Deuda Pública

El Gobierno aprueba un préstamo de USD 400 millones de la CAF para un programa de sostenibilidad del sector energético

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Mediante el Decreto 23/2026, el Poder Ejecutivo aprobó el modelo de contrato de un préstamo por hasta USD 400 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”. La medida, firmada el 18 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero, apunta a reforzar el marco regulatorio del sector, mejorar la focalización de los subsidios energéticos y promover la eficiencia en el uso de los recursos, con impacto directo en la política fiscal, la administración de subsidios y la estructura institucional del sistema energético.

La operación se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional de avanzar en reformas estructurales del sector energético, bajo un esquema de financiamiento multilateral que, según los organismos intervinientes, presenta condiciones financieras más favorables que las disponibles en el mercado y un impacto macroeconómico acotado.

Un financiamiento multilateral orientado a subsidios, regulación y eficiencia energética

El decreto aprobado establece que la CAF se compromete a asistir financieramente a la República Argentina por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MILLONES (USD 400.000.000), con el objetivo de cooperar en la ejecución del programa SWAP de apoyo a la sostenibilidad del sector energético.

De acuerdo con los considerandos, el objetivo general del programa es “fortalecer la sostenibilidad del sector energético a través de mejoras en la focalización de los subsidios para la protección de los hogares vulnerables y la promoción de la eficiencia energética”. El diseño del programa se estructura en cuatro componentes claramente definidos:

  1. Fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía.
  2. Mejoras en la focalización de los subsidios energéticos.
  3. Promoción del uso y consumo eficientes de los recursos energéticos.
  4. Otros gastos vinculados a la implementación del programa.

La arquitectura del financiamiento refleja un enfoque sectorial amplio, orientado tanto a aspectos normativos e institucionales como a la gestión de subsidios y al comportamiento de la demanda energética, un eje central en la política económica y fiscal del Estado nacional.

Ejecución, gestión fiduciaria y aval macroeconómico

El Ministerio de Economía fue designado como Organismo Ejecutor del programa, a través de dos áreas específicas. Por un lado, la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía, que tendrá la responsabilidad sustantiva en la materia. Por otro, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa, que estará a cargo de la gestión fiduciaria del programa.

En términos macroeconómicos, el decreto destaca la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que analizó el impacto de esta y otras operaciones de financiamiento con organismos regionales de crédito. Según consta en los considerandos, el BCRA concluyó que la dimensión de la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y que dicho impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

A su vez, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía informó que no formuló objeciones al financiamiento requerido, al considerar que “el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”. Este aval refuerza el perfil del préstamo como una herramienta de financiamiento considerada conveniente desde el punto de vista fiscal y financiero.

Alcance normativo, facultades delegadas y repercusiones esperadas

El Decreto 23/2026 aprueba un Modelo de Contrato de Préstamo que incluye 24 cláusulas en las Condiciones Particulares, 43 cláusulas en las Condiciones Generales, un Anexo Técnico y un Anexo de Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda, lo que da cuenta de la complejidad técnica y administrativa de la operatoria.

La norma faculta al Ministro de Economía, o a los funcionarios que este designe, y al Secretario de Finanzas, a suscribir indistintamente el contrato y la documentación adicional en representación de la República Argentina. Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía a acordar modificaciones al contrato, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos, incrementos en el monto total ni alteraciones en el procedimiento arbitral pactado.

Desde el punto de vista institucional, la medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, el artículo 53 de la Ley N° 11.672 y el artículo 60 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, lo que encuadra la operación dentro del marco legal vigente para el endeudamiento público.

En términos de repercusiones, el financiamiento aprobado tiene impacto directo sobre el sector energético, la política de subsidios, la administración fiscal y la gestión regulatoria, con potencial incidencia sobre hogares vulnerables, estructuras tarifarias y la eficiencia en el consumo de energía. Al tratarse de un programa de enfoque sectorial amplio, su implementación será observada de cerca tanto por actores institucionales como por los sectores vinculados a la regulación y al financiamiento del sistema energético.

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“Erraron otra vez”: Milei defendió el refinanciamiento de la deuda y descartó riesgos de default

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El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la estrategia financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras la cancelación de una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un nuevo crédito internacional por USD 2.500 millones. El mandatario rechazó las advertencias sobre un posible default, sostuvo que el movimiento implica un cambio de acreedor sin impacto en reservas y lo presentó como una señal de normalización financiera y confianza del mercado en el programa económico.

A través de su cuenta en X, Milei fue categórico frente a las críticas: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”. El mensaje estuvo acompañado por un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien explicó que en economías solventes la deuda pública no se cancela íntegramente, sino que se refinancia de manera permanente, siempre que se cumplan los pagos de intereses y exista disciplina fiscal.

La operatoria técnica: un cambio de acreedor sin impacto en reservas

El respaldo presidencial se conoció luego de que el balance del BCRA de la última semana de diciembre reflejara un movimiento financiero por USD 2.500 millones. Según la información oficial, el Gobierno utilizó ese monto para cancelar el tramo ejecutado del swap que formaba parte de un acuerdo total por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense, suscripto antes de las elecciones legislativas.

Para concretar el pago sin afectar el nivel de reservas internacionales, la autoridad monetaria tomó un nuevo crédito de igual monto con un organismo internacional. Si bien el BCRA no precisó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.

Desde el punto de vista contable, la operación implicó un reordenamiento de pasivos: la reducción del rubro “Otros Pasivos” por la cancelación del swap con Estados Unidos fue compensada por un aumento equivalente en las obligaciones con organismos internacionales, sin variación neta en las reservas.

En términos prácticos, el Gobierno logró estirar plazos de vencimiento y modificar la composición de sus acreedores, una maniobra que el oficialismo considera clave para fortalecer el perfil financiero del Estado.

Déficit cero, refinanciamiento y la discusión sobre la solvencia

El eje central del argumento oficial se apoya en la política de déficit fiscal cero. Según la interpretación que difundió Milei junto al análisis de Rallo, el refinanciamiento de vencimientos no incrementa el stock de deuda, sino que posterga su cancelación en el tiempo.

“Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, sostuvo el economista en el material compartido por el Presidente. Bajo esta lógica, mientras el Estado mantenga el superávit fiscal, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria descendente, reforzando la idea de solvencia.

Desde la Casa Rosada destacan que la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento internacional constituye una señal concreta de que el mercado no percibe un riesgo inminente de default. En esa línea, fuentes del BCRA aclararon que el crédito utilizado no proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o el plazo del nuevo préstamo.

Este movimiento se suma, además, a la cancelación de deudas con el BIS realizada a comienzos de 2024, un antecedente que el Ejecutivo utiliza para mostrar una mejora progresiva en la solvencia del Estado argentino.

Repercusiones políticas y financieras

La defensa pública de Milei busca desactivar un debate que volvió a instalarse en el mercado desde mediados de 2025, cuando distintos analistas advirtieron sobre la sostenibilidad de los compromisos externos. Para el Gobierno, el refinanciamiento confirma que la estrategia financiera se apoya en credibilidad fiscal, acceso al crédito y una administración activa de los pasivos del Banco Central.

En el plano político, el mensaje presidencial apunta a consolidar el discurso de orden macroeconómico y disciplina fiscal como ancla de estabilidad, mientras que en el plano financiero refuerza la señal de que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar herramientas de mercado para administrar vencimientos sin recurrir a emisión monetaria ni pérdida de reservas.

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Deuda: el Gobierno pagó USD 4.300 millones con fondos propios y un REPO internacional

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El Gobierno nacional canceló vencimientos de deuda por unos USD 4.300 millones correspondientes a bonos en manos de privados y del sector público, en una operación descontada por los mercados y ejecutada con fondos del Tesoro, un crédito REPO aportado por bancos internacionales y recursos provenientes de la privatización de represas del sur. El pago reduce la incertidumbre de corto plazo, ordena el perfil de vencimientos y se articula con el programa de acumulación de divisas que ya suma unos USD 200 millones.

Radiografía del pago: composición, origen de fondos y efecto neto

Del total abonado —USD 4.218 millones—, USD 692 millones corresponden a tenencias del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares, al tratarse de pagos intra-sector público y potencialmente refinanciables. El neto a privados ascendió a USD 3.526 millones.

Para cubrir ese tramo, el Tesoro utilizó USD 2.300 millones provenientes de ingresos por la privatización de represas del Comahue, mientras que el remanente —entre USD 1.200 y USD 1.300 millones— se financió con un REPO. La combinación permitió cumplir en tiempo y forma sin tensiones adicionales sobre el mercado cambiario.

La operatoria fue leída como una señal de previsibilidad financiera, en tanto el pago estaba plenamente incorporado en los precios y no generó sobresaltos en la curva de bonos.

El REPO: bancos participantes, tasa y demanda superior a la prevista

El Banco Central había informado el miércoles previo el cierre de un REPO por USD 3.000 millones con plazo de poco más de un año y tasa anual del 7,4%, diseñado para sumar liquidez de manera transitoria. Las entidades participantes fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander.

La licitación recibió ofertas por USD 4.400 millones, cerca de 50% por encima del monto buscado, lo que reflejó apetito por el instrumento y capacidad de fondeo en un contexto de normalización operativa. La tasa del 7,4% anual funcionó como ancla de referencia para el costo financiero de corto plazo.

Contexto macro y repercusiones: reservas, expectativas y mercado

En paralelo al pago, el BCRA avanza con el programa de acumulación de divisas y ya sumó alrededor de USD 200 millones, reforzando el frente de reservas. La secuencia —pago de vencimientos, uso acotado de financiamiento puente y acumulación de dólares— ordena el flujo financiero del inicio de año y reduce riesgos de rollover inmediato.

Para los tenedores privados, el cobro efectivo abre interrogantes sobre la reinversión de los fondos, mientras que para el mercado el mensaje central fue la capacidad de ejecución y la coordinación entre Tesoro y BCRA. A nivel institucional, la operación consolida una estrategia de cumplimiento con instrumentos de mercado y financiamiento transitorio, sin agregar presiones cambiarias adicionales.

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Tras el pago de bonos, la clave es si los dólares vuelven al sistema financiero

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Argentina enfrenta este viernes un pago de US$ 4.300 millones en capital e intereses de bonos de la deuda pública, un movimiento clave para la dinámica financiera de corto plazo. La atención del mercado no está puesta en el cumplimiento —ya descontado— sino en qué harán los inversores con esos fondos, especialmente los privados que concentran la mayor parte del cobro, en un contexto de Riesgo País aún elevado y con fuertes vencimientos por delante en 2026.

Cómo se distribuyen los US$ 4.300 millones y por qué importa

Del total que se paga hoy, unos US$ 700 millones están en manos de organismos públicos, por lo que el mercado descuenta que esos dólares permanecerán dentro del sistema financiero, incluso sin impacto directo sobre las reservas.

La verdadera incógnita está en el destino de los US$ 3.700 millones restantes, que corresponden a tenedores privados de bonos. Allí se concentra la expectativa sobre si habrá reinversión en activos argentinos, ya sea en bonos soberanos, instrumentos financieros locales o, en menor medida, otros activos vinculados al mercado doméstico.

Este punto es central porque, más allá del cumplimiento de los compromisos, la sostenibilidad financiera no depende solo de pagar, sino también de lograr que los dólares que salen vuelvan a circular dentro del sistema, reduciendo tensiones cambiarias y financieras.

Efecto técnico sobre los bonos y señales del mercado

Desde el mercado financiero advirtieron que en la jornada de este viernes podría registrarse una caída en el precio de los bonos argentinos, aunque aclararon que se trata de un efecto estrictamente técnico, vinculado a la modalidad del pago de capital e intereses.

Según explican operadores, este movimiento no debe interpretarse como una salida de capitales ni como un cambio en la percepción de los inversores, sino como un ajuste habitual posterior a los pagos de deuda.

Sin embargo, el contexto general sigue siendo delicado. A pesar de haber cumplido con todos los vencimientos recientes, el Riesgo País se mantiene en torno a los 580 puntos, un nivel que impide el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda y limita la capacidad de financiamiento externo en condiciones normales.

El desafío de fondo: vencimientos 2026 y riesgo soberano

La preocupación estructural del Gobierno continúa siendo el alto nivel del riesgo soberano, que no cede incluso luego de los pagos realizados. Este indicador refleja que el mercado aún percibe incertidumbre sobre la capacidad de financiamiento futuro, más allá del cumplimiento inmediato.

El dato que sobrevuela todas las decisiones es el calendario próximo: durante 2026, Argentina deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por más de US$ 16.300 millones. En ese marco, la reacción de los inversores privados ante el pago de hoy funciona como un termómetro clave para evaluar el grado de confianza y la posibilidad de estabilizar el frente financiero sin recurrir a nuevas fuentes extraordinarias de financiamiento.

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Deuda en pesos: Economía canjea Letras dólar linked y estira vencimientos de enero

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El Ministerio de Economía avanzó con una operación de conversión de deuda de corto plazo para administrar el perfil de vencimientos del Tesoro en enero. Mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dictada el 7 de enero de 2026, se dispuso la ampliación de la Letra del Tesoro dólar linked con vencimiento el 30 de enero de 2026 (LELINK D30E6) por hasta USD 4.000 millones, con el objetivo de canjear la LELINK D16E6, que vence el 16 de enero. La medida se encuadra en las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto 2026 y busca ordenar el programa financiero del inicio del año.

Conversión de deuda y marco normativo

La operación se apoya en el artículo 45 de la Ley 27.798, que autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro para cumplir con el programa financiero, siempre que sean reembolsadas en el mismo ejercicio. En paralelo, el artículo 11 del Decreto 331/2022, incorporado a la Ley 11.672 y sustituido por el Decreto 846/2024, habilita a realizar suscripciones de instrumentos de deuda pública con otros títulos, independientemente de la moneda de pago, por fuera de las restricciones del artículo 65 de la Ley 24.156.

En ese marco, Finanzas y Hacienda —que ejercen en forma conjunta la coordinación de la Administración Financiera, conforme al Decreto 1344/2007 y su modificatorio— resolvieron convertir la LELINK D16E6 (emitida en febrero de 2025) por la LELINK D30E6 (emitida en octubre de 2025). Para concretar la operación, se autorizó la ampliación del monto en circulación de esta última, dentro de los límites presupuestarios vigentes.

Detalles operativos de la licitación

La conversión se instrumentó mediante una licitación con un único pliego competitivo. La recepción de ofertas se fijó para el miércoles 7 de enero de 2026, entre las 11:30 y las 15:00, mientras que la liquidación se estableció para el lunes 12 de enero de 2026 (T+3).

Los participantes debieron indicar cantidad de valor nominal en dólares y el precio por cada VNO USD 1.000, con dos decimales, al cual suscribirían la LELINK D30E6. La cantidad de LELINK D16E6 a entregar se determinó mediante una fórmula prevista en la resolución, con redondeo al múltiplo entero más cercano de la denominación mínima.

La normativa también detalló el procedimiento de transferencia de los títulos elegibles a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos (CRYL) del Banco Central. En caso de incumplimiento en la entrega de la LELINK D16E6, la liquidación se prevé mediante débito en pesos, calculado al tipo de cambio de referencia del BCRA conforme a la Comunicación “A” 3500.

Señales al mercado

Desde el punto de vista financiero, la conversión permite descomprimir el vencimiento inmediato del 16 de enero y trasladarlo al 30 de enero, sin aumentar el stock neto de deuda más allá del tope autorizado. La operatoria se inscribe en una estrategia de administración activa de pasivos, habitual en los primeros meses del año, cuando la Tesorería enfrenta picos de vencimientos en instrumentos de corto plazo.

Para los tenedores, el canje ofrece continuidad en un instrumento dólar linked, manteniendo la cobertura frente a la evolución del tipo de cambio oficial. En términos institucionales, la resolución reafirma el uso de los mecanismos habilitados por los DNU vigentes para flexibilizar la gestión de la deuda, en un contexto de restricciones fiscales y necesidad de previsibilidad en el programa financiero.

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