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Musimundo cerró sucursales en Misiones y dejó a decenas de trabajadores sin empleo

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La crisis de Musimundo golpeó de lleno a Misiones. La cadena de electrodomésticos cerró este sábado sus dos sucursales de Posadas y también dejó de operar en Apóstoles, Leandro N. Alem y Jardín América. Decenas de trabajadores quedaron sin empleo después de recibir, según denunció el Centro de Empleados de Comercio de Posadas, una comunicación verbal que les indicaba que no debían regresar a sus puestos el lunes.

La decisión no fue un episodio aislado. Formó parte de un cierre simultáneo de locales en Corrientes, Chaco y Formosa, dentro de un proceso de repliegue regional que expone la delicada situación financiera del grupo empresario vinculado con la explotación de la marca Musimundo.

En Posadas dejaron de funcionar las sucursales ubicadas sobre la calle Bolívar y la avenida Uruguay. Los empleados habían comenzado la jornada del sábado con normalidad y recién alrededor de las 18.30 fueron informados de que los establecimientos cerrarían definitivamente.

“A última hora les dijeron: ‘Están todos despedidos, no vengan más el lunes’. Así, verbalmente”, relató Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas.

Tras recibir el aviso, representantes sindicales acudieron primero al comercio de la calle Bolívar y luego al de la avenida Uruguay. Allí mantuvieron conversaciones con los trabajadores y con un gerente regional, quien confirmó que la empresa había decidido cerrar los locales.

El gremio cuestionó los despidos verbales

El Centro de Empleados de Comercio advirtió que una comunicación verbal no reúne las formalidades necesarias para acreditar una desvinculación laboral y recomendó a los trabajadores presentarse igualmente en sus puestos.

Este lunes, entre las 8 y las 8.30, dirigentes gremiales concurrirán a las dos sucursales de Posadas acompañados por escribanos. La intención es certificar que los establecimientos permanecen cerrados o que los empleados tienen impedido el ingreso.

Con las actas notariales, el sindicato anticipó que realizará una presentación ante el Ministerio de Trabajo para exigir la regularización de las desvinculaciones y reclamar salarios pendientes, liquidaciones finales e indemnizaciones.

“El despido de manera verbal para nosotros es ilegal. Tiene que hacerse a través de una notificación oficial, como una carta documento o un telegrama”, sostuvo Gómez.

La intervención notarial busca, además, evitar que la ausencia de los trabajadores pueda ser interpretada posteriormente como abandono de trabajo. Para el gremio, dejar documentada su voluntad de cumplir tareas será fundamental ante una eventual disputa administrativa o judicial.

Además de los dos comercios de Posadas, la medida alcanzó a las sucursales de Apóstoles, Leandro N. Alem y Jardín América.

De acuerdo con el detalle difundido, fueron afectados 13 trabajadores del local de la calle Bolívar, diez del establecimiento de la avenida Uruguay, ocho de Leandro N. Alem, seis de Apóstoles y seis de Jardín América. Ese desglose arroja un total de 43 empleados, aunque la información gremial difundida inicialmente ubicó el universo afectado en 53 personas. La diferencia todavía deberá ser precisada oficialmente.

La baja de persianas profundiza el retiro de Musimundo de Misiones. Aproximadamente dos meses antes ya habían cerrado las sucursales de Eldorado, Comandante Andresito y Aristóbulo del Valle.

Con esta nueva tanda de cierres, la cadena dejó de operar en ocho puntos comerciales de la provincia y extendió la incertidumbre laboral hacia algunas de las principales ciudades misioneras.

La mayor inquietud entre los nuevos despedidos está asociada con lo sucedido en Eldorado, Andresito y Aristóbulo del Valle. Los exempleados de esas sucursales todavía reclaman el pago de sus indemnizaciones.

En Eldorado, seis trabajadores aseguran que la empresa les propuso cancelar las acreencias laborales en doce cuotas. El primer desembolso debía realizarse el 1º de agosto, pero, según denunciaron, el dinero nunca fue depositado ni recibieron explicaciones formales.

Uno de los afectados es Carlos Cardozo, de 57 años, quien trabajó durante 25 años en la compañía. Los exempleados también iniciaron gestiones para determinar si sus créditos laborales fueron incorporados al concurso preventivo de acreedores de la empresa.

El antecedente intensificó el temor de los trabajadores alcanzados por los cierres del sábado. No solamente quedaron sin empleo de manera intempestiva, sino que enfrentan dudas respecto de cuándo y bajo qué condiciones podrán cobrar las indemnizaciones correspondientes.

“Fue muy agresiva la manera en la que lo hicieron, más sabiendo cómo vienen manejándose con los trabajadores anteriores”, cuestionó Gómez. El dirigente también destacó el impacto emocional provocado por una decisión comunicada al finalizar una jornada laboral, entre empleados con años de antigüedad y familias a cargo.

Una crisis que se extendió por todo el NEA

La retirada de Musimundo abarcó buena parte del Nordeste. En Corrientes capital cerraron cuatro locales: los ubicados en Maipú y avenida 3 de Abril, avenida Cazadores Correntinos, la peatonal Junín y el Centenario Shopping Mall.

También se reportaron cierres en Resistencia, Barranqueras y Fontana, en Chaco, y en las sucursales que todavía funcionaban en Formosa. Trabajadores de las distintas provincias preparan presentaciones ante las autoridades laborales para reclamar salarios e indemnizaciones.

Detrás de la marca aparece la crisis de Carsa, empresa con sede en Chaco vinculada con la operación de Musimundo. La firma inició en julio un concurso preventivo de acreedores y acumularía una deuda superior a los $63.500 millones.

La compañía quedó atrapada en un escenario combinado de caída del consumo, costos operativos elevados y dificultades para refinanciar sus obligaciones. El cierre simultáneo de locales revela que la crisis ya no se limita a un problema financiero: se convirtió en una contracción territorial y laboral de gran escala.

El derrumbe de la cadena se produce en un contexto particularmente adverso para el comercio. La reducción del poder adquisitivo, el encarecimiento del crédito y la retracción de las ventas golpean con especial intensidad a los rubros de electrodomésticos, tecnología y bienes durables, cuya demanda depende en buena medida del financiamiento.

En Misiones, además, el cierre se suma a un proceso sostenido de destrucción del entramado empresario. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la provincia contabilizaba en mayo 8.367 empleadores registrados, 814 menos que un año antes, lo que representó una caída interanual del 8,9%.

La tendencia también se observa en el país. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 desaparecieron en términos netos 16.560 empresas empleadoras, una contracción del 3,3%. Solamente durante mayo se perdieron 2.371 firmas respecto de abril.

Desde noviembre de 2023, la cantidad de empleadores registrados en la Argentina cayó de 512.357 a 481.724: son 30.633 empresas menos, equivalentes al 6% del total existente al comienzo de la gestión de Javier Milei.

El cierre de Musimundo se incorpora así a una crisis que combina caída del consumo, desaparición de empresas y pérdida de puestos laborales. En Misiones, el impacto inmediato se concentra en las familias que quedaron sin ingresos, pero también deja locales vacíos en corredores comerciales estratégicos y una nueva señal de alarma sobre la fragilidad del comercio regional.

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Granja Tres Arroyos despidió a 260 empleados argumentando caída de la actividad por la gripe aviar

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La principal avícola del país, Granja Tres Arroyos, despidió a más de 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, amparándose en la caída de la actividad provocada por la gripe aviar.

La firma avícola notificó formalmente el despido de 260 de los 900 empleados de la planta La China en la ciudad entrerriana, lo que implica una reducción del 25% del personal, profundizando el complejo escenario operativo y financiero que atraviesa.

En los telegramas enviados, la dirección de Granja Tres Arroyos argumenta que la medida obedece a “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de la actividad”.

La compañía atribuye la caída de su actividad a los brotes de influenza aviar registrados en el país, los cuales derivaron en el cierre de fronteras comerciales e impidieron el acceso a mercados internacionales clave como China.

Al respecto, en el documento de desvinculación, planteó que dicho bloqueo sanitario generó una “reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”

En este marco, y tras afirmar que aplicaron medidas previas de adecuación que resultaron insuficientes, la firma justificó la reestructuración parcial como vía indispensable para “posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo”.

Ante este panorama, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió en un comunicado el proceder patronal, calificándolo de “artero e insensible” ante la apremiante situación de los trabajadores.

Asimismo, sostuvo que los despidos “no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis” y expresó que “no queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal”.

El gremio expuso que entre los cesanteados se encuentran delegados del personal y remarcó que los empleados “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”.

Detrás del conflicto gremial asoma un crítico frente de deudas para la avícola, ya que arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y actualmente negocia con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.

A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

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Más de 700 ex trabajadores de Flybondi siguen sin cobrar indemnizaciones y retiro voluntario

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Más de 700 ex trabajadores de Flybondi -empresa cuyo principal dueño es el empresario Leonardo Scatturice– llevan más de tres meses sin cobrar las indemnizaciones por despidos sin causa y los acuerdos de retiro voluntario que la compañía suscribió con ellos. 

Flybondi mantiene un silencio deliberado que dejó a cientos de familias en todo el país sin ninguna información sobre cuándo regularizará las deudas, obligándolas a recurrir a la justicia: hoy son cientos los expedientes en trámite para ejecutar acuerdos que la propia empresa reconoció y firmó. Cada nuevo incumplimiento fuerza un nuevo proceso judicial, y cada proceso judicial le permite a la empresa ganar tiempo y dilatar una deuda que ya había reconocido por escrito. 

La mayoría de esos acuerdos fueron firmados por Verónica Fúnes, directora de recursos humanos de Flybondi y OCP tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster; otros fueron homologados por el SECLO, la instancia administrativa previa y obligatoria al juicio laboral. Pese a ese respaldo legal, la empresa sigue sin cumplir las obligaciones que asumió. 

Los ex trabajadores se suma a una extensa lista de afectados que incluye: 

– Trabajadores que continúan en actividad sin haber percibido los sueldos de junio, julio y el aguinaldo. El temor a eventuales represalias laborales lleva a muchos empleados a no expresar públicamente sus reclamos, reflejando un clima interno de profunda preocupación, hostigamiento e incertidumbre. En ese contexto, la falta de pago de los aportes dejó el pasado jueves 6 de agosto a trabajadores activos y ex empleados sin cobertura de medicina prepaga y obra social. 

– Cientos de miles de pasajeros a los que la empresa no les efectuó los reembolsos por los vuelos cancelados de los últimos 8 meses. 

– Cientos de proveedores que hace meses no cobran, y que incluso con planes de pago ya acordados, tampoco fueron cumplidos; 

– El Estado Nacional y las provincias, ya que la empresa debe millones de dólares en tasas e impuestos a organismos y empresas. 

La crisis ya trascendió fronteras: en Brasil, la ANAC restringió la venta de pasajes de Flybondi por el alto nivel de cancelaciones y fallas operativas. En Argentina, la empresa continúa comercializando pasajes pese al patrón sostenido de cancelaciones, sin que eso derive en restricciones equivalentes por parte del organismo regulador local. Los ex trabajadores cuestionan que la ANAC argentina siga aprobando planes operativos de una empresa con incumplimientos verificados en múltiples frentes, y señalan además la falta de intervención de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), el gremio que los representa, lo que reabre el debate sobre la capacidad de los gremios de empresa para defender a sus afiliados en una crisis. 

Con una operación que durante años tuvo presencia en más de 15 provincias argentinas, las irregularidades de la empresa impactan hoy en cientos de familias de todo el país, convirtiendo un conflicto laboral en un problema social de alcance nacional e internacional.

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John Foos cierra su planta en Argentina y se reconvierte a importadora tras 40 años de producción

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La marca de zapatillas John Foos resolvió cerrar su planta de producción en Beccar, partido de San Isidro, y despedir a los 50 trabajadores que aún permanecían en actividad. La decisión, comunicada internamente con fecha límite operativa a fines de abril, marca el fin de más de cuatro décadas de fabricación en el país y consolida su reconversión hacia un modelo basado en la importación de productos terminados desde Asia.

De fábrica nacional a importadora: el cambio de modelo

La empresa, fundada en la década de 1980 y vinculada a la razón social Flingday S.A., ya venía reduciendo su estructura productiva. En 2023 contaba con unos 400 empleados; hoy ese número se redujo a 50, que serán desvinculados con el cierre definitivo de la planta.

El proceso no fue abrupto. Según lo informado, la firma había iniciado una transición gradual mediante la importación de partes de calzado para ensamblaje local, hasta avanzar hacia el esquema actual: zapatillas terminadas provenientes de países asiáticos.

Una vez completado el cierre del área industrial, la compañía mantendría una estructura mínima orientada a tareas administrativas y comerciales. En un comunicado, la empresa señaló que atraviesa “un proceso de reestructuración interna, orientado a adecuar su operación y garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo”.

Conflicto laboral y tensiones por indemnizaciones

El cierre no ocurre sin conflicto. Los trabajadores denunciaron que la empresa ofrece acuerdos de desvinculación por entre el 60% y el 70% de la indemnización legal, en algunos casos con pagos en cuotas.

Según los operarios, la dirección —encabezada por el fundador Miguel Fosati— habría advertido sobre la posibilidad de un concurso de acreedores. De acuerdo con su interpretación, esa señal funciona como presión para aceptar condiciones de salida menos favorables, ante el riesgo de quedar atrapados en un proceso judicial prolongado.

La empresa, por su parte, sostuvo que el proceso se desarrolla “conforme a la normativa laboral vigente”, sin reconocer irregularidades en las negociaciones.

El contexto que condiciona la decisión

El cierre de la planta se inscribe en un deterioro más amplio del sector textil y del calzado. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC, la fabricación de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado registró en enero una caída interanual del 34,1%.

El retroceso también impacta en el empleo. De acuerdo con datos citados en el sector, el nivel de ocupación en 2024 se mantiene casi un 49% por debajo del pico alcanzado en 2011, lo que refleja una tendencia de largo plazo.

En este contexto, la decisión de John Foos se alinea con una dinámica más amplia: empresas que abandonan la producción local para reconvertirse en importadoras, en un escenario atravesado por costos internos elevados y cambios en la política económica nacional.

Apertura económica y reconfiguración industrial

El movimiento de la empresa ocurre durante la gestión de Javier Milei, que impulsa una política de apertura económica y desregulación. Sin embargo, el texto base no atribuye de manera directa la decisión empresarial a una medida específica, aunque sí menciona el contexto general.

En términos de actores, el cierre debilita al eslabón industrial y a los trabajadores del sector, mientras refuerza el rol de importadores y comercializadores dentro de la cadena de valor. También expone tensiones entre sostenibilidad empresarial y condiciones laborales.

Señales para el sector y las economías regionales

Aunque el caso se localiza en Buenos Aires, el fenómeno tiene implicancias potenciales para economías regionales como Misiones, donde el sector textil y de manufactura liviana también enfrenta desafíos similares.

El cambio de modelo productivo —de fabricación local a importación— podría replicarse en otras firmas si persisten las condiciones actuales del mercado. A su vez, plantea interrogantes sobre el futuro del empleo industrial y la capacidad de sostener cadenas productivas nacionales.

El escenario queda abierto: la evolución del consumo, los costos internos y las condiciones de importación serán variables clave para determinar si este tipo de reconversiones se profundiza o encuentra límites en los próximos meses.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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