DEUDA PÚBLICA

Claves que abren el debate sobre la independencia monetaria y los límites al poder político en la reforma del BCRA

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central comenzó a instalar uno de los debates económicos e institucionales más relevantes de los últimos años. El Gobierno nacional sostiene que el objetivo es impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público mediante emisión monetaria, consolidando un marco legal que preserve el valor de la moneda. Sin embargo, detrás del consenso que genera la necesidad de fortalecer la estabilidad macroeconómica aparecen múltiples interrogantes sobre el alcance real del proyecto y sus posibles efectos de largo plazo.

Según el portal iProfesional el mercado financiero está digiriendo los lineamientos fundamentales del proyecto para reformar al Banco Central. Según declaración de intenciones de Javier Milei, servirá para que nunca más un gobierno despilfarrador pueda incurrir en déficits que luego son financiados con “la maquinita”.

Sin embargo, la propuesta sobra la nueva Carta Orgánica ya está despertando debates entre los expertos, que creen que hay riesgos ocultos en la “letra chica”. A continuación, un listado sobre las principales dudas que se plantearon sobre la reforma.

¿El desempleo no tiene nada que ver con el BCRA?

El presidente Milei considera una aberración el hecho de que la Carta Orgánica le asigne a una herramienta (el BCRA) una gran cantidad de objetivos, que incluso pueden ser contradictorios entre sí. Es por eso que propone que, en la reforma, se defina que el Central sólo debe preservar el valor de la moneda.

Sin embargo, no es necesariamente un tema que genere consenso a nivel mundial. En países que han sufrido el trauma de desempleos muy elevados, también se incluye la consecución del pleno empleo como objetivo de los bancos centrales.

Entre ellos, destaca el caso nada menos que de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en una enmienda de 1977 a su ley fundacional agregó expresamente que el cuidado del empleo está entre sus misiones fundamentales. De hecho, a la hora de tomar las decisiones sobre modificación de tasas de interés, uno de los indicadores clave en el análisis de la FED es el ritmo de creación de empleo.

Esto obedece a que, según los economistas que estudiaron la crisis de los años 30, la excesiva contracción monetaria fue un factor que agravó la recesión. Uno de los que argumentaron en ese sentido fue Milton Friedman, de quien Milei es declarado admirador.

¿Siguen vigentes los “regalos” del BCRA al Tesoro?

Hubo una chicana inmediata que plantearon los críticos de Milei luego de que éste publicara su propuesta: se plantea la conveniencia de prohibir medidas que este mismo gobierno ha adoptado. Eso, desde el punto de vista político, podría restarle credibilidad al gobierno a la hora del debate.

Concretamente, lo que se critica es el traspaso de utilidades desde el BCRA al Tesoro, basadas en ganancias contables, por activos que sólo se habían valorizado por efecto de la inflación.

Hace poco más de un mes, se anunció que la institución presidida por Santiago Bausili le transferiría $24,4 billones, mientras el Tesoro le devolvería sólo $18,4 billones para sacarle el “clavo” de las letras intransferibles y se quedaría con $6 billones netos, que le sirven para comprar dólares.

Esa ganancia que reflejó el balance del Central fue posible gracias a la valorización de títulos en la cartera del BCRA, como las letras intransferibles que le había colocado el Tesoro durante la anterior gestión del peronismo. El hecho de que durante el año pasado se haya generado una inflación de 31,5% mientras la cotización del dólar subió un 42% genera una valorización de ese “activo”.

Como el propio ministro Toto Caputo reconoció en su comunicado, las letras intransferibles son, en realidad, un activo ilíquido y sin valor de mercado, que el BCRA había sido forzado a recibir, a cambio de dólares, que son un activo líquido y valioso.

Los economistas críticos hablaron de “maquillaje contable” y de un regreso de la “maquinita de emitir pesos”. Es decir, una acusación que choca de frente contra el discurso oficial, que habla de una reducción de la deuda del Tesoro y de un saneamiento en el balance del BCRA.

Y la propuesta de Milei no llega a eliminar por completo la asistencia al Tesoro, sino que la limita a la cancelación de deudas. A primera vista, eso liberaría de la responsabilidad penal por emisión al directorio del BCRA.

¿Un resquicio para la emisión mediante la compra de deuda?

Milei señala la necesidad de terminar con el vicio de la emisión sin respaldo, pero hay analistas que destacan que no sólo con “la maquinita” se expande la cantidad de dinero, sino que también hay formas indirectas, como la compra de títulos de deuda por parte del Banco Central.

De hecho, hoy es una práctica común que la entidad dirigida por Santiago Bausili intervenga en el mercado secundario. Muchas veces, el sentido de esa intervención es incidir en el tipo de cambio, ya sea mediante la compra o la venta de bonos “dólar linked”.

El efecto de esa política es, de hecho, inyectar o retirar pesos del mercado. Por ejemplo, ha sido una situación repetida en las últimas semanas la venta de bonos antes de las licitaciones del Tesoro. De esa manera, el BCRA retira liquidez y, al mismo tiempo, contiene la cotización del dólar, con lo cual ayuda al Tesoro a que aumente el atractivo de sus colocaciones de deuda en pesos.

Es, por otra parte, un tema sobre el que los economistas no se ponen de acuerdo. Hay quienes sostienen que el BCRA sí debe contar con el permiso para comprar deuda, porque es una garantía para evitar que haya corridas por crisis de confianza sobre un default de los bonos.

¿Autonomía del BCRA o una mayor dependencia del presidente?

Otro tema polémico es cómo debe protegerse la independencia del directorio del BCRA respecto del poder político. En los hechos, todos los gobiernos, incluido el de Milei, han usado al Central como una oficina dependiente del presidente, y han interferido en su gestión.

El ejemplo más recordado fue la expulsión, por decreto, de Martín Redrado durante el gobierno de Cristina Kirchner, porque el titular del BCRA se negaba a transferir reservas a un fondo dependiente del gobierno.

Pero no sólo el peronismo violentó la autonomía del Central: también durante el macrismo hubo injerencias. Ya el primer mes, hubo presión sobre Federico Sturzenegger para que se pusiera tope a un movimiento alcista del dólar. Y a los dos años, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció el fin del régimen de metas de inflación.

Lo que Milei plantea como solución es que se necesite una mayoría especial del Congreso -dos tercios de ambas cámaras- para remover a los directores, una cantidad de votos muy difícil de obtener. Pero, en contraste, no modifica el método actual para el nombramiento, que es mucho más laxo, a tal punto que hay directores designados “en comisión”, sin el aval del Senado.

Al respecto, Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado del peronismo, dio una pista sobre cuál será el argumento opositor: “Si avanzara la propuesta de reforma oficialista, la asimetría entre el proceso de designación y el de remoción sería tan abismal que consolidaría la discrecionalidad presidencial”. Desde ese punto de vista, el presidente pondría a las autoridades del BCRA a su antojo y por decreto, mientras que al Congreso le resultaría casi imposible removerlas.

¿Quién detendrá a las cuasimonedas provinciales tras cambios en el BCRA?

Uno de los argumentos fundamentales de Milei es que con una reforma de la Carta Orgánica del BCRA no solamente se pondría coto a la propensión de los políticos por el déficit fiscal nacional, sino que también funcionaría como disciplinador de los gobiernos provinciales y municipales.

Sin embargo, muchos analistas suelen recordar que, ante situaciones de crisis de caja, los gobiernos provinciales pueden volver a emitir cuasi monedas. De hecho, ocurrió con La Rioja durante el primer año de la gestión Milei, y otras provincias grandes, como Buenos Aires y Córdoba, amenazaron con hacer lo mismo si desde la Casa Rosada no se regularizaban las transferencias de recursos.

Las cuasi monedas son, desde el punto de vista técnico, bonos y no dinero, dado que tienen una fecha de vencimiento, a la cual deben ser rescatados por el gobierno provincial. Eso es lo que hace que, por más que se reforme carta orgánica -de hecho, aunque el BCRA fuera eliminado- podrían seguir existiendo.

A lo sumo, lo que puede hacer el gobierno para desalentar su emisión es que ARCA no acepte las cuasimonedas para para el pago de impuestos -algo que sí se permitió en la crisis de 2001-, pero no es un riesgo que la reforma del Banco Central pueda hacer desaparecer.

Banco Central: ¿se puede volver todo atrás con una nueva ley?

Desde el punto de vista legal, lo que afirman los abogados es que una nueva carta orgánica no queda blindada por el hecho de que se sancione como ley del Congreso. El argumento es simple: en un próximo gobierno que tenga mayoría, una nueva ley podría sustituir a esta reforma.

Esto es lo que lleva a que algunos defiendan la necesidad de que la reforma esté respaldada por la propia Constitución nacional. Es un argumento que toma como referencia el célebre caso de Perú, que le dio amplia autonomía a su Banco de Reserva como parte de una reforma constitucional sancionada por el presidente Alberto Fujimori luego del autogolpe con el que disolvió el Congreso.

“El fin de la convertibilidad demostró que al cambiar la composición del Congreso, pueden revertir cualquier ley, y la Corte Suprema no ha dado indicios de proteger el derecho de propiedad”, afirmó Agustín Etchebarne, uno de los economistas más afines al gobierno.

¿El modelo peruano es válido para el Banco Central de Argentina?

Finalmente, queda pendiente el debate de fondo: ¿es realmente conveniente una independencia absoluta del Banco Central? Y, en todo caso, ¿es eso posible en un país como Argentina?

Entre quienes se muestran más escépticos figuran economistas que, al inicio de la campaña electoral de Milei, le aconsejaron la dolarización total de la economía. El caso más notorio es el de Emilio Ocampo, quien sostiene que el ejemplo de Perú -en el que aparentemente se basa la nueva reforma- no es aplicable al contexto argentino.

Y una de sus observaciones más polémicas es que la legendaria fortaleza del Banco Central peruano no ocurre “a pesar de” la debilidad de los gobiernos sino, en buena medida, gracias a que los presidentes no cuentan con un poder que les permita interferir en las áreas monetaria y cambiaria.

“La estabilidad monetaria peruana descansa, en gran medida, en la habilidad, el prestigio y la fortaleza técnica de un funcionario excepcional. La debilidad del Poder Ejecutivo actuó como antídoto natural a la anomia institucional. Pero esto introduce una fragilidad estructural. No existe garantía alguna de que el próximo presidente del BCRP preserve el mismo grado de independencia y profesionalismo que el actual. Cuando los resultados dependen más de las personas que de las instituciones, no son necesariamente extrapolables”, afirma el abanderado de la dolarización.

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El Gobierno modifica el Presupuesto 2026 por DNU: refuerza fondos para el pago de salarios, deuda y programas sociales

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El Gobierno nacional volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia para introducir modificaciones al Presupuesto 2026 con el objetivo de reforzar partidas destinadas a áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado. A través del DNU 594/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reasignó recursos para afrontar incrementos salariales, fortalecer el financiamiento de las universidades nacionales, ampliar el presupuesto de la ANSES para cubrir déficits previsionales provinciales y garantizar el funcionamiento de distintos organismos de la Administración Pública.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y la totalidad del Gabinete, sostiene que la adecuación presupuestaria resulta indispensable para evitar riesgos en la prestación de servicios esenciales y para atender compromisos que surgieron durante la ejecución del ejercicio fiscal. El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto para los DNU.

Uno de los principales ejes de la modificación es el refuerzo presupuestario para la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Los nuevos recursos estarán destinados a financiar la política salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales y asegurar la continuidad del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una herramienta orientada a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo. El área recibirá un aumento de $1.335.312.502.795 en su partida presupuestaria.

En paralelo, el Ejecutivo amplió el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar el financiamiento del Programa Monotributo Social, mecanismo que facilita la formalización laboral de trabajadores de bajos ingresos y emprendedores de la economía popular.

Otro de los capítulos de mayor impacto económico corresponde a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El decreto fija en $409.342.664.874 el crédito presupuestario destinado a financiar las transferencias hacia las cajas previsionales provinciales con déficit no transferidas al Estado nacional, consolidando uno de los principales compromisos financieros del sistema previsional argentino.

La readecuación también alcanza a la Jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, cuyos créditos fueron incrementados para asegurar el cumplimiento de los vencimientos financieros previstos durante el ejercicio. Paralelamente, se modifican partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro para asistir financieramente a Educ.ar S.A.U., empresa estatal que depende de la Secretaría de Educación y desarrolla contenidos y plataformas digitales para el sistema educativo.

El decreto incorpora además una operación financiera relevante para las cuentas públicas. El Ministerio de Capital Humano deberá transferir al Tesoro Nacional $280.510.611.926, correspondientes al reembolso de fondos vinculados al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, recursos que habían sido adelantados previamente por el Tesoro.

La modificación presupuestaria también contempla ajustes administrativos derivados de cambios en la estructura del Estado. Mientras se completan las adecuaciones formales de organismos cuya naturaleza jurídica fue modificada durante 2026, el Ejecutivo dispuso que continúen ejecutando sus gastos con cargo a las partidas originalmente asignadas.

Se asignaron más fondos para el funcionamiento de hospitales nacionales. El Hospital Garrahan recibirá $103.966 millones, mientras que el Hospital Cuenca Alta Nestor Kirchner contará con $17.521 millones, entre otros centros de salud del sistema SAMIC.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió un refuerzo total de $49.261 millones, que incluye partidas para personal, bienes de consumo y equipos de computación. Por su parte, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal también recibieron adecuaciones en sus créditos para gastos de personal y funcionamiento.

En cuanto a la deuda pública, se registró una readecuación importante del presupuesto para cumplir con los servicios financieros del ejercicio actual, incluyendo la amortización de letras intransferibles al Banco Central por más de $18 billones, utilizando recursos del Tesoro Nacional.

Las planillas anexas al decreto muestran que la redistribución de recursos alcanza a numerosos organismos del Estado. Entre ellos aparecen refuerzos para el Poder Judicial, el Ministerio Público, universidades nacionales, áreas de seguridad, cultura y diversos organismos descentralizados, principalmente para afrontar gastos salariales, funcionamiento e inversiones operativas.

Desde una perspectiva fiscal, el DNU refleja las tensiones propias de la ejecución presupuestaria en un contexto de fuerte disciplina sobre el gasto público. Aunque el Gobierno mantiene como objetivo central el equilibrio fiscal, la dinámica de la administración obliga a reasignar partidas para atender compromisos salariales, previsionales, educativos y financieros que no podían postergarse sin afectar el funcionamiento del Estado.

DNU 594/2026 by CristianMilciades

La decisión confirma, además, que el Poder Ejecutivo continúa utilizando la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia para introducir modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio, una práctica prevista por la legislación vigente pero que, como ocurre con todos los DNU, quedará sujeta al control político posterior del Congreso de la Nación.

anexo 1 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 2 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 3 DNU 594/2026 by CristianMilciades

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El Tesoro logró colocar $13,2 billones y refinanció vencimientos en una licitación con fuerte demanda por bonos de largo plazo

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La Secretaría de Finanzas concretó una nueva licitación de deuda en la que adjudicó instrumentos por un valor efectivo de $13,22 billones, tras recibir ofertas por $14,93 billones. El resultado implicó un rollover del 81,26% sobre los vencimientos que enfrentaba el Tesoro, en una operación que volvió a mostrar un importante interés del mercado por los títulos públicos, aunque sin alcanzar una refinanciación total de los compromisos.

La colocación combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por inflación (CER), títulos vinculados a la tasa TAMAR, bonos duales CER/TAMAR, instrumentos dólar linked y deuda denominada directamente en dólares estadounidenses. La estrategia del Ministerio de Economía volvió a apuntar a diversificar las alternativas de financiamiento y extender los plazos de vencimiento, consolidando la curva de deuda en moneda local.

Uno de los datos más relevantes fue el marcado interés de los inversores por los bonos de mayor duración. El instrumento con mayor volumen adjudicado fue la nueva Lecap con vencimiento el 13 de noviembre de 2026, que captó $4,18 billones con una tasa efectiva mensual del 2,10%, equivalente a una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) del 28,32%.

Sin embargo, el mayor protagonismo volvió a concentrarse en los instrumentos indexados. El bono dual CER/TAMAR con vencimiento en diciembre de 2029 absorbió $3,77 billones, mientras que el nuevo bono a tasa TAMAR con vencimiento en julio de 2027 obtuvo colocaciones por $2,43 billones. A ellos se sumaron tres emisiones ajustadas por CER con vencimientos entre 2027 y 2028 que, en conjunto, captaron más de $2,1 billones.

La preferencia por este tipo de activos refleja que una parte importante del mercado continúa buscando cobertura frente a la evolución futura de la inflación y de las tasas de interés, aun cuando el Gobierno sostiene que el proceso de desinflación continuará durante los próximos meses.

En el segmento vinculado al tipo de cambio, el Tesoro adjudicó aproximadamente $694.000 millones equivalentes mediante dos títulos dólar linked con vencimientos en agosto de 2026 y diciembre de 2028, instrumentos que permiten a los inversores protegerse frente a eventuales movimientos del dólar oficial.

Por otra parte, el Gobierno volvió a salir al mercado internacional de deuda en moneda dura mediante la reapertura del Bonar 2028 (AO28). En esta licitación recibió ofertas por USD 527 millones y finalmente adjudicó USD 257 millones de valor efectivo, equivalentes a un Valor Nominal Original (VNO) de USD 266 millones, con un rendimiento del 7,83% anual y una tasa nominal del 7,56%.

La demanda superó ampliamente el monto finalmente adjudicado, por lo que se aplicó un fuerte prorrateo sobre las ofertas presentadas al precio de corte, fijado en USD 967 por cada USD 1.000 de valor nominal. Además, la Secretaría de Finanzas anunció que el próximo lunes realizará una segunda vuelta exclusivamente para el AO28, por hasta USD 100 millones adicionales, manteniendo el mismo precio de corte.

Desde la perspectiva financiera, la licitación vuelve a mostrar que el Tesoro mantiene acceso al mercado doméstico de deuda pese a no alcanzar un rollover pleno. La decisión de refinanciar poco más del 81% de los vencimientos implica que el resto podrá cubrirse con parte de la liquidez acumulada por el Gobierno, una estrategia que el equipo económico viene utilizando en los últimos meses para administrar el perfil de vencimientos sin incrementar significativamente el stock de deuda.

Al mismo tiempo, la composición de la demanda ofrece una señal relevante sobre las expectativas del mercado. Mientras los títulos a tasa fija continúan encontrando compradores, la mayor concentración de colocaciones en instrumentos indexados por inflación o vinculados a tasas variables refleja que los inversores todavía privilegian mecanismos de cobertura ante un escenario macroeconómico que, aunque muestra señales de estabilización, continúa transitando un proceso de normalización.

Para el Ministerio de Economía, la continuidad de licitaciones con elevados niveles de participación constituye un componente central de la estrategia de financiamiento del Tesoro, en un esquema que busca sostener el equilibrio fiscal sin recurrir a la emisión monetaria del Banco Central y consolidar un mercado de deuda en pesos cada vez más profundo.

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El FMI advierte sobre desequilibrios en EE.UU. y anticipa impacto global

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la revisión del Artículo IV de Estados Unidos correspondiente a 2026 con un mensaje dual: destacó el dinamismo de la mayor economía del mundo —crecimiento de 2,2% en 2025 y proyección de 2,4% para 2026— pero advirtió que el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente son “demasiado grandes” y que la deuda pública podría alcanzar el 140% del PBI en 2030.

Aunque la conferencia se centró en la economía estadounidense, el diagnóstico tiene implicancias directas para países como la Argentina. No solo por el rol del dólar y de la Reserva Federal en el sistema financiero global, sino porque el eventual ajuste fiscal, la trayectoria de tasas de interés —entre 3,25% y 3,5% hacia fines de 2026— y la política comercial de EE.UU. condicionan flujos de capital, precios de exportación y acceso al financiamiento externo.

En un contexto en el que el FMI subraya la necesidad de “acciones decididas” para encauzar la deuda norteamericana, el escenario global que enfrenta la Argentina combina crecimiento sólido en EE.UU. con un entorno de vigilancia fiscal y monetaria que seguirá marcando la liquidez internacional.

Déficit externo y deuda: el mensaje estructural del Fondo

La directora gerente, Kristalina Georgieva, fue explícita: bajo la metodología del organismo, el déficit de cuenta corriente de EE.UU. es excesivo y debe corregirse en el mediano plazo. A la par, el déficit fiscal y el aumento sostenido de la deuda pública continúan como “una preocupación”.

El Fondo proyecta que tanto la deuda federal como la deuda general del gobierno seguirán en ascenso hasta alcanzar el 140% del PBI en 2030. Si bien no ve una crisis inmediata, recomienda reducir el rojo fiscal hacia el 3% del PBI mediante una combinación de mayores ingresos y control del gasto.

Para la Argentina, este punto es clave. Un proceso de consolidación fiscal en EE.UU. podría implicar menor estímulo global en los próximos años, mientras que cualquier tensión en el mercado de deuda norteamericano impactaría en el costo de financiamiento para economías emergentes. El vínculo es estructural: la deuda estadounidense funciona como referencia para el precio del riesgo global.

Tasas, inflación y liquidez: el marco financiero que enfrenta el mercado emergente

El FMI avaló la decisión de la Reserva Federal de recortar tasas en 2025 y anticipó un sendero de política monetaria que llevaría el rango de referencia a entre 3,25% y 3,5% hacia fines de 2026, con inflación convergiendo al 2% a comienzos de 2027.

Este escenario combina crecimiento, baja gradual de tasas e inflación controlada. Para la Argentina, significa un entorno potencialmente más favorable para la búsqueda de financiamiento externo y para el apetito por activos emergentes, siempre que el riesgo global no se altere por tensiones comerciales o fiscales.

Sin embargo, el propio Fondo advirtió que la incertidumbre es elevada y que los movimientos en materia de aranceles y política comercial aún no están plenamente cuantificados. Los aranceles aplicados —que habrían pasado de anuncios cercanos al 23% a una recaudación efectiva en torno al 10%— tienen efectos negativos sobre la oferta y distorsionan la asignación de recursos.

Para una economía como la argentina, que depende de exportaciones agroindustriales y de la estabilidad del comercio global, la evolución de estas tensiones no es un dato menor.

Instituciones, déficit y señales sistémicas

El organismo también puso el foco en la importancia de mantener instituciones sólidas, desde la administración tributaria hasta los organismos estadísticos y de supervisión financiera. Destacó la relevancia de la independencia de la Reserva Federal y advirtió que la reducción del empleo federal —cercana al 15% en el último año— no debería afectar funciones críticas.

Este mensaje tiene una lectura más amplia. El FMI vincula crecimiento sostenido con calidad institucional. Para la Argentina, que mantiene una relación financiera activa con el organismo, el énfasis en marcos regulatorios sólidos y en disciplina fiscal funciona como señal indirecta sobre las condiciones de estabilidad necesarias para sostener programas económicos.

Un contexto externo más estable, pero con condicionantes

El diagnóstico final del Fondo es que la economía estadounidense muestra dinamismo, productividad elevada y resiliencia. No ve una crisis inminente, pero sí desequilibrios que deben corregirse de manera ordenada.

Para la Argentina, el escenario combina oportunidades y restricciones. Un EE.UU. creciendo al 2,4% en 2026 sostiene la demanda global. Una inflación convergiendo al 2% y tasas en torno al 3,5% mejora el clima financiero. Pero la advertencia sobre déficit y deuda introduce un elemento de vigilancia estructural que puede limitar márgenes de expansión fiscal o monetaria global.

En otras palabras, el contexto externo no luce adverso en el corto plazo. Sin embargo, el Fondo dejó claro que el equilibrio global sigue siendo frágil. Y en ese tablero, las economías emergentes —entre ellas la argentina— dependen de decisiones que se toman en Washington pero repercuten en sus propias variables domésticas.

El próximo Staff Report y el World Economic Outlook de abril aportarán mayor precisión. Hasta entonces, la señal es clara: el ciclo internacional acompaña, pero exige disciplina.

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Economía canjea deuda con el BCRA y extiende vencimientos de BONCAP hasta 2027

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El Ministerio de Economía aprobó una operación de conversión de deuda pública con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que implica el canje del BONCAP con vencimiento en enero de 2026 por una canasta de nuevos instrumentos a 2027. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, apunta a ordenar el perfil de vencimientos del Tesoro, extender plazos y dar continuidad a la estrategia de manejo del crédito público prevista en el Presupuesto 2026.

La operación se instrumenta a través de la ampliación de la emisión de dos bonos capitalizables en pesos —el BONCAP T30A7 y el BONCAP T30J7— por hasta $600.000 millones de valor nominal original cada uno, dentro de los límites autorizados por la Ley de Presupuesto N° 27.798. El canje se realizará con el BCRA y se liquidará el 26 de enero de 2026, con precios de mercado determinados el 23 de enero en BYMA.

El detalle del canje: un BONCAP que vence en 2026 por una canasta a 2027

La resolución aprueba, en el marco del artículo 11 del Decreto 331/2022, la conversión del Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de enero de 2026 (BONCAP T30E6) por una canasta compuesta en partes iguales por:

  • 50% del BONCAP T30A7, con vencimiento el 30 de abril de 2027, y
  • 50% del BONCAP T30J7, con vencimiento el 30 de junio de 2027.

Según lo dispuesto, la cantidad de valor nominal que recibirá el BCRA surgirá de fórmulas de conversión que toman como base el valor nominal del bono entregado y los precios de mercado vigentes inmediatamente antes de las 13:30 horas en BYMA, con liquidación a 24 horas. Los resultados se redondearán al múltiplo entero más cercano de la denominación mínima de los bonos.

Desde el punto de vista técnico, la operación no implica una nueva toma neta de deuda, sino una reconfiguración del stock existente, extendiendo vencimientos y reduciendo presiones de corto plazo sobre el Tesoro.

Marco legal y fundamentos fiscales de la decisión

La resolución se apoya en un entramado normativo amplio. Por un lado, la Ley 24.156 de Administración Financiera establece que toda operación de crédito público debe estar contemplada en la ley de presupuesto. En ese sentido, el artículo 44 de la Ley 27.798 autoriza expresamente operaciones por los montos y destinos consignados en su planilla anexa.

A su vez, el Decreto 331/2022, modificado por el DNU 846/2024, habilita que las suscripciones de instrumentos de deuda pública se realicen con otros instrumentos, independientemente de la moneda, fijando precios de acuerdo con valores de mercado y excluyendo estas operaciones de las restricciones del artículo 65 de la Ley 24.156.

En este marco, las secretarías de Finanzas y de Hacienda —como órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera, según el Decreto 1344/2007— consideraron conveniente ofrecer al BCRA esta canasta de bonos a 2027, ampliando las emisiones existentes para concretar el canje.

Impacto financiero e institucional de la operación

Desde una perspectiva económica, la conversión alivia el perfil de vencimientos de 2026, desplazando compromisos hacia 2027 sin alterar el marco presupuestario aprobado por el Congreso. Para el BCRA, implica un alargamiento de plazos en su cartera de títulos del Tesoro, lo que reduce concentraciones de corto plazo.

En términos institucionales, la medida refuerza el uso de operaciones de mercado y canjes bilaterales como herramienta de gestión de deuda, en línea con las facultades ampliadas otorgadas al Poder Ejecutivo en los últimos ejercicios presupuestarios. Además, mantiene la referencia a precios de mercado, un elemento central para preservar consistencia con las valuaciones financieras vigentes.

En el plano político, la resolución deberá ser informada a los organismos de control correspondientes y se inscribe dentro del esquema de seguimiento parlamentario previsto para las normas que regulan el crédito público, aunque sin requerir una ley específica adicional por encontrarse dentro de las autorizaciones del Presupuesto 2026.

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