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Congreso internacional COPAJU Paraguay-Argentina: “Respetar, proteger y garantizar los DESCA”

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Los capítulos Paraguay y Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) llevarán adelante este 17 y 18 de octubre el congreso internacional “Respetar, proteger y garantizar los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales”.

La actividad, que reunirá a magistradas y magistrados de distintos países, tendrá lugar en la unidad pedagógica que la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción posee en la localidad de San Ignacio Guazú, en el departamento de Misiones, a 225 kilómetros de la capital de Paraguay.

Junto a las expositoras y expositores que irán tomando la palabra, el encuentro contará además con las conferencias magistrales que brindarán el juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, en la primera jornada; y el profesor emérito Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los directores del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), como cierre del evento.

Apertura 

El viernes 17, las palabras de bienvenida estarán a cargo de María Esperanza del Puerto Benítez, directora general de la Unidad Pedagógica San Ignacio de la Universidad Católica; del nuncio apostólico Vicenzo Turturro; el Dr. Gallardo; la senadora Lilian Samaniego, coordinadora del Capítulo Paraguay de COPAJU; el juez César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina; y Delio Vera Navarro, presidente del Capítulo Paraguay. 

César Manuel Diesel Junghanns, presidente de la Corte Suprema de Justicia paraguaya, dará apertura al encuentro, cuya moderación y coordinación quedaráN en manos del Dr. Camilo Javier Cantero, integrante del Capítulo Paraguay.

El programa

La primera de las mesas presentará a Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quien expondrá sobre el “Desafío de la Justicia Penal en relación a los Derechos Sociales”; al asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno, secretario de COPAJU y vocal de su Capítulo Argentina, que se ocupará de “La exigibilidad de los derechos sociales en los adolescentes”; y a Genoveva Ferrero, vocal titular de la Asociación Civil Instituto Fray Bartolomé de las Casas y secretaria general de Administración y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la disertación “Estado, discapacidad y derechos sociales”.

La jornada inicial concluirá con una segunda mesa integrada por María Elodia Almirón, representante de los jueces, que reflexionará en torno a “Las garantías constitucionales en el estado social de derecho”; Sonia Sanguinés, en representación del Ministerio Público, cuya intervención estará dedicada a “La defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de los derechos sociales”; José Félix Fernández Bilbao, por parte de la Defensa Pública, quien expondrá acerca del “Derecho ambiental en el Paraguay desde el punto de vista constitucional”; y Joy Lobrano, jueza de apelaciones del Cuarto Circuito de Luisiana y presidenta del Capítulo Estados Unidos de COPAJU, con una disertación sobre “Trata de personas: enfoque integral de prevención, protección y justicia”.

Por su parte, Lucas Ciarniello Ibáñez, secretario académico del IFBC, presentará los ejes de la propuesta del Instituto, tanto en materia de formación como de investigación.

Ya el sábado 18, la tercera mesa estará compuesta por el Dr. Jiménez, que expondrá sobre “La violencia infantil y los derechos sociales en la región”; Manuel Ramírez Candía, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quien se ocupará de “La administración de justicia bajo la mirada de la doctrina social”; y el también ministro de la Corte y superintendente de la Circunscripción Judicial de Misiones, Víctor Ríos Ojeda, con la disertación “El concepto de dignidad humana en la Constitución paraguaya”.

Descargar programa

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La Justicia ordenó al Gobierno nacional restituir pensiones por invalidez dadas de baja en Misiones

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La Justicia falló a favor del planteo hecho por la Provincia en defensa de los derechos cercenados con la eliminación arbitraria de pensiones por invalidez por parte del Gobierno nacional: la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, resolvió que el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deben restituir en un plazo de 48 horas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas de manera arbitraria a cuatro misioneros. La notificación al Estado Nacional y a la ANDIS se concretó el 17 de septiembre, con lo cual el plazo comenzó a correr formalmente desde esa fecha.

El caso fue promovido por Emilio Mauro (Apóstoles), Wilson Toniolo (Candelaria), Marcos Javier Pereira Duarte (Garupá) y Claudia Belén Romero (San José), quienes iniciaron una acción de amparo patrocinados por el abogado Luis Adrián Oudin, con el acompañamiento del Consejo Provincial de Discapacidad.

La jueza Carbone calificó la baja de las pensiones como un acto “arbitrario y violatorio de garantías constitucionales básicas”, al no existir resolución administrativa, notificación previa ni derecho de defensa. En consecuencia, ordenó: La restitución inmediata de los pagos interrumpidos y la prohibición de nuevas suspensiones mientras dure el proceso judicial. Además, advirtió con la aplicación de multas en caso de incumplimiento por parte del Estado.

El fallo se ampara en la ley 26.854, que faculta a los jueces a dictar medidas cautelares urgentes en favor de sectores vulnerables cuando se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria o sanitaria.

Carbone remarcó que las pensiones por invalidez tienen carácter alimentario, por lo que su interrupción afecta directamente derechos reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados internacionales de jerarquía constitucional.

En su resolución, citó expresamente el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, que prohíbe retrocesos en beneficios ya adquiridos. También se apoyó en las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, reforzando la necesidad de una tutela judicial efectiva e inmediata.

Respaldo institucional de Misiones

El vicegobernador Lucas Romero Spinelli destacó el valor del fallo como precedente nacional: “No se trata de un tecnicismo judicial, hablamos de alimentos, de medicamentos, de techo y de vida digna. Con esta sentencia se devuelve tranquilidad a cuatro familias misioneras y se marca un límite claro: ningún gobierno puede atropellar derechos adquiridos sin consecuencias”, señaló en una rueda de prensa.

Spinelli estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, y el abogado Oudin, en un gesto de respaldo institucional. El vicegobernador remarcó que Misiones “no concibe un Estado que abandone a los más vulnerables, sino uno que acompañe y proteja”.

La medida judicial se suma a la acción de amparo colectivo presentada por la Fiscalía de Estado de Misiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras detectar cientos de bajas arbitrarias en los municipios desde abril, como resultado de auditorías de la ANDIS cuestionadas por la provincia.

El fallo no solo restituye las pensiones de cuatro personas, sino que sienta un precedente clave para cientos de beneficiarios en Misiones y en otras provincias que atraviesan situaciones similares.

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