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Desaparición de expedientes: Consideran que el hecho es parte de un proceso de borramiento de la memoria

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Al menos 140 expedientes de indemnizaciones a víctimas de la dictadura desaparecieron de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El hecho ocurrió en diciembre en el edificio de 25 de Mayo 544, donde funciona la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, y fue denunciado diez días después por su titular Roxana Gargiulo.

La militante de Derechos Humanos, Amelia Báez explicó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación extravió expedientes de indemnizaciones de víctimas. Y solamente se enteraron del hecho luego que ANSES haya pedido a los damnificados que vuelvan a presentar las documentaciones.

La ex Subsecretaria de Derechos Humanos de Misiones y actual integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones habló con Economis sobre el extravío de expedientes de indemnizaciones a víctimas de la última dictadura cívico-militar.

Explicó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Claudio Avruj, extravió al menos 140 expedientes, entre ellos el de Amelia Báez. “Un organismo nacional debe tener todas las garantías para preservar la documentación de hechos que ocurrieron en el terrorismo de Estado”, sostuvo. “Nadie me ha llamado”, afirmó sobre las autoridades de la Secretaría.

Al menos 140 expedientes de indemnizaciones a víctimas de la dictadura desaparecieron de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El hecho ocurrió en diciembre en el edificio de 25 de Mayo 544, donde funciona la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, y fue denunciado diez días después por su titular Roxana Gargiulo.

Explicó que luego de la denuncia del extravió, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapiro, dijo que se contactarán con las personas damnificadas para “llevarles tranquilidad”. Sin embargo Báez comentó que nadie se comunico con los misioneros que sufrieron la pérdida de sus expedientes.

Empleados de la Secretaría tomaron conocimiento del faltante el 23 de diciembre ante  consultas de personas que reclamaban indemnizaciones. La denuncia recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que la delegó en el fiscal Ramiro González.

Báez, se enteró que el trámite que había comenzado hace un año y medio se había interrumpido y que tenía tres días para juntar la documentación. “Me llamaron de la Anses y de inmediato nos pusimos en contacto con otros damnificados. Rápidamente encontramos otros doce casos”, contó.

Planteó que se pudo lograr presentar la documental pedida por ANSES, de los misioneros. Sin embargo lamento que este hecho muestre la desidia del Gobierno Nacional en cuanto a su política de Derechos Humanos y preservación de la historia y la memoria del país.

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Piden apartar a un juez correntino por no investigar una red de trata que explotaba a chicas posadeñas

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El fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaefer, y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo solicitaron en una presentación realizada ante la Cámara Federal de Apelaciones el apartamiento del juez Carlos Soto Dávila, en el marco de una causa de trata de personas con fines de explotación sexual.

Ambos hicieron hincapié en la existencia de otra causa iniciada en 2011, cuya hipótesis inicial resultaba idéntica al objeto de investigación del expediente que tramita en la actualidad. Es decir que en esa primera causa ya se había puesto en conocimiento del Juez que las personas actualmente procesadas realizaban maniobras en infracción a la ley de trata de personas y, pese a ello, el magistrado no efectuó las medidas de investigación que el caso requería. Sin embargo, de la constancia judicial que intentó explicar aquél largo párate de la investigación hizo referencia a que el problema de aquella demora fue el “cúmulo de tareas” que no permitió un tratamiento “con prelación”. De esta manera,  los representantes del MPF resaltaron que entre ambas causas existió  “un salto temporal en el trámite del proceso judicial”, y que la inacción del magistrado en el 2011 permitió a los imputados continuar desarrollando las actividades ilícitas durante tres años y varios meses.

Asimismo cuestionaron el accionar del magistrado, quien al momento de dictar auto de procesamiento no tuvo en cuenta una cantidad de pruebas y medidas que habían sido solicitadas y que “podrían haber impedido el accionar de los imputados”.

La banda está acusada de explotar sexualmente a mujeres misioneras a través del ofrecimiento de “prostitutas vip” a turistas, en su mayoría de origen brasilero, hospedados en hoteles y/o cabañas  ubicadas en la localidad correntina de Ita Ibaté. Además, se ocuparían de coordinar el traslado de ida y vuelta de las mujeres con los dueños y encargados de esos lugares de acuerdo a la “demanda” por parte de los viajeros.

Los representantes del MPF cuestionaron el accionar del juez por haber dejado en libertad a tres de los cuatro acusados de ser partícipes secundarios de la red luego de haberles dictado su procesamiento, el pasado 24 de octubre de 2016. Para los fiscales, esas tres personas también ocuparon un rol determinante en la conducta delictiva desplegada, por lo que también deberían ser consideradas coautoras del delito investigado y no partícipes secundarios como lo sostuvo el magistrado interviniente en la causa.  Bajo esta lógica, los Fiscales Schafer y Colombo sostuvieron en su escrito que: “el juez instructor no ha efectuado una mínima valoración de los elementos de la causa y las argumentación está basada en expresiones meramente dogmáticas sin sustento  fáctico ni jurídico”.

El caso y las acusaciones

La causa se inició en 2015, a raíz de la presentación realizada por el Jefe de Prefectura de la localidad correntina de Ita Ibaté, quien habría tomado conocimiento que en dichos lugares se estarían desarrollando actividades vinculadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

A través de la investigación, se pudo establecer que la red “trabajaría” mayoritariamente con grupos de turistas de origen brasilero y que llevaría el control sobre, aproximadamente, 20 mujeres, provenientes de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. El valor de los pases rondaría los 200 dólares y las facilitadoras de la actividad cobrarían un porcentaje a las víctimas para llevar a cabo las coordinaciones con los dueños de los respectivos hoteles y cabañas denominadas “Jardín del Paraná” y “Cabañas de Sapito”.

Una de las encargadas sería quien coordinaría con dueños y encargados de los hoteles la cantidad de mujeres solicitadas por los contingentes de turistas. Además, coordinaría los grupos,  supervisaría el “servicio ofrecido”, le pagaría a los choferes y a las víctimas y trabajaría por su cuenta ofreciendo un “grupo selecto de mujeres vip”.  Paralelamente, coordinaría dicha información con la otra encargada que, por su parte, contrataría taxis y remises para efectuar el traslado de las víctimas. Una vez concretado el denominado “pase”, las trasladarían hasta la ciudad de Posadas nuevamente.

Allanamientos

Como resultado de la investigación, en septiembre de 2016, el fiscal federal Flavio Adrián Ferrini, con la colaboración de la Protex, solicitó una serie de allanamientos en dos domicilios particulares, en el Hotel Jardín del Paraná,  y la cabaña Sapito, donde se rescataron a once mujeres provenientes de Posadas.

Además, fueron detenidos los cuatro acusados: el dueño del hotel denominado “Jardín del Paraná”, el encargado de la cabaña “Sapito” y dos mujeres encargadas  del traslado de las víctimas.

A su vez, se secuestró en ambos alojamientos documentación vinculada a las actuaciones así como preservativos tirados en el suelo y aparatos de telefonía celular.

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