Detenciones y ajuste: la ONU compara a la Argentina de Milei con Burkina Faso y Congo

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Las recientes detenciones de personas que se manifestaron frente al Palacio legislativo durante el tratamiento de la Ley Bases despertaron fuertes críticas ya no solo locales, sino también internacionales contra el Gobierno nacional. Mientras que Amnistía Internacional se prepara para denunciar en los organismos multilaterales a la administración de Javier Milei, un alto funcionario de la ONU comparó a la Argentina con países que registran graves violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno nacional llevó a cabo 33 detenciones de personas que se manifestaron el 12 de junio frente al Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases. De esos 33, hasta el momento sólo quedan cinco personas detenidas. Ayer la jueza federal María Romilda Servini ordenó a excarcelación por “falta de mérito” de otros 11 detenidos que se sumaron a las liberaciones durante el fin de semana.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk , criticó las políticas que está desarrollando el gobierno de Milei en ese campo. No es la primera vez ya que en enero pasado, en el marco de las primeras protestas contra el DNU 70/2023 y la Ley Bases, ya había alertado sobre la situación en Argentina.

Durante su discurso en la 56° sesión del organismo, el funcionario de origen austríaco aseguró que “las recientes medidas propuestas y adoptadas” en Argentina corren el riesgo de “socavar la protección de los derechos humanos”. 

“Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030″, enumeró  Türk en la segunda de las tres asambleas que la ONU hará en 2024.

Türk incluyó la situación de la Argentina cuando se refirió a países que atraviesan conflictos violentos como Líbano, Israel, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Mali, Níger o Haití. El funcionario le pidió a las autoridades argentinas que “coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación política” para “construir una sociedad más cohesiva e inclusiva”. 

 “Esto también significa pleno respeto del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión”, agregó en referencia a los detenidos por las protestas llevadas a cabo en el Congreso Nacional.

Desde el organismo internacional ya habían advertido sobre las políticas de Seguridad del gobierno argentino. Tras la puesta en marcha del protocolo elaborado por Patricia Bullrich, Naciones Unidas advirtió que “las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica”

El mensaje fue emitido en ese momento por el diplomático y jurista Clément Nyaletsossi Voule, que se desempeña como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación desde 2018. 

En enero, la oficina para América del Sur del ACNUDH estuvo de visita en el país. Sus representantes mantuvieron una tensa reunión con la canciller Diana Mondino, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños y la propia Bullrich. Pocos días más tarde los relatores del organismo relevaron el protocolo de la ministra de Seguridad y lo cuestionaron a viva voz. 

El Alto Comisionado de la ONU, desde su oficina regional, también pidió participar del debate en Diputados sobre la primera versión de la Ley Bases. Entre sus preocupaciones estaba el capítulo que había redactado Bullrich referido al endurecimiento de las leyes penales. En ese momento, el organismo advirtió que la iniciativa podría ser “una forma de convalidar ejecuciones extrajudiciales”. Finalmente, dicho capítulo fue removido de la Ley Bases. 

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Misiones avanza en la formación en Derechos Humanos en la Era Digital

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En un esfuerzo por liderar la aplicación práctica de los Derechos Humanos en la era digital, la provincia presentó un innovador curso de capacitación y perfeccionamiento docente centrado en la educación, las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, y los Derechos Humanos de Cuarta Generación.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por la diputada provincial Adriana Bezus, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos, Municipales y de Juicio Político del Parlamento Misionero, y por la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre.

Bezus destacó la relevancia de esta iniciativa y subrayó la importancia de comprender los Derechos Humanos en todas sus generaciones. “Sabemos que los Derechos Humanos de primera generación son aquellos derechos civiles y políticos, también tenemos los económicos y sociales, que serían los de segunda generación. Los de tercera generación tienen que ver con la paz y el cuidado del ambiente”, señaló.

Bezus también enfatizó el papel fundamental de los docentes en la promoción de la inclusión digital y el acceso a las tecnologías: “Los docentes de los distintos niveles de nuestra provincia son fundamentales como facilitadores y como nexo para que cada uno de nuestros alumnos y alumnas tengan la posibilidad de acceder a estas herramientas que posibilitan la innovación y la tecnología”.

Por su parte, la ministra Karina Aguirre agradeció el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Carlos Rovira, y subrayó la visión estratégica de Misiones en materia de Derechos Humanos y tecnología. “En la provincia de Misiones siempre hemos venido sumando más y más derechos, sobre todo para darle la oportunidad a más misioneros y misioneras de tener una verdadera igualdad”, enfatizó.

Aguirre destacó la importancia de la tecnología en la actualidad y la necesidad de proteger los derechos en la era digital. “Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, es decir, necesitamos herramientas porque la tecnología va avanzando y nosotros como personas también tenemos que tener la protección de esos derechos fundamentales que hoy no podemos decir que son necesarios, podemos decir que son indispensables para el desarrollo”, declaró.

En el transcurso de la jornada tuvieron lugar diferentes paneles en los que se abordaron aspectos de la capacitación en Derechos Humanos en la Era Digital.

El primer panel, bajo el tema “La Educación en la Formación de la Ciudadanía y Convivencia Digitales”, contó con la participación de expertos, incluyendo a Paula Franco de Silicon Misiones, y la directora de la Escuela de Robótica, Solange Schelske, quienes exploraron la importancia de la educación en la era digital y su influencia en la convivencia ciudadana en un mundo cada vez más interconectado.

El segundo panel, titulado “Presentación del Curso (Descripción y contenido)”, estuvo a cargo del subsecretario de Desarrollo y Seguimiento Normativo, Roque Melgarejo, y la doctora Clara Melgarejo, quienes detallaron el contenido y los objetivos del curso de capacitación, enfocándose en cómo este programa contribuirá a fortalecer el entendimiento de los Derechos Humanos en la Cuarta Generación y su aplicación en la sociedad actual.

Estos paneles proporcionaron una visión integral de la capacitación que los docentes de Misiones recibirán en su búsqueda de promover la inclusión digital y la protección de los derechos en un mundo digitalizado en constante evolución.

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Misiones invierte casi cinco mil millones en prevención de adicciones y fortalecimiento de derechos

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De acuerdo con el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Financiero 2024, el Ministerio de Prevención de Adicciones recibiría 2.993.088.000 pesos, que representarían un 142 por ciento de aumento respecto del presupuesto de este año.

El ministro de esa área, Samuel López, manifestó que, como Estado, quieren “dar respuesta en todas las modalidades terapéuticas, en materia de consumo problemático y adicciones, en forma conjunta y articulada con el área de Salud Mental” y afirmó que tienen el desafío de “seguir fortaleciendo los espacios de atención, tratar de generar mayor capacidad instalada en los municipios, para la prevención y asistencia”.

En tanto, la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, precisó que ese organismo tendrá “un  incremento de casi un 115 por ciento” en el presupuesto para el año próximo, que alcanzaría los 2.010.838.000 pesos.

Dijo que los ejes de trabajo serán “afianzar lo que se viene haciendo hasta ahora, que tiene que ver con la justicia social, igualar oportunidades, discapacidades, inclusión, personas mayores, todas las vulnerabilidades;  mantener viva la memoria, porque todos los derechos tienen que ser protegidos; y llegar a las escuelas y los jóvenes, que son los que más tienen que conocer sobre lo que fue nuestra historia y la necesidad de luchar día a día por nuestros derechos”.

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“Caminos de Tiza”, el proyecto educativo que se desarrolla en Misiones fue premiado por DDHH de la ONU

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El educador uruguayo Julio Pereyra Sánchez, que realiza tarea docente en Misiones, resultó uno de los ganadores del premio de Derechos Humanos que la ONU concedió también al grupo bielorruso Viasna, la activista congoleña Julienne Lusenge y la campaña mundial por el derecho a un “medio ambiente sano”.

“La dedicación de los galardonados atestigua la naturaleza universal de los derechos humanos en un momento crítico”, declaró Csaba Korosi, presidente de la Asamblea General de la ONU, que dirige el comité encargado de seleccionar a los galardonados.

“El premio envía un mensaje claro a los defensores de los derechos humanos de todo el mundo: la comunidad internacional reconoce y apoya sus esfuerzos por promover los derechos humanos para todos”, añadió.

Pereyra Sánchez es un activista centrado en los derechos de los niños, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

“Como persona con autismo, es educador comunitario en Misiones, Argentina”, destacó en su sitio la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Los ganadores de 2023 incluyen además a Viasna, principal colectivo de derechos humanos de Bielorrusia; Lusenge, activista de los derechos de la mujer en la República Democrática del Congo; y al Centro de Estudios de Derechos Humanos de Amán, Jordania, consignó la agencia de noticias AFP.

El premio también recayó en la Coalición Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Medioambiente Limpio, Saludable y Sostenible, principio que fue aceptado como tal por la Asamblea General de la ONU en julio de 2022.

“En un momento en que el espacio cívico está amenazado en todo el mundo, la concesión del premio de Derechos Humanos de la ONU a la campaña por el reconocimiento universal del derecho a un medioambiente sano es una prueba del poder del esfuerzo colectivo y de la importancia de la sociedad civil para lograr un futuro más justo y más verde”, ponderó Elaine Geyer-Allély, de WWF-International, miembro de la coalición.

Creado por la Asamblea General de la ONU en 1966, este premio de Derechos Humanos, que se concede cada cinco años, ha distinguido en el pasado a Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Jimmy Carter, Eleanor Roosevelt y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

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El STJ y Derechos Humanos de la Nación fortalecen la implementación de procesos orales en causas civiles y comerciales

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, mantuvieron una reunión en la que analizaron el financiamiento destinado por el Poder Ejecutivo Nacional al Poder Judicial misionero para la efectiva implementación de la oralidad en procesos civiles, comerciales y penales.

Además de acordar capacitaciones y apoyo a programas específicos, analizaron la tecnología que necesita incorporar el Poder Judicial misionero para dotar a los nuevos juzgados de Montecarlo, Apóstoles y San Pedro con el equipamiento y la conectividad que exige el sistema oral.

El ministro de Justicia y DDHH, Martin Soria, mantuvo un encuentro con la presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Misiones, Rossana Pia Venchiarrutti, en la que repasaron el apoyo del Ministerio a la provincia y la implementación de los distintos programas en territorio provincial.

Durante el encuentro, Soria y Venchiarutti analizaron los programas de fortalecimiento e implementación de los procesos orales de los fueros Civil y Comercial de la Provincia de Misiones que llevó adelante la provincia con apoyo del Ministerio de Justicia. La implementación de la oralidad en los procesos judiciales permite reducir los plazos de tramitación de las causas, aumentar la calidad del servicio prestado en las jurisdicciones concentrando el desarrollo del proceso a través de audiencias orales para dar una respuesta rápida y satisfactoria desde la justicia civil a todos y todas las ciudadanas.

Particularmente, se analizó la tecnología que necesita incorporar el Poder Judicial misionero para dotar a los nuevos juzgados de Montecarlo, Apóstoles y San Pedro, y a sus nuevas salas de audiencia, con la conectividad y equipamiento necesario para cumplir los requisitos procesales que exige el sistema oral. Entre otras cosas, es necesario cámaras, computadoras y fuentes de almacenamiento que permitan un soporte digital y la publicidad necesaria para llevar a cabo las audiencias.

Al respecto, la presidente del TSJ destacó el financiamiento del Gobierno Nacional que permitió acondicionar el 50% de las nuevas salas de audiencias. “La creación de la Quinta Circunscripción Judicial en la provincia creó más juzgados y permitió ampliar el alcance territorial del Poder Judicial de la provincia. A partir de ello comenzamos el recorrido para lograr acondicionar todas las nuevas instalaciones judiciales, a través de financiamiento provincial y del Ministerio de Justicia de la Nación ya logramos equipar gran parte de las nuevas salas de audiencia. El apoyo del Ministro Soria nos permitirá avanzar y terminar de acondicionar las salas de audiencias que permitirán agilizar los tiempos y la respuesta judicial en las causas que tramitan en el fuero civil y comercial”.

Por su parte, el ministro Soria afirmó: “La implementación de la oralidad en procesos civiles y comerciales permite agilizar los tiempos procesales, logrando que los y las ciudadanas reciban una respuesta por parte de la justicia en tiempo y forma. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación apoyamos y continuaremos apoyando a las provincias en la transformación que significa el paso a un sistema marcado por la oralidad, ya que esto se traduce en mayor acceso a la justicia”.

Durante la audiencia, Venchiarutti destacó el programa “Jueces en la Escuela”, dicho programa -que ya alcanzó a 105 escuelas y 9000 alumnos de los últimos años de la escuela secundaria- promueve que jueces y juezas misioneros concurran a las escuelas provinciales para enseñar a los chicos y chicas de 16 y 17 años sobre la independencia de poderes y el tratamiento de temáticas tales como: acoso y abuso sexual, grooming, ciberdelito, acceso a la justicia, violencia de género y derechos y obligaciones de niños, niñas y adolescentes, entre otros.

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