El Presidente se reunirá el martes con gobernadores por el juicio político a Rosatti
El presidente Alberto Fernández se reunirá mañana con gobernadores para analizar los pasos a seguir en el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Según informaron a Télam fuentes oficiales, el encuentro se realizará desde las 10 y será el segundo entre el mandatario y gobernadores desde que el máximo tribunal dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.
El domingo por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción presidencial de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, Fernández anunció que la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema -también presidente del Consejo de la Magistratura- contaba con el respaldo de gobernadores.
En una carta pública difundida en el primer día del año, el mandatario agregó que se pedirá que “se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, afirmó el mandatario a través de una carta que difundió la Casa Rosada.
Además, en una entrevista con C5N en Brasil, Fernández expresó su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes”.
“Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión” de la justicia, consideró.
Y apuntó a Rosatti al decir que, además de ser titular de la Corte, “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso”.
“En virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura”, advirtió. Fernández añadió que “uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho; lo que vimos en Lago Escondido fue terrible. Nadie dijo ‘no viajamos, no me pagaron el viaje'”, en alusión al viaje de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a esa zona patagónica.
Aseguró que tomó personalmente la resolución de impulsar el juicio político a Rosatti porque “estoy absolutamente convencido, planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé”.
El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
Tras ese fallo, 18 gobernadores -con matices- rechazaron lo decidido por la Corte y denunciaron que se trataba de una regresión en el sistema federal de gobierno.
El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que hay un “relación promiscua” entre la Corte y el Gobierno porteño y aseguró que los hechos de los últimos días dejaron al descubierto que la Justicia “no es ni independiente ni imparcial” en Argentina.
Soria señaló que el pedido de juicio político a Rosatti “es la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas, de actitudes y fallos que son totalmente arbitrarios e injustificados” y además “contrarios a la Constitución y a las leyes”.
“El último, quizás el más vergonzoso y más arbitrario, fue conceder una cautelar al Gobierno de la Ciudad barriendo sin ningún fundamento el federalismo en la Argentina, solo con el objeto de financiar la campaña presidencial del jefe comunal”, añadió.
No obstante, indicó que “el mal desempeño no se agota en ese único y vergonzoso fallo de la coparticipación”.
El canciller Santiago Cafiero responsabilizó hoy al Poder Judicial de generar “tensión” con los otros poderes del Estado al “avanzar” con potestades que le son propias al Ejecutivo y al Legislativo, con decisiones que impactan sobre el “federalismo”.
Cafiero elogió la iniciativa de juicio político porque permite “llevar adelante el mecanismo institucional, republicano” previsto en la Constitución Nacional para que “se abra una investigación en el seno del Congreso de la Nación” sobre la conducta de los integrantes del máximo tribunal.
La diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard afirmó que el oficialismo cuenta con los votos en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja para tramitar “la apertura” del sumario.
“La investigación dura 60 días”, dijo, y aseguró que, en ese plazo “se pueden llamar a los acusados y testigos para que comparezcan”.
La senadora bonaerense oficialista Teresa García consideró “auspicioso” el pedido de juicio político ya que, advirtió, “no se puede construir una institucionalidad seria” cuando se tiene “a un señor que cree que es un emperador”, en referencia al presidente de la Corte.
“Es auspicioso que se ponga la máxima institucionalidad encima de este tema, esto instala el debate de la máxima institucionalidad del país que es el presidente de la Nación, de alguna manera resistiendo y defendiéndose de los embates que está teniendo la Corte sobre el resto de los poderes”, dijo la legisladora.
“Es correcto que el Presidente ponga el tema sobre la mesa. Hoy no tenemos número, hay que construirlo y para eso hay que construir sentido”, destacó García al sostener que “hay que seguir en esta postura para que no ocurra lo que que está ocurriendo hace casi 6 años”.
JxC rechazó el juicio político al titular de la Corte y lo tildó de “un nuevo ataque” a la Justicia
La coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) rechazó hoy el pedido de juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al considerarlo una “maniobra desesperada” que se enmarca en “un nuevo ataque” contra la Justicia.
“Estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad”, indicó JxC a través de un comunicado.
La coalición opositora afirmó que el pedido de juicio político a Rosatti se trata de una “trasnochada pretensión” y que se enmarca en un “nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado”.
“Así como no pudieron con la reforma judicial, la Procuración General y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez tampoco podrán”, advirtió la coalición que integran el PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica (CC) y Peronismo Republicano.
Para ese espacio, el Gobierno sólo se preocupa por “sus causas judiciales” y no tiene “empatía” con lo “que están sufriendo los argentinos”.
“En un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y donde la calidad educativa se degrada día a día, el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida”, remarcaron en el texto.
Los partidos de la oposición dijeron estar “trabajando en un proyecto de país serio, democrático, con instituciones fuertes” y sostienen que esa es la “única forma de sacar la Argentina adelante”.
“Tenemos un plan, es con esfuerzo, con compromiso, pero vamos a recuperar el trabajo, las industrias, el desarrollo, el mérito, la esperanza y la confianza hacia dentro y fuera del país. Estamos convencidos que otra Argentina es posible”, detallaron.
El presidente Alberto Fernández anunció el domingo último que impulsará junto a los gobernadores un juicio político al titular de la Corte Suprema “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, debido al dictado de una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.
El conflicto está planteado por el fallo en el que el máximo tribunal dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, al dar lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
