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Granja Tres Arroyos despidió a 260 empleados argumentando caída de la actividad por la gripe aviar

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La principal avícola del país, Granja Tres Arroyos, despidió a más de 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, amparándose en la caída de la actividad provocada por la gripe aviar.

La firma avícola notificó formalmente el despido de 260 de los 900 empleados de la planta La China en la ciudad entrerriana, lo que implica una reducción del 25% del personal, profundizando el complejo escenario operativo y financiero que atraviesa.

En los telegramas enviados, la dirección de Granja Tres Arroyos argumenta que la medida obedece a “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de la actividad”.

La compañía atribuye la caída de su actividad a los brotes de influenza aviar registrados en el país, los cuales derivaron en el cierre de fronteras comerciales e impidieron el acceso a mercados internacionales clave como China.

Al respecto, en el documento de desvinculación, planteó que dicho bloqueo sanitario generó una “reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”

En este marco, y tras afirmar que aplicaron medidas previas de adecuación que resultaron insuficientes, la firma justificó la reestructuración parcial como vía indispensable para “posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo”.

Ante este panorama, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió en un comunicado el proceder patronal, calificándolo de “artero e insensible” ante la apremiante situación de los trabajadores.

Asimismo, sostuvo que los despidos “no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis” y expresó que “no queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal”.

El gremio expuso que entre los cesanteados se encuentran delegados del personal y remarcó que los empleados “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”.

Detrás del conflicto gremial asoma un crítico frente de deudas para la avícola, ya que arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y actualmente negocia con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.

A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

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Más de 700 ex trabajadores de Flybondi siguen sin cobrar indemnizaciones y retiro voluntario

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Más de 700 ex trabajadores de Flybondi -empresa cuyo principal dueño es el empresario Leonardo Scatturicellevan más de tres meses sin cobrar las indemnizaciones por despidos sin causa y los acuerdos de retiro voluntario que la compañía suscribió con ellos. 

Flybondi mantiene un silencio deliberado que dejó a cientos de familias en todo el país sin ninguna información sobre cuándo regularizará las deudas, obligándolas a recurrir a la justicia: hoy son cientos los expedientes en trámite para ejecutar acuerdos que la propia empresa reconoció y firmó. Cada nuevo incumplimiento fuerza un nuevo proceso judicial, y cada proceso judicial le permite a la empresa ganar tiempo y dilatar una deuda que ya había reconocido por escrito. 

La mayoría de esos acuerdos fueron firmados por Verónica Fúnes, directora de recursos humanos de Flybondi y OCP tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster; otros fueron homologados por el SECLO, la instancia administrativa previa y obligatoria al juicio laboral. Pese a ese respaldo legal, la empresa sigue sin cumplir las obligaciones que asumió. 

Los ex trabajadores se suma a una extensa lista de afectados que incluye: 

Trabajadores que continúan en actividad sin haber percibido los sueldos de junio, julio y el aguinaldo. El temor a eventuales represalias laborales lleva a muchos empleados a no expresar públicamente sus reclamos, reflejando un clima interno de profunda preocupación, hostigamiento e incertidumbre. En ese contexto, la falta de pago de los aportes dejó el pasado jueves 6 de agosto a trabajadores activos y ex empleados sin cobertura de medicina prepaga y obra social. 

Cientos de miles de pasajeros a los que la empresa no les efectuó los reembolsos por los vuelos cancelados de los últimos 8 meses. 

Cientos de proveedores que hace meses no cobran, y que incluso con planes de pago ya acordados, tampoco fueron cumplidos

El Estado Nacional y las provincias, ya que la empresa debe millones de dólares en tasas e impuestos a organismos y empresas. 

La crisis ya trascendió fronteras: en Brasil, la ANAC restringió la venta de pasajes de Flybondi por el alto nivel de cancelaciones y fallas operativas. En Argentina, la empresa continúa comercializando pasajes pese al patrón sostenido de cancelaciones, sin que eso derive en restricciones equivalentes por parte del organismo regulador local. Los ex trabajadores cuestionan que la ANAC argentina siga aprobando planes operativos de una empresa con incumplimientos verificados en múltiples frentes, y señalan además la falta de intervención de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), el gremio que los representa, lo que reabre el debate sobre la capacidad de los gremios de empresa para defender a sus afiliados en una crisis. 

Con una operación que durante años tuvo presencia en más de 15 provincias argentinas, las irregularidades de la empresa impactan hoy en cientos de familias de todo el país, convirtiendo un conflicto laboral en un problema social de alcance nacional e internacional.

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John Foos cierra su planta en Argentina y se reconvierte a importadora tras 40 años de producción

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La marca de zapatillas John Foos resolvió cerrar su planta de producción en Beccar, partido de San Isidro, y despedir a los 50 trabajadores que aún permanecían en actividad. La decisión, comunicada internamente con fecha límite operativa a fines de abril, marca el fin de más de cuatro décadas de fabricación en el país y consolida su reconversión hacia un modelo basado en la importación de productos terminados desde Asia.

De fábrica nacional a importadora: el cambio de modelo

La empresa, fundada en la década de 1980 y vinculada a la razón social Flingday S.A., ya venía reduciendo su estructura productiva. En 2023 contaba con unos 400 empleados; hoy ese número se redujo a 50, que serán desvinculados con el cierre definitivo de la planta.

El proceso no fue abrupto. Según lo informado, la firma había iniciado una transición gradual mediante la importación de partes de calzado para ensamblaje local, hasta avanzar hacia el esquema actual: zapatillas terminadas provenientes de países asiáticos.

Una vez completado el cierre del área industrial, la compañía mantendría una estructura mínima orientada a tareas administrativas y comerciales. En un comunicado, la empresa señaló que atraviesa “un proceso de reestructuración interna, orientado a adecuar su operación y garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo”.

Conflicto laboral y tensiones por indemnizaciones

El cierre no ocurre sin conflicto. Los trabajadores denunciaron que la empresa ofrece acuerdos de desvinculación por entre el 60% y el 70% de la indemnización legal, en algunos casos con pagos en cuotas.

Según los operarios, la dirección —encabezada por el fundador Miguel Fosati— habría advertido sobre la posibilidad de un concurso de acreedores. De acuerdo con su interpretación, esa señal funciona como presión para aceptar condiciones de salida menos favorables, ante el riesgo de quedar atrapados en un proceso judicial prolongado.

La empresa, por su parte, sostuvo que el proceso se desarrolla “conforme a la normativa laboral vigente”, sin reconocer irregularidades en las negociaciones.

El contexto que condiciona la decisión

El cierre de la planta se inscribe en un deterioro más amplio del sector textil y del calzado. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC, la fabricación de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado registró en enero una caída interanual del 34,1%.

El retroceso también impacta en el empleo. De acuerdo con datos citados en el sector, el nivel de ocupación en 2024 se mantiene casi un 49% por debajo del pico alcanzado en 2011, lo que refleja una tendencia de largo plazo.

En este contexto, la decisión de John Foos se alinea con una dinámica más amplia: empresas que abandonan la producción local para reconvertirse en importadoras, en un escenario atravesado por costos internos elevados y cambios en la política económica nacional.

Apertura económica y reconfiguración industrial

El movimiento de la empresa ocurre durante la gestión de Javier Milei, que impulsa una política de apertura económica y desregulación. Sin embargo, el texto base no atribuye de manera directa la decisión empresarial a una medida específica, aunque sí menciona el contexto general.

En términos de actores, el cierre debilita al eslabón industrial y a los trabajadores del sector, mientras refuerza el rol de importadores y comercializadores dentro de la cadena de valor. También expone tensiones entre sostenibilidad empresarial y condiciones laborales.

Señales para el sector y las economías regionales

Aunque el caso se localiza en Buenos Aires, el fenómeno tiene implicancias potenciales para economías regionales como Misiones, donde el sector textil y de manufactura liviana también enfrenta desafíos similares.

El cambio de modelo productivo —de fabricación local a importación— podría replicarse en otras firmas si persisten las condiciones actuales del mercado. A su vez, plantea interrogantes sobre el futuro del empleo industrial y la capacidad de sostener cadenas productivas nacionales.

El escenario queda abierto: la evolución del consumo, los costos internos y las condiciones de importación serán variables clave para determinar si este tipo de reconversiones se profundiza o encuentra límites en los próximos meses.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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Dass garantizó continuidad hasta junio tras los 43 despidos y define su futuro productivo el 20 de febrero

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La empresa DASS garantizó la continuidad de la actividad productiva hasta, al menos, junio, luego de los 43 despidos concretados hace casi dos semanas. La confirmación se dio en el marco de una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, donde las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y fijar una nueva instancia de negociación para el 20 de febrero, fecha considerada clave por trabajadores y gremios.

Según se informó oficialmente tras el encuentro, la continuidad de la producción durante el primer semestre se sostendrá con la dotación actual de personal, es decir, con la plantilla resultante luego de las desvinculaciones. Desde la empresa explicaron que la decisión de reducir el plantel respondió a la necesidad de mantener niveles de eficiencia que permitan seguir produciendo, lo que, al menos por ahora, aleja la posibilidad de reincorporaciones, tal como venía reclamando el sindicato UTICRA.

Fuentes sindicales señalaron que la empresa manifestó tener asegurados los pedidos correspondientes al primer semestre de 2026, mientras que aún se encuentran en evaluación las órdenes de producción del segundo semestre. En ese sentido, indicaron que el 20 de febrero podría firmarse un acta que deje establecidos los compromisos de la empresa respecto a los pedidos futuros y el horizonte laboral.

Desde el sector gremial reconocen que, si bien la garantía de continuidad hasta junio aporta previsibilidad en el corto plazo, la definición del segundo semestre será determinante. En caso de confirmarse nuevos pedidos, no se descarta que la empresa recurra nuevamente a trabajadores que ya formaron parte de la planta, aunque esa posibilidad hoy aparece condicionada por la estrategia de eficiencia planteada por la firma.

En cuanto al nivel de actividad, no se precisó el volumen de producción que tendrá la planta durante el período garantizado. Sin embargo, tanto fuentes oficiales como sindicales coincidieron en un dato relevante: ninguna de las marcas que trabajan con DASS se ha retirado, lo que mantiene abiertas las expectativas de sostener y eventualmente ampliar la actividad.

Con este escenario, la audiencia del 20 de febrero aparece como un punto de inflexión: allí se espera mayor claridad sobre los pedidos del segundo semestre, el rumbo productivo de la empresa y las posibilidades reales de recomposición del empleo, tras un ajuste que dejó fuerte impacto en la comunidad laboral de Eldorado.

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