DESREGULACION

El Gobierno prorroga la intervención del ENACOM hasta enero de 2026

Compartí esta noticia !

Por decreto, el Poder Ejecutivo Nacional extendió hasta el 4 de enero de 2026 la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de completar la reorganización normativa, administrativa y funcional del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina. El interventor Juan Martín Ozores continuará al frente del proceso, con rango de secretario de Estado.

A través del Decreto 448/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó la prórroga de la intervención del ENACOM por otros seis meses, a partir del 8 de julio de 2025, con el objetivo de culminar la auditoría interna, el rediseño institucional y la modernización operativa iniciados en enero de 2024.

La medida responde a la necesidad de completar un proceso integral de revisión normativa, simplificación de trámites, fortalecimiento de la fiscalización del espectro radioeléctrico y redefinición del régimen sancionatorio para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, postales y de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).

Reformas pendientes y desafíos regulatorios

Según detalla el decreto, la intervención permitió diagnosticar deficiencias estructurales y operativas en el organismo, como:

  • Superposición de competencias.
  • Discrecionalidad en el manejo de fondos.
  • Ausencia de objetivos operativos claros.
  • Trámites complejos y desactualización normativa.

Ante este panorama, el Ejecutivo impulsa una transformación institucional con comisiones técnicas y grupos de análisis especializados, para reformar los procesos de adjudicación de licencias, revisar los mecanismos de control de calidad y fortalecer la relación con los usuarios. También se prevé mejorar los procesos para garantizar el cumplimiento del Servicio Universal, tal como establece el artículo 18 de la Ley 27.078.

Uno de los ejes centrales será el reordenamiento del espectro radioeléctrico, clave para el despliegue de nuevas tecnologías de conectividad, y la adopción de criterios más estrictos de eficiencia en el uso del espectro, en línea con los estándares internacionales.

El licenciado Juan Martín Ozores fue ratificado en el cargo de Interventor hasta el fin del plazo prorrogado, con las mismas atribuciones que el Directorio del ENACOM. Durante su gestión se inició el diseño de una nueva estructura orgánico-funcional, la elaboración de manuales de procedimiento interno, y la implementación de sistemas que permitan racionalizar la gestión y dotarla de mayor transparencia y control.

El Gobierno considera que completar la transformación del ENACOM es estratégico para alinear el sistema de comunicaciones del país con los desafíos tecnológicos globales, promover la competencia y garantizar derechos de los usuarios. Además, se apunta a recuperar la confianza en el ente regulador como actor clave para el desarrollo del ecosistema digital, en un contexto donde la inversión en infraestructura TIC resulta determinante para la competitividad nacional.

Compartí esta noticia !

Fin al arancel del 12,22% para importación de resinas: cómo afecta a la industria nacional

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía dispuso el cierre del examen por expiración de la medida antidumping aplicada a la importación de resinas poliéster insaturadas, alcídicas, sin aceite originarias de Brasil. La decisión implica que ya no se mantendrá el derecho ad valorem del 12,22% que regía desde 2019 y busca evitar distorsiones de precios que afecten la competitividad de sectores industriales clave.

Mediante la Resolución 904/2025, el Gobierno resolvió no renovar el arancel antidumping que regía desde hace cinco años sobre importaciones brasileñas de resinas poliéster insaturadas, insumo esencial para la industria automotriz, naval, de materiales compuestos y construcción.

La medida se tomó tras un proceso de revisión solicitado por la empresa Poliresinas San Luis S.A., único fabricante local que concentró cerca del 50% de la producción nacional durante el período analizado. Aunque se detectó un margen de recurrencia de dumping del 21,57%, el Ministerio consideró que mantener la restricción afectaría negativamente a toda la cadena de valor industrial.

El argumento oficial: impacto sobre la competitividad cuesta arriba

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) reconoció que la medida antidumping redujo significativamente las importaciones, elevando la participación de la producción local hasta casi el 100% del consumo aparente. Sin embargo, advirtió que esta virtual eliminación de la competencia externa permitió aumentos de precios que alejaron a los productores nacionales de sus costos, generando márgenes de rentabilidad superiores a los observados al inicio del régimen.

La CNCE alertó que la continuidad de la medida podía traducirse en mayores costos para sectores productivos estratégicos, afectando su competitividad frente a productos importados y en mercados externos. En ese sentido, destacó:

“Un aumento del precio interno de las resinas en relación con los precios internacionales puede implicar pérdidas de competitividad […] afectando la producción, la inversión y el empleo en los eslabones aguas abajo”.

La eliminación de esta barrera comercial —vigente desde la resolución 1272/2019— se inscribe en el proceso de revisión de esquemas de protección a la producción nacional que impulsa el Ejecutivo para alinear precios relativos, incentivar competencia y evitar sobrecostos industriales.

La Secretaría de Industria y Comercio, la Subsecretaría de Comercio Exterior y el equipo técnico del Ministerio respaldaron el cierre del examen, coincidiendo en que mantener la medida generaría más perjuicios que beneficios en términos de política económica general.

Se trata de resinas poliéster insaturadas, alcídicas, sin aceite, clasificadas en la posición arancelaria NCM 3907.91.00, cuya aplicación abarca un amplio espectro de bienes industriales. Su vida útil limitada —entre 90 y 120 días— y requisitos logísticos especiales funcionan como barrera natural a la importación masiva, limitando la necesidad de aplicar una salvaguarda formal prolongada.

La decisión sienta un precedente en la política de defensa comercial del Gobierno, marcando un giro hacia criterios más vinculados al interés público general que a la protección puntual de empresas con fuerte poder de mercado. De continuar este enfoque, podrían revisarse otros esquemas antidumping vigentes que afectan insumos críticos en sectores estratégicos.

Compartí esta noticia !

Comercio agropecuario: Economía derogó regulaciones de la ex Junta de Carnes y ONCCA

Compartí esta noticia !

El Gobierno avanza en la desregulación del comercio agropecuario con la derogación de más de 20 normas históricas. La Secretaría de Agricultura eliminó regulaciones dictadas entre 1967 y 2011 por organismos ya disueltos. La medida busca simplificar el marco normativo y adecuarlo al nuevo paradigma de libertad económica impulsado por el Decreto 70/2023.

En línea con el proceso de liberalización económica iniciado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, resolvió derogar 26 normas vinculadas al control comercial agropecuario que habían quedado obsoletas.

Mediante la Resolución 119/2025, publicada este 3 de julio en el Boletín Oficial, se formalizó la anulación de resoluciones y disposiciones dictadas entre 1967 y 2011 por la ex Junta Nacional de Carnes y la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), dos organismos hoy inexistentes. La medida fue firmada por el secretario Sergio Iraeta y se encuadra en la política de reducción de regulaciones, transparencia y eficiencia administrativa.

El espíritu de la resolución se apoya en la necesidad de construir un ordenamiento jurídico coherente, claro y moderno, alineado con los principios de libre circulación de bienes y servicios, propiedad privada y libre iniciativa.

Según lo argumentado por la Secretaría, muchas de las normas derogadas respondían a estructuras regulatorias que ya no existen o a programas de fiscalización superados, lo que genera confusión normativa, dificultades de interpretación y obstáculos burocráticos innecesarios tanto para los operadores como para el propio Estado.

Desde el Ministerio de Economía destacan que este tipo de depuraciones mejora la seguridad jurídica y favorece una fiscalización más objetiva y eficiente. Además, es un paso más hacia un comercio agropecuario moderno y transparente, clave para reforzar la competitividad del sector en mercados internos e internacionales.

Este movimiento también acompaña la intención oficial de armonizar la normativa comercial con estándares internacionales, al mismo tiempo que elimina formalidades sin impacto práctico, permitiendo enfocar los recursos estatales en tareas de control más estratégicas.

Si bien muchas de las resoluciones ahora derogadas ya no se aplicaban, su vigencia formal generaba inseguridad jurídica y superposición con disposiciones más recientes. Por eso, la Resolución 119/2025 aclara expresamente que la derogación no restituye normas anteriores que hubieran sido revocadas por estas disposiciones.

En términos estructurales, la medida sienta un precedente para continuar con el proceso de revisión normativa integral, uno de los objetivos que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario tiene en su agenda desde fines de 2023.

La desregulación efectiva del comercio agropecuario no solo apunta a mejorar la eficiencia estatal, sino también a generar condiciones más previsibles para los inversores y operadores privados, eliminando rigideces que obstaculizan la dinámica del sector.

La derogación de esta veintena de normas representa un avance concreto en la implementación del nuevo modelo económico propuesto por el gobierno de Javier Milei, centrado en la apertura de mercados, la simplificación normativa y la promoción de un entorno competitivo.

Compartí esta noticia !

Agricultura eliminó regulaciones históricas para simplificar el comercio de hortalizas

Compartí esta noticia !

Reforma en Agricultura: qué cambia tras la derogación de las normas de empaque y calidad de hortalizas

En línea con el proceso de desregulación impulsado por el Decreto 70/2023, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía derogó este martes una serie de resoluciones que desde hace décadas regulaban la comercialización de hortalizas frescas en el país. La medida apunta a reducir trabas burocráticas, facilitar la operatoria en mercados internos y externos, y mejorar la competitividad del sector.

La Resolución 105/2025, publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto cuatro normas fundamentales para el sector frutihortícola: la Resolución 297/1983 sobre tipificación y empaque; la Resolución 75/1994 sobre exigencias de importación; la Resolución 641/2004 sobre calidad de papa para exportación y la Resolución 58/2007, que modificaba criterios de identificación de mercadería.

Según indica la norma, el cambio responde a la necesidad de “un reordenamiento integral de la producción” y la intención de “eliminar trabas e impedimentos que afectan la competitividad del sector”. En ese sentido, se remarca que muchos de los requisitos vigentes vinculados al tipo de envase o al etiquetado resultaban obsoletos o excesivamente burocráticos.

El objetivo, según el texto oficial, es lograr un marco regulatorio más simple, transparente y operativo, en línea con las políticas de desregulación económica lanzadas por el Gobierno nacional a partir del Decreto 70/2023.

Normativas eliminadas: qué cambia en la práctica

Las normas derogadas comprendían aspectos centrales como:

  • Tipificación y fiscalización de hortalizas frescas (Res. 297/83): Regulaba calidad, presentación y rotulado en mercados nacionales.
  • Condiciones para importación de frutas y hortalizas (Res. 75/94): Establecía requisitos específicos de ingreso al país.
  • Reglamento técnico de calidad de papa (Res. 641/04): Determinaba estándares de identidad y calidad para exportación e importación.
  • Modificación de criterios de identificación (Res. 58/07): Complementaba la norma de 1983 con nuevas exigencias de rotulado.

Con la derogación, se eliminan estos marcos normativos, lo que habilita a la Secretaría a redefinir nuevas reglas, probablemente más flexibles, adaptadas a la dinámica actual del comercio y producción agrícola.

La resolución establece que la derogación entra en vigencia desde el día siguiente a su publicación, aunque no se detallan por el momento nuevas regulaciones que reemplacen las eliminadas. Fuentes del sector productivo señalan que esto podría abrir una etapa de transición regulatoria, en la que será clave definir criterios técnicos mínimos para evitar conflictos comerciales o incertidumbre operativa.

No obstante, la Secretaría indicó que las reformas apuntan a “profundizar y unificar los cambios” con el objetivo de generar un nuevo esquema normativo “más sencillo, menos burocrático y más alineado con las necesidades del sector”.

Compartí esta noticia !

El Gobierno disuelve el INAI como organismo descentralizado y lo integra a la Jefatura de Gabinete

Compartí esta noticia !

El Gobierno transformó el INAI y lo incorporó a la estructura central del Estado. Por decreto, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dejó de ser un organismo descentralizado. La medida busca reducir el gasto, fortalecer el control presupuestario y concentrar funciones bajo la Jefatura de Gabinete.

A través del Decreto 438/2025, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la transformación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en una unidad organizativa dentro de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La decisión implica la pérdida de su carácter descentralizado y forma parte del proceso de reorganización del Estado en el marco de la Ley Bases N° 27.742, que otorga al Ejecutivo facultades especiales por un año.

El Gobierno justificó la medida como una forma de mejorar la eficiencia administrativa, transparentar el gasto y reducir el déficit fiscal. El personal, los recursos presupuestarios, los bienes y las competencias del INAI serán absorbidos por la nueva estructura, sin que —según se aclara— se vean afectados los derechos de los pueblos originarios ni sus instancias de participación constitucionales.

Reducción del aparato estatal y control del gasto: los argumentos oficiales

La transformación del INAI responde a los lineamientos establecidos en la Ley Bases, que faculta al Ejecutivo a modificar o suprimir organismos estatales con el objetivo de reducir estructuras superpuestas, eliminar funciones innecesarias y mejorar la asignación de recursos públicos.

El decreto destaca que en 2024 había 88.095 agentes en organismos descentralizados, más del doble que en 2010 (35.481). Además, se señala que 477 autoridades superiores integraban 111 organismos —40 desconcentrados y 71 descentralizados—, lo que generaba una carga administrativa “excesivamente onerosa”.

El informe técnico que sustenta la medida fue elaborado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, ambas dependientes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Auditorías, ineficiencia y falta de control

Uno de los ejes más contundentes del decreto es la auditoría de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), que detectó graves deficiencias de gestión en el funcionamiento del INAI. Entre las irregularidades señaladas se incluyen:

  • Falta de registros sobre juicios contra el Estado a cargo del organismo.
  • Omisiones en expedientes presupuestarios y de ejecución de gastos.
  • Deficiencias en el registro patrimonial.
  • Inconsistencias en la rendición de subsidios.
  • Procedimientos de contrataciones fuera de la normativa vigente.

En este sentido, el Ejecutivo sostiene que las funciones que cumplía el INAI —como la gestión de registros, la planificación programática y el asesoramiento técnico— pueden desarrollarse sin necesidad de un organismo descentralizado.

El decreto aclara que no se verán afectados los derechos reconocidos a los pueblos originarios por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, ni las funciones establecidas en la Ley 23.302. Se mantendrá la participación indígena a través del Consejo de Coordinación, cuya nueva conformación será reglamentada y permitirá la representación de las comunidades, las provincias adherentes y ministerios nacionales clave.

También se disuelve el antiguo Consejo Asesor, que, según el decreto, se reunió una sola vez en 12 años y carecía de representación indígena directa.

Mientras se adapta la estructura administrativa, el personal actual del INAI mantendrá su situación de revista, al igual que las autoridades y unidades organizativas, hasta que se formalice su incorporación a la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Todos los recursos, bienes y compromisos presupuestarios también se transfieren automáticamente a la nueva unidad organizativa.

La medida comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y se instruyó al jefe de Gabinete a proponer una readecuación completa de la nueva estructura, incluyendo el mecanismo de representación indígena y el cumplimiento de sus funciones específicas.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin