DEUDA ARGENTINA

Bonos en dólares suben y el Merval modera alza antes de licitación del Tesoro

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El mercado local opera con cautela a 24 horas de la licitación de deuda del Tesoro, que busca refinanciar vencimientos por casi $15 billones en agosto. Los bonos en dólares recuperan terreno y el S&P Merval recorta ganancias, mientras los inversores calibran el impacto del nuevo menú de instrumentos y el objetivo oficial de estirar plazos.

A horas de la licitación prevista para el miércoles 13 de agosto, la Secretaría de Finanzas dio a conocer el menú de instrumentos con el que el Tesoro buscará cubrir vencimientos inmediatos y aliviar la carga de pagos en el último trimestre. El operativo cobra relevancia porque, tras el reciente canje con el Banco Central por $7,8 billones, la administración Milei debe enfrentar este mes compromisos por $23,9 billones, de los cuales casi $15 billones vencen esta semana.

En este marco, los inversores ajustan posiciones: el S&P Merval avanza un 0,5% en pesos hasta 2.314.413,94 puntos, pero reduce la suba inicial, y en dólares trepa un 1% a 1.751 unidades. Entre las líderes, se destacan Edenor (+4,2%), IRSA (+2,8%), Telecom (+1,9%) y Pampa Energía (+1,5%).

El programa de emisión contempla:

  • Reapertura de cuatro Lecaps con plazos entre 25 y 84 días (S12S5, S30S5, S31O5 y S10N5), con tope máximo de $3 a $4 billones en los tramos más cortos.
  • Nueva Lecap con vencimiento el 16 de enero de 2026 (S16E6).
  • Reapertura del Boncap con vencimiento en febrero 2026 (T13F6).
  • Letras ajustables por TAMAR con vencimientos en noviembre 2025, enero y febrero 2026 (M10N5, M16E6, M13F6).
  • Reapertura de título dollar-linked a diciembre 2025 (TZVD5).
  • Reapertura de Boncer a octubre 2025 (TZXO5).

Según operadores, la combinación de límites en los plazos cortos y mayor oferta de instrumentos de mediano plazo refleja la intención oficial de estirar duration y evitar una concentración de pagos en lo que resta del año.

Reacción de los mercados: renta variable y bonos

En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas replican la tendencia: Edenor (+4,1%), IRSA (+2,6%), Grupo Financiero Galicia (+2,5%) y Telecom (+2%) lideran las subas.

En renta fija, los bonos soberanos en dólares revertieron las bajas iniciales y muestran avances generalizados: Global 2046 (+1,4%), Global 2038 (+0,5%) y Bonar 2030 (+0,4%). Solo el Global 2029 retrocede levemente (-0,1%).

El riesgo país se mantiene estable en 724 puntos básicos, tras caer 9 unidades (-1,2%) el lunes, según J.P. Morgan.

Para Cohen, la estrategia de Finanzas es clara: “El tope en los tramos más cortos y la inclusión de instrumentos de mayor plazo sugieren que el Tesoro buscaría extender la duración para aliviar vencimientos abultados, lo que obligaría a convalidar tasas más bajas en Lecaps cortas o migrar hacia instrumentos más largos”.

En paralelo, la recuperación de los bonos en dólares responde a un contexto externo favorable y a expectativas de continuidad en la política de equilibrio fiscal. La deuda en pesos, en cambio, aún no logra tracción sostenida tras las caídas del lunes.

La licitación de este miércoles es clave para mantener la hoja de ruta del programa financiero sin recurrir a asistencia monetaria del BCRA, política que el Ejecutivo convirtió en ancla de su estrategia antiinflacionaria. Un resultado exitoso permitiría además reducir presiones cambiarias y reforzar la confianza en la sostenibilidad de la deuda en pesos.

Sin embargo, un bajo nivel de demanda en tramos largos podría obligar al Tesoro a mejorar condiciones en futuras licitaciones o a depender más del financiamiento del mercado de corto plazo, aumentando el riesgo de roll over en meses electorales.

Los operadores esperan definiciones sobre tasas efectivas y demanda de cada segmento para medir el apetito del mercado. También será relevante el spread entre instrumentos cortos y largos, que podría anticipar si los inversores convalidan el plan oficial de estiramiento de plazos.

La licitación se liquidará el lunes 18, y su resultado será determinante para la próxima curva de rendimientos y la estabilidad de la deuda doméstica en el segundo semestre.

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Presión cambiaria: provincias y empresas afrontan vencimientos récord en septiembre

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Entre septiembre y octubre, las provincias argentinas deberán afrontar pagos de deuda por USD 670 millones, lo que ejercerá una presión significativa sobre las reservas del Banco Central en un contexto de baja liquidación de exportaciones y metas exigentes del FMI.

Septiembre se perfila como el mes más exigente del año para las arcas del Banco Central (BCRA) en términos de pagos provinciales de deuda. Según estimaciones privadas, los gobiernos subnacionales deberán comprar cerca de USD 670 millones en el mercado único y libre de cambios antes de las elecciones legislativas de octubre, y más de USD 1.020 millones en total hasta fin de año.

La provincia de Buenos Aires concentrará un tercio de esas erogaciones con un vencimiento clave el 1° de septiembre por casi USD 380 millones.

El acceso de las provincias a dólares para cancelar capital e intereses de sus bonos en moneda extranjera fue objeto de controversia en 2023, cuando la gestión de Miguel Pesce al frente del BCRA limitó la operatoria y pidió a los gobernadores utilizar divisas propias. Esa política derivó incluso en una demanda judicial de Córdoba contra el Central.

Con el cambio de administración nacional, el mecanismo volvió a normalizarse, aunque persiste la presión sobre las reservas netas, especialmente en períodos de elevada concentración de vencimientos.

Bonos garantizados y casos particulares

No todas las provincias impactan del mismo modo en el mercado de cambios. En Neuquén, por ejemplo, parte de la deuda está garantizada con regalías hidrocarburíferas, canalizadas a través de un fideicomiso que paga directamente a los acreedores.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las provincias recurren al mercado cambiario oficial, incidiendo en la demanda de divisas y en el valor del tipo de cambio flotante.

El tercer trimestre del año suele caracterizarse por un menor ingreso de divisas debido al fin de la temporada alta de liquidaciones agrícolas. Esta menor oferta del sector privado coincide con un incremento estacional de la demanda por importaciones, turismo y, ahora, fuertes pagos provinciales y corporativos en dólares.

Según datos de mercado, las empresas privadas con obligaciones negociables en moneda extranjera también afrontarán picos de vencimientos en septiembre y octubre, por más de USD 260 millones mensuales, acelerándose a USD 400 millones en noviembre y diciembre.

El desafío de las metas del FMI

El último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional recortó en USD 6.500 millones la meta anual de acumulación de reservas netas, pero el Gobierno todavía debe sumar USD 6.600 millones en lo que resta de 2025 para cumplir con el objetivo reformulado.

La consultora Invecq advirtió que el número “solo sería viable si se reabre el financiamiento externo tras las elecciones”. Por su parte, 1816 calculó que, para que las reservas netas crezcan USD 3.500 millones y se cumpla la meta, el Ejecutivo debería obtener USD 6.000 millones adicionales vía compras en el mercado, endeudamiento o privatizaciones.

La consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza, informó que las reservas netas del BCRA se ubican actualmente en USD 7.200 millones negativos. Con la nueva meta —que fija un piso de USD 3.400 millones negativos para diciembre— será necesario acumular USD 5.900 millones adicionales.

Empiria subrayó que el incumplimiento previo llevó a un cambio en la estrategia cambiaria: el Tesoro pasó a realizar compras directas de divisas, dejando al BCRA al margen. Si bien el FMI avala estas operaciones, recomendó al Central adoptar un esquema de compras calendarizadas y predecibles, como hacen países con tipo de cambio flexible como Chile, Colombia y México.

Con el calendario de pagos concentrado en el corto plazo, la volatilidad cambiaria podría intensificarse en septiembre y octubre. Si el Gobierno no logra reforzar las reservas mediante financiamiento externo o mayores exportaciones, la presión sobre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros podría escalar.
La dinámica electoral y las expectativas del mercado serán determinantes para evaluar la sostenibilidad de la estrategia de intervención y el cumplimiento de las metas con el FMI.

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El Gobierno usó u$s2.000 millones del FMI para recomprar Letras Intransferibles al BCRA

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El Ministerio de Economía dispuso la adquisición anticipada de títulos intransferibles en poder del Banco Central por un valor efectivo de USD 2.000 millones. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 37/2025, busca optimizar el perfil de vencimientos en el marco del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda concretaron este lunes una recompra de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 3 de abril de 2029” que estaba en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El monto de la operación asciende a USD 2.000 millones de valor efectivo, a un precio de USD 61,184666 por cada USD 100 de valor nominal original, lo que implica un descuento sustancial respecto del total emitido en abril de 2024 por USD 3.268,79 millones. La liquidación se realizó el mismo 11 de agosto de 2025, fecha de la resolución.

Vínculo con el programa con el FMI

El DNU 179/2025, dictado en marzo, autorizó al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas acordado con el Fondo Monetario Internacional. Entre los objetivos de dicho programa figura la cancelación de letras intransferibles en dólares en poder del BCRA, con un plazo de amortización de diez años.

Este tipo de letras fueron emitidas en años previos como mecanismo para que el Tesoro obtuviera financiamiento del Banco Central sin recurrir a los mercados internacionales, pero su permanencia en el activo del BCRA ha sido señalada como un factor que distorsiona su balance.

La operación se ampara en el artículo 55 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que faculta a las secretarías de Hacienda y Finanzas a realizar operaciones de administración de pasivos, incluyendo compras, ventas y canjes de instrumentos financieros, así como transacciones en derivados y reestructuraciones de deuda.

Según la norma, para fijar el precio de este tipo de operaciones deben utilizarse valores de mercado o mecanismos usuales para cada transacción. El servicio jurídico del Ministerio de Economía intervino previamente a la aprobación.

Con la recompra, los títulos serán dados de baja de los registros de la deuda pública, lo que supone una mejora inmediata en el perfil de vencimientos a mediano plazo y reduce el stock de pasivos en moneda extranjera.

En el plano monetario, la operación contribuye a sanear el balance del BCRA, que dejará de contabilizar como activo un instrumento que no puede negociar en el mercado. Esto se alinea con la estrategia oficial de reforzar la credibilidad de la autoridad monetaria y limpiar su hoja de balance de activos de baja liquidez.

En el sector financiero, la recompra es vista como un paso técnico dentro del plan de normalización de la deuda intra-sector público, pero también como una señal hacia el FMI de que el Gobierno avanza en los compromisos asumidos.

Analistas destacan que el descuento aplicado en la transacción implica un ahorro contable para el Tesoro, aunque recuerdan que el origen de los recursos para financiar esta operación será clave para evaluar su impacto neto sobre las reservas internacionales.

Fuentes del Ministerio de Economía anticipan que esta podría ser la primera de una serie de operaciones de administración de pasivos destinadas a reducir la exposición del BCRA a deuda del Tesoro y mejorar la estructura de vencimientos.

En paralelo, el acuerdo con el FMI establece que parte de los desembolsos futuros se orientarán a recompras y cancelaciones similares, comenzando por los instrumentos con vencimientos más cercanos.

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Reservas: Argentina sólo alcanza el 54% del nivel ideal del FMI

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Un estudio de GMA Capital advierte que el país sólo cuenta con el 54% del nivel “ideal” estimado por el FMI, lo que lo ubica en los últimos puestos de América Latina. El organismo multilateral otorgó un waiver por incumplir la meta de acumulación, pero exige un rol más activo del Banco Central.

Argentina se ubica entre los países con menor nivel de reservas internacionales en la región, de acuerdo con un informe de la consultora GMA Capital basado en parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI). El stock actual asciende a USD 42.114 millones, lo que representa apenas el 54% de lo que el organismo considera adecuado para garantizar estabilidad cambiaria y monetaria.

El dato se conoce tras la última revisión del acuerdo, en la que el FMI otorgó un waiver —exención de penalidad— por un incumplimiento equivalente a USD 3.600 millones respecto de la meta intermedia.

Contexto regional: la brecha con los vecinos

Mientras Chile alcanza un 79% del nivel considerado óptimo, Brasil llega al 120% y Uruguay lidera con un 181%. En promedio, América Latina presenta un ratio de reservas equivalente al 121% de lo recomendado. Según GMA Capital, para que Argentina igualara ese promedio, el Banco Central debería acumular cerca de USD 93.100 millones.

La consultora advierte que un nivel elevado de reservas —entre 100% y 150% del estándar— permite cubrir al sistema ante posibles shocks como salidas de capitales, menor rollover de deuda, déficit comercial o crisis de confianza en la moneda local.

En su último Staff Report, el FMI pidió que el Banco Central adopte una estrategia más activa de acumulación de divisas, priorizando compras en el mercado de cambios bajo un esquema anticipado, como aplican Chile, Colombia y México. Como referencia, Chile anunció un plan de compras diarias de USD 25 millones hasta 2028.

El organismo también suprimió la meta intermedia prevista para septiembre y redujo en USD 5.000 millones el objetivo de fin de año, aunque mantuvo sin cambios la meta final para 2027. Esto implica que el incremento pendiente para 2025 rondará los USD 3.600 millones.

En línea con esta estrategia, el Gobierno concretó la semana pasada una operación de deuda interna entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Utilizando el segundo desembolso del FMI, el Tesoro canceló parte de las Letras Intransferibles en poder de la autoridad monetaria, permitiendo al BCRA incrementar sus reservas netas.

“El proceso de recapitalización fortalece el respaldo de los pasivos del Banco Central, incluyendo los depósitos de personas y empresas”, explicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien detalló que ambas operaciones redujeron deuda bruta del Tesoro en USD 2.886 millones y recapitalizaron al BCRA por USD 14.000 millones.

Para alcanzar las metas revisadas, el Gobierno evalúa combinar compras de divisas en el mercado oficial, emisiones de deuda externa y eventuales procesos de privatización. Los vencimientos del Tesoro y el BCRA hasta fin de año suman aproximadamente USD 4.400 millones, lo que condiciona el margen de maniobra.

La sostenibilidad de esta estrategia dependerá del flujo de exportaciones, el acceso a mercados de capital y la estabilidad política, en un año marcado por la discusión de reformas estructurales en el Congreso.

El riesgo país y la política en la mira de los inversores

El bajo nivel de reservas se combina con la expectativa electoral. Con las elecciones legislativas de medio término programadas para octubre, el mercado sigue de cerca las encuestas y el eventual fortalecimiento del oficialismo en el Congreso, tras sufrir 12 votaciones adversas en Diputados en temas clave como la desregulación del INTA, INTI, organismos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad Nacional.

Por ahora, el riesgo país se mantiene estable en torno a 730 puntos, lejos de los casi 1.000 que alcanzó antes de la Fase 3 del programa económico. Según GMA Capital, la experiencia de los últimos 15 años muestra que, en promedio, el indicador tiende a comprimirse 126 puntos en los tres meses previos a las elecciones y 53 puntos adicionales en los tres meses posteriores.

El FMI confía en que las nuevas metas más flexibles y un Banco Central más activo permitan reforzar las reservas y mejorar la estabilidad financiera. Sin embargo, el cumplimiento dependerá de la capacidad de gestión del equipo económico, la evolución del comercio exterior y la reacción del mercado ante los resultados de octubre.

El desafío es doble: recuperar reservas sin frenar la actividad económica y, al mismo tiempo, sostener la confianza política que permita acceder a financiamiento en condiciones más favorables.

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Veto presidencial: por qué Milei rechazó los proyectos de aumento previsional, moratoria y pensiones por discapacidad

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el cual vetó en su totalidad los proyectos de ley N° 27.791, 27.792 y 27.793, aprobados por el Congreso el 10 de julio pasado. Las iniciativas incluían un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, una nueva ayuda previsional de hasta $110.000, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad con nuevas prestaciones y beneficios.

Según el Poder Ejecutivo, estas normas “implicarían para el Estado un gasto adicional superior a $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026”, lo que representa el 0,9% y el 1,68% del PBI, respectivamente. “Su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema previsional y pondría en riesgo las metas fiscales”, señala el decreto firmado por Milei.

¿Qué preveían las leyes vetadas?

El proyecto más amplio (27.791) otorgaba un incremento excepcional del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones con movilidad por la Ley 24.241 y una ayuda económica previsional de hasta $110.000, actualizable por el índice de movilidad jubilatoria. También disponía transferencias adicionales a las provincias con cajas previsionales no transferidas y establecía modificaciones al financiamiento, como la eliminación de ciertas exenciones de IVA a directores de sociedades y a contratos de garantía recíproca.

Por su parte, el proyecto 27.792 prorrogaba por dos años el plan de pagos de la deuda previsional (moratoria) y reducía de 65 a 60 años la edad mínima para que las mujeres accedan a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), compatibilizándola con otras prestaciones e ingresos laborales.

Finalmente, el proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo y garantizaba la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, entre otras medidas de apoyo a personas con discapacidad y prestadores del sistema.

Las razones del veto: “Gasto exorbitante e insuficiente financiamiento”

El decreto firmado por Milei califica las normas como “técnicamente deficientes” y “manifiestamente inviables” por carecer de fuentes de financiamiento adecuadas.

Solo la ayuda económica previsional prevista en el proyecto 27.791 demandaría $1,3 billones este año (0,16% del PBI) y $3,2 billones en 2026. Sumando todas las medidas, el gasto adicional asciende a $4,45 billones en 2025 (0,54% del PBI) y a $8,9 billones en 2026 (0,89% del PBI). El impacto total de los tres proyectos eleva el gasto en 6% del gasto primario anual previsto.

“El Congreso no cumplió con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar fuentes concretas, específicas, actuales y suficientes de financiamiento. Pretender cubrir estos gastos con reasignaciones presupuestarias o eliminación de exenciones marginales es irresponsable”, sostiene el texto.

Además, el Ejecutivo cuestiona la prórroga de las moratorias previsionales, señalando que el 55% de las jubilaciones actuales corresponden a regímenes por moratoria, y que estas medidas “socavan los incentivos a la formalidad laboral y generan inequidades frente a quienes aportaron durante 30 años”.

Más allá del aspecto económico, el decreto denuncia “graves vicios” en el procedimiento legislativo del Senado. Según el Ejecutivo, los proyectos fueron tratados sin una citación formal a los senadores, con dictámenes “careciendo de los requisitos reglamentarios” y con votaciones que deberían haber requerido dos tercios de los presentes.

“La sanción de estos proyectos constituyó un atentado directo contra nuestra Constitución. No resulta tolerable que una mayoría circunstancial manipule las reglas del Congreso para imponerse sobre las minorías”, afirma el texto presidencial.

Milei: “El equilibrio fiscal es innegociable”

El veto se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno. “El equilibrio fiscal constituye uno de los principales compromisos asumidos por el Presidente y fue refrendado en el Pacto de Mayo firmado con 17 gobernadores”, señala el decreto, que reitera el objetivo de “emisión monetaria cero” y la defensa del valor de la moneda.

“El gasto aprobado por el Congreso aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”, advierte el texto.

Con el veto, los proyectos regresan al Congreso, que podrá insistir con una nueva votación por dos tercios de ambas cámaras para convertirlos en ley. Sin embargo, en el oficialismo confían en que no existen los votos para revertir la decisión presidencial.

Desde la oposición, algunos bloques anticiparon que buscarán insistir, mientras que organizaciones de jubilados y de personas con discapacidad cuestionaron la medida por “afectar a los sectores más vulnerables”.

El Gobierno, por su parte, sostuvo que seguirá “generando las condiciones necesarias para evitar el deterioro de los haberes, la solvencia fiscal y el crecimiento genuino, basado en la sustentabilidad y la búsqueda de fuentes de financiamiento reales”.

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