El Gobierno venezolano saludó hoy la decisión de la Justicia de Portugal de ordenar la devolución de 1.500 millones de dólares a instituciones estatales del país caribeño que se encontraban retenidos “ilegalmente” desde 2019, mientras que la oposición pidió que ese dinero sea asignado al fondo social acordado en la mesa de negociaciones y administrado por Naciones Unidas.
“Venezuela celebra la decisión adoptada por el Tribunal Civil Central de Lisboa (Portugal), mediante la cual ordenó a la entidad financiera Novo Banco devolver a diversas entidades venezolanas, incluyendo Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), la cantidad de 1.352.739.694,68 euros (1.500 millones de dólares) que se encontraban ilegalmente retenidos en esa entidad bancaria”, detalló el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en su cuenta de la red social X (ex Twitter).
El miércoles, el Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa falló a favor Venezuela en la demanda realizada por varias instituciones estatales del país caribeño contra la entidad financiera Novo Banco por la retención de fondos públicos.
La administración de Nicolás Maduro calificó la acción del Novo Banco como “un acto claramente arbitrario” y aseguró que les privaba “de ingentes recursos destinados a favorecer el desarrollo de la economía nacional y satisfacer las necesidades esenciales de la población, especialmente durante el período de la pandemia del covid-19”, informó la agencia de noticias Sputnik.
Por tal razón, el Gobierno calificó como una “victoria” la sentencia.
Ñáñez difundió capturas de pantalla del dictamen de la Justicia portuguesa, que fue leído en la televisión estatal.
Por su parte, la oposición exigió “que los fondos liberados por Portugal sean asignados al fondo social y que sean administrados por la Organización de Naciones Unidas”, según un comunicado del bloque que conformó la mayoría opositora en el Parlamento elegido en 2015, cuya legislatura venció en 2021, pero que defiende su continuidad.
Ese fondo social de hasta 3.000 millones de dólares, para ser utilizado en programas sociales, fue acordado por el gobierno y la oposición en la última ronda de las hoy paralizadas negociaciones de México, celebradas en noviembre de 2022.
El bloque opositor se ofreció en el texto a hacer las “gestiones competentes ante la OFAC”, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, que no reconoce formalmente a Maduro como presidente, para que los fondos sean dirigidos a la ONU.
“Bajo ningún contexto estos recursos deben trasladarse al régimen de Maduro, que ha demostrado una y otra vez que se ha robado el dinero de los venezolanos”, insistió el comunicado.
El Gobierno de Maduro fue objeto de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea después de que su reelección en 2018 fuese considerada producto de “un fraude” por la oposición venezolana.
El Novo Banco bloqueó el dinero porque formalmente Portugal reconocía desde 2019 como presidente encargado de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó.
Maduro denuncia que Venezuela tiene al menos 24.000 millones de dólares “secuestrados” en el extranjero debido a las sanciones.
En tal sentido, Caracas ratificó que “continuará ejerciendo todas las acciones a su disposición, tanto en el ámbito jurídico como diplomático, para restituir los derechos del pueblo venezolano sobre los recursos que le pertenecen y que actualmente continúan ilegítimamente bloqueados en entidades financieras extranjeras”.
