desregulación económica

Caputo celebró la baja de la inflación mayorista y afirmó que el plan económico “terminará con la inflación”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el programa económico del Gobierno nacional “es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación”, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que confirmaron una marcada desaceleración inflacionaria durante 2025. En particular, la inflación mayorista cerró el año con un alza acumulada del 26,2%, el nivel más bajo de los últimos ocho años, pese a una aceleración puntual en diciembre.

Las cifras oficiales fueron destacadas por el titular del Palacio de Hacienda como una señal de consolidación del rumbo macroeconómico, en contraste con los registros de años previos y con impacto directo en la formación de precios, los costos empresariales y las expectativas económicas.

Inflación mayorista en mínimos de ocho años

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, el IPIM registró una suba del 2,4% en diciembre, lo que implicó una aceleración respecto de meses anteriores, pero permitió cerrar 2025 con un incremento anual del 26,2%. Se trata del registro más bajo desde 2017, cuando la inflación mayorista había finalizado en 18,8%.

El dato adquiere mayor relevancia al compararse con el desempeño de 2023, cuando el mismo índice había mostrado una variación acumulada del 276,4%. En ese sentido, Caputo remarcó que el resultado “contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023”, subrayando la magnitud del cambio observado en el último año.

La inflación mayorista es seguida de cerca por analistas y empresas debido a su incidencia directa sobre los costos de producción y su capacidad de anticipar movimientos futuros en los precios al consumidor, lo que le otorga un rol clave en la evaluación del escenario macroeconómico.

Los fundamentos del programa económico

A través de sus redes sociales, el ministro explicó los factores que, a su entender, permitieron alcanzar la inflación más baja desde 2017. Según Caputo, el resultado fue posible gracias a “la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del Banco Central (BCRA) y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado”.

En esa línea, el titular de Economía vinculó de manera directa la desaceleración inflacionaria con los pilares centrales del programa económico impulsado por el Gobierno, al señalar que estas políticas constituyen “el camino para terminar con la inflación”.

El énfasis en el superávit fiscal y en el control monetario se alinea con la estrategia oficial de atacar las causas estructurales de la inflación, mientras que las medidas de desregulación y apertura comercial apuntan a mejorar la eficiencia y reducir distorsiones en la formación de precios.

Impacto económico y señales al mercado

El cierre del año con una inflación mayorista del 26,2% tiene implicancias relevantes para distintos sectores de la economía. Para el sector productivo, una menor variación de precios mayoristas contribuye a estabilizar costos y facilita la planificación. Para el Gobierno, los datos refuerzan el discurso oficial sobre la efectividad del programa económico y su capacidad para anclar expectativas.

Aunque diciembre mostró una aceleración mensual, el balance anual dejó una señal clara de desaceleración inflacionaria, que el Ministerio de Economía presenta como un respaldo a la continuidad de las políticas aplicadas. En ese marco, la evolución futura del IPC y del IPIM seguirá siendo un termómetro central para evaluar la consistencia del proceso de desinflación y su impacto sobre el poder adquisitivo y la actividad económica.

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Hugo Sand: “La irresponsabilidad de Milei provocó un daño histórico al sector yerbatero”

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Productores yerbateros denuncian perjuicios millonarios por la desregulación y exigen respuestas al Gobierno. En un reclamo que tomó forma de abrazo simbólico, productores de distintas zonas de Misiones advirtieron que la desregulación del sector yerbatero generó pérdidas por más de $200.000 millones en un año.

Señalaron la “irresponsabilidad” del Gobierno nacional, la falta de representación de Corrientes y la complicidad del poder político y judicial en una situación que afecta directamente a pequeños productores y trabajadores rurales.

Reclamo frente a la desregulación del mercado

Durante una manifestación reciente, el histórico productor yerbatero Hugo Sand explicó la magnitud de la crisis que atraviesa el sector tras la eliminación de los mecanismos de regulación. “Estamos los productores del norte de la provincia, la zona de Andresito, San Pedro, del centro y del sur, además de delegados de asociaciones y obreros rurales tareferos. Estamos aquí para pedirle al presidente de la República, Javier Milei, que cese con el delito”, afirmó.

Sand recordó que la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público ya fue presentada en Comodoro Py, pero cuestionó la falta de avances en el ámbito judicial. “¿La justicia va a dilatar cuarenta años más todavía?”, se preguntó, en referencia al estancamiento de la causa.

Pérdidas millonarias para el sector primario

Según los cálculos presentados por el productor, en el primer año de desregulación los yerbateros dejaron de percibir $200.000 millones. El dato surge de una producción de casi 1.000 millones de kilos de hoja verde: mientras el sector reclamaba $500 por kilo, el precio pagado fue de apenas $180.

“Dejamos de percibir $200 por kilo. Multiplicado por la producción total, son $200.000 millones que se le quitaron al sector primario”, detalló.

El problema se repite en la cosecha actual, que aún no tiene cifras finales, pero que muestra el mismo desfasaje de precios. “Es mucho dinero perdido por la irresponsabilidad de Javier Milei y del Gobierno de Corrientes, que tampoco manda su delegado a las reuniones. A esto se suma la mirada cómplice de diputados y senadores misioneros que avalaron sin discusión el problema yerbatero”, enfatizó Sand.

Un conflicto político, económico e institucional

La desregulación de la yerba mate no solo tiene un impacto económico directo sobre los productores y trabajadores rurales, sino que abre un debate político más amplio sobre la capacidad de las provincias para defender sectores estratégicos de su economía regional.

La ausencia de representación de Corrientes en las instancias de negociación, sumada a la falta de un marco de precios de referencia, coloca a los pequeños productores en una situación de vulnerabilidad frente a grandes operadores e industriales.

El reclamo de Sand y de los productores que participaron del abrazo simbólico apunta directamente a tres actores: El Gobierno nacional, al que responsabilizan por “la desregulación y el delito contra los productores”. La Justicia federal, a la que acusan de demorar indefinidamente causas que podrían reparar los perjuicios. Los legisladores nacionales por Misiones, señalados por su falta de defensa del sector en el Congreso.

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Desregulación: derogan normas de Abastecimiento, COPREC y Precios Justos

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La Secretaría de Industria y Comercio derogó 71 normas que establecían controles y obligaciones sobre el comercio interno, en el marco de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida busca “eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”, dejando sin efecto regulaciones derivadas de leyes derogadas como la de Abastecimiento, Góndolas y programas en desuso como Precios Justos.

La Resolución 357/2025, firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, entró en vigencia el 24 de septiembre de 2025 tras su publicación en el Boletín Oficial.

El texto deroga 71 disposiciones vigentes, de las cuales:

  • 27 estaban vinculadas a la Ley de Abastecimiento (20.680), eliminada al inicio de la actual gestión.
  • 24 correspondían al COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), disuelto por Decreto 55/2025.
  • 20 regulaban programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Góndolas, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.

El Ministerio de Economía sostuvo que muchas de estas disposiciones “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas desarticulados”.

La decisión se enmarca en los lineamientos de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Decreto 70/2023, que sentaron las bases para la reconstrucción de la economía nacional.

En esa línea, el Gobierno viene impulsando un proceso de depuración normativa:

  • En 2024, las resoluciones 51/2024, 226/2024 y 433/2024 ya habían avanzado en la derogación de regulaciones de precios, requisitos de información y autorizaciones para importaciones.
  • En enero de 2025, el Decreto 55/2025 disolvió el COPREC, considerado un organismo redundante que generaba sobrecostos y burocracia.
  • En septiembre de 2025, el Decreto 650/2025 unificó funciones bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación de Producción.

La resolución publicada ahora continúa esa línea y refuerza la política de ordenamiento jurídico y reducción de cargas regulatorias.

La eliminación de normas vinculadas a precios de referencia, márgenes de utilidad y distribución en góndolas implica el fin de mecanismos de control directo sobre sectores como el consumo masivo, hidrocarburos, televisión paga y alimentos frescos.

Para el Gobierno, el cambio permitirá “una gestión pública más ágil y transparente, con reglas claras para ciudadanos y operadores económicos”. Sin embargo, analistas advierten que la ausencia de instrumentos de control podría generar tensiones en sectores sensibles al consumo popular, donde las regulaciones funcionaban como herramientas de contención de precios y competencia.

La medida también tiene impacto sobre la seguridad jurídica, al eliminar normas redundantes y contradictorias, y se inscribe en una estrategia de alineamiento con políticas de desregulación económica y reducción del Estado.

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