desregulación económica

Hugo Sand: “La irresponsabilidad de Milei provocó un daño histórico al sector yerbatero”

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Productores yerbateros denuncian perjuicios millonarios por la desregulación y exigen respuestas al Gobierno. En un reclamo que tomó forma de abrazo simbólico, productores de distintas zonas de Misiones advirtieron que la desregulación del sector yerbatero generó pérdidas por más de $200.000 millones en un año.

Señalaron la “irresponsabilidad” del Gobierno nacional, la falta de representación de Corrientes y la complicidad del poder político y judicial en una situación que afecta directamente a pequeños productores y trabajadores rurales.

Reclamo frente a la desregulación del mercado

Durante una manifestación reciente, el histórico productor yerbatero Hugo Sand explicó la magnitud de la crisis que atraviesa el sector tras la eliminación de los mecanismos de regulación. “Estamos los productores del norte de la provincia, la zona de Andresito, San Pedro, del centro y del sur, además de delegados de asociaciones y obreros rurales tareferos. Estamos aquí para pedirle al presidente de la República, Javier Milei, que cese con el delito”, afirmó.

Sand recordó que la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público ya fue presentada en Comodoro Py, pero cuestionó la falta de avances en el ámbito judicial. “¿La justicia va a dilatar cuarenta años más todavía?”, se preguntó, en referencia al estancamiento de la causa.

Pérdidas millonarias para el sector primario

Según los cálculos presentados por el productor, en el primer año de desregulación los yerbateros dejaron de percibir $200.000 millones. El dato surge de una producción de casi 1.000 millones de kilos de hoja verde: mientras el sector reclamaba $500 por kilo, el precio pagado fue de apenas $180.

“Dejamos de percibir $200 por kilo. Multiplicado por la producción total, son $200.000 millones que se le quitaron al sector primario”, detalló.

El problema se repite en la cosecha actual, que aún no tiene cifras finales, pero que muestra el mismo desfasaje de precios. “Es mucho dinero perdido por la irresponsabilidad de Javier Milei y del Gobierno de Corrientes, que tampoco manda su delegado a las reuniones. A esto se suma la mirada cómplice de diputados y senadores misioneros que avalaron sin discusión el problema yerbatero”, enfatizó Sand.

Un conflicto político, económico e institucional

La desregulación de la yerba mate no solo tiene un impacto económico directo sobre los productores y trabajadores rurales, sino que abre un debate político más amplio sobre la capacidad de las provincias para defender sectores estratégicos de su economía regional.

La ausencia de representación de Corrientes en las instancias de negociación, sumada a la falta de un marco de precios de referencia, coloca a los pequeños productores en una situación de vulnerabilidad frente a grandes operadores e industriales.

El reclamo de Sand y de los productores que participaron del abrazo simbólico apunta directamente a tres actores: El Gobierno nacional, al que responsabilizan por “la desregulación y el delito contra los productores”. La Justicia federal, a la que acusan de demorar indefinidamente causas que podrían reparar los perjuicios. Los legisladores nacionales por Misiones, señalados por su falta de defensa del sector en el Congreso.

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Desregulación: derogan normas de Abastecimiento, COPREC y Precios Justos

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La Secretaría de Industria y Comercio derogó 71 normas que establecían controles y obligaciones sobre el comercio interno, en el marco de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida busca “eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”, dejando sin efecto regulaciones derivadas de leyes derogadas como la de Abastecimiento, Góndolas y programas en desuso como Precios Justos.

La Resolución 357/2025, firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, entró en vigencia el 24 de septiembre de 2025 tras su publicación en el Boletín Oficial.

El texto deroga 71 disposiciones vigentes, de las cuales:

  • 27 estaban vinculadas a la Ley de Abastecimiento (20.680), eliminada al inicio de la actual gestión.
  • 24 correspondían al COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), disuelto por Decreto 55/2025.
  • 20 regulaban programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Góndolas, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.

El Ministerio de Economía sostuvo que muchas de estas disposiciones “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas desarticulados”.

La decisión se enmarca en los lineamientos de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Decreto 70/2023, que sentaron las bases para la reconstrucción de la economía nacional.

En esa línea, el Gobierno viene impulsando un proceso de depuración normativa:

  • En 2024, las resoluciones 51/2024, 226/2024 y 433/2024 ya habían avanzado en la derogación de regulaciones de precios, requisitos de información y autorizaciones para importaciones.
  • En enero de 2025, el Decreto 55/2025 disolvió el COPREC, considerado un organismo redundante que generaba sobrecostos y burocracia.
  • En septiembre de 2025, el Decreto 650/2025 unificó funciones bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación de Producción.

La resolución publicada ahora continúa esa línea y refuerza la política de ordenamiento jurídico y reducción de cargas regulatorias.

La eliminación de normas vinculadas a precios de referencia, márgenes de utilidad y distribución en góndolas implica el fin de mecanismos de control directo sobre sectores como el consumo masivo, hidrocarburos, televisión paga y alimentos frescos.

Para el Gobierno, el cambio permitirá “una gestión pública más ágil y transparente, con reglas claras para ciudadanos y operadores económicos”. Sin embargo, analistas advierten que la ausencia de instrumentos de control podría generar tensiones en sectores sensibles al consumo popular, donde las regulaciones funcionaban como herramientas de contención de precios y competencia.

La medida también tiene impacto sobre la seguridad jurídica, al eliminar normas redundantes y contradictorias, y se inscribe en una estrategia de alineamiento con políticas de desregulación económica y reducción del Estado.

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