Independencias innegociables
El cierre de Dass en Eldorado se anunció como epílogo de una tragedia anunciada. Es también una biografía de la economía argentina de las últimas dos décadas. La empresa de capitales brasileños desembarcó en Misiones durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando el país apostaba por un modelo de sustitución de importaciones, protección de la industria y expansión del mercado interno.
En ese escenario encontró el ecosistema ideal para crecer: llegó a fabricar más de 20.000 pares de zapatillas por día para marcas internacionales como Nike y Adidas, empleó a unos 1.500 trabajadores y convirtió a Eldorado en uno de los polos industriales más importantes del Nordeste.
Durante aquellos años, el ruido de sus máquinas era también el sonido de una Argentina que creía que el desarrollo industrial podía ser el camino hacia la movilidad social.
Después llegó el péndulo. Con Mauricio Macri comenzó una apertura comercial que expuso a muchas industrias a competir con productos importados en condiciones muy desiguales. Dass empezó a flaquear: suspensiones, despidos y líneas de producción cada vez más vacías. La llegada de Alberto Fernández al poder, le dio algo de oxígeno, con una visita simbólica, pero nunca recuperó el volumen perdido.
Con Javier Milei el péndulo volvió a acelerar, esta vez sin frenos. La apertura casi irrestricta de las importaciones, el retiro del Estado como actor de la política industrial y la convicción de que el mercado debe decidir quién vive y quién desaparece terminaron de sellar un destino que ya venía escribiéndose. Las grandes marcas optaron por producir en Asia o Paraguay, donde los costos son más bajos, y la planta de Eldorado dejó de ser competitiva.
Dass cierra, pero la discusión trasciende a una fábrica. La pregunta es si la Argentina seguirá condenada a oscilar entre modelos que se deshacen mutuamente cada cuatro años. El kirchnerismo construyó industria, pero sin resolver problemas estructurales de competitividad. El macrismo apostó a abrir la economía antes de que esa industria estuviera preparada para competir. Milei decidió directamente que la supervivencia industrial no debe ser una preocupación del Estado. En ese péndulo permanente quedaron atrapadas miles de familias. Porque las inversiones industriales se planifican para décadas, no para un mandato presidencial. Y ningún empresario serio apuesta a un país donde las reglas cambian cada vez que cambia el inquilino de la Casa Rosada.
El de Dass es un dato más en una profunda crisis que se vive en la industria textil argentina, que atraviesa una situación cada vez más compleja y su principal desafío hoy es la pérdida de escala productiva. Con maquinarias operando a menos de la mitad de su capacidad, el sector enfrenta crecientes dificultades para sostener la competitividad, el empleo y la inversión.
Según los últimos indicadores difundidos por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), se registró una caída interanual de la producción de 22,2% en abril y una retracción acumulada de 25,5% entre enero y abril de 2026, un retroceso superior a la baja registrada por la industria manufacturera en su conjunto.
La industria textil alcanzó apenas 42,4% de su capacidad productiva, lo que implica que más de la mitad de las máquinas, instalaciones y recursos disponibles permanecieron detenidas sin utilizar. Además, el impacto sobre el empleo es concreto y acumulado. Desde diciembre de 2023, la cadena textil, de la confección, cuero y calzado perdió más de 24.000 puestos de trabajo. Dass anotará otros 150.
El ciclo de la yerba mate también sirve para auscultar cómo impactan los modelos económicos y cómo las decisiones tomadas en Buenos Aires, repercuten directamente en el bolsillo y la (in) estabilidad de miles de familias.
La primera regulación de la yerba mate ocurrió en 1935, durante la llamada Década Infame. Llegó para poner un poco de equilibrio en un mercado protagonizado por peones y mensúes, con productores dispersos que reclamaban un mejor precio para la materia prima. Fue apenas unos meses antes de la Masacre de Oberá, que desnudó con violencia las décadas acumuladas de desigualdad.
La regulación atravesó casi todo el siglo pasado, con distintos modelos económicos y colores políticos. El mercado estaba medianamente equilibrado, con productores e industria emparejados, con ganadores y perdedores temporales. Oro Verde era sinónimo de yerba mate.
En 1991 Domingo Cavallo inició la década desregulada y el derrumbe productivo fue la consecuencia en un puñado de años, con precios de miseria y un silencioso éxodo desde chacras malvendidas.
Entre 2001 y 2002 los tractorazos parieron al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que paulatinamente puso equilibrio en la cadena y acercó el precio de la materia prima a los míticos 50 centavos de dólar.
Milei le puso fin a 20 años de regulación con el DNU 70/23 y la promesa de una prosperidad que vendrá -en un inasible futuro-, pero que no alcanzará a todos al mismo ritmo, como admitió Martín Menem en su breve paso por Posadas el sábado pasado, como parte de la comitiva de Karina Milei, en el virtual lanzamiento de la campaña por la reelección del Presidente, junto a a los diputados Diego Hartfield y Adrián Núñez. En su paso por Misiones, Karina Milei se llevó una foto con Stuart Navajas y Víctor Saguier, ejecutivos de las principales yerbateras, pero sería un error considerar que toda la industria está alineada con las políticas nacionales. “Es una foto inoportuna“, describieron desde otra yerbatera.
Éste último estuvo en la reunión la primera reunión que el desregulador Federico Sturzenegger tuvo con representantes de toda la cadena. En la fría recepción en la Secretaría de Agricultura escuchó los planteos de productores y representantes de cooperativas y el Gobierno de Misiones. La respuesta lacónica no sorprendió: “La política de desregulación económica del sector y la no fijación de precios constituyen lineamientos de gestión de carácter innegociable”.
En realidad, ninguno de los que fueron a la reunión esperaba otra cosa de Sturzenegger, quien durante su paso por la alianza y por Cambiemos, ya había dado acabadas muestras de su dogmatismo. Sorprendió si, el silencio de Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura que no es un simple tecnócrata, sino un productor agropecuario, de una histórica familia patricia.
“Le pedí a Iraeta que intercediera y defienda a los productores, ya que un modelo de desarrollo rural con predominio de minifundistas, con éstas políticas corre serio riesgo de desaparecer. Si esto sigue así, me gustaría encontrarlos dentro de 3 o 4 años y ver quién estaba equivocado”, cuestionó Ricardo Maciel, representante de Misiones en la cumbre.
Un estudio realizado por el ministerio del Agro sirve para dimensionar el impacto de la desregulación en un municipio que depende casi exclusivamente de la yerba mate, como Andresito, con 18 mil hectáreas plantadas. Con los valores actuales, los productores generan ingresos cercanos a los $36.000 millones, pero si el precio alcanzara los $700 por kilo -cerca de 50 centavos de dólar-, esa cifra ascendería a $100.800 millones, dejando una brecha de $64.800 millones que hoy no ingresan a la economía local.
La reducción de ingresos afecta el empleo de tareferos y contratistas, la compra de insumos, combustible y maquinaria, además del movimiento comercial en talleres, estaciones de servicio, comercios y otros sectores que dependen directa o indirectamente de la actividad yerbatera.
El informe también proyecta el escenario a escala provincial. Considerando una producción anual cercana a los 900 millones de kilos de hoja verde, la diferencia entre el precio actual y el considerado necesario implica que Misiones deja de incorporar alrededor de $405.000 millones al circuito económico, con consecuencias sobre la inversión, el consumo y la recaudación. Pierden los productores, pierden el comercio y la industria. Pierde la economía misionera.
Por eso la preocupación del Gobierno provincial en recuperar la economía yerbatera. Desde que Nación impuso la desregulación y descartó cualquier intervención para recomponer el precio que reciben productores y tareferos, Misiones optó por explorar herramientas propias para amortiguar el impacto de la crisis.
Sin las facultades del INYM para fijar valores de referencia, la Provincia comenzó a utilizar el crédito como un mecanismo de incentivo económico, orientando el financiamiento hacia aquellos operadores que pagan mejores precios por la materia prima. Es una estrategia que busca influir en el mercado mediante señales financieras, allí donde la Nación decidió retirarse.
Desde mayo ya se inyectaron más de $5.491 millones en distintas líneas de financiamiento para la cadena yerbatera. El esquema incluye más de 215 operaciones de descuento de cheques a tasa cero, por un monto superior a $2.769 millones; $2.222 millones en créditos de corto plazo con tasa bonificada y $500 millones en préstamos de largo plazo, canalizados a través de los bancos Macro y Nación. La prioridad se concentró en las empresas y cooperativas que respetan los precios mínimos de referencia impulsados por la Provincia –$301 por kilo de hoja verde y $1.160 por kilo de yerba canchada– con el objetivo de generar un efecto gradual de mejora sobre el valor que perciben los productores.
En ese contexto deben leerse las palabras del gobernador Hugo Passalacqua en Cerro Corá, durante el acto por el aniversario de la Independencia. El mandatario reivindicó el protagonismo histórico de las provincias y especialmente de Misiones en la construcción del país, al recordar el legado de José Gervasio Artigas, Andrés Guacurarí y el Congreso de los Pueblos Libres como antecedentes fundamentales del federalismo argentino. Al referirse a esos procesos históricos, sostuvo que muchas de aquellas discusiones continúan vigentes y recordó una frase atribuida a José Gervasio Artigas –’Buenos Aires siempre da amarguras’– para contextualizar los históricos debates sobre el federalismo y el rol de las provincias en la construcción del país.
“Los misioneros debemos pensar de forma independiente para tomar las riendas de los desafíos que se vienen”, remarcó en una frase con una profunda significación política, en relación con la Nación, pero también hacia dentro de la política misionera.
No fue una frase al azar. Passalacqua eligió estar en un pequeño municipio misionero en lugar de la foto de Tucumán, donde estuvo el presidente Milei con un grupo de mandatarios. Casi como sucedió en 1816. Passalacqua recordó que Misiones protagonizó el primer grito de independencia como parte de la Liga de los Pueblos Libres, que sucedió en 1815. Esa liga, liderada por José Gervasio Artigas, nucleó a la Provincia Oriental (actual Uruguay), Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y, por un tiempo, Córdoba. Su modelo político era republicano, federal y democrático. Lo que nunca terminó de consolidarse en la Argentina desde la independencia formal.
Otra frase de Cerro Corá sirve para explicar el presente político. “Querido pueblo de Misiones, quiero decirle que estoy orgulloso de los misioneros. Orgulloso de cada uno de ustedes, sus familias. En un momento tan angustiante para la República, difícil, difícil. Sin embargo, siempre los veo con una sonrisa. Y si hay algo que podemos hacer desde acá, quienes fuimos legitimados con ese con ese voto, es tratar de hacerles un poco más fácil la vida cada día. Un poco más fácil. Si no cumplimos eso, ahí está la urna”.
El llamado es explícito, aunque el propio Passalacqua todavía no lo haya verbalizado. Buscará ser ratificado en las urnas. “Movimiento por lo que viene”, fue bautizado el nuevo espacio liderado por Passalacqua, quien exhibió músculo, acompañado por buena parte de los intendentes, diputados y los principales ministros del Gabinete.
El espacio asume el compromiso de recuperar los valores históricos del misionerismo, reflejados en el discurso de Cerro Corá: pensar con independencia, sostener una mirada profundamente federal y defender, por encima de cualquier otra consideración, los intereses de las familias misioneras, sin aceptar imposiciones ni condicionamientos desde Buenos Aires. Ese principio supone que cada decisión política debe medirse por su impacto concreto en Misiones y no por las conveniencias de las disputas nacionales, lo que marca también un posicionamiento distinto al expresado hasta ahora por los legisladores nacionales. Desde esa perspectiva, resulta inevitable revisar las decisiones que, en los últimos años, significaron acompañar iniciativas impulsadas desde el poder central aun cuando sus efectos terminaron perjudicando a la provincia. La subordinación a agendas nacionales por encima de las necesidades locales debilitó la capacidad de defensa de Misiones en debates estratégicos y terminó afectando a sectores productivos, trabajadores y economías regionales. Recuperar una voz propia implica volver a colocar a los misioneros en el centro de cada decisión política.