mié. Jul 1st, 2026

DNU 70/2023

El Congreso analizará proyecto para devolver al INYM la facultad de fijar el precio de la yerba

By Economis Redacción 2 semanas ago
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La disputa por el futuro de la regulación yerbatera llegó nuevamente al Congreso de la Nación. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, figura como cofirmante de un proyecto de ley que busca restituir al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de acordar y fijar semestralmente un precio mínimo para la hoja verde, una atribución eliminada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Roxana Monzón y plantea incorporar nuevamente a la Ley 25.564 la potestad del INYM para establecer un precio mínimo obligatorio para la materia prima yerbatera, tomando como referencia los costos reales de producción y garantizando una rentabilidad mínima del 30% para el productor.

El proyecto se inscribe en un contexto de fuerte crisis de rentabilidad para el sector yerbatero. Desde la eliminación de las facultades regulatorias del INYM, productores de Misiones y Corrientes vienen denunciando una fuerte caída en los precios pagados por la hoja verde, mientras los costos de producción continúan en aumento.

La posición de Misiones en el Congreso

La firma de Herrera Ahuad no es un dato menor. El ex gobernador de Misiones se convierte así en uno de los legisladores nacionales que respaldan explícitamente el reclamo histórico de productores, cooperativas y entidades rurales de la provincia para recuperar el mecanismo de concertación de precios.

La discusión trasciende la cuestión sectorial. Para buena parte de la dirigencia misionera, la eliminación de las facultades del INYM dejó a más de 13 mil productores frente a un mercado altamente concentrado, donde pocas empresas compradoras tienen capacidad para imponer condiciones comerciales.

El proyecto sostiene precisamente que la actividad yerbatera presenta una estructura de mercado asimétrica, con miles de pequeños productores enfrentados a un reducido número de grandes compradores y molinos, situación que en términos económicos configura un oligopsonio.

El texto busca recuperar un esquema que funcionó durante más de dos décadas y que fue uno de los pilares de la institucionalidad yerbatera desde la creación del instituto en 2002.

Los argumentos del proyecto

Los fundamentos del proyecto sostienen que la desregulación produjo un fuerte deterioro en los ingresos de los productores. Según los datos citados en la iniciativa, el precio máximo pagado por la hoja verde en marzo de 2026 rondó los 220 pesos por kilo, mientras que los costos de producción informados por el propio INYM superaban los 424 pesos por kilo, sin contemplar impuestos ni margen de ganancia.

La iniciativa también señala que la participación del productor dentro del precio final de la yerba cayó a niveles históricamente bajos y advierte sobre fenómenos como el endeudamiento creciente, los pagos diferidos y el aumento de cheques rechazados en la cadena comercial.

Además, el texto cuestiona los resultados de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, al afirmar que no mejoró la competitividad ni las exportaciones y que terminó favoreciendo a los sectores más concentrados de la actividad en detrimento del productor primario.

Una discusión que vuelve al centro de la agenda

La presentación del proyecto vuelve a instalar en el debate nacional una de las principales demandas del sector yerbatero de Misiones. Mientras la Corte Suprema aún no se expide sobre la causa vinculada a las facultades regulatorias del INYM, el Congreso abre un nuevo frente político para intentar revertir uno de los cambios más cuestionados del DNU 70/2023.

La participación de Herrera Ahuad como cofirmante refuerza la posición histórica de Misiones en defensa de la regulación del mercado yerbatero y anticipa que la discusión sobre el precio de la hoja verde volverá a ocupar un lugar central en la agenda productiva de la provincia..

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El reclamo yerbatero llegó a Kicillof con un planteo de fondo: “territorio o commodity”

By Redacción Economis 3 meses ago
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La crisis de la yerba mate dejó de ser un conflicto sectorial para ingresar en la agenda política ampliada. Este 30 de marzo, organizaciones de productores y la Cooperativa Río Paraná de Misiones entregaron al gobernador bonaerense un documento de más de 700 páginas en el que denuncian el impacto de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y advierten sobre una definición de fondo: “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”. La movida no es menor. ¿Se trata de un intento por reconfigurar alianzas frente a un cambio de reglas o de instalar una agenda federal en disputa?

El INYM en el centro de la discusión institucional

El documento plantea como eje la pérdida de herramientas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tras las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023. Según los productores, esa desregulación “alteró de manera sustancial el equilibrio” del sector, eliminando mecanismos de regulación que impactaban directamente en la formación de precios.

La consecuencia, describen, es concreta: una caída abrupta del valor de la materia prima que no cubre costos básicos de producción. En términos políticos, el diagnóstico apunta a una “transferencia regresiva de ingresos” hacia los sectores más concentrados de la cadena, con un correlato directo en la descapitalización del productor primario.

El planteo también incluye una advertencia institucional: el “progresivo desmantelamiento” del INYM reduce la capacidad del Estado para regular, controlar calidad y sostener políticas públicas. Traducido al terreno real, implica menos herramientas para intervenir en un mercado que históricamente requirió equilibrio entre actores de distinto peso.

El documento no se limita a un reclamo coyuntural. Propone una lectura estructural del conflicto. Por un lado, identifica un modelo de agronegocio orientado a la escala, la estandarización y la maximización de rentabilidad, con uso intensivo de tecnología y tendencia a la homogeneización del producto. Por otro, reivindica el esquema histórico de Misiones: agricultura familiar, cooperativismo, arraigo territorial y diversificación.

Esa contraposición redefine el conflicto. Ya no se trata solo de precios o rentabilidad, sino de qué tipo de economía regional se sostiene. En esa línea, los productores advierten que la yerba mate no es un cultivo más: su origen vinculado a la especie Ilex paraguariensis en una región específica le otorga una ventaja geoeconómica que podría diluirse si se avanza hacia una lógica global estandarizada.

El planteo expuesto ante el gobernador bonaerense también tiene implicancias en la correlación de fuerzas dentro de la cadena yerbatera. Según el documento, la actual dinámica favorece procesos de concentración económica, mientras pone en riesgo la continuidad de miles de unidades productivas.

En ese esquema, los productores y sus organizaciones buscan reposicionar el debate en términos de política pública. Reclaman recuperar facultades regulatorias, fortalecer cooperativas y promover marcas con valor agregado en origen. El objetivo es disputar no solo precios, sino reglas de juego.

El hecho de canalizar el reclamo a través de la Confederación General de la Producción (CGP) y en un ámbito político fuera de Misiones sugiere una estrategia: ampliar el conflicto más allá del territorio y vincularlo con la agenda nacional de economías regionales.

Una disputa que excede al sector

La definición que proponen los productores es explícita: “no es meramente económica, sino profundamente política”. En ese marco, la yerba mate aparece como un caso testigo de un debate más amplio sobre el rol del Estado, la regulación de mercados y el lugar de las economías regionales en el modelo de desarrollo.

El documento también incorpora una dimensión estratégica: la yerba como recurso con valor científico, nutricional y cultural, cuya defensa se vincula con la soberanía alimentaria. Esa ampliación del argumento busca reforzar el carácter estructural del reclamo.

Presentación Problema Yerbatero by CristianMilciades

Entre la regulación y el mercado

El planteo deja abiertos varios interrogantes. ¿Habrá margen para recomponer herramientas del INYM en el actual contexto normativo? ¿Se consolidará un esquema más concentrado o habrá espacio para reequilibrar la cadena? ¿Qué rol jugarán las provincias y las organizaciones en esa disputa?

Por ahora, el movimiento de los productores marca un intento de reposicionar el conflicto en la agenda política nacional. El resultado dependerá de cómo evolucione la relación entre regulación y mercado en un sector donde, más que un producto, se discute un modelo.

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Yerba sin reglas: “La desregulación no trajo libertad, trajo concentración y pobreza rural”

By Redacción Economis 5 meses ago
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La crisis que atraviesa el sector yerbatero tiene, para Roberto Buser, un origen claro y reciente. Representante de CONINAGRO en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el dirigente sostiene que la desregulación del mercado, profundizada desde diciembre de 2023, alteró de manera drástica el equilibrio de toda la cadena productiva y golpeó de lleno a productores y trabajadores rurales.

Buser señala que la puesta en marcha del DNU 70/2023, con la asunción del presidente Javier Milei, marcó un punto de quiebre al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus principales herramientas de intervención. Entre ellas, la facultad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de generar un mercado más eficiente, advierte, la medida produjo un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles del sistema.

Según su análisis, en apenas tres o cuatro meses desde la vigencia del decreto, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, la situación es aún más crítica: hoy se recibe menos del 50% de lo que se cobraba por el mismo volumen de hoja verde. Esa pérdida, remarca, no se distribuyó a lo largo de toda la cadena, sino que se concentró casi exclusivamente en los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron pagando menos por la materia prima.

La eliminación del precio de referencia dejó al productor sin capacidad real de negociación. Antes de la desregulación, el INYM calculaba el costo de producción teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y gastos operativos, y a partir de ese esquema establecía valores que garantizaban una rentabilidad mínima, con actualizaciones periódicas frente a la inflación. Con ese mecanismo fuera de juego, los productores quedaron obligados a aceptar los precios impuestos por los grandes actores del mercado.

Buser remarca que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a establecimientos privados, cooperativos o ligados a grandes empresas. Esa dependencia los coloca en una posición de extrema debilidad. La caída de los ingresos redujo de manera drástica la capacidad de afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad yerbatera.

El impacto, subraya, no se limita al plano productivo. La crisis se trasladó de forma directa al empleo rural. Ante la imposibilidad de cumplir con aportes y contribuciones, muchos productores se vieron empujados a esquemas de informalidad. El resultado es una mayor vulnerabilidad para los trabajadores rurales, que quedan fuera de la registración y sin cobertura de los sistemas de protección social. En este escenario, Buser destaca el rol del RENATRE como organismo clave para garantizar derechos laborales, aunque reconoce que la caída de la registración es una consecuencia directa de la crisis económica del sector.

Para el dirigente, el proceso actual no es nuevo. La historia del sector yerbatero muestra que cada experiencia de desregulación desembocó en crisis profundas. Recuerda que en la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de seis décadas permitió ordenar la actividad. Sin embargo, en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada, generando concentración del mercado y una fuerte caída de los ingresos de los productores.

En aquel período existía un mercado consignatario que fijaba precios de referencia en función de los costos de producción, lo que permitía acceder a crédito, financiar la cosecha y evitar la venta forzada a valores de remate. Con la eliminación de ese sistema, los productores quedaron nuevamente expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.

El INYM, recuerda Buser, nació como respuesta a ese fracaso. Su estructura participativa, con representación del Estado nacional, Misiones, Corrientes, trabajadores rurales, productores, secaderos y molineros, permitió durante años un equilibrio relativo entre los distintos intereses de la cadena. Vaciar al Instituto de sus funciones centrales implica, a su entender, desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores ya conocidos.

A este cuadro se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de la desregulación, el INYM había detectado mediante imágenes satelitales más de 30.000 hectáreas nuevas de plantaciones que aún no habían entrado en producción. Al tratarse de un cultivo que demora entre cinco y seis años en rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas podía provocar un exceso de oferta y una caída de precios.

Para evitarlo, se regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no para prohibir producir, sino para ordenar el crecimiento del sector. Con la liberalización total, ese control desapareció. Según Buser, quienes pudieron invertir en grandes extensiones fueron grandes capitales con capacidad financiera para esperar años sin ingresos, mientras que los pequeños productores quedaron expuestos a la caída de precios cuando esa producción comienza a volcarse al mercado.

Hoy, advierte, el mercado yerbatero muestra una alta concentración: alrededor del 80% de la comercialización está en manos de apenas cinco empresas. No se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio donde pocos compradores fijan condiciones. La baja del precio en origen no se traduce en mayor consumo —que es estable— sino en una transferencia directa de ingresos desde los productores hacia los grandes actores.

Buser también cuestiona la norma publicada en diciembre de 2025, que terminó de eliminar las últimas herramientas reglamentarias del INYM. Desde la visión oficial, esas regulaciones eran consideradas trabas. Para el sector productivo, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que hoy afectan de manera directa a productores y trabajadores.

En ese marco, el dirigente plantea que el Estado debería recuperar herramientas de regulación. No para frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino para garantizar reglas claras y un mínimo equilibrio en la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, concluye, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.

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El Gobierno prorrogó por un año la intervención de Educ.ar

By Redacción Economis 5 meses ago
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Mediante el Decreto 82/2026, el Poder Ejecutivo extendió hasta febrero de 2027 la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal. La decisión busca consolidar la transformación societaria, completar la reestructuración interna y asegurar la continuidad del Programa Conectar Igualdad, en un contexto de ajuste del gasto, redefinición del rol del Estado y reforma del sector público.

El Gobierno nacional resolvió prorrogar por un año la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, a partir del 4 de febrero de 2026, con el objetivo de finalizar el proceso de normalización institucional, consolidar la reestructuración administrativa y garantizar una transición ordenada hacia un régimen de funcionamiento regular. La medida fue formalizada a través del Decreto 82/2026, publicado este 4 de febrero en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Federico Adolfo Sturzenegger.

La decisión se inscribe en el marco de la reforma del sector público impulsada por el Ejecutivo desde diciembre de 2023, que incluyó la transformación de empresas y sociedades del Estado en sociedades anónimas bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550, conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023. En ese proceso, Educ.ar dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima unipersonal, bajo control estatal, con nuevas responsabilidades y criterios de gestión.

De sociedad del Estado a sociedad anónima: los fundamentos de la prórroga

Educ.ar fue creada originalmente por el Decreto N° 383/2000, en la órbita del entonces Ministerio de Educación, con la misión de administrar y desarrollar el portal educativo nacional y producir contenidos para el sistema educativo. Con la entrada en vigencia del DNU 70/23, se derogó la Ley N° 20.705 y se estableció la conversión de las empresas estatales a sociedades anónimas, lo que motivó la intervención dispuesta por el Decreto N° 117/2024.

Durante ese período, que ya había sido prorrogado por la Decisión Administrativa N° 4/2025, el Gobierno designó como interventor al ingeniero Gastón Mariano Martín, desde el 1° de noviembre de 2024, y avanzó en una serie de medidas estructurales. Entre ellas, se destacó la aprobación formal de la transformación societaria mediante el Acta de Asamblea General N° 44 del 19 de diciembre de 2024, la regularización de balances pendientes de gestiones anteriores y la normalización de trámites ante la Inspección General de Justicia.

Según detalla el decreto, al momento de la intervención la empresa se encontraba “sobredimensionada y en una situación crítica de financiamiento”, lo que justificó un proceso de reordenamiento profundo para mejorar su eficiencia operativa y financiera.

Ajuste, reducción de personal y control del gasto

Uno de los ejes centrales del proceso fue la restructuración de los recursos humanos, instrumentada a través de dos planes de retiros voluntarios, que redujeron la dotación de personal a 172 trabajadores. Esta medida, señala el texto oficial, permitió una disminución del gasto público, el recupero de fondos por deudas pendientes y la implementación de acciones orientadas al cumplimiento de normas de integridad y transparencia.

En paralelo, se aprobó un nuevo organigrama, con una reducción de la estructura jerárquica y la definición de áreas consideradas imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Además, la intervención avanzó en la elaboración de manuales de procedimientos y en la modificación del reglamento de compras y contrataciones, con el objetivo de establecer circuitos administrativos “estandarizados, claros y uniformes”.

Estas acciones se complementan con el desarrollo de un plan estratégico orientado a la generación de recursos propios y a la sostenibilidad financiera de la empresa, un punto clave en la nueva lógica de gestión que impulsa el Ejecutivo para las empresas bajo control estatal.

Conectar Igualdad y continuidad operativa

Otro elemento central que justifica la prórroga de la intervención es la transferencia del Programa Conectar Igualdad a la órbita de Educ.ar, dispuesta por el Decreto N° 289/2025. El programa, creado originalmente por el Decreto N° 11/2022, constituye una de las principales políticas públicas de conectividad educativa y provisión de tecnología en el sistema escolar.

El decreto advierte que una finalización anticipada de la intervención podría generar “discontinuidades en la conducción, fragmentación en los procesos decisorios y debilitamiento de los mecanismos de control”, con impacto directo sobre la ejecución de Conectar Igualdad y las restantes funciones asignadas a la sociedad.

En ese sentido, el Ejecutivo considera que la intervención no solo permitió ordenar la empresa, sino que se transformó en una herramienta clave para adaptar a Educ.ar a sus nuevas responsabilidades, garantizando una gestión coordinada, eficiente y transparente de los recursos públicos.

Escenarios e impacto institucional

La prórroga de la intervención hasta febrero de 2027 confirma que el Gobierno apuesta a completar el proceso de transformación antes de devolver la conducción a un esquema societario regular, evitando riesgos institucionales y operativos. Desde una perspectiva económica, la medida refuerza la estrategia oficial de reducción del gasto, control del personal y búsqueda de sostenibilidad financiera en empresas con participación estatal.

En el plano político e institucional, el decreto consolida el rumbo marcado por el DNU 70/23 y anticipa que la normalización definitiva de Educ.ar estará supeditada al cumplimiento de objetivos de eficiencia, transparencia y autosustentabilidad. En el corto plazo, el impacto se sentirá en la continuidad del Programa Conectar Igualdad y en la profundización de los cambios internos de la empresa; en el mediano plazo, el desafío será demostrar que el nuevo modelo de sociedad anónima estatal puede sostener servicios educativos estratégicos sin comprometer las cuentas públicas.

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Más desregulación en transporte: empresas podrán elegir cómo identificar equipajes y encomiendas

By Redacción Economis 6 meses ago
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Con la Resolución 4/2026, la Secretaría de Transporte aprobó un nuevo Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas que desregula el esquema vigente desde 2016. La medida habilita a las empresas a elegir libremente mecanismos documentales o tecnológicos para vincular equipaje y pasajero, deroga el uso obligatorio de fajas físicas y apunta a simplificar costos, modernizar controles y alinear el sector con los principios de desregulación establecidos por el DNU 70/2023.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía avanzó con una reforma estructural en el transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional. A través de la Resolución 4/2026, publicada el 13 de enero de 2026 y firmada por el secretario Luis Octavio Pierrini, se aprobó un nuevo Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas, que reemplaza el sistema obligatorio de marbetes y fajas físicas establecido en 2016 y profundiza el proceso de desregulación del sector.

La norma, que entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial, se inscribe en el marco del decreto 883/2024, que redefinió el régimen jurídico del transporte interjurisdiccional, y del DNU 70/2023, que ordenó “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria” y la eliminación de exigencias que distorsionen los precios de mercado.

Fin del sistema único y libertad tecnológica para las empresas

El eje central de la resolución es la eliminación de la obligación de utilizar dispositivos físicos estandarizados, como marbetes y fajas con especificaciones técnicas predeterminadas, que regían bajo la resolución 74-E/2016, ahora formalmente derogada junto con su modificatoria 147/2018.

En su lugar, el nuevo régimen establece un principio de libertad de condiciones. Según el artículo 2°, los transportistas podrán definir “libremente las características técnicas y de diseño de los dispositivos documentales y/o tecnológicos” que utilicen para la trazabilidad del equipaje y las encomiendas, siempre que se garantice “su seguridad e inviolabilidad”.

El Anexo I de la resolución detalla que la identificación podrá realizarse mediante, entre otros mecanismos:

  • códigos impresos en el pasaje,
  • códigos QR o electrónicos asociados,
  • registros digitales en sistemas de ticketing,
  • etiquetas impresas por la propia empresa,
  • o cualquier otro dispositivo verificable que asegure la vinculación inequívoca entre pasajero y equipaje o encomienda.

Además, se aclara que el equipaje no identificado no podrá ser ingresado a la unidad de transporte, sin derecho a compensación alguna, y que en el caso de encomiendas no será obligatorio el uso de fajas físicas.

Control estatal enfocado en resultados, no en el formato

Si bien la norma avanza en desregulación operativa, mantiene el control estatal sobre la efectividad del sistema. El artículo 3° asigna a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la tarea de fiscalizar la trazabilidad efectiva entre equipajes y pasajeros, “priorizando el control sobre el dispositivo y su seguridad más allá de las especificaciones técnicas de los instrumentos físicos”.

De este modo, el Estado deja de imponer un formato único y pasa a evaluar resultados verificables, en línea con los principios del DNU 70/2023, que promueve la libre iniciativa privada y la eliminación de barreras regulatorias innecesarias.

En materia de derechos del usuario, la resolución mantiene vigente el esquema de indemnizaciones. Ante la pérdida, deterioro total o parcial del equipaje, seguirán aplicándose las compensaciones previstas en la Resolución 47/1995, o la normativa que en el futuro la reemplace.

Impacto económico e institucional: costos, modernización y transición

Desde el punto de vista económico, la medida apunta a reducir costos operativos para las empresas de transporte, que ya no estarán obligadas a adquirir insumos físicos homologados, y a facilitar la incorporación de soluciones digitales, con mayor flexibilidad para adaptarse a distintos modelos de negocio.

En términos institucionales, la resolución profundiza el cambio de enfoque iniciado con el decreto 883/2024, que creó el Registro Nacional del Transporte Automotor de Pasajeros y consolidó a la Secretaría de Transporte como Autoridad de Aplicación del sistema. El nuevo régimen también exige a las empresas informar a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Automotor los mecanismos adoptados dentro de los treinta (30) días previos a la entrada en vigencia, bajo apercibimiento de sanciones.

El impacto alcanzará tanto a los servicios interjurisdiccionales como a los de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, y obligará a una etapa de adecuación operativa, especialmente para las empresas que aún no cuentan con sistemas digitales de identificación y trazabilidad.

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