El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este miércoles (17), en una ceremonia en el Palacio del Planalto, la ley que protege a niños y adolescentes en el entorno digital, como redes sociales, aplicaciones y juegos electrónicos.
La propuesta fue aprobada por el Congreso Nacional a fines del mes pasado y quedó conocida como ECA Digital, en alusión al Estatuto del Niño y del Adolescente.
Una de las novedades de la ley es la previsión de que la fiscalización y las sanciones sean realizadas por una autoridad nacional autónoma, un ente de la administración pública que será responsable de velar, editar reglamentos y procedimientos, y fiscalizar el cumplimiento de la nueva legislación por parte de las empresas de tecnologías digitales, incluidas las redes sociales.
Por esta razón, Lula también firmó, en el mismo acto, una Medida Provisoria (MP) que transforma a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) en agencia reguladora con nuevas competencias para el seguimiento, la fiscalización y la sanción de las obligaciones previstas en la nueva legislación.
“Una de las medidas provisorias que estamos enviando al Congreso transforma la Autoridad Nacional de Protección de Datos en Agencia Nacional de Protección de Datos, con autonomía para proteger a niños y adolescentes en internet”, destacó el presidente en su discurso.
El texto de la MP, que aún no fue publicado, amplía el presupuesto, crea una nueva estructura administrativa, incluyendo una carrera específica de analista de nivel superior con nuevos cargos, que serán cubiertos mediante concurso público de la nueva agencia, que también pasa a regirse por las previsiones de la ley de agencias reguladoras.
Con vigencia inmediata, la MP que convierte a la ANPD en agencia reguladora deberá ser aprobada por el Congreso Nacional en un plazo de hasta 120 días.
ECA Digital
Ya sancionado, el ECA Digital pasa a ser la Ley Federal 15.211/2025. El texto obliga a las plataformas digitales a adoptar medidas “razonables” para prevenir riesgos de acceso de niños y adolescentes a contenidos ilegales o considerados inapropiados para esas edades, como explotación y abuso sexual, violencia física, intimidación, acoso, promoción y comercialización de juegos de azar, prácticas publicitarias predatorias y engañosas, entre otros delitos.
Además, la ley establece reglas para la supervisión de los padres o responsables y exige mecanismos más confiables para verificar la edad de los usuarios de redes sociales, lo que actualmente se hace básicamente por autodeclaración.
La norma también regula el uso de la publicidad; la recolección y tratamiento de datos personales de niños y adolescentes; y establece reglas para los videojuegos, prohibiendo la exposición a juegos de azar.
“Pasados 35 años desde la sanción del Estatuto del Niño y Adolescente original, el mundo cambió mucho. Se popularizaron las computadoras, surgieron los teléfonos inteligentes. Internet entró en nuestros hogares y las redes digitales están presentes en la vida de millones de brasileños y brasileñas. Era necesario modernizar los marcos legales y regulatorios en lo que respecta a la protección de niños y adolescentes”, afirmó Lula.
El presidente defendió que la ley coloca a Brasil en una lista selecta de países que avanzaron en la creación de dispositivos legales para la protección de adolescentes en el entorno digital.
“A partir de hoy, Brasil tiene el honor de sumarse a ese grupo de países. La libertad de expresión es un valor innegociable, pero no puede servir de excusa para la comisión de delitos en el mundo digital”, reforzó.
Para Lula, es innegable la importancia de las redes digitales, que colaboran con micro y pequeños emprendedores y son alternativa de trabajo para millones de personas, pero que no pueden estar por encima de la ley.
“No pueden seguir siendo usadas para difundir noticias falsas y discursos de odio. No pueden dar espacio a la práctica de delitos como estafas financieras, explotación sexual de niños y adolescentes, incentivo al racismo y violencia contra las mujeres. Es un error creer que las grandes tecnológicas tomarán la iniciativa de autorregularse. Ese error ya costó la vida de varios niños y adolescentes”, señaló.
Además de la sanción de la ley que regula los derechos de niños y adolescentes en el entorno digital y la transformación de la ANPD, el presidente Lula también envió al Congreso Nacional un Proyecto de Ley que trata sobre la regulación económica y de la competencia de las grandes empresas de tecnología.
Lula también firmó otra Medida Provisoria, que crea el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Datacenter en Brasil (Redata).
El programa forma parte de la Política Nacional de Datacenters (PNDC), vinculada a la Nueva Industria Brasil (NIB), y busca impulsar el crecimiento nacional en áreas estratégicas de la Industria 4.0, como computación en la nube, inteligencia artificial, fábricas inteligentes e Internet de las Cosas, ampliando la capacidad brasileña de almacenamiento, procesamiento y gestión de datos. Los incentivos financieros en 2026 para atraer inversiones son de 5,2 mil millones de reales y anticipan beneficios de la reforma tributaria.
La Casa Civil de la Presidencia de la República informó que Lula vetó tres puntos del ECA Digital. Uno de ellos elimina del texto de la ley la definición de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) como la entidad responsable de cumplir las decisiones judiciales de bloqueo de plataformas y aplicaciones.
Esa previsión pasa a constar en el decreto que reglamenta la ley, también firmado por el presidente este miércoles, y que mantiene a la Anatel con la misma atribución. El cambio, según el gobierno, fue solo para garantizar la competencia privativa del Poder Ejecutivo de estructurar administrativamente sus atribuciones.
El segundo veto excluye la destinación inmediata al Fondo de Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes de los recursos obtenidos con las multas aplicadas en base a la nueva ley. La medida se tomó, de acuerdo con la Casa Civil, para respetar la Ley de Directrices Presupuestarias, que determina un lapso de cinco años para la vinculación de fondos. Aun así, informó la Casa Civil, el gobierno envió esa previsión en la MP del Redata, destinando las multas al fondo, siempre que se respete el plazo de cinco años determinado por la LDO.
El tercer veto de Lula fue sobre el llamado vacatio legis, para reducir el tiempo de entrada en vigor de la nueva ley, de un año a seis meses. Tras vetar ese dispositivo, Lula editó una MP para definir el plazo de seis meses a partir del cual la ley deberá ser cumplida por las plataformas digitales que operan en el país.
Esa MP que reduce el plazo de entrada en vigor de la nueva ley tiene efecto inmediato, pero también necesita ser confirmada por el Congreso Nacional.
Los tres vetos deberán ser analizados por los congresistas, que podrán mantenerlos o rechazarlos.
La sanción, con la descripción y justificación de los vetos, será publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión (DOU). En tanto, las medidas provisorias y decretos firmados por el presidente Lula saldrán en la próxima edición regular del DOU.
