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Economía convoca a licitación de deuda en pesos, dólares y habilita canje de bonos bajo el decreto 846

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La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía lanzó un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro en pesos y dólares, con recepción de ofertas prevista para el miércoles 15 de abril de 2026. La operación incluye títulos a tasa fija, variable, ajustados por CER y vinculados al dólar, además de una estrategia de conversión de deuda en el marco del decreto 846/24.

El esquema combina financiamiento fresco con un mecanismo de canje de bonos existentes, en una señal de gestión activa de pasivos en un contexto donde el Gobierno necesita sostener el financiamiento en moneda local y administrar los compromisos en dólares.

Un menú amplio de instrumentos para captar liquidez

La licitación incluye una nueva letra capitalizable en pesos con vencimiento en agosto de 2026, junto a la reapertura de bonos ajustados por CER con vencimientos en 2028 y 2029, instrumentos a tasa variable (TAMAR) y un bono dólar linked a 2028.

A esto se suman dos bonos en dólares (Bonar 2027 y 2028), con suscripción exclusiva en moneda estadounidense y un tope de hasta USD 150 millones en la primera vuelta para cada uno.

Según lo informado, las ofertas se dividirán en dos tramos: uno no competitivo —orientado a inversores sin especialización financiera— y otro competitivo, destinado a actores con mayor capacidad de análisis. La liquidación de las operaciones está prevista para el 17 de abril.

Conversión de deuda: extender plazos y reordenar vencimientos

En paralelo, el Gobierno habilitó una operación de conversión que permite a los tenedores de bonos con vencimientos entre 2026 y 2027 canjearlos por nuevos instrumentos con vencimiento en 2028.

Las opciones incluyen el traspaso hacia bonos ajustados por CER o hacia un nuevo bono a tasa TAMAR. La operatoria se realizará bajo condiciones competitivas y con liquidación prevista para el 20 de abril.

El mecanismo implica que los inversores entreguen títulos elegibles a cambio de nuevos activos, con una fórmula de conversión basada en precios de corte que serán definidos en la licitación.

Financiamiento en pesos y señales al mercado

La convocatoria se realiza bajo los procedimientos establecidos por la Resolución Conjunta 9/2019 y en el marco del decreto 846/24, que habilita operaciones de conversión de deuda.

En términos operativos, todos los instrumentos serán canalizados a través del sistema de licitaciones oficial y liquidados mediante cuentas en el Banco Central, lo que refuerza el rol del mercado doméstico como principal fuente de financiamiento del Tesoro.

El diseño técnico muestra una estrategia que combina distintos tipos de tasa —fija, CER y variable—, lo que permite al Gobierno diversificar riesgos y captar distintos perfiles de inversores.

Más opciones y segmentación de inversores

El llamado amplía el abanico de instrumentos disponibles, incorporando tanto alternativas en pesos como en dólares, con distintos mecanismos de ajuste.

Además, formaliza una segmentación clara del mercado: pequeños inversores pueden participar a través del tramo no competitivo con montos limitados, mientras que grandes jugadores acceden al tramo competitivo sin tope máximo.

La inclusión de una segunda vuelta para los bonos en dólares introduce una instancia adicional de colocación, lo que puede extender la capacidad de financiamiento en moneda dura.

El Tesoro busca sostener financiamiento y ordenar deuda

El esquema refuerza la centralidad de la Secretaría de Finanzas en la administración de la deuda pública y muestra una estrategia orientada a sostener el financiamiento en el mercado local.

La posibilidad de conversión de títulos indica un intento de postergar vencimientos y reducir presiones de corto plazo, mientras que la emisión en dólares sugiere la necesidad de captar divisas en un contexto de restricciones.

En este escenario, los inversores institucionales adquieren un rol clave, tanto en la absorción de nueva deuda como en la aceptación de los canjes propuestos.

Tasas, inflación y expectativas

La combinación de instrumentos ajustados por CER, tasa fija y tasa variable refleja la incertidumbre sobre la evolución de la inflación y las tasas de interés.

Para el mercado, las condiciones que surjan de la licitación —especialmente las tasas y precios de corte— funcionarán como señal sobre el costo del financiamiento del Estado y las expectativas macroeconómicas.

La emisión de bonos dólar linked y en dólares también impacta en la dinámica cambiaria, al ofrecer cobertura frente a movimientos del tipo de cambio.

Si bien la licitación no tiene un impacto territorial directo, las condiciones de financiamiento del Estado nacional inciden en la macroeconomía, lo que puede trasladarse a variables clave para provincias del NEA como Misiones, especialmente en términos de actividad, crédito y precios.

Una mayor presión sobre tasas o inflación podría repercutir en costos productivos y consumo, variables sensibles para economías regionales.

Señales del mercado y rollover de deuda

El resultado de la licitación y el nivel de adhesión a la conversión serán indicadores clave para evaluar la capacidad del Gobierno de renovar vencimientos y sostener el financiamiento.

Entre las variables a observar aparecen las tasas convalidadas, el volumen colocado en dólares y el grado de aceptación de los canjes, en un contexto donde el mercado sigue de cerca la consistencia de la estrategia financiera oficial.

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El Banco Central compra dólares, pero la deuda y los pagos externos frenan la suba de reservas

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El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios con saldo comprador, pero la acumulación de reservas sigue enfrentando un límite estructural: los pagos de deuda del Tesoro y las obligaciones financieras del Estado. Este lunes, la autoridad monetaria adquirió USD 50 millones en el Mercado Libre de Cambios, lo que extendió a 49 ruedas consecutivas la presencia compradora del organismo. Sin embargo, el stock de reservas internacionales cayó hasta USD 44.788 millones, perforando el umbral de los USD 45.000 millones.

La caída no respondió a presiones cambiarias sino a pagos por USD 450 millones a organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El episodio revela una tensión que atraviesa la estrategia económica del Gobierno: mientras el Banco Central compra divisas para fortalecer el balance externo, el Tesoro utiliza parte de esos recursos para cumplir con el calendario de deuda pública.

El movimiento expone una pregunta que comienza a instalarse en el debate económico: hasta qué punto la acumulación de reservas podrá sostenerse si el cronograma de pagos continúa absorbiendo divisas del sistema financiero.

Un Banco Central comprador en un mercado con oferta de dólares

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, el Banco Central acumuló USD 3.348 millones en compras de divisas, equivalente a más de un tercio de la meta anual prevista para 2026.

La estrategia oficial combina dos mecanismos. Por un lado, el organismo compra dólares en el mercado cambiario. Por otro, el Tesoro intenta neutralizar el impacto monetario de esas operaciones mediante colocaciones de deuda en pesos.

La coordinación busca evitar que la emisión de pesos asociada a la compra de divisas se traduzca en presiones sobre el dólar o sobre los precios. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía decidió no expandir la base monetaria con el objetivo de preservar la estabilidad cambiaria.

En paralelo, el Banco Central estableció un límite diario de compra equivalente al 5% del volumen negociado en el mercado de cambios, además de acuerdos con empresas y entidades financieras para canalizar parte de las operaciones fuera del segmento mayorista.

La política responde a una lógica de intervención gradual: acumular reservas sin provocar movimientos bruscos en el tipo de cambio.

El dólar sigue bajando y amplía la distancia con el techo de la banda

El contexto cambiario muestra, por ahora, señales de estabilidad.

El dólar mayorista retrocedió cuatro pesos hasta $1.396, una caída de 0,3% en la jornada, mientras que en lo que va de 2026 acumula una baja de 59 pesos (4,1%). En el mercado minorista, el billete cerró en $1.415 para la venta en el Banco Nación, con una baja de cinco pesos.

Con esos valores, el tipo de cambio oficial se ubica 236,48 pesos por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.632,48. La distancia, equivalente a 16,9%, es la mayor desde julio del año pasado.

El mercado opera con una oferta sostenida de divisas. Parte de esos ingresos proviene de liquidaciones del sector agroexportador, que se anticipan a la etapa de mayor volumen de ventas externas. También influyen las colocaciones de deuda de empresas y provincias en el exterior, que desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 acumularon USD 11.000 millones.

Las tasas de interés en pesos, que se mantienen elevadas, completan el escenario: desalientan la dolarización y refuerzan la demanda de activos en moneda local.

La deuda pública condiciona la acumulación de divisas

El otro frente que condiciona la política cambiaria es la deuda pública.

Durante febrero, la Administración Central registró operaciones por USD 45.738 millones, entre financiamiento y pagos de capital e intereses. En ese contexto, el stock de deuda de la administración central se ubicó en USD 472.135 millones, con un aumento de USD 11.200 millones respecto de enero.

Sin embargo, el indicador más seguido por el mercado muestra otra dinámica: la deuda consolidada en relación al PBI bajó a 56,9%, una reducción de 2,3 puntos porcentuales en el mes.

La explicación combina varios factores: la evolución del tipo de cambio, ajustes contables vinculados a bonos indexados y la capitalización de intereses.

En paralelo, el cronograma de vencimientos continúa concentrando pagos relevantes. El 27 de febrero el Tesoro afrontó más de USD 1.000 millones en vencimientos de Bopreales y USD 878 millones en intereses del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Hacia adelante, el calendario marca otro punto crítico: un vencimiento superior a USD 4.200 millones previsto para julio.

Según el equipo económico, el financiamiento para cubrir esos compromisos ya estaría asegurado mediante fuentes adicionales de crédito que serán anunciadas en los próximos días.

El desafío del programa económico

La estrategia oficial intenta sostener tres objetivos simultáneos: acumular reservas, mantener la estabilidad cambiaria y cumplir con los pagos de deuda sin generar tensiones financieras.

Para lograrlo, el Gobierno depende de varios factores externos: el ingreso de divisas por exportaciones, el acceso al financiamiento internacional y la capacidad del Tesoro para renovar sus vencimientos en el mercado.

Analistas del sector financiero advierten que la coordinación entre el Banco Central y el Tesoro seguirá siendo un elemento clave para el desempeño económico en el corto plazo.

El esquema funciona mientras exista oferta suficiente de dólares y demanda de instrumentos en pesos. Si alguno de esos equilibrios se altera, el margen de maniobra se reduce.

Un equilibrio que todavía está en construcción

El comportamiento del dólar en las últimas semanas sugiere que el programa económico logró estabilizar el frente cambiario.

Sin embargo, la dinámica de reservas y deuda muestra que esa estabilidad depende de una ingeniería financiera delicada. Cada pago de deuda impacta sobre el balance del Banco Central, mientras que cada intervención cambiaria obliga a recalibrar la política monetaria.

El verdadero test llegará en los próximos meses, cuando coincidan la temporada alta de liquidación del agro, el calendario de vencimientos de deuda y las decisiones de política monetaria global.

En ese cruce de variables se definirá si la estrategia oficial logra consolidar la acumulación de reservas o si el equilibrio actual se vuelve más difícil de sostener.

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El Gobierno emite una nueva letra en dólares para refinanciar deuda con el Banco Central

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El Gobierno nacional avanzó con una nueva operación de deuda intraestado para reprogramar compromisos financieros con el Banco Central. A través de la Resolución Conjunta 14/2026, publicada el 16 de marzo, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda dispusieron la emisión de una “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares estadounidenses con vencimiento el 17 de marzo de 2031” por hasta USD 21.086.082, que será colocada directamente en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La decisión responde a un mecanismo previsto en la Ley de Presupuesto 2026, que habilita al Gobierno a refinanciar parte de los intereses de las letras intransferibles que mantiene el BCRA en su cartera. El movimiento financiero no altera la relación institucional entre el Tesoro y el Banco Central —históricamente vinculados por este tipo de instrumentos—, pero sí vuelve a poner en escena la arquitectura de financiamiento interno con la que el Estado administra vencimientos en moneda extranjera.

La medida abre una pregunta recurrente en la política económica argentina: ¿se trata de una simple operación técnica dentro del sistema de crédito público o de una señal más amplia sobre la estrategia de manejo de deuda y liquidez entre el Tesoro y la autoridad monetaria?

Reprogramación de intereses y nueva letra a cinco años

La resolución ejecuta lo establecido en el artículo 55 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, que determinó que durante este ejercicio fiscal el 60% de los intereses y amortizaciones de determinadas letras en dólares en manos del BCRA se refinancien mediante nuevos títulos, mientras que el 40% restante se pague en efectivo.

En este caso, la operación cubre dos vencimientos específicos: USD 6.945.920, correspondientes al 60% del quinto cupón de interés de la Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento el 15 de septiembre de 2033, cuyo pago opera el 16 de marzo de 2026. USD 14.140.162, correspondientes al 60% del noveno cupón de interés de las Letras del Tesoro Nacional en dólares emitidas bajo el artículo 3° del Decreto 622/2021, con vencimiento el 25 de marzo de 2026.

Para cancelar esos compromisos, el Tesoro emitirá la nueva letra con estas características: Fecha de emisión: 16 de marzo de 2026. Vencimiento: 17 de marzo de 2031. Plazo: cinco años. Colocación: directa al BCRA. Amortización: íntegra al vencimiento

El instrumento devengará intereses semestrales con una tasa vinculada al rendimiento de las reservas internacionales del Banco Central. Ese rendimiento tendrá un límite máximo determinado por la tasa SOFR a un año más 0,71513% menos un punto porcentual, aplicada sobre el capital efectivamente suscripto.

La Oficina Nacional de Crédito Público será la encargada de calcular la tasa aplicable en cada período, a partir de la información que provea el propio Banco Central sobre el rendimiento de sus reservas.

El marco institucional: presupuesto y crédito público

La operación se inscribe dentro del Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que toda operación de endeudamiento del sector público debe estar autorizada por el presupuesto anual o por una ley específica.

En el Presupuesto 2026, el Congreso habilitó al Ministerio de Economía —a través de las Secretarías de Finanzas y Hacienda— a coordinar estas operaciones dentro de los montos y destinos de financiamiento previstos en la planilla anexa al artículo 44.

Ese esquema define al Tesoro como emisor de los instrumentos y al BCRA como acreedor institucional en determinados casos, una relación que se consolidó a lo largo de los últimos años mediante la utilización de letras intransferibles en dólares como mecanismo de financiamiento interno.

La resolución actual no introduce un instrumento nuevo, sino que ejecuta una cláusula presupuestaria ya prevista, que permite refinanciar parte de los intereses mediante títulos a cinco años.

Impacto financiero y dinámica entre Tesoro y Banco Central

Desde el punto de vista operativo, la emisión evita un desembolso inmediato en dólares por la totalidad de los intereses que vencen en marzo. El Tesoro paga una parte en efectivo y convierte el resto en un nuevo compromiso financiero a mediano plazo.

Este tipo de operaciones tiene dos efectos directos: Extiende los plazos de la deuda intraestado, trasladando pagos hacia el futuro. Mantiene el vínculo financiero entre el Tesoro y el Banco Central mediante instrumentos específicos que no se negocian en el mercado.

La nueva letra, al igual que otras emitidas en el pasado, será intransferible, lo que implica que permanecerá en la cartera del Banco Central y no podrá comercializarse en el mercado secundario.

El diseño de la tasa —atado al rendimiento de las reservas— también introduce un mecanismo de referencia indirecta al desempeño de los activos internacionales del BCRA.

Un instrumento recurrente en la arquitectura financiera del Estado

Las letras intransferibles se utilizan desde hace años como herramienta para administrar la relación financiera entre el Tesoro y el Banco Central. Su particularidad radica en que funcionan como activos contables del BCRA y al mismo tiempo como pasivos del Tesoro, sin circulación en el sistema financiero.

En términos de política económica, permiten reorganizar vencimientos y evitar desembolsos inmediatos, aunque trasladan obligaciones hacia adelante dentro del balance consolidado del sector público.

La resolución conjunta firmada por las Secretarías de Finanzas y Hacienda se inscribe en ese mecanismo institucional ya previsto en la ley de presupuesto.

Un movimiento técnico dentro de una estrategia más amplia

La operación por USD 21 millones es relativamente acotada en términos de volumen, pero forma parte de una lógica más amplia de administración de la deuda pública y del vínculo entre el Tesoro y el Banco Central.

El esquema previsto para 2026 —pagar una parte de los intereses en efectivo y refinanciar el resto— busca administrar los flujos financieros sin modificar las reglas del presupuesto vigente.

Sin embargo, cada operación de este tipo vuelve a abrir el mismo interrogante estructural: hasta qué punto las letras intransferibles seguirán siendo el instrumento central para ordenar la deuda intraestado o si, en el mediano plazo, el Gobierno avanzará hacia un rediseño más amplio de esa relación financiera.

Por ahora, la resolución se limita a ejecutar lo ya autorizado por el Congreso. Pero el modo en que el Tesoro continúe utilizando estas herramientas a lo largo del año será un indicador clave para entender la estrategia de financiamiento del sector público.

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El Gobierno colocó USD 101,2 millones del BONAR 2027 y convalidó una tasa del 5,59% en la reapertura del título

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El Gobierno nacional avanzó este viernes con una nueva colocación de deuda en dólares bajo legislación local, al adjudicar USD 101,20 millones del BONAR 2027 (AO27) en la segunda vuelta de la licitación realizada por la Secretaría de Finanzas. El proceso recibió ofertas por USD 217,82 millones, lo que derivó en un prorrateo del 46,46%, señal de que la demanda superó ampliamente el monto finalmente convalidado por el Tesoro.

La operación fijó un precio de corte de USD 1.011,98 por cada valor nominal de USD 1.000, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,59% y una tasa nominal anual (TNA) de 5,45%. El resultado consolida la reapertura del título “Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027”, cuyo volumen total en circulación alcanza ahora USD 500 millones de valor nominal.

Más allá del monto relativamente acotado adjudicado, la licitación tiene una lectura política y financiera relevante: el Gobierno vuelve a utilizar instrumentos en moneda dura para medir el apetito del mercado por deuda argentina en un contexto donde la estabilización macroeconómica es uno de los pilares discursivos de la gestión.

La estrategia financiera: reaperturas y control del costo de financiamiento

La operación se inscribe dentro de la estrategia del Ministerio de Economía de reabrir títulos existentes para ampliar el stock en circulación sin lanzar nuevos instrumentos, un mecanismo que busca mejorar la liquidez de los bonos y facilitar su negociación en el mercado.

En este caso, el instrumento elegido fue el BONAR 2027, un bono en dólares que paga cupón del 6% anual y vence el 29 de octubre de 2027. La reapertura permitió sumar USD 100 millones de valor nominal adjudicado, equivalente a USD 101,20 millones de valor efectivo.

El dato central del proceso fue el nivel de demanda: las ofertas alcanzaron USD 217,82 millones, más del doble del monto finalmente adjudicado. La Secretaría de Finanzas decidió aceptar menos de la mitad de lo ofrecido, lo que obligó a aplicar un prorrateo cercano al 46,46%.

Esa decisión revela una lógica habitual en las licitaciones del Tesoro: administrar el volumen emitido para evitar convalidar tasas más altas o alterar la estrategia de financiamiento prevista.

El precio de corte de USD 1.011,98 por cada USD 1.000 de valor nominal indica que el bono se colocó por encima de la par, lo que se traduce en la TIREA del 5,59% que finalmente convalidó el mercado.

Qué lectura deja la licitación para el mercado

Aunque el monto adjudicado no es elevado en términos absolutos, la operación cumple varias funciones dentro del esquema financiero del Gobierno.

Primero, mantener activo el mercado de deuda en dólares bajo legislación local, un segmento que el Tesoro utiliza para captar financiamiento sin recurrir al endeudamiento externo.

Segundo, testear el nivel de demanda de los inversores por instrumentos argentinos en moneda dura. El hecho de que las ofertas hayan duplicado el monto adjudicado sugiere que existe interés por este tipo de activos, al menos en el tramo medio de la curva.

Tercero, ordenar el perfil de vencimientos del Tesoro. Al ampliar el volumen de un bono con vencimiento en 2027, el Gobierno extiende parte de sus compromisos hacia adelante sin concentrarlos en el corto plazo.

La tasa convalidada —5,59% efectiva anual— funciona además como una referencia para el costo de financiamiento en dólares dentro del mercado local.

Finanzas administra la deuda mientras busca consolidar el frente fiscal

La licitación se produce en un momento donde el Gobierno intenta sostener la consistencia fiscal y monetaria como eje de su programa económico. En ese marco, el manejo de la deuda aparece como una pieza central para evitar presiones adicionales sobre el financiamiento del Estado.

El Tesoro ha optado en varias oportunidades por limitar los montos adjudicados incluso cuando la demanda es mayor, una señal que busca transmitir disciplina en la gestión del endeudamiento.

El nuevo volumen del BONAR 2027 en circulación quedó fijado en USD 500 millones de valor nominal, tras la reapertura realizada en esta segunda vuelta.

La operación también forma parte de la dinámica habitual del calendario financiero del Gobierno, donde las licitaciones periódicas permiten refinanciar compromisos y sostener la presencia del Tesoro en el mercado de capitales.

Un indicador más dentro del tablero financiero

En el plano estrictamente financiero, la licitación ofrece una señal sobre el posicionamiento de los inversores frente a la deuda argentina en dólares. Sin embargo, su impacto no se mide solo por el monto colocado, sino por la capacidad del Gobierno para sostener acceso al mercado en condiciones relativamente estables.

La evolución de las próximas licitaciones, el comportamiento de las tasas y la profundidad de la demanda seguirán siendo variables clave para evaluar si el Tesoro logra consolidar un esquema de financiamiento previsible.

Por ahora, el resultado deja un dato concreto: hubo más demanda que oferta, pero el Gobierno optó por administrar el volumen emitido. En un mercado donde cada licitación funciona también como señal política, esa decisión forma parte de una estrategia que todavía está en desarrollo.

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El Gobierno capta $10,42 billones en la última licitación del Tesoro

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El Gobierno nacional logró colocar $10,42 billones en la licitación de instrumentos del Tesoro realizada este 12 de marzo, en una operación que volvió a mostrar el peso creciente del financiamiento en moneda local dentro de la estrategia fiscal. La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por $12,90 billones, de las cuales adjudicó poco más de diez billones entre instrumentos en pesos, títulos ajustados por inflación, bonos atados a tasas bancarias y deuda vinculada al dólar.

El dato central de la jornada no es solo el volumen colocado, sino la señal política que busca enviar el equipo económico: sostener el financiamiento del Tesoro en el mercado doméstico sin recurrir a emisión monetaria directa. En un escenario donde cada licitación funciona como test del apetito de los inversores, la capacidad de renovar y ampliar deuda se volvió un termómetro de confianza sobre la política económica.

Una licitación dominada por instrumentos en pesos

La mayor parte de la operación se concentró en instrumentos denominados en pesos y dólar linked, donde el Tesoro recibió 7.546 ofertas y adjudicó $10,17 billones de valor efectivo.

Dentro de ese universo, los títulos ajustados por inflación (CER) volvieron a captar una porción significativa de la demanda.

Entre ellos se destacaron:

  • La Letras del Tesoro ajustada por CER con vencimiento el 15 de mayo de 2026 (X15Y6), que adjudicó $2,736 billones de valor efectivo.
  • La nueva letra CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con $1,088 billones adjudicados.
  • El bono cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7), que colocó $854.554 millones.
  • El bono CER con vencimiento en junio de 2028 (TZX28), con $1,865 billones adjudicados.

El menú también incluyó instrumentos a tasa fija y a tasa variable.

Entre los títulos a tasa fija, el Tesoro adjudicó $2,209 billones en la letra capitalizable con vencimiento el 15 de mayo de 2026, con una tasa efectiva mensual de corte de 2,60% y una TIREA de 36,07%. También colocó $407.370 millones en una letra con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con una TEM de 2,53% y TIREA de 34,96%.

Por su parte, los instrumentos atados a la tasa TAMAR —referenciada en tasas mayoristas bancarias— también encontraron demanda. La letra con vencimiento el 31 de agosto de 2026 adjudicó $593.373 millones, mientras que el bono con vencimiento el 26 de febrero de 2027 colocó $418.481 millones, con TIREA de 39,83% y 42,16% respectivamente.

Cobertura cambiaria y demanda por dólar linked

La licitación incluyó además títulos vinculados al dólar oficial, una herramienta que el Tesoro utiliza para captar inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos del tipo de cambio.

En este segmento se adjudicaron: $81.980 millones en la letra dólar linked con vencimiento el 30 de abril de 2026, con una TIREA de 6,35%. $162.533 millones en una nueva letra dólar linked con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con TIREA de 5,13%.

El uso de estos instrumentos refleja la necesidad del Tesoro de ofrecer alternativas de cobertura cambiaria sin emitir deuda directamente en moneda extranjera.

Bonar 2027: colocación parcial y segunda vuelta

En paralelo, el Gobierno licitó el BONAR 2027 (AO27), un bono denominado y pagadero exclusivamente en dólares estadounidenses.

En este caso, se recibieron ofertas por USD 440,07 millones, aunque finalmente se adjudicaron USD 151,80 millones de valor efectivo.

El precio de corte se fijó en USD 1.011,98 por cada valor nominal de USD 1.000, con una TIREA de 5,59% y una tasa nominal anual de 5,45%.

Debido al volumen de ofertas, el Tesoro aplicó un prorrateo de 71,8150469387755% sobre las propuestas recibidas al precio de corte.

Además, el Gobierno habilitó una segunda vuelta para el 13 de marzo, entre las 11:00 y las 13:00, destinada a inversores interesados en suscribir el bono al mismo precio de corte. En esta etapa se podrán colocar hasta USD 100 millones adicionales de valor nominal.

Financiamiento en pesos y señales al mercado

Más allá del detalle técnico, la licitación forma parte de la dinámica central de la política económica actual: financiar al Estado a través del mercado local.

Cada operación cumple al menos tres funciones simultáneas: Renovar vencimientos de deuda existentes. Obtener financiamiento adicional para el Tesoro. Enviar señales de estabilidad financiera al mercado.

    El volumen de ofertas —$12,90 billones— indica que los instrumentos del Tesoro continúan encontrando demanda en el sistema financiero y entre inversores institucionales.

    Al mismo tiempo, la diversidad de instrumentos ofrecidos refleja una estrategia de diversificación: tasa fija, ajuste por inflación, tasa bancaria y cobertura cambiaria.

    Lo que el mercado observará en las próximas licitaciones

    La lectura política y económica de estas operaciones no se agota en una sola jornada.

    Las licitaciones del Tesoro funcionan como una secuencia continua donde cada resultado influye en el siguiente. El nivel de rollover, las tasas convalidadas y la composición de los instrumentos adjudicados permiten inferir expectativas del mercado sobre inflación, tipo de cambio y tasas de interés.

    La segunda vuelta del BONAR 2027 será uno de los próximos indicadores a observar, porque permitirá medir si la demanda por deuda en dólares se mantiene o si los inversores privilegian instrumentos en moneda local.

    En paralelo, la dinámica del financiamiento en pesos seguirá siendo un componente central de la gobernabilidad económica. Mientras el Tesoro logre sostener la colocación de deuda en el mercado doméstico, el Gobierno podrá administrar vencimientos sin recurrir a mecanismos más disruptivos.

    El verdadero test, sin embargo, siempre aparece en la siguiente licitación.

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