despachantes de aduana

ARCA extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para acreditar solvencia de operadores aduaneros

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió extender de manera excepcional la vigencia de la solvencia económica acreditada mediante garantías de actuación para los operadores de comercio exterior inscriptos en los Registros Especiales Aduaneros. La medida, oficializada a través de la Resolución General 5881/2026, busca evitar que la prórroga otorgada para la presentación de declaraciones juradas impositivas termine generando inconvenientes administrativos que afecten la continuidad de las operaciones de importación y exportación.

La decisión establece que las garantías de actuación mantendrán su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026, otorgando un margen adicional para que despachantes de aduana, importadores, exportadores y demás operadores regularicen la documentación requerida sin poner en riesgo su habilitación dentro del sistema aduanero.

La medida responde directamente a la reciente extensión de los plazos para presentar las declaraciones juradas y, en su caso, abonar los saldos de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025. Dado que la acreditación de la solvencia económica depende de esa información tributaria y constituye uno de los requisitos para permanecer habilitado en los Registros Especiales Aduaneros, ARCA entendió necesario sincronizar ambos calendarios.

En la práctica, la resolución evita que empresas y operadores enfrenten una situación paradójica: quedar temporalmente impedidos de operar por no haber renovado una garantía cuya evaluación depende de documentación tributaria cuyo vencimiento también fue prorrogado por el propio organismo.

El sistema de Registros Especiales Aduaneros constituye uno de los pilares del comercio exterior argentino. Allí se encuentran inscriptos los sujetos habilitados para intervenir en operaciones aduaneras y su permanencia exige demostrar periódicamente solvencia económica, requisito que puede acreditarse mediante determinados indicadores patrimoniales o, en su defecto, a través de garantías de actuación.

Con esta prórroga excepcional, ARCA preserva la continuidad operativa del sistema mientras se completan los procesos de actualización fiscal. La medida también reduce el riesgo de interrupciones logísticas, evita costos administrativos innecesarios y brinda previsibilidad a un sector que depende de la continuidad de sus habilitaciones para cumplir contratos internacionales y sostener el flujo del comercio exterior.

Para las empresas exportadoras e importadoras, especialmente las pequeñas y medianas firmas que operan con estructuras administrativas más reducidas, la decisión representa un alivio operativo. La renovación de garantías suele implicar trámites con entidades financieras, aseguradoras o sociedades de garantía recíproca, además de la presentación de documentación contable y tributaria, procesos que ahora contarán con un plazo más amplio para completarse.

La resolución forma parte de una serie de adecuaciones normativas impulsadas por ARCA para armonizar los tiempos administrativos con las obligaciones fiscales y evitar que cuestiones meramente procedimentales afecten la actividad económica. En un contexto donde el Gobierno busca agilizar el comercio exterior y reducir cargas burocráticas, la coordinación entre los distintos vencimientos aparece como una herramienta para otorgar mayor previsibilidad a los operadores y mantener la fluidez de las operaciones aduaneras.

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ARCA digitalizó un trámite clave para importaciones del Mercosur

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un nuevo paso en la digitalización de los procedimientos vinculados al comercio exterior al habilitar la utilización del Certificado de Origen Digital (COD) para gestionar la liberación de garantías aduaneras que hasta ahora requerían la presentación de documentación en papel.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5880/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a simplificar uno de los trámites más frecuentes para importadores y despachantes de aduana que operan bajo los acuerdos comerciales del Mercosur.

Hasta la entrada en vigencia de esta resolución, quienes necesitaban levantar una garantía constituida por la falta del Certificado de Origen Mercosur debían presentar obligatoriamente el documento físico, aun cuando el certificado ya existiera en formato digital. Con la nueva normativa, ese requisito queda eliminado y todo el procedimiento podrá realizarse de manera electrónica.

El cambio alcanza específicamente a las garantías identificadas como “Falta de Certificado de Origen Mercosur” (FCEO) y a las multas automáticas asociadas (MUAU), que podrán liberarse mediante el trámite “Presentación Certificado de Origen Digital” disponible en el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).

Para iniciar el trámite, el importador o el despachante deberá informar el identificador de la destinación aduanera, los ítems correspondientes y el número del Certificado de Origen Digital aplicable. Posteriormente, el servicio aduanero verificará que el certificado cumpla con los requisitos previstos en el régimen de origen del acuerdo comercial correspondiente antes de aprobar o rechazar la solicitud.

El resultado de esa evaluación será comunicado de manera electrónica a través del Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA), eliminando instancias presenciales y reduciendo tiempos administrativos.

Menos burocracia para el comercio exterior

La decisión se inscribe en el proceso de modernización que ARCA viene impulsando para digitalizar los procedimientos aduaneros y reducir costos operativos para empresas y operadores logísticos.

El Certificado de Origen Digital ya posee plena validez jurídica en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de acuerdo con la Resolución 386 del Comité de Representantes, que equiparó su valor legal al de los certificados emitidos en soporte papel.

Sin embargo, algunos procedimientos administrativos todavía exigían la presentación física del documento para determinadas gestiones posteriores al despacho. Con esta modificación, el organismo elimina una de esas excepciones y permite que la gestión sea completamente electrónica.

Para las empresas que realizan operaciones frecuentes con países del Mercosur, la medida representa una reducción de tiempos administrativos y de costos asociados a la gestión documental.

También disminuye el riesgo de demoras vinculadas al traslado de documentación física y facilita la liberación de garantías que, en muchos casos, permanecían inmovilizadas hasta la presentación formal del certificado en papel.

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Aduanas redefine la clasificación de diez productos y aporta mayor previsibilidad al comercio exterior

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La Dirección General de Aduanas avanzó con una nueva actualización de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), incorporando criterios de clasificación para diez mercaderías que abarcan desde insumos industriales y productos químicos hasta maquinaria, artículos plásticos y componentes textiles. Aunque se trata de una medida de carácter técnico, su impacto alcanza directamente a importadores, exportadores, despachantes y sectores productivos que dependen de una correcta determinación arancelaria para planificar costos y operaciones.

La Resolución General 5857/2026 oficializó los criterios de clasificación 16/26 al 25/26, emitidos tras consultas específicas realizadas por operadores económicos. El objetivo es establecer con precisión la posición arancelaria de cada producto dentro de la Nomenclatura Común del Mercosur, una definición que determina derechos de importación, eventuales beneficios tributarios, requisitos regulatorios y controles aduaneros.

Para el sector privado, la relevancia de estas decisiones radica en que una clasificación incorrecta puede derivar en ajustes fiscales, multas, demoras logísticas o controversias con la autoridad aduanera. La resolución aporta seguridad jurídica al fijar criterios oficiales que luego sirven como referencia para futuras operaciones similares.

Entre los productos clasificados aparecen insumos vinculados a la industria manufacturera, la construcción, la química especializada y la maquinaria agrícola.

Uno de los casos de mayor relevancia industrial corresponde a una tela cauchutada de alta resistencia utilizada en aplicaciones técnicas, que fue ubicada en la posición arancelaria 5906.99.00. También se clasificó una zeolita sintética tipo chabasita —utilizada en procesos químicos e industriales— dentro de la partida 2842.10.90.

La resolución incorpora además la clasificación de una cortadora de césped autopropulsada profesional de 23 HP, destinada al mantenimiento de grandes superficies, que fue encuadrada en la posición 8433.11.00 correspondiente a maquinaria para corte de césped.

Desde el punto de vista productivo, este tipo de definiciones resulta especialmente relevante para fabricantes, importadores y distribuidores de equipamiento, ya que permite conocer con anticipación el tratamiento aduanero aplicable.

Impacto para la industria, la logística y los importadores

La actualización también alcanza productos de uso masivo y componentes utilizados en procesos industriales.

Entre ellos figuran:

  • Contenedores plásticos de uso doméstico clasificados en la posición 3924.90.00.
  • Cintas textiles utilizadas en la confección de lencería clasificadas en la posición 6307.90.90.
  • Componentes para sistemas de cierre tipo velcro destinados a pañales descartables ubicados en la posición 3926.90.90.
  • Anteojos de sol sin montura clasificados en la posición 9004.10.00.
  • Instrumentos de trazado utilizados en construcción incluidos en la posición 9017.20.00.

Cada una de estas definiciones repercute sobre cadenas de abastecimiento que dependen de insumos importados o de exportaciones con valor agregado.

Una posición arancelaria correcta permite calcular costos reales de importación, evaluar oportunidades de exportación y evitar contingencias fiscales posteriores. También mejora la previsibilidad para inversiones en equipamiento o incorporación de nuevas tecnologías.

En un contexto donde la competitividad depende cada vez más de la eficiencia logística y del acceso a mercados internacionales, las resoluciones de clasificación funcionan como una herramienta de ordenamiento técnico que reduce incertidumbre para los operadores.

La publicación de estos criterios confirma una tendencia creciente hacia una mayor precisión técnica en la administración aduanera. Para las empresas, el desafío no pasa únicamente por conocer las alícuotas que pagan sus productos, sino por verificar que la clasificación utilizada en cada operación coincida con los criterios oficiales vigentes. En un escenario de creciente apertura comercial, la gestión aduanera se convierte en una variable estratégica tan importante como el costo financiero o la logística internacional.

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