Se redujeron en CABA a la mitad los nacimientos de niños en los últimos 8 años. Las mascotas se multiplicaron en casas y departamentos, tras la pandemia.
Según los datos del Registro Civil porteño en 2024 nacieron en CABA menos de 38.000 bebés: fue la mitad que en 2016 y, como contrapartida,. se adquirieron muchos más perros y gatos que en años anteriores.
La otra grieta de CABA: màs perros y menos niños
La caída progresiva en la tasa de natalidad se debería a múltiples causas:
-alto costo de vida por el crecimiento de la inflación
-inestabilidad laboral porque no hay trabajos en blanco
-relaciones líquidas y con bajo nivel de compromiso entre los más jóvenes
-nuevos modelos de familia
-población envejecida, muchas familias jóvenes se marcharon al conurbano para tener más espacio.
Según las cifras oficiales del Registro Civil porteño, entre enero y diciembre de 2024, se inscribieron 37.864 nacimientos en Ciudad de Buenos Aires (CABA), precisamente 18.403 nacimientos de niñas y 19.463 de niños.
En la Ciudad, la tasa global de fecundidad era de 1,3 hijos por mujer en 2021 y se acortó a 1,1 en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional que se ubica en 2,1 hijos por mujer.
Más perros que niños en CABA
El último censo de la Dirección General de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires arrojó un dato sorprendente: la población de perros superó a la de niños en la capital argentina.
Existen más de 493.000 perros conviviendo en hogares porteños frente a 394.000 niños menores de diez años.
La tendencia es clara: los fieles compañeros de cuatro patas se están convirtiendo en miembros fundamentales de los grupos humanos.
Teniendo en cuenta este tipo de datos, Biogénesis Bagó se lanzó a adquirir la empresa brasileña Mundo Animal (40 años en mercado) ya que buscaba ampliar su portafolio para mascotas.
La empresa biotecnológica argentina habría pagado por la líder de Brasil unos US$ 20 millones.
La firma controlada por la familia Bagó y el empresario Hugo Sigman, dos de las figuras claves del negocio farmacéutico local, abastece con soluciones animales a más de 60 países.
Escribe Mario Osava / Inter Press Service – El ascenso mundial de la extrema derecha ocurre después que las redes sociales prácticamente se universalizaron junto con el teléfono celular, en este siglo, no por coincidencia, sino por una relación simbiótica entre los dos procesos.
La decisión de Meta, empresa propietaria de las plataformas digitales Instagram, Facebook, Whatsapp y Threads, de poner fin a la verificación de datos en Estados Unidos y reducir la moderación de contenidos en el mundo, desnuda esas simbiosis y desafía los países que intentan regular las redes sociales, como Brasil, donde la desinformación se volvió crítica.
El gobierno brasileño del izquierdista Partido de los Trabajadores busca aclarar los efectos del vuelco de Meta en el país, por ahora sin alteraciones en el chequeo, pero sujeto a un aflojamiento general de los bloqueos automáticos de discursos de odio y de las menciones ofensivas, por ejemplo, a los homosexuales y transgéneros.
Las plataformas de Meta prometen remover contenidos que promueven “violaciones graves”, como terrorismo, explotación sexual infantil, drogas, fraudes, golpes y incentivos al suicidio o automutilación.
Pero deja a la evaluación de los propios usuarios denunciar las “violaciones de baja gravedad”, sin definir claramente o especificar sus casos.
“Se trata de un problema económico y geopolítico mundial, un escenario en que las corporaciones denominadas ‘big techs’, con sus monopolios, tienen más poder que los gobiernos”: Flavia Lefevre.
“Será más complicado que el caso de la red X”, prevé Flavia Lefevre, abogada especializada en derecho de la comunicación y consejera del no gubernamental Instituto Nupef (Núcleo de Investigación, Estudios y Formación).
La experta se refiere a la suspensión de las operaciones de X en Brasil del 30 de agosto al 8 de octubre de 2024.
El Supremo Tribunal Federal la castigó porque su propietario, Elon Musk, se negaba a nombrar un representante en el país y cumplir la legislación local. Solo volvió a activarse en su mayor mercado latinoamericano cuando acató las demandas.
Millones dependen de Meta
Las plataformas de Meta tienen 130 millones de usuarios en Brasil y 80 millones dependen de Instagram y Whatsapp para tener acceso a internet, cuando terminan sus créditos en sus celulares, estimó Lefevre a IPS desde São Paulo.
En este país de 2012 millones de habitantes, 60 % de los que acceden a internet lo hacen por el teléfono celular y una gran parte, en general pobres, son abonados al servicio telefónico de pago previo (prepago) de una cierta cantidad de uso.
Agotado el saldo, se bloquea el acceso por las operadoras telefónicas hasta aportar un nuevo pago, pero no por algunas redes digitales, explicó.
Esta realidad hace que suspender las actividades de Meta, si se llega a la confrontación, no parezca una opción razonable.
“Hay que buscar otras salidas, como multas, un ajuste de conducta que puede negociar la fiscalía o la secretaria Nacional del Consumidor”, matizó la abogada de Nupef, un instituto que promueve el uso seguro de las tecnologías de información y comunicación.
En Brasil se busca aprobar una legislación para regular las actividades de las redes digitales, pero un proyecto aprobado en el Senado se paralizó en la Cámara de Diputados por oposición de la extrema derecha y sus aliados que prefieren la ausencia de reglas a lo que definen como restricciones a “la libertad de expresión”.
Poner letreros cuando una publicación es impulsada, es decir gana difusión estimulada, informes periódicos de las plataformas sobre como manejan el flujo de informaciones, criterios de remoción y suspensión de usuarios, son algunas de las reglas del proyecto desechado.
El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, cuya gestión económica es víctima frecuente de informaciones falsas en las redes sociales. Tuvo que revocar una medida del 30 de diciembre de 2024 para monitorear el sistema de pagos brasileño Pix y contener la evasión fiscal, ante rumores falsos de que se gravarían las operaciones por la plataforma. Imagen: Marcelo Camargo / Agência Brasil
Leyes ya hay
Pero Brasil tiene medios legales para imponer límites y punir violaciones de las plataformas, el Marco Legal de Internet, el Código del Consumidor, el Estatuto de la Niñez y Adolescencia y también el Código Penal para el caso de delitos que amenazan la vida de personas o afectan la economía, por ejemplo.
Un caso ejemplar es la oleada de mentiras que forzó el gobierno brasileño a revocar una medida adoptada el 30 de diciembre, que obligaría a todas las instituciones financieras a informar al Banco Central el uso del Pix, un mecanismo de pagos, más allá de un límite mensual, 5000 reales (830 dólares) para personas y el triple para empresas.
El objetivo era obtener datos para contener la evasión fiscal, pero la extrema derecha inundó las redes sociales con la información de que el gobierno impuso un tributo al Pix, creado en 2020 y que se popularizó rápidamente.
El pánico generado provocó una reducción de 15 % en sus operaciones en la primera quincena del año.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció el 15 de enero la suspensión de la medida, su sustitución futura por un decreto clarificador y acciones penales contra los autores de las mentiras que constituyen delitos contra la economía popular.
Las campañas de desinformación ultraderechistas contribuyen a la crisis de confianza y de credibilidad que ya sufre el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente por las incertidumbres fiscales que genera su tendencia a ampliar los gastos públicos.
Falta determinación en aplicar las leyes ya existentes. Pero una específica, que reglamente e establezca las responsabilidades de las redes sociales, facilitaría una contención de las mentiras y los discursos de odio que saturan el ambiente de las plataformas.
Europa avanzó en ese sentido. “Pero se trata de un problema económico y geopolítico mundial, un escenario en que las corporaciones denominadas ‘big techs’, con sus monopolios, tienen más poder que los gobiernos”, y una solución de hecho tendría que corregir eso, sostuvo Lefevre.
En su opinión, “esas empresas tienen lado, actúan no solo por interés económico, sino también político”, sus plataformas digitales son de extrema derecha por naturaleza.
Toma de posesión del nuevo secretario de Comunicación Social de la presidencia de Brasil, Sidônio Palmeira, un especialista en propaganda electoral, en un acto en Brasilia el 14 de enero. Su nombramiento intenta mejorar la imagen del gobierno, incluso ante las cada vez más frecuentes noticias falsas. Imagen: Marcelo Camargo / Agência Brasil
¿Tecnologías neutrales?
No lo ve de la misma manera Natalia Viana, directora ejecutiva de la agencia Pública, de periodismo investigativo.
“La tecnología de las plataformas no es de izquierda ni de derecha, como cualquier tecnología. Son las decisiones adoptadas para que ellas sirvan solo a la finalidad de generar más y más utilidades, sean más y más adictivos, que nos condujeron al estado actual”, afirmó también desde São Paulo.
Internet y las redes sociales eran distintas hasta la oferta pública inicial de acciones del Facebook, en 2012, argumentó. El modelo de negocios elegido, en que las ganancias se obtienen capturando la atención de las personas por más horas, generó las distorsiones que serían evitables en otras opciones, como el servicio por suscripciones, acotó.
Serían alternativas menos lucrativas, no harían de sus dueños los milmillonarios situados entre los hombres más ricos del planeta, reconoció.
Las plataformas también incorporaron los algoritmos que amplían o reducen la diseminación de contenidos, considerando las interacciones que generan y no su calidad o el interés de los usuarios, observó.
En el caso de Pública, sus publicaciones en Facebook alcanzaban 30 % de sus lectores, pero eso se redujo a 4 % al cambiar el algoritmo y a casi nada después que Mark Zuckerberg, ejecutivo jefe de Meta, decidió eliminar el periodismo de la red social, ejemplificó Viana.
El modelo de negocios de las plataformas digitales “depende de informaciones falsas y los discursos criminales”, escribió Viana en un comentario periódico que envía a los lectores de Pública. “Un debate sano, basado en la realidad y civilizado” lo llevaría a la quiebra, admitió.
Inter Press Service – La economía mundial se está desacelerando, con lo cual los mercados laborales pierden fuerza y se dificulta su plena recuperación, expuso en un informe divulgado este jueves 16 la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según el estudio, “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2025”, el año pasado el empleo mundial se mantuvo estable y solo creció gracias al aumento de la población activa, lo que mantuvo la tasa de desempleo en cinco por ciento.
Los jóvenes, en particular, soportan tasas de desempleo mucho más elevadas, sostenidas en 12,6 %. El trabajo informal y la pobreza de los trabajadores volvieron a los niveles anteriores a la pandemia, y los países de bajos ingresos fueron los que tuvieron más dificultades para crear empleos decentes.
El informe señala retos como las tensiones geopolíticas, el aumento de los costos por el cambio climático y los problemas de deuda sin resolver, que están sometiendo a presión a los mercados laborales.
El déficit mundial de empleo -el número estimado de personas que quieren trabajar, pero no tienen trabajo- alcanzó los 402 millones en 2024.
Eso incluye 186 millones de desempleados, otros 137 millones que son principalmente trabajadores desanimados y 79 millones a los que les gustaría trabajar pero que tienen obligaciones, como el cuidado de otras personas, que les impiden acceder a un empleo.
La brecha se ha ido reduciendo gradualmente desde la pandemia por la covid-19, y se espera que se estabilice en los próximos dos años.
Aunque la inflación ha disminuido, sigue siendo elevada, lo que reduce el valor de los salarios, según el informe. Los salarios reales solo han aumentado en algunas economías avanzadas, y la mayoría de los países aún se están recuperando de los efectos de la pandemia y la inflación.
Las tasas de participación en la fuerza de trabajo han descendido en los países de renta baja y han aumentado en los de renta alta, sobre todo entre los trabajadores de más edad y las mujeres.
Sin embargo, las diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo grandes, con menos mujeres en la población activa, lo que limita los avances en el nivel de vida.
En el caso de América Latina y el Caribe, la tasa de participación en la fuerza laboral es relativamente estable, ubicada en 62,6 % en 2024. Sin embargo, la tasa masculina (74,6 %) fue 23,4 puntos porcentuales más alta que la femenina (51,2 %).
Además, es probable que muchos de los empleos que desempeñan las mujeres en la región sean informales y en actividades mal remuneradas.
Entre los hombres jóvenes, la participación ha disminuido drásticamente, y muchos de ellos no cursan estudios, ni trabajan, ni siguen una formación, son “NiNis”.
Esa tendencia es especialmente pronunciada en los países de renta baja, donde las tasas de “NiNis” entre los hombres jóvenes han aumentado casi cuatro puntos porcentuales por encima de la media histórica anterior a la pandemia, lo que les hace vulnerables a los retos económicos.
Las tasas de “NiNis” en los países de renta baja aumentaron en 2024, con 15,8 millones de hombres jóvenes (20,4 %) y 28,2 millones de mujeres jóvenes (37,0 %), lo que supone incrementos de 500 000 y 700 000, respectivamente, con respecto a 2023.
A nivel mundial, 85,8 millones de hombres jóvenes (13,1%) y 173,3 millones de mujeres jóvenes (28,2%) eran “NiNis” en 2024, lo que supone un aumento de un millón y 1,8 millones, respectivamente, con respecto al año anterior.
En América Latina y el Caribe, las mujeres jóvenes siguen mostrando una tasa de desempleo más alta que sus homólogos masculinos: 16,4 % frente a 11,6 % en 2024.
El estudio identifica un potencial de crecimiento del empleo en las energías verdes y en las tecnologías digitales.
Los empleos en energías renovables han crecido hasta 16,2 millones en todo el mundo, impulsados por la inversión en energía solar y de hidrógeno. Sin embargo, esos puestos de trabajo están desigualmente distribuidos, con casi la mitad en Asia oriental.
Las tecnologías digitales también ofrecen oportunidades, pero muchos países carecen de la infraestructura y las competencias necesarias para beneficiarse plenamente de estos avances, señala el informe.
Gilbert Houngbo, director general de la OIT, destacó al presentar el informe que “el trabajo decente y el empleo productivo son esenciales para alcanzar la justicia social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas con 2030 como año-meta para sus propuestas.
El informe hace recomendaciones para afrontar los retos actuales, comenzando por aumentar la productividad, mediante la inversión en formación, educación e infraestructuras para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo.
También plantea ampliar la protección social, con mejor acceso a la seguridad social y a unas condiciones de trabajo seguras para reducir la desigualdad.
Asimismo, propone utilizar eficazmente los fondos privados, destacando que los países de renta baja pueden aprovechar las remesas y los fondos de la diáspora para apoyar el desarrollo local.
Escribe Deodat Maharaj / Inter Press Service – «Era el mejor de los tiempos; era el peor de los tiempos». Esa sentencia de Charles Dickens tiene hoy más vigencia que nunca.
Los ricos y poderosos se reúnen de nuevo en enero en el glamuroso Davos, en un encuentro al que solo se puede acceder por invitación. A este enclave del este de Suiza, el más elevado de Los Alpes, llegan en aviones fletados y jets privados para hablar de nuestro calentamiento climático, entre otras preocupaciones globales.
Los superricos, políticos y famosos se reúnen en la cita anual del Foro Económico Mundial, entre el 20 y el 24 de este mes, en un momento en el que la desigualdad mundial es máxima. El año pasado se produjo un crecimiento fenomenal de la riqueza en las principales economías, con valoraciones de al menos ocho empresas que superaron la marca del billón (millón de millones) de dólares.
Por otro lado, los marginados apenas pueden ganarse la vida y están preocupados por saber de dónde vendrá su próxima comida. En el mundo, 733 millones de personas pasan hambre y 2330 millones sufren inseguridad alimentaria. La situación es más grave en el grupo de los 44 Países Menos Adelantados (PMA).
Según los datos, está empeorando para las personas que viven en los países más pobres y vulnerables.
Según Oxfam, el 1 % más rico posee casi la mitad de la riqueza mundial, mientras que los más pobres solo poseen 0,75 %. Además de la desigualdad, aumentan las tensiones geopolíticas y las amenazas externas, entre ellas el cambio climático. Al mismo tiempo, las perspectivas económicas mundiales siguen siendo moderadas.
El tema de en el Foro de Davos para 2025, «Colaboración para la Era inteligente», es especialmente oportuno para los países ricos, ya que cosechan ricos dividendos gracias a los rápidos avances tecnológicos.
Del mismo modo, el tema tiene un profundo significado para los habitantes de los PMA, donde las tecnologías nuevas y pertinentes pueden alterar permanentemente su trayectoria de desarrollo.
Sin embargo, solo 36% de sus ciudadanos tiene acceso a internet, y la infraestructura digital es deficiente. Así pues, si nos preocupamos por un mundo más igualitario, un primer paso necesario es centrarnos en la realidad de quienes viven con menos de 1,90 dólares al día.
En cuanto a las soluciones, la reunión de Davos debería buscar formas concretas y prácticas de ayudar a estos países con financiación y conocimientos técnicos para reducir esta alarmante brecha en la que los pobres no sólo se quedan atrás, sino que quedan completamente al margen.
La agenda de la cumbre esboza cinco prioridades y su justificación, todas ellas pertinentes para los PMA si se consigue reunir la voluntad, la financiación y la colaboración necesarias.
Reimaginar el crecimiento: El Foro Económico Mundial señala que la economía digital tiene potencial para representar hasta 70 % del nuevo valor generado a escala mundial en los próximos 10 años.
Este potencial y los consiguientes beneficios económicos residirán en su inmensa mayoría en los países más ricos. No obstante, la economía digital ofrece una oportunidad excepcional para que los países más pobres den un salto adelante en sus avances de desarrollo.
Con el apoyo de la transferencia de tecnología, la financiación y la creación de capacidades en los PMA, su trayectoria de desarrollo puede cambiar, creando nuevos puestos de trabajo y oportunidades para su población.
Industrias en la era inteligente: Este enfoque temático se centra invariablemente en las mayores empresas y economías del mundo. Sin embargo, es mucho lo que las grandes empresas pueden hacer para contribuir al crecimiento de una economía mundial en la que todos salgan beneficiados.
Compartir las mejores prácticas e invertir en los PMA son excelentes ejemplos de formas de promover una transición más equitativa hacia el futuro tecnológico.
Las empresas tienen un importante papel que desempeñar a la hora de potenciar la presencia de estos países en las cadenas de suministro mundiales. También pueden apoyar a las pequeñas y medianas empresas impulsando su capacidad productiva a nivel nacional.
Sin embargo, esto no ha ocurrido hasta ahora, y ha llegado el momento de cambiar el enfoque.
Invertir en las personas: A escala mundial, los sistemas educativos tienen dificultades para adaptarse a la rápida evolución de las tecnologías, y solo 54 % de los países cuentan con estándares de competencias digitales.
Sin embargo, en las naciones más pobres del mundo, 260 millones de personas en edad de cursar primaria y secundaria no asistirán a la escuela en 2020.
Mientras los PMA gasten más en el servicio de su deuda externa que en educación, esta terrible desigualdad no cambiará. Es fundamental utilizar tecnologías de bajo coste y gran impacto para crear capital humano en los PMA. Los países más ricos pueden hacer mucho en este ámbito crítico.
Salvaguardar el planeta: Grandes bolsones de los más pobres del mundo se mueren de hambre debido a los desastres inducidos por el clima y a la inseguridad alimentaria. Las medidas de financiación de la lucha contra el cambio climático son vitales para los PMA, que contribuyen con menos de 4 % de las emisiones mundiales pero soportan algunos de los impactos más graves del cambio climático.
Las tecnologías existentes, así como las nuevas y emergentes que pueden ayudar a predecir el cambio climático y gestionar las catástrofes, deben transferirse a quienes más lo necesitan. Y, por supuesto, el mundo desarrollado debe cumplir sus compromisos en materia de financiación de la acción por el clima.
Reconstruir la confianza: Se habla mucho de colaboración global y multilateralismo, en un momento de aumento de la desigualdad global y de creciente aislacionismo. Davos podría hacer bien en fomentar una mayor inclusividad y, al hacerlo, construir esta confianza y esperanza tan necesarias.
Quienes poseen una gran riqueza e influencia también tienen una gran responsabilidad. A menos que la cumbre anual del Foro Económico Mundial se centre en los más de 1000 millones de personas que viven en los países más pobres del mundo, seguirá siendo una cámara de eco para los privilegiados.
Un futuro global basado en la equidad, la prosperidad compartida y la resiliencia colectiva no sólo es posible, sino esencial para todos nosotros. Davos 2025 debe aprovechar la oportunidad para redefinirse como un verdadero foro para el progreso mundial.
Deodat Maharaj es director gerente del Banco de Tecnología de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados (PMA) y puede ser contactado en: deodat.maharaj@un.org
El Gobierno flexibilizó medidas que protegen al comercio interno y los industriales advierten por el efecto en el mercado. Especialistas desmienten que Argentina lidere el ranking de países con mayor cantidad de medidas antidumping.
Durante la semana el Gobierno anunció una serie de modificaciones que flexibilizan las medidas “antidumping ”. Los industriales, en medio de la apertura comercial y el atraso cambiario, otra vez encendieron las señales de alerta.
Cercano al anochecer del miércoles, el ministro de Economía Luis Caputo eligió X, su plataforma predilecta a la hora de compartir cambios e implementaciones, para anunciar que reducirán los plazos de duración de las futuras medidas antidumping, que pasarán de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas a una de 3, con una única posibilidad de extensión por 2 años más.
Las reacciones no tardaron en aparecer. Es que la industria hace un año se encuentra en una encerrona: el presidente Javier Milei plantea la competencia del producto nacional frente a la apertura comercial, mientras que el sector, tras largos años de inestabilidad económica y variedad de regulaciones, asegura no estar en condiciones para igualar la cancha.
Dentro del Gobierno entienden que el combo estabilidad macroeconómica, baja de impuestos y quita de regulaciones es suficiente para que el sector pueda reaccionar.
Sin embargo, hay referentes industriales que apelan esa premisa asegurando que “es necesaria, pero no suficiente” y ponen reparos sobre ese mismo programa económico que Casa Rosada sostiene como idóneo: en la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, no faltan las quejas por el atraso cambiario y reclaman un “verdadero plan industrial”, que no esté solamente motorizado por desregulaciones.
Juan Ángel Ciolli, presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), va un poco más allá y considera que los cambios implementados desde el Gobierno sobre el antidumping “son una barbaridad”.
“La idea de que Caputo busque un comercio exterior más transparente y equilibrado no tiene fundamentos cuando vemos que viene creciendo el proteccionismo”, opina el dirigente.
A su vez, entiende que el Gobierno “liquida centenares de empresas”, avalando asimetrías y deformando costos locales (servicios públicos), cosa que “impacta fuertemente en la industria”.
Por caso, señala particularmente la situación del sector textil, actualmente en el centro de la discusión por sus altos precios a comparación de Sudamérica y parte de Europa.
De hecho, el sector fue el primero que se pronunció públicamente. Desde la Fundación Pro Tejer consideran que las modificaciones al régimen antidumping “podrían generar menores cargas burocráticas a las empresas”, pero les “preocupa” la reducción del plazo de duración de las medidas a 3 años.
“Este cambio debilita la herramienta y podría generar un daño a la competencia local y desincentivar nuevas inversiones en productos donde se ha comprobado la existencia de precios de dumping provenientes de determinados orígenes”, alerta la fundación.
Por los objetivos de las normativas antidumping -nivelar condiciones de mercado y evitar la competencia desleal-, la entidad que preside Luciano Galfione no encuentra razones para limitarlas en su duración.
“La menor duración de las medidas antidumping genera menor previsibilidad y afecta el horizonte temporal de inversiones de largo plazo”, enfatiza Protejer.
En esta ocasión, el sector vuelve a marcar que la política de comercio exterior “va a contramano de la tendencia de países desarrollados”, donde el uso de herramientas antidumping crece y se fortalece, sobre todo en Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones con Oriente.
“Flexibilizar el régimen antidumping NO va a generar la baja de precios locales”, concluyen desde Fundación Protejer y, en cambio, reclaman por la apreciación cambiaria, la “elevada” carga fiscal, alta volatilidad macroeconómica y altos costos logísticos, entre otras problemáticas.
En la misma línea Norberto Fedele, titular de la Unión Industrial de San Martín advierte que las pymes “no están preparadas para soportar un vendaval de productos importados” y que los cambios serían aceptados si en realidad se buscará “agilizar los procesos de presentación y análisis” de conductas vinculadas al dumping.
El acuerdo antidumping se crea en 1994 y clasifica conductas de “competencia desleal”, entre ellas el dumping, una práctica comercial basada en exportar a un precio por debajo del que se comercializa en el país de origen o bien que difícilmente cubran los costos dentro del mercado donde llega el producto.
Fue alcanzado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), un organismo internacional creado bajo el manto del libre comercio desplegado en la década de los 90.
El objetivo es tratar de evitar que el exportador venda a precios bajos para desplazar a la industria local de forma agresiva, y luego quedarse con el mercado actualizando esos mismos precios.
El diagnóstico de base es que los grupos empresarios locales obtienen “una protección excesiva” y que “las restricciones a las importaciones no deben extenderse durante décadas”.
El argumento de base sostenido por el Gobierno nacional es que el empresariado local mantuvo durante décadas un alto nivel de proteccionismo y que las restricciones a las importaciones no deben extenderse durante muchos años.
La ex presidenta de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) Mayra Blanco aporta información relevante para discutir esta idea.
En primer lugar, desde que se puso en práctica el acuerdo hasta el segundo semestre 2023, la propia OMC marca que los países que más derechos antidumping han aplicado durante ese lapso son India (780 derechos), Estados Unidos (628) y los países conformados por la Unión Europea (363).
Argentina recién ocupa el cuarto puesto del ranking con 300 medidas, muy cerca de Brasil (280) y luego China (268). Son las economías desarrolladas o las que conforman al gigante asiático aquellas que establecen mayor cantidad de medidas antidumping o las llamadas “economías desarrolladas del centro“.
Actualmente el país mantiene tiene 76 medidas finales y solo una provisoria. La magnitud de los derechos también fue objeto de distorsión por parte del Gobierno.
La carga arancelaria de las medidas también es motivo de discusión dentro del equipo económico. De acuerdo a la ex titular de la CNCE, la mayoría de los aranceles son menores al 100% sobre el valor FOB de importación, mientras que el porcentaje máximo es 378%.
“Además, el valor de la medida no puede aplicarse discrecionalmente, puesto que la metodología de cálculo la establece la propia OMC”, aclara Blanco.
Finalmente, todos los años en su Informe Anual la OMC estima el universo de importaciones alcanzadas por estos derechos: en 2022, último dato, sólo gravaban al 1,6% de las importaciones totales, mientras que el promedio histórico es del 1,4%.
“Dificilmente pueda considerarse que el antidumping configure una “restricción” a las importaciones, ya sea por las razones que se aplica como por su alcance”, concluye la especialista.
