En la Argentina la economía navega en dos dimensiones paralelas y generan realidades contrapuestas. El Gobierno nacional toma medidas a diario para “liberar” la economía, con efectos que se sienten de modo sensible en la punta de la pirámide, mientras que la base está cada día más ajustada. Vía RIGI y ahora Super Rigi, las grandes inversiones están liberadas del impuesto a las Ganancias y podrán llevar al exterior su rentabilidad en dólares sin restricciones. Tampoco pagarán más Ganancias quienes tienen renta de alquileres.
En contraste, los trabajadores siguen pagando ese impuesto y el FMI recomienda que “al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto a las Ganancias” para que el Gobierno pueda incrementar la recaudación. Esto implica duplicar el actual número de empleados alcanzados por ese impuesto, de casi 900.000 en la actualidad a unos 2 millones de trabajadores en relación de dependencia.
Las provincias pierden recursos y la Nación se desentiende de sus obligaciones, lo que genera una enorme presión en el territorio, con demandas sociales que necesariamente alguien debe atender. La lógica imperante derrumba el ideal de “país federal” y lo convierte en uno concentrado como nunca antes, ni en los mejores sueños unitarios. Esa herida atraviesa la política actual, con un desdén expresado desde el corazón del Gobierno nacional hacia el resto de un país que parece no comprender ni dimensionar.
El ministro desregulador, Federico Sturzenegger volvió a referirse a la yerba mate en uno de sus habituales raids mediáticos, en el que anunció, entre otras cosas, que va a terminar con el curro de las revisiones técnicas de los automóviles y que ya no será necesario rendir un exámen para obtener un carné de conducir, porque se sobreentiende que nadie se subirá a un volante sin saber conducir… ¿no?
Pero volviendo a la yerba. El funcionario, repetido desde la alianza y Cambiemos, suele citar a la yerba mate como uno de los ejemplos más claros de la lógica desreguladora impulsada por el Gobierno nacional.
“La yerba mate es un ejemplo extraordinario”, sostuvo Sturzenegger al defender la desregulación y cuestionar que el Estado, a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate, fijara precios. “Tiene miles de acopiadores, de procesadores, de marcas, lo sabemos, ¿no? Lo vemos en el supermercado. Entonces es una industria totalmente competitiva”, describió.
“Javier Milei, con el DNU 70/23, le sacó al INYM la potestad de fijar el precio y el precio cayó a la mitad. Pudimos ver que lo que hacía ese Instituto era duplicar el precio de la yerba que pagan 47 millones de argentinos”, afirmó.
“Ahora tenemos récord de producción, porque acordate, también había una restricción que no podías aumentar la producción, y récord de exportaciones. Yo creo que en diez años, cuando miremos la industria de la yerba, vamos a ver una actividad mucho más grande y con mucha gente progresando”, concluyó.
Habrá que estudiar alguna vez por qué la fijación de Sturzenegger con la yerba mate, pero queda claro que la conoce de modo muy superficial. No hay miles de productores y miles de acopiadores. Justamente el desequilibrio que regulaba el INYM obedece a que hay miles de productores y pocos acopiadores, que obtienen mayores ganancias cuanto menor sea el precio de la materia prima. Como sucede ahora.
El único precio que cayó “a la mitad” fue el de la materia prima. En góndolas el precio aumentó 140 por ciento en la era libertaria, cierto, eso sí, menos que la inflación acumulada, que llegó al 304 por ciento.
No hay récord de producción. El acumulado de cosecha entre enero y abril alcanzó los 151.910.206 kilos, lo que representa una caída del 13,03% frente al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 174.675.577 kilos y está, en promedio, debajo de los últimos cinco años.
Tampoco es real que no se pudiera plantar yerba. Todo lo contrario. Entre 2016 y 2025, el área total del país pasó de 165.326 a 231.352 hectáreas, lo que implica un aumento cercano al 40 por ciento en menos de una década. Ese proceso, lejos de ser gradual, se aceleró con fuerza a partir de 2021 y luego se frenó de manera abrupta en 2024 y 2025, cuando el crecimiento interanual cayó primero al 3,64 por ciento y luego al 0,48 por ciento. En términos económicos, esa secuencia es típica de un mercado que entra en saturación: primero se expande rápidamente y luego se detiene porque ya no puede absorber más oferta sin que los precios se deterioren. Dentro de ese proceso, Misiones juega un papel absolutamente determinante. En 2016 concentraba 144.118 hectáreas de yerba mate y en 2025 alcanzó las 203.692, lo que significa un incremento de casi 60.000 hectáreas, es decir, un crecimiento del 41,3 por ciento. Fue por esa explosión de plantaciones que el INYM puso un cupo de cinco hectáreas por productor, para evitar una sobreoferta. Pero fue una medida tardía, que no frenó la expansión productiva.
Asimismo, el consumo está dos por ciento debajo del año pasado y 6,5 por ciento abajo de 2023, el último año con precios regulados.
La industria tampoco celebra a rienda suelta los efectos de la desregulación. Porque aún con precios de la materia prima que cayeron a la mitad, sus costos de producción se dispararon, lo que achicó los márgenes de rentabilidad. Se exporta más, pero se gana menos. Los datos que exhibe Sturzenegger no parecen tener bases sólidas. En otras áreas también. Pero las consecuencias que deja la desregulación arrolladora, se sufren en el terreno y la deben atender las provincias.
Misiones busca denodadamente soluciones para el sector yerbatero. Ahora se analiza la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad para toda la cadena. La iniciativa, presentada por Carlos Rovira, implica conocer el precio que recibe el productor hasta el que se paga en góndola. Identificar cómo se distribuye la renta y transparentar quienes pagan mejor, para que el productor pueda decidir a quién, dónde y cuándo vender. Irá de la mano con incentivos fiscales como la exención del cien por ciento de Ingresos Brutos para quienes comercialicen hasta 25 mil kilos mensuales y del 50 por ciento para quienes lleguen a los 50 mil kilos. De este modo, se incentivará la formalización de la cadena y se respaldará a las cooperativas y pequeñas industrias que compiten con marcas nuevas en un mercado dominado por cuatro o cinco gigantes. En paralelo, se pondrá en marcha una tarjeta sanitaria para cubrir las necesidades de los trabajadores rurales.
Las herramientas fiscales son parte del paquete de medidas impulsadas por Encuentro Misionero para sostener la actividad económica. Este jueves se aprobó una ley para impulsar al sector metalúrgico, cuya industria opera al 45 por ciento de su capacidad. Cerca de 380 pymes serán beneficiadas.
Esa flexibilización tributaria coincide con el anuncio del gobernador Hugo Passalacqua orientado a aliviar la carga fiscal sobre usuarios de billeteras virtuales y pequeños operadores económicos. Ordenó que se excluyan de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las acreditaciones de menor escala realizadas mediante plataformas digitales de pago. La iniciativa beneficiará a casi 200.000 misioneros que utilizan billeteras virtuales para recibir transferencias, realizar cobros y administrar sus recursos cotidianos. Quedarán excluidas de las retenciones las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del Monotributo. El límite se irá actualizando vía inflación y otros indicadores.
El jueves también tomó estado parlamentario el proyecto anunciado por Rovira para que Misiones acceda a financiamiento en el mercado de capitales. La autorización al Ejecutivo provincial será por 300 millones de dólares, con la finalidad de financiar infraestructura, caminos, viviendas, conectividad y empresas de base tecnológica. Será la primera vez que se toma deuda desde 1999, aunque aquella última vez, cuando gobernaba Ramón Puerta, se hizo para financiar gastos corrientes.
Rovira también anunció que tras la certificación oficial de la consultora Verra, Misiones utilizará los créditos de carbono como mecanismo para apalancar financiamiento externo, a través de un Bono Verde, destinado a financiar desarrollo y políticas ambientales. En una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli y un diálogo con el canciller Pablo Quirno, Rovira consiguió que Nacién avale la emisión de los bonos verdes.
Misiones acaba de alcanzar uno de los hitos ambientales más importantes de su historia. La organización internacional Verra, responsable del principal estándar mundial de certificación de créditos de carbono, aprobó el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, convirtiéndolo en el primer programa forestal de carbono liderado por un gobierno y registrado a escala jurisdiccional bajo el marco JNR (Jurisdictional and Nested REDD+) del sistema Verified Carbon Standard (VCS).
La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.
Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.
La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables. El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.
Que las políticas ambientales de Misiones sean destacadas en el exterior y se conviertan en un activo económico, contrasta con la visión que tiene el ala libertaria, que presiona por la soja y otros cultivos de alta demanda de agroquímicos. Javier Mela, ex diputado radical y ahora libertario expuso con crudeza esa mirada: “Yuyos y abandono”, describió sobre el monte misionero, en yuxtaposición con una plantación de soja en Brasil y un camión de carga en Paraguay, también abrazado por el monocultivo. Las respuestas de sus amigos de Facebook no fueron para nada amistosas.
El respaldo al modelo ambiental de Misiones cobra relevancia si se tiene en cuenta que casi al mismo tiempo que se conoció la decisión de Verra, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó una sentencia en la que declara que la expansión de monocultivos industriales de pino y eucalipto en Corrientes constituye un ecocidio y una violación a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades campesinas e indígenas afectadas.
La resolución fue aprobada por la Asamblea de Jueces del organismo internacional tras analizar el caso durante su 13° Tribunal Local, realizado en noviembre de 2024. El documento sostiene que la expansión de más de 516.000 hectáreas de plantaciones forestales exóticas alteró los ciclos hidrológicos, afectó humedales y pastizales, redujo poblaciones de fauna nativa y provocó desplazamientos de comunidades rurales. Uno de los aspectos más relevantes es que el Tribunal rechaza expresamente la equiparación entre plantaciones industriales y bosques nativos. Según el documento, los monocultivos de pino y eucalipto no reproducen la complejidad ecológica de un bosque y no pueden ser considerados una herramienta suficiente para la mitigación del cambio climático.
En ese sentido, el fallo cuestiona también los mercados de carbono asociados a este tipo de emprendimientos forestales, a los que define como una “falsa solución” que beneficia principalmente a grandes grupos económicos. La resolución incorpora otro elemento novedoso: declara a los humedales y pastizales correntinos como sujetos de derechos. En un testimonio profundamente emotivo, Mario Benjamín, habitante de Corrientes afectado por el avance forestal, denunció las consecuencias del modelo extractivista sobre la vida cotidiana de las familias campesinas. “La tierra ya no nos responde, no tenemos agua. Los pájaros se fueron, los animales se fueron, y hoy lo que nos rodea es miseria”, expresó. “Nos quitaron el agua, la tierra, los pastizales. Pero no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando porque este es nuestro territorio y nuestra riqueza”.
