dólares del colchón

Caputo ratificó el rumbo económico y anticipó más reformas: “Los mejores meses están por venir”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para enviar una señal clara al mercado: el Gobierno considera que la etapa más difícil del programa económico quedó atrás y apuesta a consolidar un ciclo de crecimiento sostenido, desinflación y reformas estructurales que, según su visión, permitirán modificar patrones históricos de la economía argentina.

Ante ejecutivos financieros, empresarios y referentes del sector privado, el titular del Palacio de Hacienda defendió los resultados obtenidos durante los primeros dos años y medio de gestión y aseguró que los próximos 18 meses serán mejores que los anteriores. “Esperamos que los mejores meses sean los que vienen”, afirmó, en una exposición atravesada por un mensaje de confianza sobre la evolución de la actividad económica y el proceso de baja de la inflación.

Caputo sostuvo que la economía atraviesa una recuperación sostenida y destacó que la tendencia-ciclo del nivel de actividad acumula 24 meses consecutivos de crecimiento, un comportamiento que, según señaló, no se observaba desde 2011. Para el ministro, la mejora no responde a factores transitorios sino a un cambio estructural derivado del ordenamiento macroeconómico implementado desde diciembre de 2023.

La definición más fuerte de la jornada estuvo vinculada a la perspectiva política y económica de mediano plazo. El funcionario aseguró que espera un 2027 “totalmente atípico” respecto de los años electorales tradicionales en Argentina. Según explicó, el Gobierno proyecta llegar a ese período con crecimiento más acelerado, inflación en descenso y sin las tensiones cambiarias y financieras que históricamente acompañaron los procesos electorales.

El mensaje estuvo dirigido tanto a inversores locales como internacionales. Caputo insistió en que la administración de Javier Milei dispone de información y herramientas que permiten sostener el optimismo sobre la evolución de las variables económicas y remarcó que las proyecciones oficiales no responden a una estrategia comunicacional sino a diagnósticos construidos sobre datos concretos.

En materia de reformas, el ministro reivindicó la reglamentación de la modernización laboral como uno de los hitos más relevantes de la gestión. Consideró que la iniciativa facilitará una mayor formalización del empleo y contribuirá a ampliar la base tributaria sin necesidad de aumentar la presión fiscal.

En paralelo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión del proyecto de “Inocencia Fiscal”, incorporando observaciones realizadas por entidades profesionales. La apuesta oficial es que los ahorros que hoy permanecen fuera del circuito financiero se transformen en inversión productiva y potencien el crecimiento económico.

Caputo vinculó directamente ese proceso con la posibilidad de profundizar la reducción de impuestos. Recordó que la administración nacional ya eliminó o redujo tributos equivalentes a tres puntos del Producto Bruto Interno, unos 20.000 millones de dólares anuales, y aseguró que el objetivo sigue siendo disminuir la carga tributaria y los costos regulatorios para mejorar la competitividad.

Sin embargo, dejó en claro que la transformación impositiva no dependerá exclusivamente de la Nación. El ministro apuntó a las provincias y municipios, particularmente por el peso de Ingresos Brutos y las tasas locales. Aunque evitó confrontaciones, afirmó que observa una creciente predisposición de los gobernadores para acompañar el nuevo esquema económico.

Otro de los temas centrales fue la inflación. Caputo reconoció que durante el último año hubo episodios de volatilidad asociados a shocks políticos internos, pero aseguró que el sendero de desaceleración continúa intacto. Según explicó, el Gobierno espera que mayo confirme una nueva reducción del índice de precios y reiteró que la inflación argentina terminará convergiendo a niveles internacionales.

Para respaldar su argumento, comparó la experiencia local con otros programas de estabilización exitosos de América Latina y sostuvo que Argentina logró una reducción de la inflación más rápida que la observada en casos como Chile, Perú, México o Polonia.

En relación con el debate sobre la dolarización, el ministro aclaró que el objetivo del presidente Javier Milei nunca fue reemplazar completamente al peso sino avanzar hacia un esquema de competencia de monedas. En ese sentido, defendió las medidas destinadas a incentivar la circulación de dólares dentro de la economía formal y anticipó una transición hacia un sistema bimonetario similar al uruguayo, donde conviven pesos y dólares según el tipo de transacción.

Respecto del acceso al financiamiento, Caputo explicó por qué el Gobierno continúa sin regresar plenamente a los mercados internacionales. Según detalló, la decisión responde a criterios financieros y no a restricciones de acceso. Argumentó que la Nación puede refinanciar obligaciones mediante organismos multilaterales y emisiones locales a tasas más bajas que las disponibles actualmente en el mercado internacional.

Incluso afirmó que los vencimientos de deuda correspondientes a 2026 y 2027 ya se encuentran cubiertos y destacó el excelente vínculo que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “La relación con el FMI no puede ser mejor”, resumió.

El ministro también dedicó parte de su exposición al escenario internacional. Reconoció que la incertidumbre global representa un riesgo, especialmente por las tensiones geopolíticas, la persistencia de déficits fiscales en economías desarrolladas y los efectos de la inteligencia artificial sobre la demanda energética y las tasas de interés.

No obstante, sostuvo que Argentina enfrenta ese contexto desde una posición mucho más sólida que en el pasado. Destacó que el país exhibe simultáneamente superávit fiscal y superávit energético, una combinación inédita en las últimas décadas que, a su juicio, permite absorber mejor los shocks externos.

La conclusión de Caputo fue también una definición política. Reafirmó que el programa económico actual es distinto a los anteriores porque el orden macroeconómico no surgió de una crisis sino de una decisión política deliberada. Según su visión, esa diferencia marca un punto de quiebre en la historia económica argentina.

“Esta vez es diferente”, insistió. Para el ministro, la estabilización se consiguió respetando contratos y propiedad privada, sin recurrir a confiscaciones, corralitos o pesificaciones forzadas. En esa lógica, atribuyó al presidente Milei el liderazgo y la determinación necesarios para sostener un programa que considera excepcional en la historia reciente del país.

El mensaje final hacia el empresariado fue inequívoco: más disciplina fiscal, más desregulación, más apertura a la inversión privada y una profundización de las reformas estructurales. En palabras del propio ministro, el camino elegido exige “más ortodoxia que nunca”.

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Ley de Inocencia Fiscal: el Gobierno eleva hasta $100 millones el piso para delitos tributarios

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A través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año, el Gobierno nacional promulgó la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), una reforma integral del Régimen Penal Tributario y del procedimiento fiscal que apunta a incentivar la exteriorización y el uso de los denominados “dólares del colchón”. La norma eleva de manera sustancial los montos mínimos para la configuración de delitos tributarios, redefine los criterios de denuncia penal, acota los plazos de prescripción y crea un régimen de declaración jurada simplificada con efecto liberatorio, modificando de forma estructural la relación entre contribuyentes y el Estado.

La ley fue sancionada por el Congreso el 26 de diciembre de 2025 y entró en vigencia con su publicación oficial el 2 de enero de 2026. El texto introduce cambios profundos tanto en el Régimen Penal Tributario, establecido por la ley 27.430, como en la ley de procedimiento fiscal 11.683, el Código Civil y Comercial de la Nación y normas vinculadas a la seguridad social.

Reforma del Régimen Penal Tributario: suben los pisos y se redefine la acción penal

El núcleo de la Ley 27.799 está en la actualización de los montos a partir de los cuales se configuran delitos tributarios. En el artículo 1°, la norma sustituye el piso de punibilidad por evasión simple, que pasa de $1,5 millones a $100 millones. En el caso de evasión agravada, el umbral se eleva de $15 millones a $1.000 millones, mientras que otros supuestos relevantes aumentan de $2 millones a $200 millones y de $1,5 millones a $100 millones, según el tipo penal involucrado.

También se incrementan de forma significativa los montos mínimos vinculados a retenciones y percepciones indebidas, con nuevos valores que oscilan entre $7 millones y $35 millones, y se ajustan los importes aplicables a infracciones formales y sanciones accesorias.

Uno de los cambios más relevantes es la sustitución del artículo 16 del Régimen Penal Tributario. A partir de ahora, la administración tributaria no formulará denuncia penal cuando el contribuyente cancele de manera incondicional y total las obligaciones evadidas, junto con sus intereses, antes de la denuncia, beneficio que podrá otorgarse por única vez por persona humana o jurídica. Además, si la acción penal ya estuviera iniciada, esta se extinguirá si el contribuyente regulariza la deuda más un importe adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación penal.

La ley también aclara que esta modalidad específica de extinción penal no se rige por el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, y establece que la acción penal tributaria no proseguirá cuando se encuentren prescriptas las facultades del organismo recaudador para determinar los tributos.

Procedimiento fiscal, prescripción y seguridad jurídica para los contribuyentes

En paralelo, la norma introduce una reforma de amplio alcance en la ley 11.683, con una actualización masiva de multas formales, que pasan de valores simbólicos a montos que van desde $220.000 hasta $10.000 millones, según el tipo de infracción.

Uno de los ejes centrales es la redefinición de los plazos de prescripción. En general, las acciones del Fisco para determinar y exigir impuestos prescriben a los cinco años, pero se reducen a tres años cuando el contribuyente inscripto presentó la declaración jurada en término y regularizó el saldo, siempre que no exista una discrepancia significativa. Esta se define con precisión: diferencias superiores al 15%, montos que superen el nuevo umbral penal o el uso de documentación apócrifa.

La ley unifica criterios y extiende este esquema a tributos provinciales, municipales y a los aportes y contribuciones a la seguridad social, introduciendo modificaciones en las leyes 23.660, 23.661 y 14.236, y en el Código Civil y Comercial, que fija un plazo general de prescripción de cinco años, salvo excepciones expresas.

Declaración jurada simplificada y efecto liberatorio: incentivo a la formalización

Otro pilar de la Ley de Inocencia Fiscal es la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las ganancias. Podrán adherir personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y un patrimonio total de hasta $10.000 millones, siempre que no sean considerados grandes contribuyentes.

Una vez aceptada la declaración propuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y efectuado el pago correspondiente, el contribuyente obtiene efecto liberatorio total, tanto formal como material, respecto del impuesto a las ganancias del período fiscal. Además, se establece una presunción de exactitud, sin admitir prueba en contrario, para ganancias e IVA de los períodos no prescriptos, salvo que el organismo detecte discrepancias significativas.

La norma dispone que, mientras rija esta presunción, los contribuyentes quedan liberados de toda acción civil y penal tributaria, aduanera e infraccional, reforzando el objetivo de previsibilidad y reducción del riesgo penal.

Uso de dólares no declarados y nuevo vínculo fiscal

Desde el punto de vista económico, la Ley 27.799 busca reducir el incentivo a la informalidad y facilitar el ingreso al circuito formal de capitales no declarados, al elevar los riesgos penales solo para casos de magnitud significativa y ofrecer mecanismos claros de regularización. El fuerte aumento de los umbrales penales y la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el pago refuerzan la señal de inocencia fiscal para contribuyentes de menor y mediana escala.

En el plano institucional, la norma redefine el rol del Estado en materia de persecución penal tributaria, priorizando la recaudación efectiva por sobre la judicialización, y establece reglas más claras sobre prescripción, fiscalización y sanciones. Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares, alineando criterios en todo el sistema tributario.

La ley prevé que todos los montos serán actualizados anualmente por la variación de la UVA a partir del 1° de enero de 2027, mecanismo que busca evitar la licuación inflacionaria de los umbrales y sanciones.

Ley de Inocencia Fiscal by CristianMilciades

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Con votos ajustados, Diputados dio media sanción a la ley de Inocencia Fiscal

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Diputados aprobó el proyecto de “Inocencia Fiscal” y lo giró al Senado: reforma penal tributaria y blanqueo implícito de dólares no declarados

En su primera sesión con la nueva composición y tras sancionar el Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa del Gobierno orientada a incentivar el uso de dólares no declarados —conocidos como “dólares del colchón”— y a reformar en profundidad el Régimen Penal Tributario. La norma obtuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, en un debate marcado por fuertes cruces políticos y denuncias de la oposición.

Cambio de paradigma tributario: presunción de inocencia y foco en la “evasión relevante”

El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario, con un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia. El texto redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo explícito de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos estatales en conductas consideradas verdaderamente lesivas.

Entre los ejes centrales, la iniciativa habilita la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos para el inicio y la continuidad de procesos penales cuando las facultades del fisco se encuentren prescriptas. A su vez, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo inconsistencias relevantes, con la finalidad de reducir la discrecionalidad en los procesos de fiscalización y mejorar la previsibilidad.

En línea con ese enfoque, se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, destinado a facilitar el cumplimiento, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

Nuevos umbrales penales, Ganancias simplificado y menor prescripción

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la actualización de los umbrales a partir de los cuales la evasión pasa a ser delito. La evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, y la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. En el caso de la seguridad social, el piso sube de $200.000 a $7 millones, mientras que para el uso de facturas apócrifas el umbral se incrementa de $1,5 millones a $100 millones.

En materia de Ganancias, el proyecto establece un Régimen Simplificado con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir. Los contribuyentes alcanzados no deberán informar variaciones patrimoniales ni se controlarán sus consumos. En los hechos, ARCA liquidará el impuesto únicamente sobre los ingresos facturados, deduciendo los consumos, sin controlar el eventual crecimiento patrimonial.

Además, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre que se cancelen las deudas y sus intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Votación ajustada, críticas opositoras y giro al Senado

La iniciativa avanzó sin un debate ordenado en el tramo final de la sesión. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue la miembro informante, aunque su exposición se dio en un recinto alterado tras más de diez horas de discusión. En ese contexto, sostuvo que el proyecto “establece un cambio de paradigma” y cuestionó la idea de que los contribuyentes sean “sospechosos por defecto”.

El cierre del debate se aceleró por pedido de Silvana Giudici, y la votación general arrojó el resultado favorable. En la votación en particular, el diputado Guillermo Michel solicitó modificaciones para ajustar multas y clausuras según el tamaño de las empresas y personas humanas, pero no fueron aceptadas. Sí se incorporó una modificación en el artículo 43°, referida a la actualización de montos a partir del 1 de enero de 2027.

Desde la oposición de izquierda y sectores de Unión por la Patria se expresaron duras críticas. Miriam Bregman calificó la norma como “una ley para esconder narcos”, mientras que Romina del Plá la definió como “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico”. Juan Grabois también cuestionó con dureza el proyecto durante la sesión. Pese a ello, el oficialismo y sus aliados lograron sancionar el texto, que ahora será tratado por el Senado.

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