Diarios de Misiones

Economía redirige fondos no utilizados a FoGAr para impulsar el crédito productivo

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El Gobierno refuerza el financiamiento a pymes con más de $1 billón transferido al Fondo de Garantías Argentino (FoGAr)

El Ministerio de Economía aprobó la transferencia de recursos no comprometidos de programas de emergencia al fideicomiso FoGAr, con el objetivo de potenciar el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas. El nuevo esquema concentra los fondos en un instrumento único con alcance federal y sectorial.

A través de la Resolución 734/2025, el Ministerio de Economía dispuso la transferencia de $1.000.418 millones al Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), consolidando recursos previamente asignados a fondos de afectación específica creados durante la pandemia. La decisión apunta a fortalecer la capacidad del FoGAr para brindar avales que faciliten el acceso al crédito por parte de empresas de todo el país.

Los fondos transferidos provienen de tres programas que, si bien ya cumplieron su etapa crítica, conservaban remanentes sin comprometer:

  • FAE MiPyMEs: $463.733 millones
  • FAE Créditos a Tasa Cero (PCA): $371.116 millones
  • FAE Programa ATP: $165.568 millones

De fondos específicos a un fideicomiso centralizado

Estos fondos fueron creados entre marzo y julio de 2020, en el marco de la emergencia económica y sanitaria (decretos 326, 332 y 621), con el objetivo de avalar créditos otorgados a pymes, monotributistas y empresas adheridas al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Ahora, mediante la nueva resolución firmada por el ministro Luis Caputo, se autoriza a la autoridad de aplicación del FoGAr y a su comité de administración a transferir los saldos remanentes al fideicomiso financiero y de administración que opera bajo su órbita. La medida busca maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, canalizándolos hacia nuevos instrumentos de financiamiento productivo.

Un modelo más flexible y federal

El FoGAr, creado por ley 25.300 y reformulado en la ley 27.444, tiene como misión otorgar avales directos e indirectos que mejoren el acceso al crédito para empresas de todos los tamaños, sectores y regiones. También puede respaldar a fondos provinciales o regionales siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos.

Con esta inyección de fondos, el Ministerio de Economía busca que el FoGAr incremente su alcance territorial y sectorial, facilitando el financiamiento especialmente para aquellas empresas que aún enfrentan restricciones crediticias o tasas poco competitivas en el mercado financiero tradicional.

Según detalla la resolución, esta redistribución de recursos está amparada en el marco normativo de la Ley de Ministerios, la ley 25.300 y las disposiciones de emergencia sancionadas durante la pandemia. La medida también contó con la intervención del servicio jurídico del Ministerio de Economía y responde a un criterio de administración eficiente del gasto público.

La consolidación de los fondos en el FoGAr refuerza el rol del Estado como facilitador del financiamiento privado, sin incrementar el gasto fiscal directo. Se espera que estos recursos permitan el diseño de nuevos programas de avales orientados a sectores estratégicos, cadenas de valor regionales o exportadoras, y empresas en proceso de inversión.

Esta decisión se inscribe en la estrategia general del Gobierno de racionalizar instrumentos de política económica, eliminar estructuras solapadas y concentrar esfuerzos en herramientas con mayor impacto multiplicador.

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Economía deroga una norma clave de 1992 para impulsar la competitividad exportadora

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El Gobierno elimina una regulación histórica sobre exportaciones de cueros para potenciar el sector

El Ministerio de Economía derogó una norma vigente desde 1992 que imponía derechos de exportación a los cueros bovinos. La decisión busca consolidar la apertura comercial, fortalecer las exportaciones y mejorar la competitividad del complejo agroindustrial.

Con la publicación de la Resolución 727/2025, el Ministerio de Economía oficializó la derogación de la resolución 537/1992, que desde hace más de tres décadas establecía derechos de exportación para posiciones arancelarias específicas de cueros bovinos. La medida representa un nuevo paso en el proceso de desregulación y liberalización comercial impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

La norma suprimida incluía además una fórmula de cálculo para determinar la base imponible por pieza exportada, un mecanismo que ahora queda sin efecto.

Cueros sin retenciones: impulso al comercio exterior

El cambio se enmarca en la estrategia trazada por el decreto 38/2025, que estableció una alícuota cero para los derechos de exportación (D.E.) de los cueros bovinos. Esta decisión fue respaldada por la necesidad de:

  • Alinear el esquema impositivo con una mayor apertura comercial.
  • Eliminar distorsiones tributarias que afectaban la competitividad del sector.
  • Simplificar y desburocratizar el comercio exterior.

De acuerdo con cifras oficiales, las exportaciones de cueros representan unos USD 400 millones anuales, un monto que se proyecta incrementar a partir de la remoción de estas trabas normativas.

Desregulación para alinear al sector con el resto del agro

Desde el Ministerio de Economía se argumentó que la permanencia de la resolución 537/1992 era “contraria a los objetivos del actual Gobierno”, ya que establecía un tratamiento desigual respecto de otros productos agroindustriales que sí gozan de condiciones más competitivas para la exportación.

Además, el Código Aduanero argentino (Ley 22.415), junto con el Decreto 70/2023, sirvieron como base normativa para avanzar con esta modificación. En particular, el artículo 3° del decreto mencionado promueve expresamente una mayor inserción de Argentina en el comercio global, con foco en la remoción de trabas económicas a la exportación.

La eliminación de esta regulación histórica apunta a consolidar el posicionamiento de los cueros argentinos en los mercados internacionales, favoreciendo las condiciones para ganar escala, captar nuevos compradores y mejorar márgenes de rentabilidad.

Si bien no se difundieron declaraciones específicas del ministro Luis Caputo al respecto, la medida sigue la línea trazada por otras disposiciones recientes que buscan alinear la política económica con la inversión privada y la generación de divisas genuinas.

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Subsidios al gas: el Gobierno eleva el recargo al 6,2% sobre el precio en boca de pozo

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El Gobierno eleva el recargo al gas para subsidiar consumos residenciales: pasa al 6,2% sobre el precio en boca de pozo

El Ministerio de Economía actualizó el valor del recargo que financia el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. La medida responde al incremento proyectado en la necesidad de fondos por la transición a un esquema de subsidios energéticos focalizados.

El Ministerio de Economía oficializó este lunes, mediante la Resolución 718/2025, un incremento en el recargo que se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), llevándolo del 6% al 6,2%. Esta actualización alcanza a todos los metros cúbicos comercializados o autoconsumidos, y tiene por objetivo garantizar la sustentabilidad financiera del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

La medida se enmarca en la emergencia energética nacional vigente y en el proceso de transición hacia un modelo de subsidios focalizados, según lo previsto por los decretos 55/2023, 70/2023 y 465/2024.

¿Qué implica el nuevo recargo del 6,2%?

La resolución establece que el nuevo recargo:

  • Se aplica sobre el precio del gas en el PIST por metro cúbico de 9.300 kcal.
  • Afecta tanto a volúmenes comercializados como a los de autoconsumo.
  • Será percibido por las distribuidoras, subdistribuidoras y comercializadoras, quienes deberán trasladarlo a la factura final de los usuarios.

Además, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá adecuar los procedimientos para su facturación, tarea que será esencial para su implementación efectiva.

Causas del ajuste: menor financiamiento estatal y mayor demanda de fondos

El Ministerio de Economía fundamentó el ajuste en las siguientes variables:

  • La imposibilidad del Estado Nacional de sostener subsidios generalizados mediante aportes del Tesoro, tal como se implementaron en gestiones anteriores.
  • El aumento proyectado en la necesidad de fondos para financiar el régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario durante 2025.
  • El desfase temporal entre la aplicación del recargo y el impacto real sobre la recaudación.

Según el informe técnico de la Dirección de Tarifas y Regalías del Ministerio de Economía (IF-2025-48868598-APN-DTYR#MEC), los nuevos cuadros tarifarios reflejan los ajustes progresivos en el precio del gas implementados desde mediados de 2024, lo que incrementa también la base de cálculo del recargo.

Autoconsumo y comercializadoras: nuevas reglas de cálculo

Para casos de autoconsumo, el recargo deberá calcularse como:
Volumen consumido × Precio promedio ponderado de ventas × 6,2%.

En tanto, las comercializadoras deberán aplicar y trasladar el recargo exacto percibido por sus proveedores sobre cada unidad comercializada, homogeneizando así el impacto a lo largo de toda la cadena de valor.

Si bien no se difundieron declaraciones públicas del ministro de Economía, Luis Caputo, o de la Secretaría de Energía, la resolución ratifica que las nuevas disposiciones entrarán en vigencia a partir de la publicación oficial de los procedimientos de facturación por parte del ENARGAS, lo que podría suceder en los próximos días.

La medida forma parte de un paquete más amplio de racionalización tarifaria, que apunta a mantener la prestación continua del servicio sin comprometer las metas fiscales del Gobierno nacional.

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Caputo deroga regulación sobre precios en surtidor

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El Gobierno elimina la obligación de informar precios de combustibles en tiempo real: fin a la resolución 314/2016. Libre mercado en los combustibles: se elimina el sistema de monitoreo estatal de precios en surtidor

En línea con la desregulación del mercado energético, el Ministerio de Economía derogó el sistema obligatorio de carga de precios minoristas en surtidores. La medida busca reducir burocracia, aliviar costos operativos y fomentar la competencia entre estaciones de servicio.

El Ministerio de Economía oficializó este lunes la derogación de la Resolución 314/2016, que obligaba a las estaciones de servicio a reportar en un sistema centralizado cualquier modificación de precios en naftas, gasoil y GNC dentro de las ocho horas posteriores al cambio. La decisión, formalizada a través de la Resolución 717/2025, se enmarca en la política de desregulación del mercado que impulsa el Gobierno nacional bajo el nuevo paradigma económico basado en la libre competencia.

La resolución anterior había sido dictada en un contexto de fuerte intervención estatal en la fijación de precios del sector energético. Con la nueva normativa, el Ejecutivo considera que los precios deben surgir del juego de la oferta y la demanda, sin que el Estado actúe como ente centralizador de datos.

Razonamientos detrás de la medida

El Ministerio, encabezado por Luis Caputo, argumentó que la obligatoriedad de reportar precios suponía una carga operativa y administrativa innecesaria, en especial para estaciones de servicio de menor escala, afectando la eficiencia y la competitividad del sector.

Además, se señala que en la actualidad los consumidores cuentan con herramientas digitales –como apps, sitios web y redes sociales– que permiten acceder a información actualizada en tiempo real, lo cual vuelve innecesario el monitoreo estatal.

“La tecnología y la competencia son suficientes para garantizar la transparencia del sector, sin necesidad de una intermediación estatal que duplique información”, sostiene el texto oficial.

Uno de los argumentos más relevantes es que el sistema de reporte obligatorio podría alentar prácticas de precios homogéneos entre competidores, disminuyendo la competencia efectiva y acercándose a esquemas de cartelización, algo contradictorio con la intención de fomentar un mercado libre y dinámico.

La medida también se alinea con el Decreto 70/2023, que consagra los principios de libertad económica, circulación de bienes y servicios, y la iniciativa privada como ejes rectores del nuevo orden económico.

Perspectiva histórica y alcance normativo

La ahora derogada resolución 314/2016 había sido implementada por el ex Ministerio de Energía y Minería, en un marco regulatorio que buscaba controlar precios en un contexto inflacionario y con subsidios cruzados. En contraste, la Resolución 717/2025 establece que este tipo de controles no se justifican en el entorno actual de apertura y liberalización del mercado energético.

El Gobierno ratifica que la transparencia de precios está garantizada por el Sistema de Información Federal de Combustibles, que sigue vigente para precios mayoristas y volúmenes de venta, y por mecanismos de mercado espontáneo.

Con esta resolución, el Gobierno profundiza su estrategia de desregulación y reducción del intervencionismo estatal en los mercados clave. Para las estaciones de servicio, especialmente las pymes del interior, se trata de un alivio en términos de costos de cumplimiento y una oportunidad para definir políticas comerciales con mayor autonomía.

De cara al futuro, se espera que el sector se vuelva más competitivo y transparente por acción del propio mercado, aunque algunos especialistas advierten que la eliminación del control público podría generar disparidades regionales si no se garantiza una oferta suficiente y sostenida.

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Argentina actualiza su marco normativo sobre semillas para alinearse con estándares del Mercosur

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Argentina incorpora al orden jurídico nacional una nueva normativa del Mercosur sobre análisis de semillas

El Ministerio de Economía oficializó la derogación de cuatro resoluciones del Mercosur vinculadas al control y acreditación de laboratorios de análisis de semillas, en línea con la actualización normativa del bloque regional. La medida busca alinear los marcos técnicos con estándares internacionales vigentes.

Mediante la Resolución 716/2025, el Ministerio de Economía incorporó al ordenamiento jurídico argentino la Resolución 44/21 del Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur, que deroga un conjunto de normativas técnicas vinculadas a la acreditación y funcionamiento de laboratorios de análisis de semillas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a un proceso de revisión periódica del acervo normativo del bloque regional que apunta a la modernización y adecuación a estándares internacionales actualizados.

Normas derogadas y motivos

La Resolución GMC 44/21 establece la derogación de las Resoluciones:

  • 16/98, sobre el Boletín MERCOSUR de análisis de lotes y muestras de semillas;
  • 69/98, que modificaba la Resolución 60/97 sobre estándares para laboratorios de semillas;
  • 29/00 y 53/01, que introducían correcciones (fe de erratas) a las anteriores.

Según el anexo oficial de la normativa, las disposiciones contenidas en esas resoluciones fueron reemplazadas o absorbidas por la Resolución 24/17, vigente actualmente y considerada más alineada con los requerimientos técnicos y regulatorios modernos.

Contexto institucional y alcance jurídico

El proceso de incorporación se realiza conforme a los artículos del Protocolo de Ouro Preto —marco jurídico que rige el funcionamiento institucional del Mercosur— y la Decisión 20/02 del Consejo del Mercado Común. Esta normativa permite que, cuando no se requiere legislación específica, los Estados Parte integren resoluciones del bloque mediante actos administrativos del Poder Ejecutivo.

En este sentido, la Resolución 716/2025 también formaliza la derogación de normas locales que referencian las resoluciones internacionales ahora eliminadas. Estas son:

  • Los anexos II y V de la Resolución 824/99,
  • La Resolución 751/00,
  • El anexo I de la Resolución 583/06, todas de la ex Secretaría de Agricultura.

La medida fue dictada con intervención técnica del SENASA y el INASE, los dos organismos con competencia directa sobre el control de calidad agroalimentaria y de semillas en el país.

Aunque no se difundieron declaraciones oficiales adicionales, el expediente destaca que esta adecuación normativa fue evaluada y acompañada por la Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional del Ministerio de Economía, en coordinación con los entes técnicos.

Impacto para el sector agroindustrial y las relaciones regionales

La incorporación de esta normativa actualizada es un paso clave en el proceso de homologación regional y facilita el reconocimiento mutuo de estándares dentro del Mercosur. Para la industria semillera y los laboratorios de análisis, implica una mayor previsibilidad en los requisitos técnicos y regulatorios.

Asimismo, permite a Argentina alinearse con las recomendaciones internacionales, clave para sostener la competitividad en mercados regionales e internacionales, especialmente en el comercio de insumos agropecuarios.

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