DISCAPACIDAD

FORJA cerró campaña en Misiones con un llamado a defender los recursos naturales y la justicia social

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Dalila Blach y Alejandro Miravet apuntaron a una agenda federal con foco en salud, educación y derechos de las personas mayores

El espacio FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) cerró su campaña electoral en Misiones con un llamado a defender los recursos naturales de la provincia, impulsar una agenda nacional basada en la educación pública, la salud y la equidad social, y garantizar la representación real del pueblo misionero en el Congreso de la Nación.

La candidata a diputada nacional Dalila Blach y su compañero de fórmula Alejandro Miravet encabezaron el acto de cierre, en el que remarcaron que su espacio está conformado por “gente del pueblo, sin trayectoria política previa”, que busca llevar al Congreso “un reclamo justo y la voz de los trabajadores, los adultos mayores y los productores locales”.

“Somos el reflejo del misionero”

Durante su discurso, Blach subrayó que el eje de la propuesta de FORJA es representar las necesidades concretas de los misioneros, desde la salud y la educación pública hasta la defensa del ambiente.

“No somos ni concejales, ni diputados, ni ministros. Somos iguales a las personas a las que escuchamos y conocemos. Buscamos representar la salud y la educación pública, pilares que no se pueden negociar y que hacen a un Estado presente”, sostuvo.

La candidata cuestionó la falta de políticas federales que contemplen las particularidades ambientales y sociales de Misiones, y advirtió sobre el riesgo de la injerencia extranjera en la selva paranaense guaraní.

“Tenemos la selva, el agua dulce, el mayor pulmón verde del país. No queremos interventores de otros países que nos digan qué hacer. Hay que defender la tierra misionera y sus recursos frente a los intereses externos”, afirmó Blach, aludiendo a los compromisos internacionales ambientales firmados por la Nación.

Blach también destacó la importancia de incluir a los sectores históricamente relegados, mencionando a las personas con discapacidad, los docentes y los trabajadores precarizados. “Queremos un país justo, con empleo digno, donde las grandes empresas que operan en Misiones también generen beneficios para los misioneros”, enfatizó.

“Hay que frenar la crueldad de las políticas nacionales”

Por su parte, el candidato a diputado Alejandro Miravet centró su mensaje en la necesidad de contener los efectos de las políticas nacionales en los sectores más vulnerables, especialmente los adultos mayores.

“Tenemos ciento ochenta mil personas mayores en Misiones que sufren las consecuencias de un gobierno insensible ante la necesidad de los vulnerables”, señaló.

Miravet criticó el tono de la campaña nacional y la falta de propuestas concretas: “Ha sido una campaña de vuelo muy bajo, llena de chicanas. Nosotros hablamos de propuestas: salud, trabajo y defensa de los derechos humanos”, afirmó.

El dirigente recordó que Misiones “ya evaluó su gestión provincial en las elecciones de junio”, y que ahora el desafío es nacional: “El 26 de octubre votamos diputados nacionales. Debemos legislar para garantizar los derechos de las personas mayores, mejorar la calidad de vida y promover un proceso de envejecimiento saludable, como establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional desde 2022”, remarcó.

Miravet insistió en que la representación misionera debe centrarse en elevar el nivel del debate político y defender el federalismo, para que la provincia deje de ser “marginal en las decisiones nacionales”.

Una propuesta centrada en el trabajo y la equidad

FORJA Misiones plantea un programa legislativo basado en la defensa de los recursos naturales, la equidad social y el fortalecimiento de las economías regionales. Entre sus ejes se incluyen:

  • Protección de la selva paranaense y el agua dulce como recursos estratégicos.
  • Legislación para personas mayores y con discapacidad, con enfoque en envejecimiento saludable.
  • Fortalecimiento de la educación pública y la salud como derechos fundamentales.
  • Equidad tributaria para pequeños productores y pymes, frente a beneficios fiscales a grandes corporaciones.

Con este mensaje, Blach y Miravet cerraron una campaña que buscó posicionar a FORJA como una alternativa federal “para defender a Misiones desde el Congreso”, con una mirada crítica hacia las políticas nacionales y una apuesta por la representación popular.

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Micaela Gacek cuestiona pensiones por discapacidad otorgadas a Diputadas vinculadas a “Cacho” Bárbaro

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“Hay personas que necesitan una pensión y no la tienen, mientras otras la usan con fines políticos”: Micaela Gacek cuestiona pensiones por discapacidad otorgadas a diputadas vinculadas a Cacho Bárbaro

En una entrevista reciente, la abogada sanvicentina Micaela Gacek denunció públicamente posibles maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones por discapacidad a dos funcionarias: Elisa Goring, diputada provincial electa, y Blanca Alvez, actual diputada provincial y concejal electa. Ambas están vinculadas políticamente al dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro. Gacek señaló que estos beneficios podrían haberse usado como “caja de la política partidaria”, ya que no hay registros públicos de los diagnósticos médicos que justifiquen su otorgamiento, y adelantó que dentro de poco formalizará un pedido ante la Justicia Federal para que se investigue el caso.

La abogada explicó que estas pensiones requieren por ley acreditar al menos un 66% de invalidez laboral, y cuestionó la falta de transparencia de las beneficiarias, que nunca hicieron públicos los informes médicos que respaldarían su condición. “La sensibilidad también implica asegurar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan. No puede haber lugar para los privilegios ni para la opacidad”, expresó.

Gacek adelantó que presentará un escrito ante la Justicia Federal para que estos hechos se investiguen formalmente, y no queden sólo en el plano de la denuncia mediática. Busca determinar si hubo maniobras indebidas en el acceso a beneficios sociales, y si se violaron normativas vigentes.

“La transparencia no se negocia”, concluyó, dejando claro que su investigación forma parte de un compromiso más amplio con los misioneros y la equidad en la distribución de los recursos públicos.

En el marco de su investigación, la abogada Micaela Gacek reveló que no se trata de casos aislados: ya identificó a más personas que perciben pensiones por discapacidad y que también formaron parte de listas electorales vinculadas a Héctor “Cacho” Bárbaro. Esta situación refuerza las sospechas sobre un posible uso político de estos beneficios sociales.

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Francos: “Que el Congreso diga cuáles son las partidas presupuestarias para cumplir la ley” de Discapacidad

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“Cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”, explicó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó esta mañana que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción de censura en su contra, a raíz de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue al mismo tiempo promulgada y suspendida por el Poder ejecutivo, pero insistió en que “falta que el Congreso diga cuáles son las fuentes para darle cumplimiento a la ley”.

“Promulgamos la Ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156, en su artículo 38, dice que cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”, explicó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos sostuvo que si no se hubiera suspendido la aplicación de la norma aprobada por el Congreso “me podían denunciar por incumplimiento de funcionario público, porque no estoy cumpliendo con el artículo 5.º de esta ley que dice que si no están las partidas la ley queda suspendida”.

Diputados: buscan destituir a Francos por incumplir con la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad

Encuentro Federal presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, quien corre peligro de ser removido de su cargo.

Diputados nacionales de Encuentro Federal encabezados por Oscar Agost Carreño presentaron hoy una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad, luego de que la oposición volteara el veto del presidente Javier Milei.

De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.

El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en la red social X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

Acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, sino también por “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y “violar la división de poderes del Estado.

“La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, expresó Agost Carreño.

Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad pero en el mismo decreto 681/25 avisó que suspendía los efectos de la ley por falta de financiamiento y supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta” ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. 

“No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, añadió. 

“La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, cerró Ferraro en X.

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La Justicia ordenó al Gobierno nacional restituir pensiones por invalidez dadas de baja en Misiones

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La Justicia falló a favor del planteo hecho por la Provincia en defensa de los derechos cercenados con la eliminación arbitraria de pensiones por invalidez por parte del Gobierno nacional: la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, resolvió que el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deben restituir en un plazo de 48 horas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas de manera arbitraria a cuatro misioneros. La notificación al Estado Nacional y a la ANDIS se concretó el 17 de septiembre, con lo cual el plazo comenzó a correr formalmente desde esa fecha.

El caso fue promovido por Emilio Mauro (Apóstoles), Wilson Toniolo (Candelaria), Marcos Javier Pereira Duarte (Garupá) y Claudia Belén Romero (San José), quienes iniciaron una acción de amparo patrocinados por el abogado Luis Adrián Oudin, con el acompañamiento del Consejo Provincial de Discapacidad.

La jueza Carbone calificó la baja de las pensiones como un acto “arbitrario y violatorio de garantías constitucionales básicas”, al no existir resolución administrativa, notificación previa ni derecho de defensa. En consecuencia, ordenó: La restitución inmediata de los pagos interrumpidos y la prohibición de nuevas suspensiones mientras dure el proceso judicial. Además, advirtió con la aplicación de multas en caso de incumplimiento por parte del Estado.

El fallo se ampara en la ley 26.854, que faculta a los jueces a dictar medidas cautelares urgentes en favor de sectores vulnerables cuando se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria o sanitaria.

Carbone remarcó que las pensiones por invalidez tienen carácter alimentario, por lo que su interrupción afecta directamente derechos reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados internacionales de jerarquía constitucional.

En su resolución, citó expresamente el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, que prohíbe retrocesos en beneficios ya adquiridos. También se apoyó en las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, reforzando la necesidad de una tutela judicial efectiva e inmediata.

Respaldo institucional de Misiones

El vicegobernador Lucas Romero Spinelli destacó el valor del fallo como precedente nacional: “No se trata de un tecnicismo judicial, hablamos de alimentos, de medicamentos, de techo y de vida digna. Con esta sentencia se devuelve tranquilidad a cuatro familias misioneras y se marca un límite claro: ningún gobierno puede atropellar derechos adquiridos sin consecuencias”, señaló en una rueda de prensa.

Spinelli estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, y el abogado Oudin, en un gesto de respaldo institucional. El vicegobernador remarcó que Misiones “no concibe un Estado que abandone a los más vulnerables, sino uno que acompañe y proteja”.

La medida judicial se suma a la acción de amparo colectivo presentada por la Fiscalía de Estado de Misiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras detectar cientos de bajas arbitrarias en los municipios desde abril, como resultado de auditorías de la ANDIS cuestionadas por la provincia.

El fallo no solo restituye las pensiones de cuatro personas, sino que sienta un precedente clave para cientos de beneficiarios en Misiones y en otras provincias que atraviesan situaciones similares.

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Reclamo en la Legislatura: piden investigar a diputadas del Frente PAYS por cobro de pensiones

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La Cámara de Diputados de Misiones recibió una presentación formal en la que se pide investigar a dos legisladoras del Frente PAYS, acusadas de haber cobrado pensiones por discapacidad mientras desempeñaban tareas políticas. La solicitud fue elevada por la abogada y candidata a diputada nacional Micaela Soledad Gacek, quien planteó la necesidad de esclarecer posibles irregularidades que generan alarma social y cuestionamientos sobre la transparencia institucional.

El escrito, dirigido al presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad, lleva la firma de Micaela Soledad Gacek, abogada, funcionaria del Ministerio de Coordinación General de Gabinete y actual candidata a diputada nacional. En el documento, fechado el 15 de septiembre de 2025, Gacek expresa su “profunda preocupación –y la de una amplia porción de la ciudadanía misionera–” por la situación de la diputada provincial Blanca Alvez y de la diputada electa Elisa Goring, quienes habrían percibido pensiones no contributivas por discapacidad al mismo tiempo que desarrollaban actividades políticas.

La presentación sostiene que el caso reviste gravedad porque se enmarca en un debate nacional sobre la legalidad y la transparencia en la asignación de pensiones por discapacidad. Según el planteo, la utilización indebida de beneficios destinados a sectores vulnerables no solo supone un agravio ético, sino que además encuadra en el delito de fraude contra la administración pública, contemplado en el Código Penal.

En su solicitud, Gacek insta al cuerpo legislativo a que evalúe tres aspectos centrales:

  1. La naturaleza y grado de discapacidad que justificó la asignación del beneficio.
  2. La compatibilidad entre la percepción de la prestación y las actividades políticas y electorales de las legisladoras mencionadas.
  3. La existencia de irregularidades administrativas o delitos que pudieran derivarse de la situación.

Al mismo tiempo, la funcionaria remarcó su apoyo a las personas con discapacidad y reiteró que seguirá trabajando por la protección y promoción de sus derechos. “La utilización indebida de beneficios sociales constituye un agravio ético y penal, que erosiona la confianza en las instituciones”, subrayó en la nota, apuntando a la necesidad de credibilidad institucional que atraviesa a todas las fuerzas en un escenario marcado por la desconfianza ciudadana.

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