El Gobierno relanza la reforma laboral, el proyecto busca flexibilizar contratos y reducir costos empresariales.
La iniciativa, impulsada por la diputada Romina Diez con respaldo del oficialismo, propone cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, beneficios fiscales para nuevas contrataciones y nuevas reglas para PyMES. Se reabre el debate sobre modernización laboral en el Congreso.
Un nuevo intento para reformar el sistema laboral argentino
El Gobierno nacional retomará el debate legislativo sobre la reforma laboral, una de las piezas clave del programa económico y político que impulsa el oficialismo desde el Consejo de Mayo. La propuesta fue presentada por la diputada Romina Diez bajo el título de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, y busca —según su fundamentación— modernizar el régimen laboral argentino con el objetivo de incentivar la formalidad, atraer inversiones y reducir litigiosidad.
El texto, acompañado por un grupo de legisladores oficialistas y aliados, entre ellos Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Lorena Villaverde y Carlos Zapata, introduce cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), actualizando principios, modalidades y derechos laborales que datan de 1974.
El proyecto, que será eje de discusión en las próximas sesiones del Congreso, redefine la relación empleador-trabajador, amplía la flexibilidad contractual, establece incentivos fiscales a la creación de empleo y habilita mecanismos de pago en cuotas para indemnizaciones y sentencias laborales.
“La Argentina necesita una legislación laboral moderna, ágil y competitiva, que acompañe los nuevos modelos productivos sin afectar los derechos básicos de los trabajadores”, señala el texto en su exposición de motivos.
Flexibilización contractual y nuevos incentivos para el empleo
Entre los puntos más relevantes, la iniciativa modifica artículos centrales de la LCT vinculados a la movilidad funcional y geográfica, la irrenunciabilidad de derechos y los beneficios sociales no remunerativos. El empleador podrá introducir cambios razonables en las condiciones de trabajo —como horarios, funciones o lugar de prestación— siempre que no alteren aspectos esenciales del contrato.
En cuanto a los beneficios sociales, se detalla una lista de prestaciones no remunerativas, entre ellas almuerzos, útiles escolares o servicios de telefonía e internet, que no integrarán el salario a los fines previsionales.
El proyecto también flexibiliza las licencias, vacaciones y sanciones, habilitando el fraccionamiento de las vacaciones en períodos mínimos de una semana y el goce conjunto para matrimonios o uniones familiares que trabajen en una misma empresa. Además, se establece un plazo de 30 días para impugnar sanciones disciplinarias.
En materia de enfermedad o accidente laboral, se mantienen los plazos de pago de remuneraciones de tres o seis meses, según la antigüedad, y de seis o doce meses para quienes tengan cargas familiares. Se introduce la posibilidad de verificación médica a través de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que podrá convocar peritos y aplicar sanciones.
El proyecto también ajusta el régimen de intereses en créditos laborales, limitando el monto máximo a la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa pura del 3% anual. Asimismo, se establece que los honorarios de abogados en juicios laborales no podrán superar el 20% del monto total
Reducción de costos para PyMEs y beneficios fiscales a la contratación
Uno de los capítulos más destacados apunta a la promoción del empleo formal, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. Se prevé la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal aplicable al pago de impuestos nacionales, para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley.
El beneficio será del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes empresas, siempre que la incorporación de personal implique un incremento neto en la nómina.
Además, se habilita la posibilidad de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, medida que busca aliviar la carga financiera de las PyMEs y reducir los costos asociados a la desvinculación laboral.
En paralelo, el texto modifica el régimen del trabajo agrario, excluyendo del sistema a trabajadores de sectores industriales, turísticos o de servicios no directamente vinculados a la actividad agrícola.
Proyección política y debate legislativo
El proyecto de Reforma Laboral se enmarca en la estrategia del oficialismo de consolidar una agenda de desregulación y simplificación normativa que atraviesa la política económica del Gobierno. Luego de la experiencia parcial de la Ley Bases, el nuevo texto apunta a construir consensos parlamentarios para avanzar en la modernización de las relaciones laborales, un reclamo histórico de sectores empresariales e industriales.
No obstante, su tratamiento en el Congreso abrirá un debate político intenso. Mientras los bloques afines al oficialismo destacan el potencial de la norma para impulsar el empleo formal, desde sectores sindicales y opositores advierten sobre los riesgos de pérdida de derechos laborales y precarización.
La presentación reabre así un eje central de la discusión económica argentina: cómo compatibilizar competitividad, productividad y protección social en un contexto de contracción económica y alto desempleo juvenil.
