DESREGULACION

Grupo Dass reduce 40% su plantel en Eldorado ante la crisis del calzado

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El fabricante de calzado deportivo Grupo Dass, que produce en Argentina para marcas como Adidas, Nike, Umbro y Asics, inicia una nueva etapa de reestructuración en medio de la caída de la demanda y la apertura de importaciones. Tras el cierre definitivo de su planta en Coronel Suárez a comienzos de este año, la compañía avanza ahora con un fuerte ajuste en su sede de Eldorado, Misiones, donde reducirá en un 40% su plantel permanente.

En un comunicado, la firma de capitales argentinos y brasileños explicó: “La industria nacional del calzado enfrenta nuevos desafíos por la baja en la producción y la apertura de importaciones, y Grupo Dass no es ajeno a esta crítica situación. Frente a la pérdida de competitividad por los altos costos locales y las cambiantes exigencias del mercado, sumado al nuevo contexto cambiario y comercial, hemos agotado todas las alternativas para mantener nuestra estructura actual”.

La planta de Eldorado, que en su mejor momento operó con 60 líneas de producción, hoy mantiene apenas 15 en funcionamiento. Los pedidos de las marcas están en su nivel más bajo de la historia reciente, según fuentes del sector, debido a que importar calzado terminado resulta más barato que producirlo en el país.

La compañía detalló que, “con el objetivo de mejorar la eficiencia y la competitividad en la Argentina, y siendo plenamente conscientes del impacto que esta medida representa, se decidió la desvinculación de 164 colaboradores de la planta de Eldorado, como parte de un proceso de adecuación a las demandas actuales de los clientes”.

Actualmente, la planta emplea 470 operarios, pero a partir de agosto el número se reducirá a 300. Hace poco más de un año, contaba con 600 empleados, lo que significa que en ese lapso la dotación se redujo a la mitad. Dass remarcó que “esta reestructuración es necesaria para sostener los puestos que continúan activos y garantizar la continuidad de las operaciones”.

De la expansión al ajuste

Grupo Dass opera en Argentina desde 2007 y en su pico productivo fabricó más de 22.000 pares de zapatillas por día, con una inversión acumulada superior a 160 millones de dólares. En su mejor etapa, con Nike como cliente principal, superó los 5 millones de pares anuales.

Sin embargo, el aumento de las importaciones y la decisión de Nike de dejar de fabricar en el país golpearon de lleno a la empresa, que entre 2017 y 2019 despidió a 1.200 trabajadores. En 2021 intentó revertir la tendencia con una inversión de 25 millones de dólares, la incorporación de nuevas marcas como Asics y el relanzamiento de la producción de Nike para sustituir importaciones, sumando 250 empleos.

En 2023, la falta de divisas afectó la importación de insumos y provocó reiteradas interrupciones en la planta misionera. Con la llegada del gobierno de Javier Milei y su política de apertura comercial, el escenario volvió a modificarse: el ingreso de productos terminados a bajo costo debilitó aún más la producción local y forzó este nuevo y drástico recorte.

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Milei redefine la estructura del Ente Nacional de Comunicaciones

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El Poder Ejecutivo aprobó mediante el Decreto 512/2025 una nueva estructura organizativa para el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de optimizar su funcionamiento y adecuar sus responsabilidades en el marco de la política de transformación del Estado. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, implica la supresión de cargos extraescalafonarios creados en 2016 y la redefinición de áreas estratégicas, pero no incrementa la cantidad de unidades organizativas dentro del organismo.

Un rediseño para fortalecer el rol regulador

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece un nuevo organigrama operativo que incluye direcciones generales y nacionales orientadas a reforzar la gestión técnica, jurídica y de control. Entre las áreas destacadas figuran la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, la Dirección Nacional de Asuntos Regulatorios, la Dirección Nacional de Sanciones y Atención a Usuarios y Prestadores y la Dirección Nacional de Ingeniería del Espectro Radioeléctrico y Servicios TIC, junto con la Unidad de Auditoría Interna.

Asimismo, se derogan los artículos que habían creado en 2016 los cargos extraescalafonarios de Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y de Asuntos Técnicos y la Decisión Administrativa 682/2016, que aprobaba el organigrama anterior.

Responsabilidades claves y nuevas funciones

El Anexo II del decreto redefine las responsabilidades de cada unidad. Entre las funciones centrales se destacan:

  • Gestión y fiscalización: control del uso del espectro radioeléctrico, supervisión de la calidad de los servicios TIC, audiovisuales y postales, y monitoreo de proyectos financiados con aportes del Fondo del Servicio Universal.
  • Asuntos regulatorios y jurídicos: actualización normativa en materia de telecomunicaciones, servicios audiovisuales y postales; patrocinio legal del ente y representación del Estado en procesos judiciales.
  • Atención a usuarios: creación de mecanismos para la resolución de reclamos y consultas de prestadores y consumidores.
  • Planificación y desarrollo: análisis de mercado, elaboración de indicadores y definición de políticas públicas para promover la competencia y el acceso universal a los servicios de comunicación.

Sin impacto presupuestario adicional

El Ejecutivo aclaró que los cambios no generan nuevos cargos ni mayores costos para el presupuesto nacional, dado que el gasto será absorbido por los créditos ya asignados a la entidad. Además, se faculta al titular del ENACOM a definir niveles organizativos inferiores para completar el rediseño.

Con este rediseño, el Gobierno busca dotar al ente de una estructura más ágil y técnica, capaz de acompañar la transformación del sector de las telecomunicaciones, los medios y los servicios postales en un contexto de apertura de mercados y aceleración tecnológica. La reorganización apunta también a reforzar los mecanismos de control y transparencia, en línea con la estrategia oficial de modernización del Estado.

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Javier Milei firmó la disolución del Instituto de Medicina Tropical

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La decisión se enmarca en el plan de reorganización del Estado. Según el Ministerio de Salud, el INMET no cumplió con sus funciones clave y sus tareas serán absorbidas por otros institutos especializados. Se deroga así la Ley 26.534 que había dado origen al organismo.

A través del Decreto 458/2025, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), hasta ahora dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y se inscribe dentro del proceso de reducción del gasto público y reorganización del Estado impulsado por el Gobierno nacional.

La decisión se apoya en informes técnicos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que advierten que el INMET no ejecutó acciones significativas en prevención, diagnóstico ni tratamiento de enfermedades tropicales, una de sus funciones fundacionales. Además, se identificó una superposición de competencias con otros institutos del propio sistema de salud pública nacional.

Según lo detallado en el decreto, el Instituto fue creado por la Ley 26.534 en 2009 y reglamentado en 2011. Su propósito era desarrollar tareas de investigación, diagnóstico y formación en enfermedades con alta prevalencia en regiones tropicales y subtropicales de la Argentina, como el dengue, el Chagas o la leishmaniasis.

Sin embargo, un informe reciente del Ministerio de Salud (IF-2025-72085018-APN-ANLIS#MS) señala que el organismo se concentró casi exclusivamente en actividades de capacitación e investigación básica, sin impacto clínico ni sanitario directo.

El documento sostiene además que no se integró efectivamente a la red de laboratorios nacionales del ANLIS y que otras instituciones, como el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” o el Instituto de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui”, ya cumplen funciones similares, incluso con mayor especialización y cobertura territorial.

La disolución forma parte del rediseño del aparato estatal

La eliminación del INMET se inscribe en el marco de la Ley de Bases 27.742, que otorgó al Poder Ejecutivo la potestad de modificar, fusionar o disolver organismos estatales como parte de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

El decreto expone que, al 7 de febrero de 2025, existían 111 organismos desconcentrados y descentralizados en el Estado nacional, con una dotación que creció de 35.481 empleados en 2010 a 88.095 en 2024, según el Ministerio de Desregulación. Esta evolución alimentó un sobredimensionamiento estructural con 477 autoridades superiores, que ahora se busca racionalizar.

El Gobierno aclaró que las funciones del INMET no se perderán, sino que serán absorbidas por el ANLIS, que cuenta con laboratorios y unidades científicas con capacidad operativa para diagnóstico referencial, respuesta a brotes y capacitación en enfermedades infecciosas y endémicas.

Asimismo, se derogaron la Ley N° 26.534 y el Decreto N° 125/2011, marco legal fundacional del Instituto. A partir de ahora, será el Ministerio de Salud quien dictará los actos administrativos necesarios para completar la transferencia de funciones, equipamiento y personal, sin que se afecte la continuidad del servicio sanitario.

La medida se suma a otras decisiones que apuntan a reducir el déficit fiscal y eficientizar la estructura estatal sin desatender funciones estratégicas como la vigilancia epidemiológica o la investigación en salud.

En un contexto de emergencia sanitaria global permanente, el Gobierno busca evitar la redundancia institucional y priorizar la optimización de recursos públicos. La continuidad operativa bajo el paraguas del ANLIS garantiza —según el decreto— que las capacidades científicas y técnicas no se verán afectadas.

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Economía levantó medidas antidumping sobre radiadores de aluminio importados de Italia y China

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El Ministerio de Economía cerró la investigación antidumping sobre radiadores de aluminio de Italia y China

Tras constatar que no se cumple el requisito de participación representativa del sector local, el Ministerio de Economía resolvió no prorrogar los derechos antidumping que regían sobre los radiadores de aluminio importados desde Italia y China. El cierre incluye también la investigación por presunta elusión de esas medidas por parte de exportadores chinos.

Fin de las medidas antidumping vigentes desde 2019

Mediante la Resolución 935/2025, publicada en el Boletín Oficial el 7 de julio, el Ministerio de Economía dispuso el cierre definitivo del examen por expiración del plazo de las medidas antidumping que desde 2019 gravaban con aranceles adicionales las importaciones de radiadores de aluminio, de uso doméstico, para calefacción central, de calentamiento no eléctrico originarias de Italia y China.

La medida, que abarcaba derechos de hasta el 87% sobre el valor FOB, fue implementada en su momento para contrarrestar prácticas de competencia desleal, pero perdió vigencia al no cumplirse actualmente los requisitos técnicos que exige el Acuerdo Antidumping de la OMC.

Argumentos técnicos: sin volumen ni daño comprobable

La decisión del gobierno se apoyó en dos ejes centrales:

  • La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó que la participación de los productores locales que solicitaron la prórroga (principalmente Acquaterm SRL) no representa una proporción importante de la producción nacional, según lo establece el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.
  • No se registraron exportaciones recientes desde China o Italia a Argentina del producto investigado, por lo que los márgenes de dumping fueron estimados tomando operaciones hacia terceros mercados (Chile e Italia), con resultados del 63,58% y 48,10%, respectivamente. Sin embargo, esos datos no resultaron suficientes para justificar la continuidad de la medida.

Además del examen por expiración, la CNCE decidió cerrar sin sanciones la investigación paralela por presunta elusión de las medidas antidumping vigentes por parte de exportadores chinos. Dado que no se renovó la medida principal, el análisis sobre maniobras para evadirla quedó sin objeto.

“La única participación de Acquaterm no satisface el requisito normativo de ‘proporción importante’ de la producción nacional”, concluyó el informe técnico, con lo cual se descartó también la posibilidad de continuar evaluando daños comerciales al mercado interno.

Con la finalización de estas medidas, se reabre el mercado argentino a la importación de radiadores de aluminio desde Italia y China sin aranceles antidumping. Esto podría traducirse en una baja de precios para los consumidores, aunque también genera incertidumbre entre los fabricantes locales, que ahora deberán competir sin protección.

La resolución se dicta en el marco del régimen excepcional del Decreto 33/2025 y de la normativa vigente del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) incorporada por la Ley 24.425.

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Reforma minera: el Ejecutivo actualizó leyes para agilizar certificaciones e inversiones

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Mediante el Decreto 449/2025, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo reformas clave a las leyes 24.196 (Régimen de Inversiones Mineras) y 24.466 (Banco Nacional de Información Geológica), con el objetivo de desburocratizar procesos, fortalecer la gestión técnica y atraer inversiones en exploración y explotación minera bajo reglas más claras y eficientes.

Las modificaciones responden a las facultades delegadas por la Ley de Bases N° 27.742, que habilita al Ejecutivo a reorganizar competencias y estructuras estatales en pos de una administración más ágil y menos costosa.

Una de las modificaciones más relevantes es la simplificación del certificado de estabilidad fiscal que otorga la Autoridad de Aplicación del régimen minero. A partir de ahora, el documento deberá incluir únicamente la fecha de presentación del estudio de factibilidad, sin detallar la carga tributaria nacional, provincial o municipal.

Este cambio busca acelerar los tiempos administrativos y evitar demoras originadas en la falta de respuestas de las jurisdicciones impositivas locales. La estabilidad fiscal se mantendrá basada en la normativa vigente al momento de la presentación, como ya lo establecía el Decreto 2686/93, de carácter reglamentario.

Nuevas exigencias para el control de inversiones

El decreto también refuerza las facultades de control de la Secretaría de Minería a través de una mejora en la trazabilidad de las inversiones:

  • Los beneficiarios del régimen deberán presentar una declaración jurada anual detallando trabajos e inversiones.
  • Dicha declaración deberá estar acompañada por un informe técnico de un profesional independiente, lo que fortalece la calidad y trazabilidad de la información.
  • La verificación por parte del Estado se basará en cruces de datos internos, optimizando recursos y reduciendo inspecciones presenciales.

Reorganización del Banco Nacional de Información Geológica

Otro eje central de la reforma es la transferencia de la administración del Banco Nacional de Información Geológica al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), un organismo técnico descentralizado con especialización y trayectoria en la materia.

El SEGEMAR tendrá a su cargo la gestión de la información geológica aportada por los inscriptos en el régimen, así como la proveniente de organismos públicos, universidades y entes en los que el Estado tenga participación mayoritaria. La finalidad es consolidar una base de datos unificada, actualizada y de acceso público, clave para el desarrollo de políticas de exploración territorial.

Estas modificaciones se inscriben en la política de racionalización administrativa impulsada por el Ejecutivo, bajo los principios de desregulación, simplificación y eficiencia técnica en la gestión de políticas públicas.

El nuevo esquema apunta a:

  • Reducir cargas burocráticas que obstaculizan proyectos mineros.
  • Garantizar seguridad jurídica a los inversores.
  • Reforzar controles sin incrementar costos de fiscalización.
  • Potenciar la generación y disponibilidad de datos geológicos estratégicos para el país.

Con este paquete normativo, el Gobierno Nacional busca dar señales claras al capital minero privado: habrá menos trabas, más certidumbre jurídica y reglas más estables. Al mismo tiempo, se refuerzan las capacidades técnicas del Estado a través de organismos como el SEGEMAR y se descomprime la carga administrativa de la Secretaría de Minería.

El decreto ya está vigente y aplica también a los trámites que se encuentren en curso, por lo que se espera un impacto inmediato en la dinámica de aprobación de proyectos.

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