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Macri convoca a sesiones extraordinarias para tratar los cambios en la ART

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El presidente de la Comisión de Trámite Legislativo, Marcos Cleri (Frente para la VIctora-PJ), ratificó hoy la reunión prevista para mañana en la que se tratará el DNU emitido por el presidente Mauricio Macri sobre cambios en el régimen de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) pese a la convocatoria a sesiones extraordinarias decidida por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el decreto con el llamado a sesiones extraordinarias que se firmará en las próximas horas para que la Cámara de Diputados aborde el tratamiento de la media sanción aprobada en noviembre por el Senado, le quita fuerza a la reunión de la comisión en la que opositores planeaban imponer su número para rechazar el DNU.

Líderes sindicales y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) habían sido invitados a participar del debate en la comisión bicameral, junto a abogados laboralistas y diputados nacionales de diferentes bancadas.

Cleri confirmó hoy la reunión y declaró que tiene la “sensación” de que “está la posibilidad de rechazar en comisión” el DNU sobre ART, medida que cuestionó por considerar que el Gobierno busca “deslegitimar la labor legislativa” con ese tipo de herramientas.

El diputado del Frente para la Victoria respondió así a versiones periodísticas que indicaban esta mañana que al menos tres senadores del FPV-PJ, Juan Manuel Abal Medina, Mario Pais y Graciela de la Rosa, se abstendrían de votar en rechazo al DNU, con lo que beneficiarían al oficialismo.

Fuentes cercanas a los senadores dijeron hoy a Télam que la discusión está abierta y “no está el voto decidido aún”, pese a que durante el fin de semana el propio Pais había dicho que votaría contra la medida.

“Está la posibilidad de rechazarlo, esperemos que así suceda”, señaló hoy Cleri, quien dejó así al descubierto el debate y las discrepancias en el seno del FPV sobre la cuestión de las ART.

“El decreto perjudica a los trabajadores y a las pymes y aumenta la litigiosidad”, advirtió Cleri.

Pais por su parte, recordó el pasado domingo que fue él quien en el Senado trabajó e impulsó la media sanción del proyecto de Ley sobre el nuevo régimen de ART y afirmó que “plantea todo lo contrario al decreto, que es la posibilidad de que el trabajador tenga como recurso a la justicia para reclamar por sus derechos”.

El 21 de diciembre de 2016, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley de ART que contó con un amplio acuerdo del que participaron el Gobierno, la CGT, diversos sectores sindicales y sectores políticos.

“Más allá de no coincidir en el contenido, el DNU es inconstitucional porque avanza sobre potestades legislativas y se trata de un retroceso, ya que se piensa en las empresas y no en los obreros”, expresó.

Con matices, los opositores sostienen que el dictado del mismo es “inconstitucional” y que “no existía ninguna necesidad ni urgencia para hacerlo en enero, cuando el Congreso no funciona”, porque, eventualmente, “podrían haber llamado a sesiones extraordinarias”.

Con este panorama, y luego de una reunión entre el presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, el titular del FPV-PJ del Senado, Miguel Pichetto y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se decidió pedirle al Poder Ejecutivo que llame a Extraordinarias para evitar el revés en al comisión.

Una vez habilitado el funcionamiento del Congreso, la Cámara de Diputados se abocará al tratamiento en comisión del proyecto, posiblemente la próxima semana.

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Vorágine

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El gobierno de Mauricio Macri entró al año político en medio de una vorágine que genera un enorme desconcierto. El manual indicaba que después de un año de ajuste, inflación y aumentos tarifarios, iba a haber algún tipo de concesiones para los más afectados por el nuevo modelo. Sin embargo, el Presidente sigue con el mismo libreto “poco simpático”. Ya se anunció un nuevo aumento de tarifas y la intención de discutir las paritarias con un techo que representa a la mitad de la inflación registrada durante 2016.

En ese escenario y con una notable ausencia de opositores, salvo el kirchnerismo duro, encabezado por la propia ex Presidenta, son los gremios los que comienzan a mostrar su desencanto. La CGT anunció el primer paro nacional en la era Macri y los docentes están en pie de guerra con la promesa de no iniciar las clases en todo el país si el Gobierno se empaca en la oferta salarial del 17 por ciento de aumento.

Son dos actores “nuevos” en el escenario electoral. La CGT se desperezó después de un año complaciente y los docentes, muchos de los cuáles votaron el cambio, no están dispuestos a resignar derechos conquistados en la mesa de negociaciones. Su actuación puede tener mucha influencia en el resultado de las elecciones legislativas en las que el Gobierno se juega mucho más de lo que está dispuesto a admitir.

Los resultados del primer año de gestión tampoco permiten dormir en laureles. La ola de despidos no se detuvo, la inflación llegó al 40 por ciento anual, muy superior al último año del kirchnerismo, y el Gabinete no tiene demasiados logros que celebrar en materia de resultados ni de cambios. Peor aún, algunos, como el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, hacen quedar mal al propio Presidente y echan por tierra la promesa de transparencia. Arribas, amigo personal de Macri, fue vinculado con el escándalo de las coimas en Brasil, conocido como el “Lava Jato”, que involucra a la firma Odebrecht. El Señor 5 recibió una transferencia –reconoce una- de parte de Leonardo Meirelles, uno de los operadores de Odebrecht que está destapando las maniobras como arrepentido. Primero dijo que se trató de la venta de un departamento en la época en que vivía en el vecino país. Y fue la misma versión que dio Macri. Pero no aportó ni una prueba de la operación. Obligado a dar explicaciones en el Congreso, insólitamente Arribas se desdijo y sostuvo que los 70 mil dólares girados a una cuenta en Suiza en realidad correspondían a la venta de muebles y cuadros. Tampoco presentó documentación que lo respalde. Pero peor aún, dejó en evidencia que le mintió a Macri o que el Jefe de Estado, a sabiendas, faltó a la verdad.

De cualquier modo, la verdad parece ser un valor devaluado. Después de hacer campaña con la promesa de Pobreza Cero, esta semana el Presidente reconoció que hacen falta dos décadas para erradicar la pobreza. La pobreza cero es una utopía en un país con tantas desigualdades. Nadie lo duda. La súbita alusión a las dos décadas, contrasta, sin embargo, con el principal eslogan de la campaña presidencial.

Harían falta dos décadas con un crecimiento continuo y una política de distribución progresiva, que está en las antípodas del reparto de la riqueza puesto en marcha desde el 10 de diciembre de 2015.

El “sinceramiento” de tarifas y el congelamiento de salarios, claramente van en la dirección opuesta. La pobreza creció durante el primer año del mandato macrista y mucha clase media está siendo empujada hacia el estrato más bajo, con una caída del consumo que se hizo sentir en las góndolas durante todo el primer año.

Los precios sincerados y transparentes también parecen ser otra trampa para el consumidor de menores recursos. Su puesta en marcha provocó una gran confusión entre comerciantes y compradores que no saben cuál es el precio de la mercadería, que ahora, obligatoriamente, debe tener a la vista el de contado y el financiado. También revela un grado de improvisación en el área productiva, ya que apenas antes de las fiestas navideñas, se había anunciado con bombos y platillos el plan Ahora 18, para estimular el consumo con compras a través de tarjetas de crédito. Un mes después, se desestimula el uso de la tarjeta, lo que también atenta contra la transparencia de las transacciones.

En zonas alejadas del confort porteño, la realidad es incluso más compleja. “Nosotros seguimos con los mismos precios que teníamos antes. Ponemos el cartel de la financiación con tarjetas porque es lo que nos pide la franquicia. Pero si le decimos los precios distintos al cliente, lo único que pasará es que no hará la compra y se irá a Encarnación”, contó la encargada de una conocida casa de ropas.

Es otro tropiezo más en materia económica, un área en el que todavía no hay resultados concretos y ya se cobró la primera víctima con la eyección de Alfonso Prat Gay. Su sucesor, Nicolás Dujovne, no tuvo tiempo de imprimirle su mirada a la gestión, pero se muestra confiado en que hay variables que se están recuperando, como el empleo: dijo que ya se crean 20 mil puestos por mes. Pero entre despidos y suspensiones, se contabilizan más de 240 mil puestos de trabajo perdidos.

Tampoco hubo un cálculo eficaz del efecto Trump en la economía global. El rubio ocupante de la Casa Blanca apuesta al proteccionismo en Estados Unidos, con un modelo cuyas consecuencias todavía son impredecibles. La suspensión de la importación de limones es apenas una muestra.

Argentina apuesta justo a lo contrario. Abrir la economía para la llegada de inversiones y capitales. Hasta ahora, solo llegan los financieros, a través de la toma de deuda.

Si la tendencia proteccionista se mantiene en Estados Unidos, correrían riesgo el 16 por ciento de las exportaciones misioneras, según los últimos datos oficiales, del primer semestre del año pasado. Si se tiene en cuenta el valor exportado, Brasil se encuentra en primer lugar con un valor de U$S 56.829.973; en segundo lugar, Estados Unidos con un valor exportado de U$S 37.111.970; Siria se posiciona en tercer lugar con un valor de U$S 17.302.528; seguido por China ascendiendo a U$S 5.448.997; Chile U$S 3.706.428 y Vietnam U$S 2.006.329.

La realidad de Misiones no solo es distinta por las asimetrías o la distancia. Recomendaciones para ahorrar energía, como las del ministro de Energía, Juan José Aranguren, son impracticables aquí donde el intenso calor reina durante varios meses. Cuatro horas de aire acondicionado no mitigan las altas temperaturas. En un país que se salvó de ser Venezuela no caben los insólitos tips de racionamiento que el ministro de Energía pretende imponer a la población al mismo tiempo que se le aplica un nuevo tarifazo.

Misiones es además una provincia con producción electrointensiva, donde el ahorro energético no es posible en la misma medida que otras provincias, con otras fuentes de energía.

El nuevo cuadro tarifario anunciado por Aranguren se trasladará en forma lineal a las empresas eléctricas provinciales. El gobernador Hugo Passalacqua ordenó a Electricidad de Misiones SA que el impacto de las subas sea mínimo entre los usuarios de menores recursos, pero de cualquier modo, habrá que pagar más desde abril.

En Misiones se padecen consecuencias directas de algunas medidas políticas y económicas que tienen otro impacto en el centro del país. La devaluación disparó las asimetrías empujando a miles a buscar precios más bajos en Paraguay y Brasil, con el combustible como atractivo principal. Recién en los últimos días la euforia por las compras fronterizas parece haber encontrado una calma, aunque habrá que esperar la comparación de precios de la lista de útiles escolares para saber si se trata de un síntoma de enero o una tendencia.

En realidad, hay datos que permiten aseverar que la economía de Misiones muestra una alentadora recuperación. La recaudación de Rentas cerró diciembre con un crecimiento del 35 por ciento, diez puntos más que el promedio de todo el 2016. El programa Ahora Misiones, que continuará por lo menos un mes más, también cerró diciembre con ventas registradas por 44 millones de pesos, por encima de las expectativas del Gobierno y comerciantes. Es decir, si se generan las condiciones, las compras se realizan en el país. La estrategia nacional, en cambio, puede generar el efecto contrario.

Las provincias no pueden escapar al rumbo que marca la Nación, más allá de que sus propias decisiones inclinen la balanza interna.

La discusión salarial con los docentes arrancó marcada por la decisión del ministro de Educación, Esteban Bullrich de saltarse las paritarias nacionales y discutir a partir de un techo de 17 por ciento de aumento. Esa postura condiciona a todas las provincias, ya que se tendrán que “arreglar” solas y cada una negociar de acuerdo a sus propios recursos y la presión que ejerzan los gremios locales.

Ese fue el punto en común entre los gobernadores que se reunieron el jueves en el Consejo Federal de Inversiones. Con las arcas flacas, ninguno puede aventurar una oferta que supere la nacional y sin asistencia federal, son varias las provincias que tendrán problemas para garantizar el inicio de clases. Aunque la raíz del problema es nacional, las consecuencias se verán en el interior.

Los gremios docentes no están dispuestos a aceptar menos que la inflación del año pasado y eso representa el doble de la oferta inicial.

La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones –gremio docente mayoritario- advirtió además otros riesgos implícitos en la reticencia de Nación a ceder recursos para los salarios. “Más de 650 millones de pesos representa el artículo 9 del fondo compensador que pretenden dejar de pagarnos. Y entre incentivo y artículo 9 son más de  4500 pesos por dos cargos, que forman parte del salario de bolsillo”, indicó Stella Maris Leverberg, la secretaria general de UDPM. Es decir, la discusión no será solo por los aumentos, sino por conservar derechos.

Aunque la relación entre los gremios docentes y la Provincia sigue siendo buena, se anticipa que las negociaciones serán mucho más duras que las anteriores.

Un conflicto en el inicio de clases no es bueno para nadie. Pero más lo sufrirán las provincias que tienen el problema al alcance de la mano. En cambio, la Nación se reserva en última instancia, como interventor, con el poder de la billetera como moderador.

El efecto dañino de las aulas cerradas, sumado al descontento sindical y un anunciado paro nacional no parecen ser las mejores imágenes para iniciar una carrera electoral. Pero el Gobierno nacional no parece demasiado preocupado por mejorar el humor social. Es cierto que todavía mantiene un elevado respaldo de los antikirchneristas y que arriesga, en proporción, menos bancas que la oposición que no tiene un liderazgo claro y se mantiene dividida en parcelas cercadas.

Sin embargo, la alianza gobernante también tiene que resolver su interna. Macri se reunió con radicales para calmar las aguas, pero los socios quieren más protagonismo dentro del Gobierno y en las listas legislativas. En Misiones el radicalismo apuntará al consenso, pero el delicado equilibrio puede romperse si no tienen espacios expectables. Los operadores ya iniciaron contactos, pero todavía se está lejos de llegar a un acuerdo. El PRO local siente que puede andar bien sin los socios.

En la Renovación la situación es más clara. La gestión domina las decisiones y se deja para más adelante la definición de los nombres. No hay apuro, ya que todo apunta que la fecha de las elecciones coincidirá con las nacionales. De todos modos, son varios los funcionarios y dirigentes que están siendo testeados como posibles candidatos. Entre ellos, algunos que todavía no lo saben.

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Preocupación de la forestoindustria misionera por la importación de casas de madera de China

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El sector de la forestoindustria de la provincia de Misiones mostró su preocupación por la noticia de que el gobierno nacional estaría por importar unas 14.000 viviendas de madera de la república de China.
El presidente de APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes), Pedro López Vinader señaló que en todo el sector “estamos muy preocupados por la noticia que estamos teniendo de que el gobierno importo o compró 14 mil casas chinas”, prefabricadas de madera.
“Hay una gran preocupación no solamente por las viviendas de madera sino por todo el sector de las medianas y pequeñas empresas que construyen viviendas de ladrillos”, porque “ellas también consumen partes de madera y esto va a cambiar mucho la forestoindustria en la región, tanto en Misiones como en Corrientes”, aseguró.
“Tenemos los planteos hechos al gobierno nacional”, comentó Vinader a una radio local: “El año pasado eran mil, luego cinco mil y ahora son catorce mil, nuestro sector está desfinanciado y no podemos competir con 20 o 30 años de financiamiento, es imposible”, sostuvo.
El titular de la entidad que nuclea a los representantes de la foresto industria, dijo: “Nación solicita crédito pero no viene en dinero sino en bienes de capital”, en cambio “China envía fondos para financiar la construcción de viviendas, que además son altamente contaminantes por los materiales utilizados”, advirtió.
“Se pueden hacer viviendas con materias primas de la región, renovables, sustentables, de bajo consumo energético, generando mucha mano de obra en la región, de eso se trata”, agregó.
Según López Vinader, este tipo de medidas termina afectando a la cadena productiva, con despido de trabajadores, cierre de aserraderos, reducción de horarios del personal, entre otras acciones dispuestas por las empresas del sector.
“Hay un millón de hectáreas en la región, por cada hectárea promedio, tenemos materia prima para realizar doce millones de viviendas”, aclaró Vinader y agregó: “Cada cinco mil viviendas unas 1.150 personas son ocupadas, es decir, son puestos directos de trabajo” por eso “la idea es promover el desarrollo de la actividad”, afirmó.

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La CGT anunció el primer paro nacional contra el gobierno de Macri

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El consejo directivo de la CGT decidió iniciar un plan de lucha gradual y progresivo en rechazo de “la política económica del gobierno”, que incluirá una movilización hacia el Ministerio de Producción el 7 de marzo junto con todos los gremios industriales y un paro general con otra marcha para la segunda quincena de ese mes.
Así lo confirmaron los integrantes del triunvirato de la central obrera, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, luego de varias horas de deliberaciones del consejo directivo en la sede de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), en Combate de los Pozos 255, de la Capital Federal.
La movilización hacia Producción el 7 de marzo se realizará desde las 15 y, la huelga general nacional y la marcha de la segunda quincena de ese mes, “muy probablemente” sea fijada para el 30 de marzo, en homenaje a los trabajadores reprimidos durante el paro y movilización de 1982, convocados por el cervecero Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la llamada CGT Brasil.
La conducción de la CGT ratificó además que “no participará” más en la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo -que debía reanudarse este mes- ante “la falta total de confianza en el Gobierno y la crítica situación con el sector empresario”.
La reunión tuvo una asistencia casi perfecta: los únicos que no se dejaron ver fueron tres de los más encumbrados miembros de la cúpula sindical: el estatal y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (Upcn), el mercantil Armando Cavalieri y el constructor Gerardo Martínez (Uocra); quienes presumiblemente estarían de vacaciones.
El 7 de marzo, los dirigentes sindicales difundirán “un duro y crítico” documento y “una propuesta del movimiento obrero” ante “la actual realidad nacional”, en tanto Daer explicó que ambas marchas y el paro se realizarán “en defensa del trabajo y la producción, las paritarias libres, los convenios, el sistema previsional, la salud, la seguridad social y la educación” y en rechazo de “la flexibilización y el aumento de las tarifas”.
La huelga general de la segunda quincena de marzo comenzará entre las 12 y las 14 para permitir la movilización y participará la totalidad de los sindicatos confederados en la central obrera.
Schmid, quien ofició de anfitrión del encuentro como titular de la Fempinra, señaló que la CGT “está disconforme con la realidad” y ratificó que “el diálogo está y continuará roto en la medida que el gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico”, porque “no hubo aciertos en la aplicación de esas medidas”.
“Continúa habiendo incertidumbre; el cuadro tarifario y los aumentos en los diversos rubros como peajes, combustibles, prepagas y educación erosiona el poder adquisitivo”, afirmó.
Daer dijo que “los empresarios incumplieron las actas firmadas en la Mesa de Diálogo -el pago del bono de 2.000 pesos y el compromiso de no producir suspensiones y despidos-, lo que generó falta de confianza y la decisión de no participar más”, afirmó.
El dirigente de la Sanidad acusó al gobierno de “inactividad” y señaló que en las movilizaciones participarán los movimientos sociales, en especial el Evita, y las pequeñas y medianas empresas, en tanto Schmid explicó que “se denunciará la realidad”.
“El Gobierno debe tener otro enfoque porque no hubo aciertos en la aplicación de las medidas económicas. La CGT cuestiona muy dura y concretamente esas políticas oficiales”, puntualizó el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt).
Por su parte, Acuña (estaciones de servicio) aseguró que ya hubo “mucho contacto, diálogo y reuniones con los funcionarios y nada se cumplió, lo que demostró que todo lo firmado por el gobierno y los empresarios con el sindicalismo fue verborragia total”.
Acuña sostuvo que gobierno y patrones “juegan en conjunto” y, ello, atenta contra “los intereses de los trabajadores, como en el caso de los bancarios, que obtuvieron un aumento paritario y la cartera de Trabajo se negó a homologarlo e impide su cobro”.
Schmid adelantó que de forma previa a las movilizaciones se conversará y aunarán tareas con las delegaciones regionales y con “la totalidad de los sectores agredidos por estas políticas”.
“La CGT no está conforme con la realidad”, dijo Schmid, en tanto Daer explicó que el movimiento obrero acercó en su momento al Senado modificaciones adoptadas respecto de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) aprobada por decreto oficial.
El dirigente calificó la decisión presidencial como “muy endeble” porque “le quita legitimidad de origen al obviar a Diputados”.
Acuña aclaró que la decisión del consejo directivo “no fue una simple movilización o un paro sino el inicio de un plan de lucha progresivo en reclamo del cumplimiento de los compromisos contraídos y el respeto a los trabajadores y al pueblo”.
“Cuando algo beneficia a los trabajadores de inmediato se veta. No hay respeto por el Congreso. Hay demasiadas pruebas sobre la mesa. No hay más tiempo de diálogo. Esta situación sólo puede revertirse modificando de cuajo la actual realidad”, concluyó Acuña, quien estimó que en un año fueron casi 400 mil los despidos producidos.
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