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Acuerdo con el FMI: análisis de las metas de la tercera revisión. Déficit fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas a septiembre 2022

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En el marco de la Línea de Facilidades Extendidas otorgada a nuestro país por el Fondo Monetario Internacional (en adelante EFF y FMI, respectivamente) reviste una importancia sustancial para la economía argentina el seguimiento de los criterios de ejecución plasmados en dicho acuerdo.

A diferencia de su actuación en 2018 cuando el organismo adoptó un criterio de acceso excepcional y otorgó al gobierno de Juntos por el Cambio un monto superior a la cuota correspondiente a la Argentina, en este caso el FMI no hizo mayores concesiones a nuestro país y otorgó una línea de refinanciación genérica (1).

Desde CEPA hemos realizado consideraciones críticas sobre las características de la negociación y del acuerdo alcanzado oportunamente entre la Argentina y el FMI. No se deduce que, de cumplirse el mismo, los problemas estructurales que aquejan al país tengan una vía de solución.

Sin embargo, una vez dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas el cumplimiento de las metas establecidas pasa a ser fundamental dado que, como se mencionó en informes previos de CEPA, los desembolsos futuros se encuentran condicionados al cumplimiento. Vale recordar que el EFF funciona “calzando” los vencimientos de deuda con el organismo, con desembolsos del propio FMI, siempre y cuando se hayan cumplido ciertos criterios establecidos en el acuerdo.

A nuestro entender, cumplir esos “criterios” no garantiza per se bajar la inflación, ni crecer, y menos aún distribuir con equidad. A la inversa, el riesgo de incumplimiento coloca a la Argentina a las puertas de un nuevo episodio de desconfianza protagonizado por “los mercados” y desataría una crisis financiera aún mayor.

A continuación, realizamos un análisis pormenorizado de cada uno de los Criterios de Ejecución (es decir, las metas que de no cumplirse trabarían un desembolso) al tercer trimestre del año en curso, a fin de concluir qué tan lejos o cerca está el Gobierno de cumplir el acuerdo y evitar una crisis de deuda.


1- Criterio fiscal: Batakis frenó la inercia y Massa se encamina a cumplir la meta

El acuerdo con el FMI establece como techo máximo del déficit del Sector Público Nacional de base caja el equivalente al 2,5% del PBI en pesos para 2022. Del mismo modo que el resto de las metas, ésta se descompone en metas trimestrales.

La meta del segundo trimestre se cumplió por escaso margen y ese cumplimiento se logró por la utilización de tres recursos contables:

  • Se reasignó la descomposición trimestral para dar más margen al segundo trimestre. Esta “herramienta” permite cumplir a la fecha del cierre del tercer trimestre 2022, pero al no cambiar la meta anual, genera más dificultades para los meses que siguen.
  • Se recalculó el PBI nominal con una inflación superior a la proyectada, lo cual modifica, por ende, el déficit objetivo medido en pesos corrientes.
  • Se “patearon” todos los pagos de caja, generando un salto importante en la deuda flotante (ver siguiente criterio) y permitiendo cumplir la meta (que se mide en base caja).

Estas herramientas permitieron salvar la meta del segundo trimestre, pero dejaron serios problemas para los trimestres siguientes. En este punto, es importante recordar que en el primer mes del tercer trimestre se cambió el equipo económico. Así entonces, en julio, la asunción de Batakis implicó una mejora sustancial en el ritmo del déficit que volvieron a dar aire a la meta. Ya en agosto, con otra gestión, el equipo del ministro Massa profundizó ese camino y, si bien la meta luce muy compleja, el Gobierno podría cumplir ya que cuenta con dos herramientas adicionales (ingresos de dólar soja y mayor PBI), que se explican más adelante.

Si bien todavía no tenemos los datos fiscales de septiembre, el margen que la meta fiscal deja es de tan sólo ARS 40.000 millones de déficit en el mes. Para tener una noción del bajo valor de ese importe, vale considerar que en general en septiembre de un año normal el déficit mensual alcanza aproximadamente unos ARS 200.000 millones (a pesos de hoy).

Entonces, ¿por qué somos tan optimistas respecto de esta meta? Básicamente por dos motivos:

  1. En septiembre se computan los ingresos extraordinarios por retenciones a la soja (con un dólar de ARS 200).
  2. Es probable que, presentado el presupuesto con una inflación del 95% para 2022, el Gobierno pueda volver a solicitar un ajuste nominal del PBI que modifique nuevamente las metas en pesos.

En el cuadro anterior se aproximan valores que podrían tomar ambos fenómenos, cuestión por la cual el mismo podría ser cumplido sin mayores sobresaltos, incluso si no hubiera revisión nominal del criterio.


2- Criterio deuda flotante: Guzmán dejó un problema significativo y las mejoras pueden no alcanzar

Tal como mencionábamos en el criterio anterior, la medición del déficit por parte del FMI se realiza sobre el saldo de base caja. Esto implica que, si el gobierno devenga un gasto, pero no lo paga efectivamente, dicho gasto no tiene impacto en la meta fiscal. A fin de evitar que el gobierno abuse de esta herramienta para cumplir la meta de déficit (base caja), el acuerdo establece un límite a la deuda flotante del Estado, que no es otra cosa que el stock acumulado de todo el gasto que se devengó, pero aún no se pagó. La idea del FMI es que la misma no pueda crecer en el 2022 más allá del 0,8% del PBI (valor al que se encontraba en diciembre de 2021).

El cumplimiento de este criterio para la tercera revisión resulta difícil debido a que el segundo trimestre dejó un punto de partida muy elevado. En relación con esa segunda revisión, el staff del FMI no hizo comentarios, por lo que entendemos que el mismo se consideró cumplido.

Lo que se observa en el gráfico a continuación resulta sólo una aproximación a los datos reales dado que no contempla la información promedio diaria del trimestre (información que no es pública) sino la información mensual y, por lo tanto, la suba fuerte de la deuda flotante los últimos días de la gestión Guzmán se percibe moderada por el promedio trimestral sin ilustrar con precisión la inercia que dejó para el trimestre siguiente.

En relación con el cumplimiento del criterio para la próxima revisión (la tercera), si bien aún resta conocer el dato de septiembre (y el mismo podría ser muy positivo por lo mencionado en el apartado anterior), en la actualidad luce como el criterio más desafiante para esta etapa, dado que el cumplimiento implicaría una reducción de la deuda flotante en torno a los ARS 200 mil millones considerando el último valor (es decir, dejando de considerar el promedio). Al respecto, vale destacar que con la llegada de Batakis se observó un importante cambio de tendencia, lo que el FMI suele considerar como positivo a la hora de otorgar waivers o cambiar criterios.


3- Criterio emisión monetaria: el canje de deuda realizado por Massa despejó vencimientos

Otro criterio relevante del EFF tiene que ver con la financiación monetaria del Tesoro por parte del BCRA de manera directa: vía transferencia de utilidades, adelantos transitorios o por la participación del BCRA en las colocaciones primarias.

Vale destacar que cualquier otra vía de emisión que financie al Tesoro de manera directa o indirecta, no es limitada en el acuerdo. Por ejemplo, cuando el Gobierno monetiza los DEGs que le otorgó en términos netos el FMI, esos pesos emitidos por el BCRA no suman al techo de emisión. Del mismo modo, cuando el BCRA emite pesos para comprar deuda del Tesoro en el mercado secundario, no hay límite aplicable, indistintamente de si esos pesos terminan luego en el Tesoro o si incluso perteneciesen a tenencias de entidades públicas.

Como se observa en el siguiente gráfico, la situación heredada por Batakis y luego por Massa, era crítica.

Sin embargo, la recuperación del financiamiento neto en el mercado y el posterior canje de deuda realizado por el equipo de Massa lograron despejar los vencimientos de deuda y poder obtener pesos en el mercado. De esta forma, al no tener vencimientos e ir convergiendo fiscalmente, no hubo necesidad de volver a recurrir a la emisión en el trimestre.

Hacia adelante, el último trimestre vuelve a lucir desafiante no tanto por la dinámica fiscal, que puede ser atendida usando el nuevo límite trimestral, o por la monetización de los DEGs remanentes, sino porque los vencimientos de deuda del último bimestre del año son muy elevados y conseguir financiamiento neto en dichos meses se muestra complejo.


4- Criterio reservas internacionales: el “dólar soja” fue un éxito y se habría alcanzado la meta sin necesidad de “contabilidad creativa”

Uno de los criterios de mayor relevancia es la acumulación de reservas internacionales netas (RIN) por parte del BCRA. Para simplificar el análisis, mediremos el criterio como un nivel de RIN de piso y no como “acumulación desde diciembre de 2021”, dado que dicha visualización no es tan ilustrativa. En concreto, el FMI impone al país una acumulación de USD 5,8 mil millones a fin de 2022, lo que implicaría llegar a un nivel de reservas de USD 8,1 mil millones para fin de año.

Tal como advertimos en medios durante estos meses, el staff del organismo confirmó que la meta del segundo trimestre no se habría cumplido (que consistía en alcanzar, al menos, los USD 5,3 mil millones). Según fuentes extraoficiales el incumplimiento habría sido tan sólo por USD 300 millones, aunque según nuestros cálculos el faltante habría sido aproximadamente de USD 950 millones. Lejos de eso, y peor aún, luego del no cumplimiento en ese trimestre, se dio un proceso de fuerte deterioro en la posición de divisas del BCRA que lo llevó a requerir la acumulación de USD 5 mil millones en un mes para lograr llegar a USD 5,9 mil millones.

Sin embargo, y como se observa en el siguiente gráfico, la situación cambió drásticamente con la implementación del dólar soja. Apenas implementada dicha política advertimos, desde CEPA, que el ritmo al que se había desempeñado la medida durante la primera semana podría permitirle al gobierno llegar a cumplir la meta de RIN. No nos equivocamos.

Vale destacar que este cumplimiento no incluyó finalmente el aporte del BID por USD 500 millones al último día de septiembre. El acuerdo con el FMI establecía que los organismos pondrían USD 1.349 millones los primeros tres trimestres de 2022 y que de no hacerlo se podría reducir la meta, pero hasta USD 500 millones.

Con la información disponible actualmente y luego de realizar el “ajuste” mencionado anteriormente, nuestro cálculo ubica las Reservas Netas Internacionales dentro del rango de la meta establecida por el FMI: entre USD 5,9 y 6,4 mil millones. Este valor se obtiene sin considerar el desembolso comprometido por el BID que, de confirmarse esta primera semana de octubre, podría mejorar tal resultado. Creemos que tal desembolso no será necesario para el cumplimiento de esta meta.

Si bien el cálculo siempre es una aproximación (debido a la gran cantidad de fuentes que se usan y por su metodología residual), con los datos actuales podemos concluir que esta meta (hace un mes “imposible”) se habría alcanzado casi exclusivamente por el “dólar soja”, que totalizó una liquidación superior a los USD 7 mil millones, de los cuales el BCRA pudo retener alrededor de USD 5 mil millones.


5- Conclusión

A modo de conclusión, el trabajo de estabilización realizado por el equipo económico de Batakis y su posterior profundización por parte de Massa lograron mejoras sustanciales en todos los frentes y volvieron a colocar a la economía argentina en el carril del cumplimiento del acuerdo. Con ello, la posibilidad de anclar las expectativas hacia adelante vuelve a ser considerable.

En relación con lo técnico, creemos que el criterio de Deuda Flotante es el único que requerirá un tratamiento particular (ya sea, una modificación, pedido de waiver o flexibilización) para la tercera revisión correspondiente al cierre de septiembre 2022. Sin embargo, dicha negociación no debería presentar mayores inconvenientes: el Gobierno podrá mostrar mejoras sustanciales en este tópico además del cumplimiento del resto del programa en tan solo 1 mes de trabajo.

En lo operativo, y como fue desarrollado en el informe, la segunda revisión nos ubica en un escenario de descalce peligroso, típico de los EFF: Argentina pagó los vencimientos del tercer trimestre con reservas propias y recién recuperará esos dólares el 7 de octubre, cuando el board del FMI apruebe el desembolso de la segunda revisión. Con la tercera revisión, sucederá algo parecido: el staff analizará los criterios a partir del 10 de diciembre de este año, por lo que el desembolso por más de USD 5.700 millones se recuperaría recién en 2024 (nuevamente el país deberá pagarle al organismo USD 5.600 millones con reservas propias). En este sentido, el buffer otorgado por el FMI para este descalce debería ser siempre acompañado con reservas netas propias para evitar quedar en valores negativos durante los pagos. Si bien no es más que un descalce operativo, el mercado puede aprovechar esa ventana temporal para presionar al gobierno por una devaluación, por lo que contar con reservas extras al colchón del FMI sería de vital importancia.

En los meses que siguen, el cumplimiento de las metas del último trimestre del año reviste nuevamente un carácter desafiante: Argentina deberá continuar reduciendo la inercia fiscal (ya a un nivel más acelerado), moderando la emisión monetaria y acumulando reservas (otros USD 1.700 millones).

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Camino a 2023: el agro bajo la lupa

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El acuerdo con el FMI y el Proyecto de Presupuesto coindicen en señalar que un elevado superávit comercial para 2023 se constituiría como uno de los pilares en la dinámica macroeconómica y la necesidad de seguir acumulando reservas el año que viene. Sobre este último punto cabe señalar que los USD 4.000 M que deberán sumarse al stock de activos internacionales del BCRA implican un monto sustancialmente mayor al de este año, considerando que dos tercios de la meta de 2022 se cumpliría con financiamiento neto del FMI (a diferencia de 2023).  

En las proyecciones macroeconómicas utilizadas para la formulación del Presupuesto, las autoridades estiman un importante incremento en el saldo comercial (bienes y servicios) en casi USD 4.600 M, el cual totalizaría USD 12.347 M. Sobre esa base, se prevé un mayor dinamismo en los volúmenes exportados (+7,1%) que en los importados (+2%), al tiempo que al incorporar el efecto de los precios dichas estimaciones se traducirían en un crecimiento del 2% para las exportaciones y una caída de casi el 3% para las importaciones. 

Asimismo, en la primera revisión del FMI se plantea que el superávit comercial de bienes y servicios crecería aún con una merma en el saldo de bienes (de USD 15.500 M a USD 14.700 M), producto de una abrupta reducción (-57%) en el rojo de servicios, lo cual es un supuesto fuerte (en los próximos días analizaremos las estimaciones de balanza de pagos de la nueva revisión). 

En cualquier caso, este factor clave dentro de la hoja de ruta del Gobierno se sostendría sobre dos premisas fundamentales: 1) la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner previo a la temporada invernal, y 2) el buen desempeño esperado por el oficialismo para el sector agropecuario con vistas al año próximo. 

En cuanto al primero, en caso de que el gasoducto se encuentre finalizado en tiempo y forma, le permitiría al Gobierno ahorrar un monto considerable de dólares que de otra manera se irían al exterior vía pagos por importaciones de energía, como sucedió en 2022, cuando en el lapso abril-julio 2022 los pagos sumaron casi USD 6.500 M, 135% más que los menos de USD 2.800 M del mismo periodo de 2021. Máxime en un contexto en el que los precios internacionales de la energía continúan elevados.  

No obstante, las restricciones a las importaciones llegaron para quedarse. Si bien la construcción del Gasoducto puede aportar cierto alivio y una posible (muy leve) flexibilización en algún momento del año, estimamos que las restricciones seguirán operando en 2023 e incluso podrían endurecerse en caso de ser necesario para acumular reservas o evitar un salto cambiario discreto. 

Por su parte, dado que el sector agropecuario es el principal generador de divisas de nuestra economía (aporta el 65% de las exportaciones pero explica la totalidad de superávit comercial) su dinámica resulta fundamental para analizar las perspectivas del sector externo.  Pese a que el Gobierno espera un crecimiento del 6% para el sector luego de 3 años consecutivos sin crecer, se abren ciertos interrogantes sobre la próxima campaña agrícola en un contexto más complejo que el esperado inicialmente. Por tal motivo, abordaremos con mayor profundidad el panorama agropecuario para 2023. 

La campaña agrícola 2022/23 se presenta particularmente desafiante 

El ciclo 2022/23 se va a desarrollar en un marco complejo y de elevada incertidumbre, no sólo desde el lado climático sino también desde un contexto internacional con riesgos para los precios de commodities sesgados a la baja, a lo que se suman inquietudes respecto a la disponibilidad de insumos, todo lo cual podría traducirse en un menor aporte de divisas por parte del campo a la economía. 

En el lanzamiento de la campaña gruesa, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) proyectó un escenario de menor cosecha para la campaña 22/23 para los principales cinco cultivos, que pasaría de 117,7 M/Ton a 115,5 M/Ton (-1,9%), con caídas en trigo y maíz y una recuperación de la soja.  

El principal driver detrás de esta dinámica lo constituye un desfavorable escenario climático. Se aproximaría una tercera campaña consecutiva afectada por el fenómeno “La Niña”, que en estas latitudes provoca una reducción en las precipitaciones hacia niveles inferiores a los normales, afectando los rendimientos. Es la tercera vez desde 1950 que se observa este fenómeno por tercer año consecutivo, siendo la última la del período 1998-2001. 

En concreto, la mayoría de los modelos de pronósticos indican para el trimestre octubre-diciembre una probabilidad del 89% de que continúe “La Niña”. Esta probabilidad disminuiría hacia el inicio de 2023 (se mantiene por encima del 60% hasta el verano inclusive) para dar paso a una fase neutral entre febrero y abril que beneficiaría a los cultivos de invierno 2023-24. 

Volviendo a 2022, las principales zonas productivas del país ya registran precipitaciones por debajo de lo normal, lo que se suma a una limitada agua almacenada en el suelo luego de atravesar el invierno más seco desde 1995 y a un efecto arrastre por falta de lluvias del otoño y verano pasados. Específicamente, la zona núcleo (región con mayores rendimientos por sus mejores suelos) se encuentra actualmente con un 80% de déficit hídrico. Peor aún, según INTA, para el futuro inmediato no se vislumbran lluvias suficientes para revertir o moderar la baja humedad en los suelos. 

Trigo: fuerte caída en la producción 

La superficie sembrada de trigo descendió entre un 9% y 14% respecto a 2021 de acuerdo a los relevamientos oficiales y privados. La intención de siembra estuvo condicionada por la falta de incentivos para asumir mayores riesgos productivos en un marco de aumento de la inversión necesaria por hectárea por el aumento de costos y focos de incertidumbre a nivel local e internacional y el escenario climático desalentador señalado. Según la BCBA, a finales de septiembre un 50% de esa superficie informa una condición hídrica que se ubica entre regular y sequía (vs 34% en el mismo lapso de 2021). En la zona núcleo, la condición de regular a mala alcanza el 70% del área. 

En consecuencia, se trataría de una de las peores campañas en los últimos años. La producción caería del récord de 22,4 M/Ton en la campaña anterior a 17,5 millones (-22%). La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta una caída incluso superior, producto de una cosecha que caería a 16,5 M/Ton (-28% i.a.), siendo el volumen más bajo de los últimos 7 años y con riesgos sesgados a la baja producto de una sequía que comienza a hacer mella en el núcleo triguero de Buenos Aires. 

Ahora bien, gracias a una importante mejora en los precios, el impacto negativo se reduce. Considerando los precios FOB a cosecha actuales (BCBA) en relación a los efectivos del ciclo anterior, el valor de la cosecha de trigo podría reducirse en cerca de USD 800 M en relación al ciclo pasado, caída que no es más aguda gracias a los mayores precios (+20%). 

Campaña gruesa: aumento de la soja a expensas del maíz 

Tras 5 años de crecimiento, la implantación de maíz se verá reducida a raíz de la falta de agua y también de un escenario de mayores costos asociados a su siembra, que hacen que la soja sea una alternativa menos riesgosa. Además, debido a la falta de humedad en los suelos la siembra se retrasó: la mayor parte del maíz se sembrará en fechas tardías con el propósito de limitar el potencial estrés hídrico en una fecha critica como es enero.  

Con todo, la producción de maíz con destino comercial totalizaría unas 50 M/Ton según la BCBA, 3,8% menos que en la campaña 21/22 y por debajo del promedio de los últimos cuatro ciclos (54 M/Ton).  

En contraste, la soja se presenta como la alternativa más segura por su mayor tolerancia relativa a situaciones de sequía, por la menor inversión que conlleva y los crecientes márgenes brutos (que llevan 3 campañas en crecimiento). Por este motivo, según la BCBA la oleaginosa tendría una recuperación importante: se producirían 48 millones de toneladas contra 43,3 millones en 2021/22 (+10,9%), en lo que sería el mejor ciclo desde 2019/20. 

Como corolario, en base a los precios FOB considerados se advierte que el valor de la cosecha 2022/23 de soja y maíz podría reducirse en cerca de USD 1.200 M en comparación a la presente campaña. 

En suma, considerando cierto anticipo en septiembre de ventas de soja que se darían en el último trimestre, la demora en la siembra de maíz y soja y los menores volúmenes de trigo, el puente hasta la hasta la próxima cosecha gruesa se alarga

Los precios de las commodities estarán expuestos a varios factores en 2023 

A pesar de haber dejado atrás los picos alcanzados en los momentos más crudos de la guerra en Ucrania, en los últimos meses las cotizaciones de las materias primas agrícolas han logrado mantenerse por encima de los promedios históricos. Sin embargo, de cara a los próximos meses entrarán en juego ciertos factores que, combinados, podrían arrojar un sesgo de estable a bajista en los precios de las commodities.  

Factores alcistas. Se destacan la elevada incertidumbre que sigue generando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania (jugadores importantes principalmente en el mercado de trigo y en menor medida en maíz); la caída en la producción de Estados Unidos tanto para el trigo, el maíz y la soja (acompañada de una relación stock/consumo menor a la esperada en dicho país); y la menor producción de trigo en Argentina.  

Factores bajistas. Aquí entran en juego la posible menor demanda de China producto de un menor crecimiento, junto a los riesgos de una recesión a nivel mundial; una postura más agresiva de la FED en materia de tasas que fortalezca aún más al dólar (si bien las recientes subas en las tasas no resultaron en grandes desplomes en los precios de los commodities, no hay que pasar por alto que esto es susceptible de modificarse) y estimaciones de una mayor producción global.  

Consideraciones finales 

El deterioro esperado para el desempeño del sector agroexportador tornará más desafiante y compleja la hoja de ruta del Gobierno de cara a 2023, en un año en el que la meta de acumulación de reservas será aún más desafiante que la de este año y donde la construcción del gasoducto NK resultará fundamental para evitar una mayor sangría de divisas vía pagos de importaciones de energía. En este marco, las restricciones a las importaciones llegaron para quedarse. 

El comportamiento climático tendrá la última palabra a la hora de determinar el volumen final de la próxima campaña. De hecho, según un reporte de la Secretaría de Agricultura la superficie de siembra estimada “puede seguir disminuyendo de no registrarse precipitaciones para permitir las labores de siembra”. 

Paralelamente, aparecen también otros factores no menores que podrían incidir en el proceso de acumulación de reservas. Las expectativas de devaluación -o de eliminación de retenciones- post-elecciones presidenciales podrían incentivar una demora en la comercialización de la cosecha. A su vez, una floja campaña producto de la sequía no sólo tendría un impacto negativo en los activos externos del BCRA, sino que también podría complicar el frente fiscal ante una menor recaudación por Derechos de Exportaciones. 

En conclusión, la fuerte dependencia que tiene Argentina con el sector agroexportador genera que la campaña agrícola y la evolución en los precios de las commodities se vuelvan variables económicas con una importancia de primer orden. Entonces, si bien aún es temprano para analizar resultados concluyentes, seguiremos monitoreando de cerca el estado de situación ante riesgos que no pueden ser pasados por alto. 

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En busca de diferenciación para las economías regionales, CAME se reunió con Bahillo

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En busca de políticas públicas diferenciales que reduzcan las asimetrías de la estructura productiva, pequeños y medianos productores agroindustriales nucleados en el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

Durante el encuentro, en el que se abordaron temas coyunturales y estructurales que hacen al desempeño del sector, CAME destacó la diferencia entre las economías regionales —más del 60% de las explotaciones agropecuarias del país— y los grandes exportadores, acopiadores, intermediarios y comercializadores. “En el campo no somos todos iguales, por lo que no podemos ser beneficiarios de una misma política. Nuestras producciones intensivas requieren medidas estratégicas que promuevan la rentabilidad y competitividad, según actividad, tamaño y ubicación de la pyme agropecuaria”aseguró Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de CAME.

Al abordar el estado de situación de los diferentes complejos productivos, se subrayaron problemas como la falta de mano de obra para tareas estacionales, la cual continúa pese a la compatibilidad de los planes sociales con el trabajo rural registrado; la importación de productos como yerba mate, aunque exista stock suficiente para abastecer al mercado interno; el faltante de insumos y los aumentos diarios de precios en dólares, al no contar con un tipo de cambio único; y la preocupación por el proyecto de Ley de Humedales, que supone prácticas que no se han consensuado previamente con todos los actores productivos.

Para resolver estos inconvenientes, los productores propusieron incorporar dentro de la compatibilidad a los beneficiarios de la Prestación Alimentar—considerándose la cercanía de la cosecha de muchos productos regionales—; implementar un sistema de Licencias No Automáticas para todas las economías regionales, lográndose el compromiso de los funcionarios de la cartera de Agricultura para la agilización de las SIMI; ordenar la macroeconomía y contemplar un tipo de cambio único; y participar del debate de la Ley de Humedales, ya que las producciones regionales pueden desarrollarse de forma amigable con el ambiente y la sociedad.

En cuanto a las medidas diferenciales requeridas por el sector, CAME no sólo resaltó la importancia de contar con proyectos o políticas a mediano/largo plazo que permitan alcanzar cambios estructurales, sino también presentó sus sugerencias, destacándose el proyecto de ley “Régimen de Promoción de las Economías Regionales”. Al contemplar políticas diferenciales para la promoción del desarrollo sostenible de todas las cadenas agroindustriales del país, los presentes consensuaron reunirse en las próximas semanas para trabajarlo de manera pública-privada.

Participaron también del encuentro: Juan Manuel Fernández Arocena y Luis Contigiani, jefe de Gabinete y subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, respectivamente; Claudia Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia (CCAE) y vicepresidenta 3º de CAME; Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) y titular de la Mesa Agroalimentaria de la CAME; Pablo Molo y Alberto Grigolatto, presidente y director de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), respectivamente; Alejandro Lamacchia, presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires; Jorge Pazos, representante del Comité Argentino de Arándanos; Bibiana Marabini, representante de la Asociación Olivícola Catamarqueña (ASOLCAT); Santiago Perea, representante de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la CAME.

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Presupuesto 2023 prevé inflación del 60%, crecimiento del PBI del 2% y dólar a un promedio de $219

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El proyecto de Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2% para el próximo año y una inflación del 60%, adelantaron fuentes oficiales.

La iniciativa ingresará formalmente a través de la Mesa de Entradas de la Cámara baja en las últimas horas de la jornada de hoy, con lo que el Ministerio de Economía cumplirá con el plazo previsto para la presentación del proyecto.

En lo que respecta a la cotización del dólar, el proyecto de ley, que lleva la firma del titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, prevé “mantener actualizado el tipo de cambio” por lo que se espera que hacia diciembre próximo se ubique en $166,50 por dólar y que finalice 2023 en $ 269, con un promedio de $ 219 a lo largo del año, señalaron las fuentes.

Precisaron también que la proyección de déficit primario para el próximo año será equivalente al 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para 2022, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno nacional en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado.

Esta baja se realizará a partir de una reducción de los subsidios y la eliminación de algunas excepciones impositivas vigentes.

En este último aspecto, la novedad es que este proyecto de Ley de Presupuesto irá con un anexo en el que se le planteará al Congreso la posibilidad de eliminar algunos beneficios impositivos que suman un monto equivalente a 2,4% del PBI.

Entre ellos estarán la excepción del pago del Impuesto a las Ganancias en jueces, beneficios que tienen directores de empresas, los impuestos internos de Tierra del Fuego, entre otros.

Estas iniciativas van en línea con las discusiones mantenidas con el FMI -reflejadas en el comunicado del organismo del lunes pasado, tras el encuentro que el ministro Sergio Massa mantuvo con Kristalina Georgieva.

Por el lado de los subsidios se reducirá un monto equivalente a 0,6% del PBI en los destinados de manera específica al sector energético, que de esta forma quedarán en una cifra del orden del 1,6% del PBI el próximo año, ya sea por ahorro de consumo de la gente o por la actualización de tarifas.

También se reducirá en 0,1 del PBI el subsidio al transporte que quedará en 0,4% como compensación a los colectivos interjurisdisccionales.

Desde el Ministerio de Economía subrayaron que la tarifa de transporte de cada provincia la tendrá que disponer cada distrito.

En lo que respecta a la obra pública, el proyecto de Presupuesto 2023 contempla fondos equivalentes al 0,3% del PBI.

En lo que respecta al dólar, el proyecto prevé “mantener actualizado el tipo de cambio” por lo que se espera que hacia diciembre próximo se ubique en $166,50 por dólar y que pase a valer $ 269 hacia fines del 2023, pero con un promedio de $ 219 el año próximo, precisaron las fuentes.

También proyecta que el Banco Central mantenga una tasa positiva respecto de la inflación y que acompañe la baja que esperan ir teniendo con el correr de los meses.

En este marco, todo apunta a que el crecimiento de la economía será del 2% frente al 4% con el que cerrará este año.

Como contrapartida, la expectativa de inflación es del 60% y estima que este año cerrará en torno al 95%, por debajo de las tres cifras que proyectan la mayoría de los analistas de mercado.

Además, las proyecciones contemplan que los ingresos se recuperen, en 2%, hacia fin de 2023, con una tasa de desempleo que se mantendría en torno al 7% de la población económicamente activa.

Además, se espera un aumento en las exportaciones, de 7,1%, contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%. De esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró ayer que las medidas adoptadas por el Gobierno vinculadas a las tarifas de servicios públicos “están muy lejos de constituir un tarifazo”, al sostener que se trata de “redistribuir los subsidios de manera progresiva”.

Manzur, al exponer en la Cámara de Diputados, dijo que “el Estado seguirá subsidiando las tarifas de los sectores de menos recursos” y manifestó que esa decisión tiene “un claro criterio de justicia y equidad distributiva”, al responder una pregunta en ese sentido formulada por un diputado de la oposición.

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Argentina, un caso de estudio para el NYT

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El New York Times, señaló que debido a que muy pocos argentinos confían en el peso, prefieren ahorrar en otras monedas, incluidos los dólares.

La Argentina fue uno de los países más ricos, hace un siglo. Sin embargo, en las últimas décadas su economía sufrió crisis crónicas, experimentando una inflación anual media del 105% tuvo que intervenir en su divisa local en cinco ocasiones.

La no estabilidad de la Argentina, la volatilidad del mercado interno, como la divisa interna y una gran adhesión al mundo de las criptomonedas, llamaron la atención a los economistas internacionales. Lo que provocó que se realice un análisis de estudio por el The New York Times, al considerarse como un país ideal para la adopción cripto.

Alrededor de un tercio de los argentinos creía que los ahorros guardados en pesos en un banco local, mantendrían su valor durante dos años. El porcentaje más bajo entre los encuestados en 15 países en junio por Morning Consult, una firma de datos con sede en Washington.

Según Ana Lankes del The New York Times, casi el 60 % de los argentinos creía que Bitcoin, una de las criptomonedas más populares, retendría el valor de sus ahorros durante ese mismo periodo, según la encuesta.

De acuerdo a lo relatado por Ana Lankes, uno de los factores de la adhesión de las criptomonedas es la expectativa de que la inflación alcance el 90% para diciembre, el valor del peso que sigue cayendo y los elevados precios de los productos cotidianos, desde el papel higiénico, hasta el atún, haciendo que sea prácticamente imposible ahorrar.

La situación con respecto a la guerra en Ucrania y el desafío de la cadena de suministro global, son factores que impulsan la suba de precios, pero muchos economistas señalan que uno de los problemas de la Argentina son los “años de gasto público excesivo”. Todo esto potenciado por el gobierno que “no recauda suficientes ingresos” para compensar el déficit, el banco central imprime pesos, lo que aumenta aún más la inflación.

Ahora, muchos argentinos recurren a las criptomonedas como una forma de escapar del peso. Alrededor de un tercio de los argentinos dijeron que compraron o vendieron criptomonedas al menos una vez al mes, el doble del porcentaje de personas en los Estados Unidos, según una encuesta separada para Morning Consult.

Pero la criptomoneda, por la inestabilidad también trae riesgos.

Vicente Cappelletti, de 26 años, dijo que había perdido alrededor de U$S1000, alrededor del 10% de sus ahorros, cuando TerraUSD, una de las llamadas monedas estables, una criptomoneda que puede vincularse a monedas como el dólar, cayó en mayo.

Computadoras en una granja criptográfica. 
Más trabajadores en Argentina que en cualquier otro país eligen recibir parte de su salario en criptomonedas. Crédito: Sarah Pabst para The New York Times

Cappelletti, ingeniero industrial, dijo que era fácil perder dinero “si no está al tanto de esto todo el tiempo y no tiene mucha información”. En su caso, vendió todos los ahorros que tenía en criptomonedas por pesos y los puso en un plazo fijo tradicional.

Pablo Sabbatella, quien da clases sobre criptomonedas, señaló que cientos de personas lo contactaron en los días posteriores a la caída de TerraUSD, desesperadas por recuperar su dinero. “La mayoría de la gente, no entiende lo que está haciendo”, dijo.

El valor de Bitcoin ha caído de 65000 dólares en noviembre pasado a unos 24000 dólares en la actualidad. Casi el doble de la caída del valor del peso. Pero muchos argentinos creen que las criptomonedas se recuperarán, a diferencia del peso.

Aún así, para algunos, la criptomoneda ha traído beneficios financieros.

Romina Sejas, trabajaba como camarera y en telemercadeo, hoy se gana la vida como consultora de criptomonedas y dictando talleres sobre monedas digitales. Dirige un mercado en línea con 7000 miembros que pueden usar criptomonedas para comprar casi cualquier cosa, desde botas de montaña, hasta una casa.

Romina creció en una familia de clase trabajadora, sin acceso a Internet. Sus padres no terminaron la escuela secundaria, tampoco tienen cuentas bancarias. “Mi familia solía medir la longitud de los rolos de papel higiénico que teníamos, porque teníamos muy poco”, señaló.

Romina Sejas, quien se desempeñó como mesera y en telemercadeo, se gana la vida como consultora de criptomonedas y dictando talleres sobre monedas digitales. Crédito: Sarah Pabst para The New York Times

El dinero que ha ganado con las criptomonedas, ha transformado su vida. “Estoy estudiando derecho en una universidad privada”, contó. “Hice todos los controles de salud, que nunca hice mientras crecía” añadió.

En todo el mundo, las personas de países emergentes y de bajos ingresos se han convertido en los mayores usuarios de criptomonedas, según varios informes superando a Estados Unidos y Europa.

Las monedas digitales son apreciadas en países donde el dinero local es volátil y donde los gobiernos han dificultado que los ciudadanos compren moneda extranjera.

Tanto El Salvador y la República Centroafricana incluso, han adoptado Bitcoin como otra moneda nacional oficial. Aunque la apuesta no ha valido la pena en El Salvador, y es demasiado pronto para saber si lo hará en la República Centroafricana.

Argentina brinda algunas pistas sobre el atractivo de las criptomonedas.

Los argentinos han mirado por mucho tiempo al dólar como un refugio seguro. Ahorrar en dólares “está tatuado en nuestro ADN”, dijo Daniel Convertini, de 34 años que trabaja en una empresa de transporte privado. “A hacerlo, lo aprendí de mi papá y de mi abuelo, no porque lo leyera en algún periódico económico”.

Se cree que los argentinos tienen más dólares en efectivo o en instituciones financieras extranjeras que casi cualquier otra población, aparte de los estadounidenses, dijo Gian María Milesi-Ferreti, economistas de Brookings Institution.

Hace tres años, el gobierno argentino hizo más difícil comprar monedas estadounidenses. Los argentinos pueden comprar legalmente solo U$S200 por mes y tienen que pagar impuestos por cada transacción.

A cambio, mucha gente ha recurrido al mercado negro en dólares, las calles del centro de Buenos Aires están llenos de cambistas, que ofrecen la conversión a los transeúntes.

Pero las monedas digitales ofrecen una ventaja al no requerir que las personas transporten gran cantidad de billetes.

“Ofrecimos una forma de eludir los controles de divisas mediante la venta de criptodolares”, dijo Julian Fraiese, fundador de Buenbit, un Exchange de criptomonedas argentino que se enfoca en monedas estables vinculadas al dólar. La compañía dijo que había agregado 200000 usuarios en los siete meses posteriores al endurecimiento de los controles gubernamentales sobre los dólares en 2019.

Las máquinas, conocidas en la jerga tecnológica como mineros, son parte del proceso de producción de criptomonedas. 
Estos se encuentran en la llamada granja de criptomonedas en La Plata, Argentina. Crédito: Sarah Pabst para The New York Times

La caída del valor de las criptomonedas se ha cobrado un precio, y las preocupaciones sobre sus riesgos han llevado a un mayor escrutinio regulatorio.

Los riesgos y los controles

Buenbit despidió recientemente a casi la mitad de sus empleados, y días después de que dos bancos argentinos comenzaran a dar a los clientes la opción de comprar y vender criptomonedas, el Banco Central del país prohibió dichos servicios.

Pero debido a que muchos argentinos tienen tan poca fe en la gestión de la economía por parte de su gobierno, la criptomoneda, a pesar de su turbulencia, sigue teniendo una gran demanda.

Más trabajadores en Argentina que en cualquier otro país, incluidos muchos trabajadores independientes en trabajos como desarrolladores de software y traductores, eligen recibir parte de su salario en criptomonedas, según Deel, una empresa de nómina utilizada por más de 10000 trabajadores en 150 países.

“La tecnología es el idioma del mundo por venir”, dijo el reverendo Fabián Báez, un sacerdote que ayuda a organizar clases de tecnología en Buenos Aires que incluye mostrar a los estudiantes cómo abrir una billetera digital para comenzar a coleccionar criptomonedas.

El reverendo Fabián Báez ayuda a organizar clases de tecnología que incluyen mostrar a los estudiantes cómo abrir una billetera digital para comenzar a coleccionar criptomonedas. Crédito:Sarah Pabst para The New York Times

“Prefiero exponerme a los riesgos de las criptomonedas”, dijo Convertini, el empleado de transporte, “que a los riesgos del gobierno argentino”, cerró.

Seguí la nota completa en: The New York Times

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