DESREGULACION

El “círculo rojo” yerbatero en Diputados: radiografía de un mercado que cruje entre el récord exportador y precios de “abandono”

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Por segunda vez desde la vigencia del DNU 70/23, el Congreso de la Nación se convirtió en el epicentro de una puja distributiva y conceptual que define el futuro del Nordeste Argentino (NEA). En un plenario mancomunado de las comisiones de Economía y Economías Regionales, presididas por Julia Strada y Luis Basterra (Unión por la Patria), la cadena de valor de la yerba mate expuso las tensiones estructurales de un sector que ensaya, por segunda vez en tres décadas, el laboratorio de la desregulación absoluta.

El debate legislativo desnudó una paradoja macroeconómica clásica de los mercados desregulados: un frente externo en franca expansión macro —con un crecimiento de las exportaciones que pasaron de USD 91 millones en 2023 a USD 117 millones en 2025— frente a una severa crisis de ingresos en el eslabón primario micro, caracterizada por precios de “abandono” y un deterioro del poder adquisitivo del productor que supera el 50% real respecto a finales de 2023.

El “Gold Standard” cooperativo defiende el libre mercado

El dato político y económico más disruptivo de la jornada no ocurrió en el recinto, sino a través de una pantalla de Zoom. Gustavo Quatrin, CEO de la Cooperativa Liebig (Playadito), rompió el histórico ostracismo de la gran industria —lo que en el sector se conoce informalmente como “hacer la del ñandú”— para plantar la postura del jugador número uno del mercado interno. Liebig, cabe recordar, desplazó el año pasado a Establecimiento Las Marías de un liderazgo de más de medio siglo, consolidándose como el estándar de oro del cooperativismo de gran escala.

Con la autoridad de quien timonea una estructura de 120 productores asociados y tres décadas de gestión ejecutiva, Quatrin ensayó una descarnada pero pragmática defensa del libre mercado: “Compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50 por ciento. Pero dicho esto, entendemos que la solución está en el mercado y no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar”.

Para el ejecutivo, el actual hundimiento de los precios no es consecuencia directa de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sino de un ciclo recurrente de sobreoferta estructural. Según su análisis, los mecanismos de regulación de la Ley 25.564 distorsionaron los incentivos en los años de vacas gordas, estimulando una sobreplantación que hoy satura los secaderos. Citando de forma punzante a un colega jurista, sentenció que la ley de creación del INYM “no solo no respeta la Constitución, sino que no respeta ni la ley de gravedad”, advirtiendo que reintroducir controles solo agravaría la fase recesiva del ciclo productivo.

En una línea similar, Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y representante de Las Marías, se sumó al planteo de que el DNU 70/23 simplemente coincidió con el pico de la curva de oferta. Comas fue más allá en la flexibilización regulatoria y solicitó directamente la disolución total del INYM, acusando al organismo de haber actuado durante un cuarto de siglo como un escollo burocrático incapaz de abrir nuevos mercados internacionales.

Comas, reivindicó el DNU 70/23, al decir que “el decreto no produjo el problema que hay hoy, lo produjo simplemente la oferta y la demanda”. “Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagarlas”, dijo y opinó: “No podemos estar pidiéndole a ‘papá Estado’ cuando me va mal, ‘emparéjame la cancha y poneme restricciones'”. Y sumó el DNU justo “coincidió con la sobreoferta”.

Para Comas, el INYM lo hizo fue “restringir, restringir y poner palos en la rueda a toda la cadena” y “en 25 años no abrió ni un solo mercado en el exterior”.

La microeconomía de la chacra: descapitalización y asimetría cambiaria

En la vereda opuesta, los representantes de la producción primaria y el cooperativismo de base tradujeron la desregulación en variables de subsistencia y costos de explotación. La pérdida de los precios sostén y la eliminación de la potestad del INYM para fijar valores mínimos obligatorios erosionaron la capacidad de negociación del eslabón más débil, donde el poder dominante del comprador determina las condiciones de pago.

Ángel Ozeñuk, referente de los productores autoconvocados de la zona norte de Misiones, expuso un indicador de rentabilidad primaria que ilustra la distorsión de los precios relativos en la economía real: Abril 2023 (Mercado regulado): El productor requería 1 kg de hoja verde para adquirir dos litros de gasoil (Hoja verde a $400, Gasoil a $190/litro). Mayo 2026 (Mercado desregulado): El colono necesita entregar 11,5 kg de hoja verde para adquirir el mismo litro de gasoil.

Por su parte, Manfredo Seifert, vicepresidente de la Federación de Cooperativas y cuadro técnico de Coninagro, apeló a la memoria histórica del sector para refutar la teoría del derrame en mercados de competencia imperfecta. Seifert trazó un paralelismo directo con la desregulación de la década de 1990 bajo el esquema de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM):

“Nuevamente estamos sometidos al mismo experimento que nos va a llevar al mismo destino. Hoy ya hay indicadores muy preocupantes: no hay ningún modelo tecnológico en la producción primaria que muestre rentabilidad. Nos estamos descapitalizando brutalmente”, expresó. “La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino más salvaje y concentrado”, enfatizó.

Por su parte, Ana Cubilla, Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, advirtió: “Nos estamos yendo todos del país, nos estamos yendo a Brasil, donde conseguimos mejores condiciones laborales y mejores pagas. Los productores se pueden quedar sin trabajadores”.

En ese sentido, la representante de los trabajadores habló de “una problemática social muy fuerte” que se traduce en “una provincia deshabitada por culpa del bendito DNU, porque a partir del minuto cero de este DNU nos desregularon nuestras vidas, la vida de la mayoría de las familias misioneras. Trajeron la destrucción con este DNU 70/23”.

Luisa Fleitas, también productora yerbatera, aseguró: “En ningún momento el paquete de yerba en góndola bajó, no, se mantuvo y aumentó también. Hay yerbas que se consiguen a 1.000 pesos el kilo, pero ¿cuál es calidad de esa?”.

“Se está ahorrando un montón de dinero en el INYM, pero todavía nosotros los productores no lo vimos reflejado”, denunció y agregó que le gustaría que “el presidente (JavierMilei vaya y conozca nuestro territorio. Hicieron un DNU desde la base de la escritura, pero no sobre el territorio”. “Misiones no es viable para cambiar de un día para el otro de actividad. Nosotros defendemos nuestra identidad que es la yerba. Misiones se está viniendo abajo”, enfatizó.

La visión oficial: del “impuesto invisible” al récord exportador

Desde la perspectiva de la conducción del INYM, hoy alineada con los objetivos de desregulación de la administración central, el balance de los últimos 24 meses convalida el cambio de matriz económica. Rodrigo Correa, presidente del instituto, defendió la metamorfosis institucional del organismo, al que describió a su ingreso como una estructura sobredimensionada con un incremento del 40% de su planta de personal entre 2020 y 2023.

Correa sostuvo que la fijación de precios funcionaba históricamente como un arancel encubierto que encarecía los bienes de consumo masivo. Los datos esgrimidos por el titular del INYM para justificar la vigencia del nuevo esquema muestran una fuerte divergencia entre el comportamiento del mercado doméstico y el internacional:

Dinámica del Mercado Yerbatero (Período 2023 – 2025) según el INYM: Precio en Góndola: Contracción real del 46% en el precio promedio ponderado pagado por el consumidor final, lo que desde la óptica oficial representa la eliminación de una transferencia de recursos del consumidor a la ineficiencia de la cadena. Performance Exportadora: Las ventas externas pasaron a representar casi el 20% del volumen total comercializado, duplicando la media histórica del sector. Liderazgo Global: En 2025, Argentina recuperó el primer puesto como exportador mundial de yerba mate, desplazando a sus competidores regionales tras siete años de rezago.

Correa atacó lo que denominó “retórica populista del minifundio”, argumentando que las herramientas de control de precios de la última década operaron como un cepo estructural que mantuvo al 60% de las explotaciones de menos de 10 hectáreas atrapadas en unidades productivas económicamente inviables.

Para finalizar, el titular del INYM ratificó que “el Instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia”. “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino probado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y, fundamentalmente, independiente”, concluyó. 

El impacto sociodemográfico en las comunas agrarias

La discusión técnica y corporativa en el Congreso tuvo su correlato en las variables sociales del territorio. El debate evidenció que la caída del precio de la materia prima impacta de forma directa en las arcas de los municipios yerbateros y en los mercados laborales locales.

Hugo Humeniuk, intendente de Concepción de la Sierra —corazón de la zona productora de la zona sur de Misiones—, alertó sobre una fuerte contracción de la actividad comercial y un incremento exponencial en la demanda de asistencia social directa en las comunas. Según el jefe comunal, la pérdida del arbitraje del INYM está provocando una precarización de las condiciones laborales de los tareferos, revirtiendo dos décadas de avances en formalización laboral y erradicación del trabajo infantil.

La tensión social en el eslabón de la cosecha fue refrendada por Ana Cubilla, del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, quien denunció un incipiente proceso de migración laboral hacia el sur de Brasil en busca de mejores condiciones de contratación y asimetría cambiaria favorable. “Nos desregularon la vida”, sintetizó la dirigente, advirtiendo sobre el riesgo de un apagón de mano de obra para las futuras zafras.

El plenario de comisiones dejó en claro que la desregulación yerbatera no es un debate técnico saldado, sino un proceso abierto con ganadores y perdedores nítidos en el corto plazo: La gran industria y el superávit comercial consolidan un modelo de escala, alta competitividad externa y depuración de ineficiencias de stock. El eslabón primario y las economías de los municipios del interior asumen el costo del ajuste de precios relativos en un escenario de libre contratación, donde el precio de la hoja verde cotiza hoy muy por debajo de su costo de reposición.

El interrogante que flota en el sector es si el mercado logrará encontrar un punto de equilibrio genuino por vía de la exportación antes de que el tejido social del minifundio misionero sufra una transformación irreversible.

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Productores yerbateros reclamaron en Posadas la restitución plena de las facultades del INYM

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El 24 de septiembre, productores yerbateros de Misiones realizaron un abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en Posadas, exigiendo al Gobierno nacional que restituya las funciones de regulación y fijación de precios. Denuncian que la desregulación “beneficia a los industriales y no a los productores” y que la medida agrava la crisis económica del sector primario.

La manifestación tuvo el acompañamiento de Intendentes de varias comunas que se acercaron porque “la producción yerbatera nos impacta directamente en nuestros municipios”, describió Carlos Sartori, intendente de Campo Grande. Otro de los intendentes presentes fue Hugo Humeniuk, de Concepción de la Sierra quien primero acompañaba las medidas desregulatorias, pero como terminó afectado por ser productor yerbatero ahora se suma al reclamo a Nación.

Llamó la atención la aparición de los dirigentes y candidatos del radicalismo misionero, que acompañaban todas las medidas de La Libertad Avanza, hasta que fueron excluidos del armado del oficialismo nacional, por lo que ahora se hacen eco de los reclamos sociales y se hicieron presentes en la manifestación.

Reclamo por el rol del INYM y unidad provincial

La movilización reunió a asociaciones agrarias, cooperativas, tareferos y productores independientes de distintas zonas de Misiones, quienes expresaron que el instituto fue “vaciamiento institucional” tras la quita de facultades de regulación y fijación de precios.

Jorge Skripczuk, referente del grupo Impulso Yerbatero, sostuvo que la desregulación beneficia a los industriales y no a los productores y recalcó que el INYM se financia con recursos propios. “Durante más de 20 años se sostuvo de manera autónoma y hoy se evidencia la importancia de su rol”, enfatizó.

En la misma línea, el productor apostoleño Luis Andrusyszyn advirtió que el debilitamiento del instituto responde a intereses de sectores extra provinciales que buscan “hacer grandes negocios y dejar fuera a los pequeños y medianos productores”. Llamó a la unidad del sector: Esta problemática es de todos los misioneros, no de un partido político. El fanatismo divide, la unidad es la única salida.

Avance judicial y denuncia por incumplimiento

En paralelo al acto, los productores acompañados por el abogado Federico Padolsky presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal. El escrito solicita al juez que intime al Poder Ejecutivo Nacional a designar de inmediato un presidente del INYM, dado que el capítulo yerbatero del Decreto 70/2023 se encuentra suspendido por decisión de la jueza Fiore de Posadas, fallo ratificado por la Cámara Federal.

Padolsky explicó: “Estamos frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia judicial. Además, entendemos que la desregulación favorece al oligopolio yerbatero sin necesidad ni urgencia que justifique el decreto”. Según el escrito, la transferencia de ingresos desde los productores primarios hacia la industria en 2024 superó los $140.000 millones, fondos que no ingresaron a la economía misionera.

Impacto económico y llamados de atención

Los testimonios de los productores coincidieron en señalar la pérdida de rentabilidad y el desfinanciamiento de las familias rurales. Hugo Sand, dirigente histórico del sector, calculó que el primer año de desregulación implicó una pérdida de $200.000 millones para los productores, sobre una producción de casi mil millones de kilos de hoja verde.

Por su parte, Matías Pellizzer, productor de Dos Arroyos, advirtió que la eliminación de controles afecta también a la calidad de la yerba: Hoy viene yerba de afuera, sin trazabilidad ni sanidad, mientras el precio de góndola sube y el de la hoja verde no.

Desde San Pedro, Waldemar Schwider, de la asociación civil Casa Yerbatera, agregó que el objetivo inmediato es lograr la designación de autoridades, pero que la reconstrucción del INYM exigirá un instituto sano, con credibilidad y que defienda a pequeños y medianos productores.

La protesta en Posadas mostró que el conflicto yerbatero se ha consolidado como un tema central de la agenda económica y social de Misiones. El pedido de restitución de las facultades regulatorias del INYM se articula con reclamos judiciales y políticos que ponen en cuestión el Decreto 70/2023, considerado inconstitucional por sectores productivos.

Mientras el Gobierno nacional mantiene silencio sobre la designación de autoridades, los productores advierten que la continuidad de la desregulación profundizará la pérdida de ingresos, afectará al comercio local y podría derivar en un escenario de conflictividad social similar al de la crisis del 2001.

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Sturzenegger aseguró que los decretos rechazados por el Congreso derogaron organismos por no restituir normas

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El ministro de Desregulación cuestionó la decisión parlamentaria. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se quejó del rechazo del Congreso a los decretos que modificaban las funciones de Vialidad Nacional, INTI e INTA y aseguró que la decisión parlamentaria anuló los organismos al no restituir las normas previas. 

El funcionario habló en la apertura del ciclo “Diálogos” organizado por la Fundación Mediterránea, y que en esta edición se realiza en Buenos Aires, refiriéndose a la restitución de las normas que regulan distintos organismos públicos.

Sturzenegger explicó que este miércoles se publicaron una serie de decretos que restituyen las funciones de INTA, INTI y Vialidad Nacional porque el rechazo al decreto de desregulación que tuvo lugar en el Congreso Nacional había decretado el fin de estos organismos.

El ministro aseguró que la decisión del Congreso Nacional es a favor de una casta y puso como ejemplo el caso de Vialidad Nacional donde aseguró “nadie trabaja” porque la mayoría de los empleados son puestos jerárquicos o sindicalistas.  

En este marco, puntualizó que “el Congreso rechazó los decretos delegados pero no reinstauró la normativa anterior. En su afán de bloquear la decisión del gobierno dicen ‘deroguemos’, pero jurídicamente tiene el resultado de lo que derogaron la existencia de estas instituciones”.

Al respecto, afirmó que “hoy a las 00.00 nos dejaron sin todas estas instituciones y entonces hicimos una serie de DNU porque tuvimos una situación de urgencia de inmediata”.

En paralelo, el titular de la cartera desreguladora se refirió a las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y en octubre a nivel nacional asegurando que se define “kirchnerismo o libertad” porque “lo del medio no existe”.

Sturzenegger lanzó esta posición en medio de un auditorio montado por la institución con origen en la provincia de Córdoba, desde donde se impulsa el movimiento “Provincias Unidas” que se plantea como opción al liberalismo y al kirchnerismo.

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Casa de la Moneda: el Ejecutivo extiende la intervención por 120 días para completar la reestructuración

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La Casa Rosada extendió por 120 días la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal. La medida responde a la complejidad del proceso de reconversión estructural y al traspaso de funciones clave a otros organismos del Estado. El futuro de la histórica entidad queda así supeditado a un plan de reestructuración que redefine su rol y cuestiona su viabilidad financiera.

A través del Decreto 615/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la prórroga de la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), designando nuevamente al abogado Pedro Daniel Cavagnaro al frente de la empresa por un período de 120 días corridos.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, obedece a que “la complejidad del proceso emprendido torna insuficiente el plazo previsto” para concluir el traspaso de áreas operativas a distintos organismos estatales, según detalla el decreto.

De esta manera, el Poder Ejecutivo busca dar continuidad al proceso iniciado con el Decreto 442/2025, que dispuso la reconformación estructural de Casa de Moneda y el traslado de funciones clave a entidades especializadas:

  • Instrumentos Fiscales de Control y trazabilidad → Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
  • Pasaportes → Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
  • Billetera Virtual → Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).

El plazo original vencía a fines de agosto, pero el interventor advirtió que el traspaso de personal y bienes muebles requería mayor tiempo para ejecutarse de manera ordenada.

Crisis estructural y pérdida de contratos

La prórroga se inscribe en un contexto de profunda crisis operativa y financiera de Casa de Moneda. Un informe elaborado por la intervención en abril de 2025 reveló:

  • Sobredimensionamiento de la estructura, con superposición de funciones administrativas.
  • Altos costos operativos en dos plantas industriales, sin procesos productivos integrales.
  • Exceso de maquinaria importada sin uso.
  • Endeudamiento significativo producto de inversiones inconclusas.

La situación se agravó tras la decisión del Banco Central (BCRA) de rescindir en octubre de 2024 los contratos de producción de dinero circulante, lo que cortó el principal flujo de ingresos de la compañía.

A ello se sumó la rescisión de contratos vinculados a la provisión de chapas patente, dispuesta por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. Como consecuencia, la empresa quedó dependiente de aportes del Tesoro Nacional para cubrir gastos corrientes.

El Gobierno ya había prorrogado la intervención en abril de este año mediante el Decreto 295/2025, pero los tiempos de ejecución resultaron nuevamente insuficientes.

Impacto político y económico de la reestructuración

La decisión de extender la intervención tiene varias aristas de impacto:

  1. Institucional: Casa de Moneda, creada en 1977 por la Ley 21.622, atraviesa una redefinición de su rol histórico como proveedor exclusivo de billetes, documentos de seguridad y especies valoradas. Con la reconversión, sus funciones se reducen a la fabricación de dinero circulante, la asistencia en procesos de destrucción de billetes y la producción de impresos especiales.
  2. Económico-financiero: La pérdida de los contratos con el BCRA y con Registros de Automotor privó a la sociedad de dos fuentes centrales de ingresos. Esto refuerza la necesidad de achicar la estructura y transferir áreas no estratégicas, en línea con la política de ajuste fiscal de Milei.
  3. Político-laboral: El traspaso implica la migración de personal especializado a otros organismos, con potenciales conflictos sindicales. El gremio gráfico y trabajadores técnicos de la empresa siguen de cerca la transición, mientras la Unidad Ejecutora de Transformación de Empresas Públicas articula con ARCA, RENAPER y ARSAT.
  4. Tecnológico y de soberanía: La decisión de limitar la actividad de Casa de Moneda reabre el debate sobre la dependencia tecnológica en la emisión de billetes y documentos de seguridad. Argentina ha recurrido en los últimos años a imprentas extranjeras para abastecer la demanda de circulante, lo que genera tensiones en términos de soberanía monetaria.

El Gobierno apuesta a que la extensión de la intervención permita culminar el traspaso sin sobresaltos antes de fin de año. Si el cronograma se cumple, Casa de Moneda quedaría reducida a un rol estrictamente ligado a la impresión de billetes y documentos de seguridad, con un tamaño organizacional mucho menor.

Sin embargo, persisten dudas sobre su viabilidad económica en un contexto en el que el BCRA continúa tercerizando parte de la impresión de billetes y en el que la digitalización de medios de pago podría seguir restando volumen a la producción local.

En paralelo, el decreto refuerza la línea política del oficialismo: convergencia hacia la eficiencia estatal, reducción de estructuras deficitarias y transferencia de funciones a organismos con mayor capacidad operativa.

El desenlace de este proceso marcará no solo el futuro de una institución histórica, sino también la forma en que el Gobierno de Javier Milei define su política de gestión de empresas públicas y de servicios estratégicos.

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Nuevas reglas para aerolíneas: desde ahora solo deberán informar vuelos, no pedir permiso

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La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó un cambio estructural en la regulación del transporte aéreo en el país. Mediante la Resolución 567/2025, publicada el 27 de agosto en el Boletín Oficial, el organismo derogó el procedimiento de aprobación de factibilidad horaria vigente desde 2019 y lo reemplazó por un nuevo régimen de información de operaciones aéreas, que simplifica los trámites y otorga mayor autonomía a las aerolíneas nacionales.

La medida se enmarca en la política de desregulación del mercado aerocomercial impulsada por el Gobierno tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 338/2025, que modificó el artículo 109 del Código Aeronáutico y eliminó la obligación de solicitar aprobación previa de vuelos regulares.

Un giro normativo hacia la desburocratización

Hasta ahora, las compañías debían obtener autorización previa de la ANAC para programar vuelos, acreditando la disponibilidad de slots y horarios. Con la nueva normativa, las aerolíneas nacionales solo estarán obligadas a informar sus operaciones, quedando sujetas a fiscalización posterior.

El “Procedimiento de Información de Operación de Vuelos Regulares, No Regulares y Especiales” (Anexo IF-2025-89575988-APN-DNTA#ANAC) establece que:

  • Los operadores nacionales deben declarar un correo institucional único y enviar allí la programación de vuelos, con carácter de declaración jurada.
  • Los plazos varían según el tipo de servicio:
    • Vuelos regulares nacionales: informar con 30 días de antelación.
    • Vuelos regulares internacionales: con 60 días de antelación a cada temporada IATA.
    • Vuelos no regulares y especiales: con 48 horas de anticipación.
  • Una vez enviada la información, las aerolíneas pueden iniciar la comercialización de pasajes.

En el caso de operadores extranjeros, se mantiene la necesidad de aprobación por parte de ANAC, con plazos de hasta 5 días para vuelos regulares y 24 horas para no regulares y especiales. El régimen contempla incluso la figura del silencio positivo: si no hay respuesta oficial en tiempo y forma, el vuelo se considera aprobado.

En los considerandos de la resolución, ANAC argumenta que el cambio responde a la necesidad de liberalizar el acceso al mercado aéreo, promover la competencia y reducir la burocracia estatal. El administrador nacional, Oscar Alfredo Villabona, firmó la resolución apoyado en lo dispuesto por la Ley 17.285 (Código Aeronáutico) y los Decretos 1770/2007 y 599/2024.

“El nuevo esquema busca dar mayor autonomía de acción a los operadores y adecuar la regulación a un mercado más dinámico y competitivo”, señala la normativa. Al mismo tiempo, aclara que la autoridad mantiene la facultad de fiscalización ex post, pudiendo aplicar sanciones conforme al Reglamento de Infracciones Aeronáuticas (Decreto 816/2024).

Impacto en el mercado aerocomercial

La medida es leída en el sector como un paso hacia una política de “cielos abiertos” en Argentina, alineada con la visión del Ejecutivo de potenciar al sector privado como motor del crecimiento económico.

  • Para las aerolíneas nacionales, implica menos costos administrativos y mayor rapidez para programar operaciones, aunque también exige responsabilidad, ya que la información remitida será tomada como declaración jurada.
  • Para los operadores extranjeros, el sistema mantiene cierto control estatal, pero incorpora el silencio positivo, lo que reduce el riesgo de trabas burocráticas.
  • Para los pasajeros, la medida podría traducirse en más oferta y competencia tarifaria, especialmente en temporadas altas, aunque persisten interrogantes sobre la coordinación de slots en aeropuertos saturados como Aeroparque o Ezeiza.

En paralelo, gremios aeronáuticos y sectores ligados a la aviación pública observan con cautela los cambios, alertando sobre la necesidad de preservar la seguridad operacional y evitar una “desregulación sin control”.

La resolución entró en vigencia el mismo día de su publicación, el 27 de agosto de 2025, y la ANAC deberá ahora garantizar la difusión interna y la implementación digital del procedimiento, que en una primera etapa funcionará vía correo electrónico hasta que esté disponible un sistema informático específico.

La medida abre un nuevo capítulo en la política aerocomercial argentina: un mercado más abierto, con menos regulaciones previas y mayor énfasis en el control posterior. El desafío será equilibrar la eficiencia buscada por el Gobierno con las exigencias de seguridad y transparencia que demanda la industria aérea.

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