Deuda Pública

Caputo presentó el Programa Financiero 2026-2027

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El Gobierno nacional presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027, una hoja de ruta con la que busca consolidar el proceso de estabilización macroeconómica, sostener la reducción del riesgo país y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda sin depender, al menos en el corto plazo, de emisiones en los mercados internacionales.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes expusieron una estrategia basada en tres pilares: mantener el superávit fiscal, preservar una trayectoria descendente de la relación deuda/PBI y maximizar la flexibilidad financiera mediante fuentes de financiamiento de menor costo.

El dato central del programa es que para 2026 el Gobierno proyecta necesidades financieras por US$ 19.200 millones frente a fuentes estimadas por US$ 22.900 millones, lo que generaría un excedente de financiamiento de aproximadamente US$ 3.700 millones. Ese colchón sería utilizado para afrontar parte de los vencimientos de 2027, reduciendo las necesidades de financiamiento del próximo año.

Según explicó Furiase, el objetivo consiste en que las nuevas fuentes de financiamiento se utilicen exclusivamente para refinanciar vencimientos de capital, mientras que los intereses continúen siendo afrontados con el superávit primario. Esa lógica, sostuvo, permite mantener una trayectoria de deuda sostenible sin incrementar el endeudamiento neto del Estado.

Uno de los conceptos más repetidos durante la presentación fue el de “opcionalidad”. Tanto Caputo como Daza remarcaron que el programa fue diseñado con distintas alternativas de financiamiento disponibles para minimizar costos y evitar decisiones forzadas en función de la volatilidad internacional. Daza sostuvo que la flexibilidad constituye un activo económico en escenarios de incertidumbre y que la estrategia financiera fue concebida para preservar esa capacidad de maniobra.

Menos deuda y objetivo de grado de inversión

El equipo económico insistió en que la estrategia no apunta únicamente a refinanciar vencimientos sino también a continuar reduciendo el peso de la deuda pública sobre la economía.

Furiase aseguró que la deuda pública con privados y organismos internacionales —incluyendo los pasivos remunerados del Banco Central— pasó de representar cerca del 99% del Producto Bruto en diciembre de 2023 a 39,7% en la actualidad. Bajo supuestos considerados conservadores, la proyección oficial prevé que ese indicador continúe descendiendo hasta ubicarse cerca de 37,3% del PBI en los próximos cinco años.

En esa línea, Daza planteó que el objetivo estratégico del Gobierno es alcanzar antes de 2031 las métricas compatibles con el grado de inversión, condición que Argentina nunca logró mantener de manera sostenida. Aclaró, sin embargo, que ello dependerá también de las evaluaciones de las calificadoras internacionales y no constituye una promesa oficial.

Otro de los ejes centrales consiste en privilegiar préstamos garantizados por organismos multilaterales antes que emisiones tradicionales de deuda en los mercados internacionales.

Dentro del programa se prevén alrededor de US$ 4.000 millones mediante líneas con garantía de organismos internacionales. Entre ellas figura un préstamo respaldado por el Banco Mundial por aproximadamente US$ 2.000 millones, otro esquema con garantía del BID por US$ 1.200 millones y una línea adicional cercana a US$ 1.000 millones aún en desarrollo. Según el Ministerio de Economía, estos instrumentos ofrecen plazos más extensos y costos financieros considerablemente inferiores a los que implicaría una emisión soberana tradicional.

El esquema también contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional por US$ 1.900 millones, de los cuales US$ 1.000 millones serán destinados a continuar el proceso de recapitalización del Banco Central mediante la recompra de Letras Intransferibles.

Superávit, reservas y riesgo país

Durante la exposición, Caputo sostuvo que el programa financiero sólo resulta posible gracias al equilibrio fiscal alcanzado desde el inicio de la gestión y a la recomposición de reservas del Banco Central.

El ministro afirmó que el Tesoro ya adquirió al Banco Central cerca de US$ 6.700 millones durante el año y remarcó que la estrategia busca continuar saneando el balance de la autoridad monetaria, reducir la deuda intra sector público y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Furiase agregó que el riesgo país cayó desde niveles cercanos a los 2.700 puntos básicos al inicio de la administración hasta aproximadamente 414 puntos, indicador que considera determinante para reducir el costo del crédito para empresas y familias y favorecer las inversiones privadas.

Caputo evitó anticipar cómo reaccionarán los mercados tras la presentación del programa, aunque sostuvo que el Gobierno continuará brindando previsibilidad mediante disciplina fiscal y monetaria para seguir reduciendo el riesgo soberano. También confirmó que el próximo pago de bonos en dólares será afrontado con recursos ya disponibles en la cuenta del Tesoro y con ingresos adicionales provenientes de garantías, asegurando que existirán reservas suficientes para cumplir con los vencimientos.

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El Tesoro le canjea bonos al BCRA y adquiere mayor poder de fuego para intervenir en el mercado

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La operación más relevante surge de la Resolución Conjunta 39/2026, mediante la cual el Tesoro intercambió tenencias del Banco Central en un bono ajustado por inflación (BONCER TZXD6, con vencimiento en diciembre de 2026) por dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar oficial (LELINK), con vencimientos el 31 de julio y el 31 de agosto de este año. La conversión contempla hasta US$1.000 millones de valor nominal para cada instrumento, totalizando una capacidad de emisión de hasta US$2.000 millones.

La lectura del mercado fue inmediata. Diversos analistas interpretaron que la decisión fortalece la capacidad operativa del Banco Central para actuar sobre los instrumentos de cobertura cambiaria. En las últimas semanas, la autoridad monetaria incrementó su presencia en los mercados financieros buscando moderar expectativas de devaluación y contener la volatilidad de los contratos vinculados al tipo de cambio. Con una mayor tenencia de títulos dólar linked, el BCRA amplía su margen para intervenir en el mercado secundario y administrar la curva de cobertura.

La medida se produce en un contexto particularmente sensible. El Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria mientras enfrenta una mayor demanda estacional de pesos asociada al pago de aguinaldos y una dinámica cambiaria que continúa siendo observada de cerca por los inversores. De hecho, tras la última licitación de deuda, el Tesoro liberó cerca de $3 billones de liquidez que, según estimaciones privadas, terminarán absorbidos en buena medida por las necesidades de efectivo propias de esta época del año.

La operación también revela un cambio en la composición del riesgo financiero dentro del sector público. El Banco Central entrega un bono ajustado por CER y recibe instrumentos atados a la evolución del dólar oficial. En términos prácticos, el riesgo inflacionario es reemplazado por riesgo cambiario de corto plazo, una decisión alineada con la estrategia oficial de reducir gradualmente el peso de los instrumentos indexados por inflación dentro de la estructura de deuda.

Paralelamente, mediante la Resolución Conjunta 38/2026, Economía amplió la emisión de una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento en junio de 2031 por un monto de US$35,25 millones. Estos títulos serán entregados al Banco Central para cancelar parte de los intereses devengados por las letras intransferibles que el organismo posee en cartera.

La operación responde a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone que el 60% de los intereses de estas letras debe ser refinanciado mediante nuevos títulos a cinco años, mientras que el 40% restante se cancela en efectivo. En este caso, los vencimientos corresponden a dos letras emitidas a comienzos de 2024 y cuyos cupones operan durante esta semana.

Más allá de su magnitud relativamente reducida, la decisión vuelve a poner en evidencia la estrategia oficial de refinanciar compromisos intraestado sin recurrir a emisión monetaria directa. El Gobierno busca preservar el equilibrio fiscal y mantener bajo control la expansión de la base monetaria, uno de los pilares centrales del programa económico de Javier Milei.

Desde una perspectiva más amplia, ambas medidas forman parte del proceso de reconfiguración financiera que impulsa el Palacio de Hacienda. El objetivo es doble: por un lado, sostener la estabilidad cambiaria en un año marcado por la liberalización progresiva de los controles y la normalización del mercado; por otro, fortalecer la capacidad de financiamiento del Tesoro sin incrementar significativamente las necesidades de emisión.

La decisión adquiere además relevancia política. Mientras la administración Milei profundiza el ajuste sobre las transferencias discrecionales a las provincias y mantiene una estricta disciplina fiscal, Economía refuerza simultáneamente las herramientas financieras para administrar las expectativas del mercado. El mensaje implícito es que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo la prioridad, pero acompañado de una gestión cada vez más sofisticada de los instrumentos de deuda y de las relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

En definitiva, el canje de bonos y la ampliación de títulos intransferibles no modifican sustancialmente el volumen de deuda pública, pero sí alteran su composición y mejoran la capacidad operativa del Gobierno para navegar un escenario donde la estabilidad cambiaria continúa siendo uno de los principales activos políticos y económicos de la administración nacional.

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Caputo propone cancelar deudas de obra pública con bonos

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El Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para saldar deudas con contratistas mediante títulos públicos. El esquema alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y establece un cupo máximo de $221.119,5 millones, priorizando la regularización de pasivos sin ampliar el gasto presupuestario.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, introduce un mecanismo voluntario para que empresas contratistas acepten bonos del Tesoro como forma de cancelación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y obligaciones derivadas de contratos rescindidos. El objetivo oficial es ordenar los pasivos heredados de la obra pública preservando la estrategia de equilibrio fiscal.

Para el sector constructor, la resolución representa un cambio relevante: el Estado reconoce la existencia de obligaciones pendientes, pero reemplaza el pago en efectivo por instrumentos financieros que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado secundario. La decisión traslada parte del costo financiero a las empresas, aunque también abre una vía para destrabar créditos cuya percepción permanecía incierta.

Un mecanismo para normalizar pasivos sin afectar el presupuesto

El régimen estará disponible para contratos ejecutados bajo la Ley 13.064 y también para obras financiadas por organismos multilaterales, siempre que dependan de las Secretarías de Obras Públicas o Transporte.

Las empresas tendrán 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente deberán presentar la liquidación de sus acreencias, acompañada por la documentación respaldatoria y el cálculo de intereses por mora cuando correspondan. El procedimiento y el modelo de adhesión fueron aprobados en un anexo específico de la resolución.

Una vez validados los montos, ambas partes suscribirán un acta acuerdo que formalizará la cancelación de las obligaciones mediante títulos públicos.

Tres bonos para cancelar la deuda

El esquema combina tres instrumentos del Tesoro Nacional, distribuidos prácticamente en partes iguales:

  • 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • 33% en un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027.
  • 34% en un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia y el programa tendrá un límite global de $221.119.509.519, que funcionará como cupo máximo de adhesión.

La adhesión implica renunciar a reclamos futuros

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas es que el ingreso al régimen no sólo supone aceptar bonos como medio de pago.

La resolución establece que cada contratista deberá desistir expresamente de los reclamos administrativos o judiciales vinculados al contrato alcanzado y renunciar a futuras acciones relacionadas con la ecuación económica o financiera derivada de la modalidad de cancelación elegida.

Desde la óptica jurídica, el mecanismo busca otorgar certeza al Estado respecto del cierre definitivo de cada obligación una vez entregados los títulos.

Para muchas firmas, la posibilidad de convertir créditos demorados en activos financieros puede mejorar la previsibilidad patrimonial, aunque no necesariamente la liquidez inmediata.

La decisión también introduce un nuevo criterio para evaluar el riesgo contractual con el Estado nacional: los pagos pendientes podrán transformarse en instrumentos financieros cuya rentabilidad dependerá tanto de su vencimiento como de las condiciones del mercado secundario.

La eficacia del régimen dependerá del nivel de adhesión de las constructoras y del comportamiento de los títulos públicos utilizados para cancelar las acreencias. Si los bonos conservan liquidez y valor de mercado, el mecanismo podría acelerar el saneamiento de pasivos de la obra pública. Si, por el contrario, las empresas enfrentan dificultades para convertir esos activos en financiamiento operativo, persistirá el desafío de recomponer el capital de trabajo en un sector que continúa condicionado por la escasa ejecución de nuevas obras nacionales.

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BID respalda un programa para fortalecer la seguridad y facilitar financiamiento a menor costo

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El Gobierno nacional aprobó el modelo de Contrato de Contragarantía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta USD 550 millones, una herramienta financiera que busca respaldar un préstamo comercial vinculado al programa PROSEJUS (Programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia en Argentina). Aunque el objetivo formal está orientado a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, la operación también tiene un componente económico: mejorar las condiciones de acceso al financiamiento del Estado mediante una garantía internacional que reduce el costo del crédito.

El Decreto 549/2026, publicado en el Boletín Oficial, autoriza al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a suscribir el contrato con el BID. La garantía parcial de crédito será ejecutable únicamente si se activa el mecanismo previsto en el instrumento financiero, lo que implica que no representa un desembolso inmediato ni un aumento automático de la deuda exigible.

La operación no consiste en un préstamo tradicional del BID. Se trata de una garantía parcial de crédito, un mecanismo mediante el cual el organismo multilateral respalda una operación de financiamiento comercial. Ese respaldo reduce el riesgo percibido por los mercados y permite obtener recursos con tasas inferiores a las que el país conseguiría sin esa cobertura.

Según los fundamentos del decreto, la Oficina Nacional de Crédito Público concluyó que la garantía está asociada a un préstamo comercial cuyo costo financiero estimado es inferior al de emitir deuda mediante bonos en el mercado.

El Banco Central, por su parte, informó que la operación no proyecta impactos sobre la balanza de pagos, ya que los eventuales flujos sólo existirían si la garantía fuera ejecutada.

Seguridad institucional con impacto económico

El programa PROSEJUS tiene como objetivo reducir la impunidad de los delitos vinculados a organizaciones criminales. Aunque el decreto se enfoca en la ingeniería financiera de la operación, la lógica económica detrás del programa apunta a fortalecer el entorno institucional.

Para sectores productivos como el comercio, la logística, el transporte de cargas y las economías regionales, una mejora en los niveles de seguridad jurídica y operativa puede traducirse en menores costos asociados al delito, mayor previsibilidad para las inversiones y mejores condiciones para el desarrollo de actividades privadas.

En provincias del NEA, donde las cadenas productivas dependen de corredores logísticos y zonas de frontera, las políticas destinadas a fortalecer los sistemas de investigación y persecución del crimen organizado constituyen un componente que el sector privado suele seguir de cerca por su impacto sobre la competitividad territorial.

Puntos centrales del decreto: La medida dispone aprobación del contrato de contragarantía entre Argentina y el BID. Garantía parcial de crédito por hasta USD 550 millones. Ejecución del programa a través del Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Finanzas. Autorización para que Economía suscriba futuras modificaciones que no alteren el monto ni el objeto del acuerdo. Confirmación de que la garantía no implica desembolsos automáticos ni efectos inmediatos sobre la balanza de pagos.

Su relevancia está en el plano macroeconómico y financiero. La utilización de garantías de organismos multilaterales se convirtió en una herramienta para que países con elevado costo de financiamiento puedan acceder a crédito en mejores condiciones. Si este esquema logra reducir el costo del endeudamiento público, contribuye indirectamente a mejorar la estabilidad financiera, un factor observado por inversores nacionales y extranjeros.

El desafío estará en que los recursos asociados al programa se traduzcan en mejoras concretas en las capacidades institucionales vinculadas a seguridad y justicia, variables que inciden sobre las decisiones de inversión de largo plazo.

El decreto habilita la estructura jurídica para la operación financiera, pero el verdadero impacto dependerá de la implementación del programa PROSEJUS y de la capacidad del Gobierno para convertir ese respaldo internacional en políticas efectivas. Para el sector privado, la combinación entre acceso a financiamiento más barato y fortalecimiento institucional será uno de los indicadores relevantes para medir si este tipo de acuerdos logra mejorar el clima de negocios más allá del frente financiero.

Anexo Decreto 549/2026 by CristianMilciades

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Furiase reivindica la estabilidad macro como motor del crecimiento y asegura que ya se financió la deuda de 2026 y 2027

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Durante su exposición en el Congreso Nacional PyME 2026, organizado por Somos Pymes en el Centro de Convenciones Buenos Aires, el secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, realizó una defensa integral del programa económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la estabilidad macroeconómica constituye la condición indispensable para consolidar el crecimiento, reducir la inflación y mejorar el acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.

El funcionario planteó que el proceso de estabilización debe analizarse desde una visión de equilibrio general que combine disciplina fiscal, orden monetario, fortalecimiento de las reservas internacionales y sostenibilidad de la deuda pública. Según explicó, ese conjunto de variables es el que permite amortiguar tanto los shocks políticos internos como la volatilidad proveniente del escenario internacional.

Uno de los principales ejes de su presentación fue la fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central. Furiase señaló que, mientras a comienzos de año las proyecciones más optimistas estimaban compras cercanas a los USD 10.000 millones para todo 2026, en los primeros seis meses ya se acumularon cerca de USD 11.000 millones, un ritmo anualizado superior a los USD 23.000 millones.

Para el secretario de Finanzas, este proceso desmiente los pronósticos de quienes sostenían que era imprescindible abandonar el esquema de flotación administrada y aplicar una fuerte devaluación para recomponer reservas. “La acumulación se logró dentro del régimen cambiario vigente, evitando un salto del tipo de cambio que habría tenido un fuerte impacto inflacionario y sobre el poder adquisitivo de la población”, afirmó.

Deuda más larga y menores tasas

Furiase destacó además el trabajo realizado por la Secretaría de Finanzas para modificar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos. Explicó que, a comienzos de año, apenas el 15% de los compromisos en moneda local vencían después de octubre de 2027, mientras que actualmente esa proporción se elevó a casi el 40%.

Según sostuvo, la extensión de los plazos se produjo simultáneamente con una importante reducción de las tasas de interés, que pasaron de niveles cercanos al 50% efectivo anual hasta ubicarse en torno al 24%, reflejando menores expectativas de inflación y una mayor confianza del mercado.

El funcionario recordó que la administración libertaria recibió una pesada herencia financiera en diciembre de 2023, caracterizada por una elevada concentración de pasivos de corto plazo entre deuda del Tesoro y pasivos remunerados del Banco Central, estimada en unos USD 75.000 a 80.000 millones con vencimientos prácticamente inmediatos.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo perfil de deuda fortalece la posición financiera del Estado de cara al calendario electoral de 2027.

Riesgo país, financiamiento y reservas

Otro de los puntos centrales fue la evolución del riesgo país. Furiase explicó que la reducción del indicador constituye la forma “genuina” de ganar competitividad, ya que disminuye el costo del financiamiento para empresas y familias.

En esa línea, adelantó que el Tesoro ya tiene cubiertos los vencimientos en dólares correspondientes a 2026 y que también se encuentra prácticamente asegurado el programa financiero para 2027 mediante financiamiento proveniente de organismos multilaterales y otras fuentes internacionales, evitando así la necesidad de salir a los mercados voluntarios en condiciones que consideró menos favorables.

El funcionario resaltó además que actualmente el Tesoro mantiene depósitos por unos USD 4.000 millones en el Banco Central, suficientes para afrontar los próximos vencimientos inmediatos.

Exportaciones récord y crecimiento sostenible

En su análisis del desempeño económico, Furiase afirmó que el actual proceso de crecimiento presenta una diferencia estructural respecto de experiencias anteriores: combina niveles récord tanto de consumo privado como de exportaciones.

A diferencia de otros períodos, argumentó, el crecimiento ya no depende del atraso cambiario, el déficit fiscal financiado con emisión monetaria o el control artificial de tarifas, sino de un marco de equilibrio macroeconómico que permite sostener un elevado superávit comercial.

El secretario de Finanzas proyectó un saldo comercial cercano a los USD 20.000 millones para este año y sostuvo que las estimaciones privadas ya anticipan un superávit de cuenta corriente, descartando los temores de una crisis de balance de pagos que algunos analistas advertían un año atrás.

Energía, minería y una nueva matriz exportadora

Furiase también puso el foco en el cambio estructural que, según el Gobierno, comenzará a experimentar la economía argentina con el crecimiento de los sectores energético y minero.

Según indicó, el superávit conjunto de energía y minería podría pasar de unos USD 12.000 millones este año hasta cerca de USD 49.000 millones hacia 2030, aportando una oferta sostenida de divisas que permitirá consolidar una moneda más fuerte y salarios reales más elevados.

En ese marco, aseguró que “se terminó la Argentina del dólar alto como mecanismo para ganar competitividad” y sostuvo que el nuevo modelo buscará mejorar la productividad mediante baja de impuestos, desregulación, apertura comercial inteligente, menor inflación y reducción del costo financiero.

Crédito PyME en máximos

El funcionario vinculó directamente la estabilidad macroeconómica con la recuperación del crédito para las pequeñas y medianas empresas. Destacó que el stock de préstamos al sector privado acumula un crecimiento real del 96% durante los primeros 29 meses de gestión, el mayor incremento registrado al comparar igual período con administraciones anteriores.

Asimismo, afirmó que las exportaciones PyME alcanzaron su mayor nivel desde 2013 y sostuvo que el nuevo contexto obliga a un cambio cultural dentro del sector empresario.

“Ya no conviene acumular inventarios ni trabajar con márgenes elevados como ocurría durante los años de alta inflación. El incentivo ahora es invertir, ganar eficiencia, reducir costos y competir”, señaló.

Finalmente, Furiase sostuvo que la continuidad del proceso dependerá de preservar los pilares del programa económico: superávit fiscal, disciplina monetaria, reducción del riesgo país, baja gradual de impuestos y profundización de las reformas estructurales. Según concluyó, esos elementos permitirán sostener el crecimiento, ampliar el acceso al crédito y continuar reduciendo la pobreza de manera permanente.

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