jue. Mar 5th, 2026

DISCAPACIDAD

Escándalo en el Pays: pensiones por discapacidad involucran a la familia Goring y salpican a Cacho Bárbaro

By Redacción Economis 6 meses ago
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Un nuevo escándalo sacude al Partido Agrario y Social (PAyS) y compromete directamente a su líder, Héctor “Cacho” Bárbaro. Patricia Goring, hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring -uno de los principales delfines políticos de Bárbaro- aparece registrada como beneficiaria de una pensión por discapacidad, mientras que su madre, Elisa Goring -diputada provincial electa y esposa del intendente- también percibió un beneficio por invalidez hasta marzo de este año, cuando según trascendidos trabajaba en el municipio.

El caso no solo desnuda un entramado partidario sostenido con beneficios sociales, sino que deja al descubierto un patrón repetido dentro del armado político de Bárbaro. La situación abre un interrogante inevitable: ¿cómo es posible que dirigentes que hoy ocupan bancas legislativas hayan cobrado durante años un beneficio destinado a personas con verdaderas discapacidades?

Lo que se observa es un patrón claro: clientelismo, acomodos políticos y beneficios gestionados en las oficinas que Cacho Bárbaro supo manejar en Nación. 

Pensiones, planes sociales y ayudas que terminaron en manos de familiares, allegados y militantes, mientras miles de ciudadanos esperan durante meses o incluso años para obtener un beneficio legítimo.

Cali Goring, operador territorial clave de Bárbaro, habría utilizado su cercanía con el líder del PAyS para garantizar privilegios a su círculo más cercano, consolidando un esquema que favorece a familiares y allegados mientras miles de familias con hijos discapacitados esperan por un derecho que nunca llega o, peor aún, lo perdieron, con el paso de la motosierra del presidente Javier Milei. 

El caso Goring, evidencia cómo el aparato político del PAyS ha operado como un circuito de acomodos y clientelismo, donde las pensiones y ayudas sociales se convierten en herramientas para consolidar la fidelidad interna en lugar de garantizar derechos reales. 

Mientras tanto, el contraste entre el relato de honestidad y compromiso social del PAyS y las prácticas de sus principales dirigentes expone el momento más crítico de la conducción de Cacho Bárbaro en Misiones y deja en evidencia un modus operandi que se repite: privilegios para los de adentro, abandono para quienes más lo necesitan.

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La Legislatura acompañó el reclamo por la restitución de pensiones a personas con discapacidad

By Economis Redacción 6 meses ago
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La Cámara de Representantes de Misiones expresó su respaldo institucional al recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el gobernador Hugo Passalacqua, a través del fiscal de Estado, con el propósito de restablecer las pensiones por invalidez suspendidas en la provincia.

La autora de la iniciativa, diputada Anazul Centeno, subrayó que el objetivo de la declaración  es “un posicionamiento unánime de esta Legislatura” frente a una situación que afecta directamente a miles de misioneros y misioneras en situación de vulnerabilidad.

Remarcó que el recurso judicial busca “el inmediato restablecimiento de las pensiones no contributivas que han sido ilegítimamente suspendidas desde marzo de este año, el pago de los retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías irregulares implementadas por Nación y medidas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones”.

Aclaró, además, que no se rechaza la posibilidad de controles, “siempre que sean hechos con transparencia y con respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.

La legisladora también advirtió que la problemática se ha profundizado en las últimas semanas y relató lo sucedido en el municipio de 25 de Mayo, donde “los responsables del operativo fueron demorados por la policía provincial tras protagonizar actos de violencia verbal y física, no solo contra los beneficiarios, sino también contra un periodista y contra intendentes de la zona”.

En ese contexto, destacó la actitud de los jefes comunales que, “mientras organizaban transporte, ambulancias y puestos de hidratación para asistir a su gente, se encontraron con funcionarios que violentaban”.

Centeno cuestionó la postura de sectores políticos que optaron por el silencio y reafirmó el rol de la Cámara: “nosotros tenemos un mandato, cuidar a nuestra gente independientemente de quién gobierne en la Nación”.

Finalmente, confió en que la Justicia dé lugar a la medida cautelar presentada por Misiones y recordó que “varias provincias ya avanzaron con recursos similares ante la Corte Suprema”.

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Pensiones por discapacidad: el Gobierno suspende las bajas y revisará 128 mil casos ya eliminados

By Redacción Economis 6 meses ago
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La decisión se produce tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en paralelo al rechazo legislativo del veto presidencial a la ley de emergencia en el sector. El Ejecutivo evalúa judicializar la norma votada por amplia mayoría en el Congreso.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, resolvió poner en pausa la auditoría sobre las pensiones por discapacidad que había derivado en la baja de 128.667 beneficiarios en todo el país. La medida llega en medio de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se reconocía una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos.

Según confirmaron fuentes oficiales, no se avanzará con nuevas citaciones ni controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios actuales, mientras se revisan las bajas efectuadas y se auditan las compras y la estructura administrativa del organismo.

Del escándalo en la ANDIS a la presión política

Durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS había impulsado un proceso de depuración del padrón que derivó en la eliminación de 110.522 pensiones mal otorgadas, 8.107 otorgadas a personas fallecidas y 10.038 renunciadas voluntariamente. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, había defendido el procedimiento en conferencias de prensa, asegurando que se trataba de un “proceso progresivo” que abarcaría más de un millón de casos.

Sin embargo, tras la difusión de los audios que revelaban posibles sobreprecios y manejos discrecionales, el Gobierno decidió intervenir la ANDIS, suspender las bajas y reabrir la revisión de los expedientes ya dados de baja. “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría, que continúa con foco en tres cuestiones: pensiones, compras y estructura”, indicaron fuentes cercanas al ministro Lugones.

En paralelo, el Ejecutivo había evaluado convertir a la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud para centralizar el control presupuestario, pero las facultades delegadas de la Ley Bases ya no están vigentes, lo que obligaría a enviar la iniciativa al Congreso.

La emergencia en discapacidad y el choque con el Ejecutivo

La suspensión de la auditoría coincide con un hecho político inédito: el Congreso rechazó el veto presidencial y sancionó nuevamente la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma establece la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas y refuerza la asistencia en el sector.

La votación en el Senado fue contundente: 63 votos a favor y solo 7 en contra, con el apoyo de kirchneristas, radicales, macristas y bloques provinciales. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte un veto presidencial.

Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei sostuvo que la norma “afecta el equilibrio fiscal” y anticipó que podría judicializar la cuestión para evitar la aplicación de los incrementos previstos. El oficialismo interpreta que el costo fiscal de la ley compromete el programa de ajuste, mientras que la oposición alega que la medida responde a una situación de emergencia social crítica.

La decisión de suspender las bajas genera alivio entre organizaciones de personas con discapacidad, que habían denunciado arbitrariedades en los procesos de revisión. No obstante, la revisión de las 128 mil bajas ya ejecutadas abre un frente sensible: si se detectan errores, el Estado deberá restituir beneficios, con impacto directo en las cuentas públicas.

En el plano político, el fallo legislativo refuerza la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto donde la gobernabilidad de Milei depende de la negociación con bloques opositores. Una judicialización del caso podría escalar el conflicto institucional.

En perspectiva, el Gobierno enfrenta un dilema: avanzar con la depuración del sistema para preservar el ajuste, o ceder ante la presión social y legislativa en un tema de alta sensibilidad, como es el acceso a las pensiones por discapacidad.

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El Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad y se cayó el veto de Milei

By Economis Redacción 6 meses ago
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El Congreso de la Nación volvió a ejercer una de sus potestades más fuertes en el sistema republicano: rechazar un veto presidencial. Este jueves, con 63 votos a favor, el Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, dejando sin efecto el veto total de Javier Milei. La decisión, que había sido anticipada en Diputados, marca un hito institucional: hacía 22 años que ambas cámaras no revertían una medida de este tipo.

El artículo 83 de la Constitución establece que, si ambas cámaras insisten con dos tercios de los votos, el Poder Ejecutivo queda obligado a promulgar la ley. El oficialismo de La Libertad Avanza quedó aislado: seis de sus siete senadores votaron contra la insistencia y la única ausente fue Vilma Bedia. El resto de los bloques confluyó en una amplia mayoría que volvió a poner límites a la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno.

La votación no se produjo en un vacío político. El debate estuvo atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular Diego Spagnuolo fue desplazado en medio de denuncias de corrupción en compras públicas y audios que comprometen incluso a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, acompañaron con su voto positivo la iniciativa, reafirmando el compromiso de Misiones con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La postura de los legisladores misioneros adquiere aún mayor relevancia tras los episodios ocurridos en la provincia en los últimos días, donde se realizaron auditorías irregulares en San Ignacio y 25 de Mayo, organizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se detectaron graves irregularidades: falsificación de sellos médicos, citaciones a domicilios inexistentes, personal no identificado, locaciones improvisadas e incluso la utilización de certificados sin validez legal.
La postura de los legisladores coincide con la decisión del gobernador Hugo Passalacqua, quien instruyó al Fiscal de Estado a presentar un amparo judicial contra la Nación por la baja irregular de pensiones no contributivas en Misiones.
El mandatario provincial detalló que el expediente N° 2128/2025 reclama el restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos, el pago de los retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías realizadas en la provincia y la implementación de mecanismos de control “transparentes, profesionales y accesibles”.

Discapacidad, ajuste y gobernabilidad

La ley declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. Sus puntos centrales incluyen el financiamiento sostenible de pensiones no contributivas, actualización de aranceles de prestaciones, fortalecimiento de la ANDIS y apertura de nuevos ingresos al régimen de empleo protegido. En definitiva, responde a los reclamos de miles de familias afectadas por la suspensión de beneficios y la desactualización de coberturas.

Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusan (UP) sintetizó la crítica: “El famoso ahorro de Caputo y Sturzenegger es una mentira; no es eficiencia, es abandono”. La entrerriana Stefanía Cora habló de “ignorancia” en la gestión, y la santacruceña Natalia Gadano sostuvo que “no se puede vetar la dignidad”. Incluso voces ajenas al kirchnerismo, como el radical fueguino Pablo Blanco o la porteña Guadalupe Tagliaferri, advirtieron que la motosierra no puede aplicarse sobre los sectores más vulnerables.

En la vereda opuesta, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero defendió el veto presidencial, argumentando que ya existe un marco normativo y que lo que falta es gestión, no nuevas leyes. Pero su postura quedó reducida a una minoría que no logró revertir el clima adverso.

El trasfondo político es claro: el Congreso decidió ponerle un freno a la estrategia de ajuste del Ejecutivo cuando esta se proyecta sobre las personas con discapacidad, un colectivo de más de cinco millones de argentinos. El resultado exhibe la dificultad del oficialismo para construir consensos parlamentarios, y revela fisuras en su narrativa de austeridad frente a un caso de corrupción que golpea el corazón del gobierno.

La derrota deja a Milei frente a una paradoja: su primera gran batalla perdida en el Congreso no fue por un tema fiscal abstracto, sino por una cuestión social de alta sensibilidad pública. El desenlace interpela la capacidad de La Libertad Avanza para sostener gobernabilidad en un escenario donde el equilibrio de poder se inclina cada vez más hacia el Parlamento.

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Passalacqua criticó el accionar de la ANDIS en Misiones: “Es algo impiadoso, algo espantoso”

By Redacción Economis 6 meses ago
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En declaraciones a la prensa, el gobernador de Misiones explicó que la presentación judicial contra la suspensión de pensiones por discapacidad busca “amparar y cuidar a los hermanos misioneros” afectados por la medida de la ANDIS.”

Durante la jornada de este miércoles, en Salto Encantado, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se refirió a la situación generada por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, y explicó las acciones legales que el Gobierno provincial impulsó para proteger a las familias afectadas.

“Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para amparar y cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación, de vejación, con el personal y la política que llevó adelante el ANDIS. Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso, espantoso, no tengo palabras”, señaló Passalacqua.

El gobernador destacó que “lo único que podíamos hacer seriamente, además de las declaraciones y todo lo que estamos haciendo, opinar, era actuar ante la Justicia, para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones. Y eso es lo que presentamos hace minutos en los federales”.

Consultado sobre las causas de esta situación, Passalacqua afirmó: “No lo sé. Hoy un funcionario no conoce la realidad de Misiones, no tiene idea del país, mucho menos del interior. Es una falta de sensibilidad total. Me pongo estresado con este tema, te juro, estoy explotado”.

A pesar de la tensión por la situación, el mandatario continuó la jornada de su agenda “y lo otro, que es la justicia, veremos cómo responde”, concluyó.

CONTEXTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL

La acción presentada ante la Corte Suprema de Justicia se enmarca en el expediente Nº 2128/2025 “Misiones Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”. En este recurso, el Gobierno provincial solicita el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas, la liquidación de los retroactivos adeudados, la nulidad de auditorías irregulares realizadas en el territorio provincial, y medidas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.

Desde el Gobierno de Misiones remarcaron que la suspensión de estas pensiones afecta gravemente a miles de familias en situación de vulnerabilidad, constituyendo una vulneración de derechos constitucionales y convencionales reconocidos en la normativa nacional e internacional. Además, señalaron que las auditorías implementadas por la Nación han sido realizadas con irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En ese marco, el Ejecutivo provincial enfatizó que el recorte de prestaciones impacta directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias, dificultando el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos médicos esenciales. La acción judicial busca garantizar el pleno ejercicio de derechos y la continuidad de las prestaciones sociales.

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