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El Gobierno aprobó un plan nacional para el Trastorno del Espectro Autista

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El Gobierno nacional aprobó el Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA), una estrategia que busca ordenar y fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a una condición del neurodesarrollo que requiere abordajes sostenidos, interdisciplinarios y adaptados a las distintas etapas de la vida. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1115/2026 del Ministerio de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El nuevo plan quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y tendrá como eje central mejorar de manera continua la calidad de la atención destinada a las personas con TEA y sus familias. La política apunta, particularmente, a fortalecer la detección y el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, el acceso a tratamientos adecuados, la rehabilitación y la continuidad de los cuidados.

La decisión se apoya en la Ley 27.043, que declaró de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Trastornos del Espectro Autista, y en su decreto reglamentario. El Ministerio de Salud plantea que el TEA debe ser comprendido desde una perspectiva de neurodesarrollo, considerando las trayectorias evolutivas de cada persona y evitando reducir la atención a una única instancia diagnóstica o terapéutica.

En términos de política sanitaria, el principal cambio no pasa por la creación de una nueva prestación aislada, sino por la búsqueda de una referencia técnica nacional que permita articular criterios entre las distintas jurisdicciones, organismos públicos y privados y los actores vinculados con la atención de la salud mental. El desafío es convertir esa referencia común en una red capaz de detectar antes, intervenir de manera adecuada y evitar interrupciones en los tratamientos.

La resolución también faculta a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental a elaborar normas complementarias, guías, pautas, directrices y recomendaciones para implementar el plan. Ese componente resulta relevante porque permite traducir los objetivos generales en herramientas concretas para equipos sanitarios y jurisdicciones, con criterios comunes para la atención.

El Gobierno encuadra la iniciativa dentro del Programa Nacional de Formación en Salud Mental, aprobado en 2025, particularmente en sus ejes de rectoría e interdisciplinariedad. La estrategia contempla fortalecer la capacitación continua y la actualización técnica de profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario en todo el territorio.

Desde una perspectiva de soluciones, el punto crítico estará en la capacidad de la política para reducir las brechas entre el reconocimiento normativo del TEA y el acceso efectivo a una atención adecuada. El diagnóstico temprano pierde impacto si no está acompañado por equipos capacitados, tratamientos disponibles y mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan sostener los cuidados a lo largo del tiempo.

La resolución establece además que la aprobación del Plan Nacional del TEA no implica una erogación presupuestaria adicional para el Ministerio de Salud. Por eso, su impacto concreto dependerá en buena medida de la articulación con las jurisdicciones, de la utilización de las estructuras sanitarias existentes y de la capacidad de transformar los lineamientos nacionales en prestaciones efectivamente accesibles para las familias.

El objetivo declarado es avanzar hacia un modelo de atención que no termine con el diagnóstico, sino que permita acompañar las diferentes necesidades que puedan surgir durante la trayectoria de vida. En ese sentido, el Plan Nacional del TEA busca instalar una lógica de detección temprana, intervención oportuna, formación profesional y continuidad de cuidados como pilares de una política sanitaria federal.

Anexo 1 Resolución 1115/2026 Min de Salud by CristianMilciades

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Corrupción en la Andis: piden volver a indagar a Spagnuolo y Calvete junto a otras 27 personas

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La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con alto impacto político y económico. El fiscal Franco Picardi solicitó una nueva ronda de indagatorias contra exfuncionarios y empresarios, al considerar que existen elementos que amplían el alcance de un esquema de corrupción que habría operado durante casi dos años.

Según el dictamen fiscal, las maniobras habrían generado salidas de fondos públicos por más de 75.000 millones de pesos, en beneficio de un grupo reducido de empresas proveedoras de insumos médicos de alto costo.

La hipótesis central apunta a la existencia de una estructura organizada entre funcionarios de la Andis y actores privados, con roles definidos para direccionar contrataciones, manipular precios y repartir recursos del Estado. El período bajo investigación se extiende, al menos, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Una estructura con jefes identificados

La causa ya cuenta con cuatro figuras señaladas como presuntos líderes de la asociación ilícita:

  • Diego Spagnuolo, extitular de la Andis
  • Daniel Garbellini, ex número dos del organismo
  • Miguel Ángel Calvete, empresario y lobbista
  • Pablo Atchabahian, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud

Todos ellos se encuentran procesados por distintos delitos, entre ellos defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y, en algunos casos, cohecho. Los embargos dictados superan los 200.000 millones de pesos en cada caso, lo que da cuenta de la magnitud económica que la Justicia le atribuye al entramado.

En el centro de la investigación aparece el sistema Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), utilizado para gestionar la compra de insumos médicos de alto costo.

De acuerdo con el fiscal, este mecanismo habría sido manipulado para favorecer a determinadas empresas mediante prácticas como simulación de competencia, direccionamiento de licitaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

La fiscalía sostiene que funcionarios de la Andis habrían filtrado información clave —como fechas de compulsas y pagos— e incluso facilitado accesos al sistema a empresas proveedoras, permitiéndoles operar directamente sobre el esquema de contrataciones.

Más de 20 empresarios bajo sospecha

El nuevo impulso de la causa incluye el pedido de indagatoria para más de 20 empresarios vinculados a unas 30 firmas, lo que amplía significativamente el alcance del caso.

Según la reconstrucción de la fiscalía, el entramado habría sido conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, mientras que desde el sector privado los principales operadores serían Calvete y Atchabahian.

El dictamen de Picardi pone el foco en el daño generado: los recursos desviados estaban destinados a financiar prestaciones médicas para personas con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y usuarios del programa federal Incluir Salud.

La fiscalía sostiene que el esquema convirtió a la Andis en una “ventanilla administrada discrecionalmente”, donde se concentraban beneficios en proveedores afines, en detrimento de los principios básicos de transparencia y control del gasto público.

El expediente, que actualmente tramita en el juzgado de Ariel Lijo tras la intervención inicial de Sebastián Casanello, continúa en expansión. La incorporación de nuevos imputados y la profundización de las líneas de investigación anticipan un proceso de largo recorrido, con potencial impacto institucional y político.

El caso Andis no solo pone bajo la lupa un esquema de presunta corrupción de gran escala, sino que vuelve a exponer las debilidades estructurales en los sistemas de contratación pública, especialmente en áreas sensibles como la salud y la asistencia social.

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