Deuda Pública

Finanzas vuelve al mercado con una licitación diversificada

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La Secretaría de Finanzas convocó a una nueva licitación de instrumentos de deuda para este miércoles 15 de julio, en una operación que combina títulos en pesos, ajustados por inflación, a tasa variable, dólar linked y un nuevo bono denominado y suscripto en dólares estadounidenses. La estrategia se inscribe en el esquema financiero presentado recientemente por el Ministerio de Economía, que busca diversificar las fuentes de financiamiento del Tesoro sin depender exclusivamente del regreso a los mercados internacionales.

El menú de instrumentos refleja el objetivo oficial de captar demanda de distintos perfiles de inversores. La licitación incluirá la reapertura de la LECAP con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6), un BONCER ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2028 (TZXM8), un bono a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28), además de tres instrumentos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial: una LELINK con vencimiento en agosto de 2026, una nueva letra dólar linked que vencerá en mayo de 2027 y la reapertura del bono dólar linked con vencimiento en diciembre de 2028.

El principal atractivo de la convocatoria será la emisión del nuevo Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2029 (AO29), que podrá suscribirse exclusivamente en moneda estadounidense. Para la primera rueda se estableció un monto máximo de colocación de USD 250 millones, mientras que el jueves 16 de julio se realizará una segunda vuelta por adhesión, al precio de corte surgido de la licitación inicial, por un monto adicional de hasta USD 150 millones, elevando el tope potencial de emisión a USD 400 millones.

La licitación se desarrollará entre las 10 y las 13 horas bajo la modalidad de indicación de precio, sin establecer valores mínimos ni máximos. Como es habitual, habrá un tramo no competitivo destinado principalmente a personas físicas y pequeños inversores, y otro competitivo para agentes especializados e inversores institucionales. El sistema busca ampliar la participación del mercado sin resignar mecanismos de formación de precios.

En el caso de los instrumentos dólar linked, la integración se realizará en pesos utilizando como referencia el tipo de cambio oficial de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central correspondiente al día previo a la licitación, mientras que el AO29 deberá integrarse íntegramente en dólares estadounidenses. La liquidación de todas las operaciones quedó prevista para el viernes 17 de julio.

La convocatoria llega apenas días después del pago de más de USD 4.500 millones en vencimientos de deuda y forma parte de la estrategia del Palacio de Hacienda para mantener cubiertas las necesidades financieras de 2026 y buena parte de 2027 mediante emisiones en el mercado doméstico, financiamiento de organismos multilaterales y colocaciones selectivas en moneda dura.

Desde la óptica financiera, el nuevo AO29 constituye otra señal de la política oficial de reconstrucción gradual de la curva soberana en dólares. Al mismo tiempo, la coexistencia de instrumentos ajustados por CER, tasa fija, TAMAR y dólar linked permite medir las expectativas del mercado respecto de inflación, tasas de interés y tipo de cambio para los próximos años. La demanda que obtenga cada uno de estos activos será seguida de cerca por los operadores, ya que ofrecerá una nueva lectura sobre el apetito de los inversores por la deuda argentina en un escenario de menor riesgo país y mayor estabilidad macroeconómica.

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El riesgo país cerró en 404 puntos y posterga la ruptura del piso de la era Milei

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El riesgo país volvió a concentrar la atención de los mercados financieros al cerrar este lunes en 404 puntos básicos, apenas por encima del mínimo alcanzado durante la gestión de Javier Milei. Aunque el Gobierno esperaba que el indicador perforara el umbral de los 400 puntos tras completarse el pago de US$4.500 millones en vencimientos de deuda, la reacción de los inversores fue más cautelosa y el índice elaborado por J.P. Morgan terminó prácticamente sin cambios respecto de los niveles registrados al cierre de la semana pasada.

La jornada estuvo marcada por la acreditación del tramo final de los pagos correspondientes a bonos Bonar, luego de que el viernes se hubieran cancelado aproximadamente US$2.500 millones en intereses de los títulos Globales. En total, el Tesoro desembolsó cerca de US$4.500 millones entre intereses y amortizaciones, una operación que el mercado observaba como una prueba para medir la capacidad del Gobierno de sostener la mejora en la percepción del riesgo soberano.

El viernes pasado, el indicador había descendido hasta los 402 puntos básicos, el nivel más bajo desde el inicio de la administración Milei y el menor registro desde 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Parte de esa mejora respondió a la decisión de algunos inversores de reinvertir los dólares cobrados en nuevos títulos argentinos, comportamiento que también se vio favorecido por la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y del Banco Central, que mantienen posiciones relevantes en esos bonos y suelen reinvertir automáticamente los vencimientos.

Sin embargo, una vez completado el proceso de pagos, el mercado mostró una actitud más prudente. El riesgo país abrió en 405 puntos y cerró apenas un punto por debajo, reflejando que la esperada compresión adicional de spreads aún no se materializa. La evolución del indicador confirma que los inversores continúan ponderando tanto la mejora en el perfil financiero del país como los riesgos asociados al contexto internacional y a la evolución de las principales variables macroeconómicas.

La presentación del programa financiero 2026-2027 realizada por el Ministerio de Economía aportó un elemento de respaldo a la estrategia oficial. El Palacio de Hacienda ratificó que la emisión de deuda en los mercados internacionales constituye una herramienta disponible, pero no una necesidad inmediata. El ministro Luis Caputo insistió en que volver al mercado voluntario será “una alternativa más” y no un objetivo en sí mismo, buscando transmitir que el financiamiento del Tesoro continuará apoyándose principalmente en organismos multilaterales, colocaciones en el mercado doméstico y otras fuentes de fondeo.

Esa estrategia apunta a reducir la dependencia del crédito externo y garantizar los compromisos financieros hasta el final del mandato presidencial sin presionar sobre las condiciones de mercado. Para los analistas, una eventual baja sostenida del riesgo país por debajo de los 400 puntos ampliaría el margen de maniobra del Gobierno para acceder a financiamiento en mejores condiciones, aunque el Ejecutivo insiste en que no existe urgencia por emitir deuda internacional.

Mientras tanto, los activos argentinos reflejaron un escenario de mayor selectividad. Los bonos soberanos en dólares operaron con bajas de hasta 0,7%, encabezadas por el Bonar 2041, el Global 2041 y el Bonar 2035, en una rueda de escaso volumen posterior al fin de semana largo y atravesada por la volatilidad internacional derivada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz.

La renta variable también operó en terreno negativo. El índice S&P Merval retrocedió 0,8% hasta los 3.255.172 puntos, mientras que medido en dólares perdió alrededor de 1%. Entre las mayores caídas se destacaron Banco Macro, BBVA, Grupo Financiero Galicia y Loma Negra. En Wall Street, los ADR argentinos replicaron esa tendencia, con pérdidas de hasta 4% lideradas por el sector financiero, aunque las compañías energéticas lograron sostener un desempeño positivo, impulsadas por la recuperación del precio internacional del petróleo, con YPF encabezando las subas.

El mercado también comenzó a reposicionar expectativas de cara al segundo semestre. Además del impacto del programa financiero oficial, los inversores siguen de cerca la publicación de los próximos datos de inflación de Argentina y Estados Unidos, indicadores considerados determinantes para definir la trayectoria de las tasas de interés, el tipo de cambio y la valuación de los activos emergentes.

Aunque el riesgo país permanece en niveles históricamente bajos para los estándares argentinos recientes, la barrera de los 400 puntos continúa funcionando como un umbral simbólico. Su eventual ruptura dependerá no solo de la consolidación del programa fiscal y financiero del Gobierno, sino también de la capacidad de mantener el proceso de desinflación, sostener el ingreso de divisas y atravesar un contexto internacional que vuelve a mostrar mayores niveles de incertidumbre.

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Economía aprueba dos préstamos por hasta US$3.200 millones con respaldo del Banco Mundial y el BID

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El Ministerio de Economía avanzó con una nueva estrategia de financiamiento externo al aprobar dos préstamos por hasta US$3.200 millones respaldados por organismos multilaterales. La operación busca mejorar el perfil de la deuda, reducir el costo del crédito internacional y ampliar el acceso del Tesoro a los mercados de capitales en un contexto de normalización financiera.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda oficializaron, mediante las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42/2026, la instrumentación de dos operaciones de crédito internacional que suman hasta US$3.200 millones, una con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos integrantes del Grupo Banco Mundial, y otra con respaldo parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La decisión se inscribe dentro de la estrategia financiera del Gobierno nacional para diversificar las fuentes de financiamiento y disminuir el costo del endeudamiento mediante el uso de garantías multilaterales, una herramienta que reduce el riesgo percibido por los acreedores y permite acceder a mejores condiciones crediticias.

La mayor de las operaciones corresponde a un préstamo de hasta US$2.000 millones, que será otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander S.A., con garantía del esquema BIRF/MIGA. Paralelamente, Economía aprobó un segundo financiamiento de hasta US$1.200 millones con Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado parcialmente por el BID mediante una garantía de US$550 millones.

Las tres resoluciones fueron firmadas por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La Resolución 42 corrige un error material de la Resolución 40 respecto de la denominación jurídica del Banco Santander, sin modificar las condiciones financieras de la operación.

Garantías multilaterales para bajar el costo del crédito

El elemento central de estas operaciones es la utilización de garantías otorgadas por organismos multilaterales de crédito. Este mecanismo permite que una parte del riesgo soberano sea asumido por entidades como el Banco Mundial o el BID, mejorando la percepción de los mercados internacionales sobre el préstamo.

Desde el punto de vista financiero, esto se traduce en tasas de interés más bajas, mayores plazos y mejores condiciones de acceso para el Tesoro argentino.

El esquema forma parte de una tendencia creciente entre economías emergentes que buscan recuperar financiamiento privado sin depender exclusivamente de emisiones tradicionales de bonos soberanos.

Cómo queda estructurado el financiamiento. Las resoluciones establecen que US$2.000 millones serán financiados por BBVA Nueva York y Banco Santander S.A., con garantía BIRF/MIGA. US$1.200 millones serán otorgados por Deutsche Bank AG, London Branch, con garantía parcial del BID por US$550 millones. En ambas operaciones se reconoce una comisión de estructuración del 0,50% sobre el monto financiado. The Bank of New York Mellon (BNY) actuará como agente administrador de ambos préstamos. El Banco Nación será el agente de proceso en Nueva York.

Asimismo, las operaciones contemplan cláusulas de prórroga de jurisdicción hacia tribunales de Nueva York, autorizadas previamente por el Decreto 478/2026, aunque el Gobierno aclara que ello no implica renuncia a la inmunidad de ejecución sobre los bienes protegidos del Estado argentino, tal como establece la legislación vigente.

Qué significa para la estrategia económica

La utilización de créditos garantizados por organismos multilaterales refleja un cambio en la composición del financiamiento del sector público.

En lugar de recurrir exclusivamente a colocaciones abiertas de deuda soberana —que suelen exigir mayores rendimientos cuando aumenta el riesgo país—, el Tesoro busca aprovechar el respaldo institucional del Banco Mundial y del BID para reducir el costo financiero.

Para los inversores internacionales, la participación de estos organismos constituye una señal de mitigación del riesgo crediticio, facilitando la colocación de préstamos en mejores condiciones.

Aunque se trata de operaciones destinadas al financiamiento del Estado nacional, su efecto trasciende el plano fiscal.

Una mejora en el perfil de vencimientos y en el costo del endeudamiento contribuye a estabilizar las necesidades financieras del Tesoro, un factor que incide sobre el mercado cambiario, la disponibilidad de crédito y el costo del financiamiento para el sector privado.

Para las economías regionales del NEA, incluida Misiones, un escenario de mayor estabilidad macroeconómica puede traducirse en condiciones más favorables para acceder al crédito de inversión y para sostener proyectos vinculados a infraestructura, exportaciones y desarrollo productivo.

No obstante, el verdadero impacto dependerá de que esta estrategia logre consolidarse en el tiempo y contribuya a reducir el riesgo soberano, variable que continúa siendo uno de los principales determinantes del costo financiero que enfrentan las empresas argentinas.

El mercado seguirá de cerca si estas operaciones representan el inicio de un acceso más fluido al financiamiento internacional o si constituyen una herramienta puntual dentro de la administración de pasivos del Tesoro. La capacidad de combinar crédito multilateral, disciplina fiscal y reducción del riesgo país será uno de los factores que definirá el costo del capital para la economía argentina durante los próximos años.

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Caputo presentó el Programa Financiero 2026-2027

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El Gobierno nacional presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027, una hoja de ruta con la que busca consolidar el proceso de estabilización macroeconómica, sostener la reducción del riesgo país y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda sin depender, al menos en el corto plazo, de emisiones en los mercados internacionales.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes expusieron una estrategia basada en tres pilares: mantener el superávit fiscal, preservar una trayectoria descendente de la relación deuda/PBI y maximizar la flexibilidad financiera mediante fuentes de financiamiento de menor costo.

El dato central del programa es que para 2026 el Gobierno proyecta necesidades financieras por US$ 19.200 millones frente a fuentes estimadas por US$ 22.900 millones, lo que generaría un excedente de financiamiento de aproximadamente US$ 3.700 millones. Ese colchón sería utilizado para afrontar parte de los vencimientos de 2027, reduciendo las necesidades de financiamiento del próximo año.

Según explicó Furiase, el objetivo consiste en que las nuevas fuentes de financiamiento se utilicen exclusivamente para refinanciar vencimientos de capital, mientras que los intereses continúen siendo afrontados con el superávit primario. Esa lógica, sostuvo, permite mantener una trayectoria de deuda sostenible sin incrementar el endeudamiento neto del Estado.

Uno de los conceptos más repetidos durante la presentación fue el de “opcionalidad”. Tanto Caputo como Daza remarcaron que el programa fue diseñado con distintas alternativas de financiamiento disponibles para minimizar costos y evitar decisiones forzadas en función de la volatilidad internacional. Daza sostuvo que la flexibilidad constituye un activo económico en escenarios de incertidumbre y que la estrategia financiera fue concebida para preservar esa capacidad de maniobra.

Menos deuda y objetivo de grado de inversión

El equipo económico insistió en que la estrategia no apunta únicamente a refinanciar vencimientos sino también a continuar reduciendo el peso de la deuda pública sobre la economía.

Furiase aseguró que la deuda pública con privados y organismos internacionales —incluyendo los pasivos remunerados del Banco Central— pasó de representar cerca del 99% del Producto Bruto en diciembre de 2023 a 39,7% en la actualidad. Bajo supuestos considerados conservadores, la proyección oficial prevé que ese indicador continúe descendiendo hasta ubicarse cerca de 37,3% del PBI en los próximos cinco años.

En esa línea, Daza planteó que el objetivo estratégico del Gobierno es alcanzar antes de 2031 las métricas compatibles con el grado de inversión, condición que Argentina nunca logró mantener de manera sostenida. Aclaró, sin embargo, que ello dependerá también de las evaluaciones de las calificadoras internacionales y no constituye una promesa oficial.

Otro de los ejes centrales consiste en privilegiar préstamos garantizados por organismos multilaterales antes que emisiones tradicionales de deuda en los mercados internacionales.

Dentro del programa se prevén alrededor de US$ 4.000 millones mediante líneas con garantía de organismos internacionales. Entre ellas figura un préstamo respaldado por el Banco Mundial por aproximadamente US$ 2.000 millones, otro esquema con garantía del BID por US$ 1.200 millones y una línea adicional cercana a US$ 1.000 millones aún en desarrollo. Según el Ministerio de Economía, estos instrumentos ofrecen plazos más extensos y costos financieros considerablemente inferiores a los que implicaría una emisión soberana tradicional.

El esquema también contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional por US$ 1.900 millones, de los cuales US$ 1.000 millones serán destinados a continuar el proceso de recapitalización del Banco Central mediante la recompra de Letras Intransferibles.

Superávit, reservas y riesgo país

Durante la exposición, Caputo sostuvo que el programa financiero sólo resulta posible gracias al equilibrio fiscal alcanzado desde el inicio de la gestión y a la recomposición de reservas del Banco Central.

El ministro afirmó que el Tesoro ya adquirió al Banco Central cerca de US$ 6.700 millones durante el año y remarcó que la estrategia busca continuar saneando el balance de la autoridad monetaria, reducir la deuda intra sector público y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Furiase agregó que el riesgo país cayó desde niveles cercanos a los 2.700 puntos básicos al inicio de la administración hasta aproximadamente 414 puntos, indicador que considera determinante para reducir el costo del crédito para empresas y familias y favorecer las inversiones privadas.

Caputo evitó anticipar cómo reaccionarán los mercados tras la presentación del programa, aunque sostuvo que el Gobierno continuará brindando previsibilidad mediante disciplina fiscal y monetaria para seguir reduciendo el riesgo soberano. También confirmó que el próximo pago de bonos en dólares será afrontado con recursos ya disponibles en la cuenta del Tesoro y con ingresos adicionales provenientes de garantías, asegurando que existirán reservas suficientes para cumplir con los vencimientos.

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El Tesoro le canjea bonos al BCRA y adquiere mayor poder de fuego para intervenir en el mercado

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La operación más relevante surge de la Resolución Conjunta 39/2026, mediante la cual el Tesoro intercambió tenencias del Banco Central en un bono ajustado por inflación (BONCER TZXD6, con vencimiento en diciembre de 2026) por dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar oficial (LELINK), con vencimientos el 31 de julio y el 31 de agosto de este año. La conversión contempla hasta US$1.000 millones de valor nominal para cada instrumento, totalizando una capacidad de emisión de hasta US$2.000 millones.

La lectura del mercado fue inmediata. Diversos analistas interpretaron que la decisión fortalece la capacidad operativa del Banco Central para actuar sobre los instrumentos de cobertura cambiaria. En las últimas semanas, la autoridad monetaria incrementó su presencia en los mercados financieros buscando moderar expectativas de devaluación y contener la volatilidad de los contratos vinculados al tipo de cambio. Con una mayor tenencia de títulos dólar linked, el BCRA amplía su margen para intervenir en el mercado secundario y administrar la curva de cobertura.

La medida se produce en un contexto particularmente sensible. El Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria mientras enfrenta una mayor demanda estacional de pesos asociada al pago de aguinaldos y una dinámica cambiaria que continúa siendo observada de cerca por los inversores. De hecho, tras la última licitación de deuda, el Tesoro liberó cerca de $3 billones de liquidez que, según estimaciones privadas, terminarán absorbidos en buena medida por las necesidades de efectivo propias de esta época del año.

La operación también revela un cambio en la composición del riesgo financiero dentro del sector público. El Banco Central entrega un bono ajustado por CER y recibe instrumentos atados a la evolución del dólar oficial. En términos prácticos, el riesgo inflacionario es reemplazado por riesgo cambiario de corto plazo, una decisión alineada con la estrategia oficial de reducir gradualmente el peso de los instrumentos indexados por inflación dentro de la estructura de deuda.

Paralelamente, mediante la Resolución Conjunta 38/2026, Economía amplió la emisión de una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento en junio de 2031 por un monto de US$35,25 millones. Estos títulos serán entregados al Banco Central para cancelar parte de los intereses devengados por las letras intransferibles que el organismo posee en cartera.

La operación responde a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone que el 60% de los intereses de estas letras debe ser refinanciado mediante nuevos títulos a cinco años, mientras que el 40% restante se cancela en efectivo. En este caso, los vencimientos corresponden a dos letras emitidas a comienzos de 2024 y cuyos cupones operan durante esta semana.

Más allá de su magnitud relativamente reducida, la decisión vuelve a poner en evidencia la estrategia oficial de refinanciar compromisos intraestado sin recurrir a emisión monetaria directa. El Gobierno busca preservar el equilibrio fiscal y mantener bajo control la expansión de la base monetaria, uno de los pilares centrales del programa económico de Javier Milei.

Desde una perspectiva más amplia, ambas medidas forman parte del proceso de reconfiguración financiera que impulsa el Palacio de Hacienda. El objetivo es doble: por un lado, sostener la estabilidad cambiaria en un año marcado por la liberalización progresiva de los controles y la normalización del mercado; por otro, fortalecer la capacidad de financiamiento del Tesoro sin incrementar significativamente las necesidades de emisión.

La decisión adquiere además relevancia política. Mientras la administración Milei profundiza el ajuste sobre las transferencias discrecionales a las provincias y mantiene una estricta disciplina fiscal, Economía refuerza simultáneamente las herramientas financieras para administrar las expectativas del mercado. El mensaje implícito es que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo la prioridad, pero acompañado de una gestión cada vez más sofisticada de los instrumentos de deuda y de las relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

En definitiva, el canje de bonos y la ampliación de títulos intransferibles no modifican sustancialmente el volumen de deuda pública, pero sí alteran su composición y mejoran la capacidad operativa del Gobierno para navegar un escenario donde la estabilidad cambiaria continúa siendo uno de los principales activos políticos y económicos de la administración nacional.

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