje difundido por su canal oficial de Telegram, el mandatario denunció que se trata de una campaña sostenida de agresión contra el país.

Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”, expresó. Según el jefe de Estado, estos grupos actúan como “piratas contratados por un Estado imperial”, con prácticas orientadas históricamente al control del comercio y de los recursos venezolanos.

Impacto político y económico en el comercio energético y marítimo

Las declaraciones se producen luego del asalto de Estados Unidos a dos buques en cercanías de Venezuela, ejecutado por fuerzas militares. En esos operativos, el petróleo fue confiscado, las embarcaciones retenidas y las tripulaciones permanecen ilegalmente detenidas, según la denuncia venezolana.

En paralelo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que zarpó desde territorio venezolano un buque de la empresa estadounidense Chevron con destino a Estados Unidos, cargado con petróleo venezolano. La funcionaria precisó que la operación se realiza “con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”, dentro de los acuerdos vigentes y la legalidad nacional e internacional.

Este contraste expone una tensión estructural en el sistema de sanciones, con efectos directos sobre la seguridad jurídica del transporte marítimo, el comercio energético y la estabilidad de los flujos internacionales de petróleo. Al mismo tiempo, anticipa reacciones diplomáticas y políticas de países que cuestionan la legalidad de las incautaciones unilaterales y el uso de la fuerza en aguas internacionales.

Compartí esta noticia !

La necesidad de un nuevo esquema jurídico político para el mundo, la región y el país

Compartí esta noticia !

Muchos se preguntan sobre la utilidad del derecho internacional luego de producida la invasión rusa a Ucrania: “si Rusia puede hacer esto, ¿para qué sirven Naciones Unidas y todas esas instituciones internacionales?”.

Los hechos parecieran demostrar que el derecho internacional no existe o que es irrelevante, análisis que nace de una visión idealizada sobre el funcionamiento del derecho en la sociedad, una lectura falsa tanto del derecho nacional como del internacional.

El derecho internacional no es un elemento mágico que transforma la realidad, tampoco el derecho penal por sí solo elimina la criminalidad, ni el derecho tributario impide la evasión de impuestos.

En el caso de Ucrania, el derecho internacional sirve en primer lugar para saber que la invasión no es justificable (brinda certeza moral). En segundo lugar, brinda herramientas para imponer sanciones y, finalmente, permite coordinar y legitimar la imposición de esas sanciones.

El panorama internacional está cambiando. Putin decidió atacar y justificó esta decisión apelando a una interpretación amplia y errada del derecho a la legítima defensa (consagrado en el Artículo 51 de la Carta de la ONU) y de la protección contra el genocidio (Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio). De igual forma, justificó el reconocimiento de Lughansk y Donetsk como repúblicas a partir del principio de libre determinación de los pueblos, tal como lo establece la Carta de la ONU.

Hay un peligro de vaciamiento de los contenidos y principios jurídicos, que so pretexto de interpretaciones amplias y hasta antojadizas, generan la decadencia del sistema internacional, fenómeno que se traslada peligrosamente a los estados nacionales.

Este proceso comenzó el 11 de septiembre de 2001. Los pilares internacionales comenzaron a ser desmontados mediante la llamada “Guerra contra el Terrorismo” que justificó dejar de lado al Consejo de Seguridad de la ONU y usar interpretaciones amplias del derecho a la legítima defensa, como la teoría de la legítima defensa preventiva. La posterior expansión del nacionalismo agresivo de Donald Trump y sus imitadores, mostró el rechazo al consenso de que el orden jurídico internacional era algo deseable. Poniendo en crisis el corazón del sistema internacional.

Ahora cualquiera viola la Carta de la ONU y usa cínicamente los argumentos jurídicos humanitarios creados para justificar anteriores usos de la fuerza, y patea una de las últimas columnas del derecho internacional.

Comienza un abrupto proceso extremadamente rápido de redefinición de los pilares de un orden jurídico eficaz y válido, con verdaderas posibilidades de ser impuesto, respetado y cumplido, extraño fenómeno que debe cumplirse en las regiones y ordenamientos jurídicos nacionales, provinciales y municipales antes de sucumbir por ineficacia e ineficiencia. Los liderazgos se pondrán en crisis, o las cuestiones de hecho podrán en evidencia su inexistencia, finiquito o necesidad de reemplazo por consensos o renovaciones de dirigencia que puedan conducir el proceso de cambio.

El orden impuesto al mundo después de la segunda guerra mundial ha caído estrepitosamente, y los liderazgos aun los que presumen de democráticos, han ido cediendo espacio a concentraciones de poder que los nuevos derechos no aceptan o al menos los empiezan a poner en crisis. La hipocresía pone al mundo en un dilema porque algunos usan las normas del derecho internacional para criticar y sancionar a los demás, pero únicamente para legitimar sus propios ejercicios abusivos de la fuerza ya sea militar o aplicada a través de formas jurídicas irrevisables, por ausencia, inercia o deserción de los poderes constituidos.

La otrora ilicitud, los procedimientos violatorios del estado de derecho se han vuelto lícitos en apariencia, quebrando el estado ideal de convivencias a partir del derecho de gentes, en función de la paz y el desarrollo con igualdad de oportunidades.

El sistema de derechos humanos en América Latina, como de los derechos individuales en Europa, Rusia o China quedan inermes frente al vaciamiento de la asamblea de las Naciones Unidas y la inexistencia del Consejo de Seguridad, poniendo en crisis la importancia del derecho internacional, pues nos debería permitir debatir y rechazar las acciones violatoria de los derechos elementales con la misma certeza.

El cambio profundo de la arquitectura internacional que traerá este conflicto tardará en cristalizarse. Pero ya es posible ver algunos cambios profundos que se acelerarán. El primero es la revelación de que puede aislarse a Rusia del sistema económico. No hay duda de que la invasión a Ucrania cambia el cálculo jurídico y geopolítico en otras áreas del mundo, cuya estabilidad han dependido hasta el momento de la proyección de hegemonía militar de Estados Unidos, hoy a nuestro juicio en franca decadencia, por ello habría que prestar mucha atención a China.

Podemos afirmar que esta guerra es el evento con implicaciones jurídicas internacionales más importante de esta generación. El derecho internacional conserva así una importancia crucial en los conflictos extremamente politizados, pues, aun cuando la solución definitiva sea política, el derecho impone no sólo su negociación, sino también, en cierta medida, las condiciones de su realización.

Salvando las distancias, el cimbronazo que implica para estados nacionales y regiones no es menos importante. La globalización está también de mudanza, y los esquemas de poder monopólicos entrarán en discusión. Asimismo, el destinatario de los bienes que debe asegurar el estado de derecho como los derechos básicos y fundamentales, se deben recrear en un esquema de libertad, alternancia política, equidad económica. La pregunta es quiénes son los líderes que podrán gestionar ese cambio que requiere el mundo, antes de que la anarquía y el vale todo se imponga.

Una vez más el derecho es la salida, la sujeción a la ley y los valores, no como una cáscara. Los cambios producen miedo, pero son el reaseguro de recuperar la humanidad.

*Sergio Santiago, abogado. Estudio Jurídico Santiago y Asociados.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin