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Maduro se declaró inocente en Nueva York y denunció un “secuestro” tras su captura en Caracas

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El derrocado líder venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos por narcotráfico y conspiración narcoterrorista que enfrenta en Estados Unidos. En una audiencia marcada por la tensión política y el rigor judicial, se presentó como presidente de Venezuela, afirmó haber sido “secuestrado” en Caracas y rechazó de plano la acusación: “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”.

La comparecencia se produjo el 5 de enero de 2026, dos días después de su captura en la capital venezolana durante una operación militar estadounidense de gran escala. El caso, que tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, abre un capítulo inédito en la relación entre Washington y Caracas y plantea fuertes implicancias geopolíticas, judiciales e institucionales para la región.

La primera audiencia: identidad, inocencia y choque con la autoridad judicial

Pasado el mediodía de Nueva York —alrededor de las 14 en la Argentina— el juez Alvin K. Hellerstein dio inicio al procedimiento. Maduro ingresó a la sala vestido con uniforme carcelario naranja y azul marino, esposado y con auriculares para la traducción simultánea, al igual que su esposa, Cilia Flores, quien también compareció ante el magistrado.

Cuando se le pidió que se identificara, Maduro se presentó como “presidente de la República de Venezuela” y sostuvo que estaba “secuestrado”. El juez lo interrumpió para aclarar que el tribunal solo requería su identidad legal. Finalmente, el acusado confirmó su nombre completo: Nicolás Maduro Moros.

Tal como se anticipaba, Maduro se declaró inocente. “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”, afirmó en español, con interpretación oficial. Señaló además que tenía el escrito de acusación “por primera vez” en sus manos y prefirió leerlo personalmente cuando el juez le ofreció hacerlo en voz alta.

Flores, por su parte, se identificó como “la primera dama de la República de Venezuela” y también se declaró “completamente inocente”. Durante la audiencia se la vio con una venda en la frente y un hematoma visible cerca del ojo derecho. Su abogado informó que presentaba problemas de salud que requerían atención médica, posiblemente una fractura o hematomas graves en las costillas. El juez ordenó a la fiscalía garantizar la atención sanitaria correspondiente.

Desde dentro de la sala, un periodista del The New York Times resumió la escena como “un notable choque con la realidad”, al señalar que el exmandatario intentó hacer una declaración política, pero debió someterse a las reglas del tribunal, donde la autoridad es exclusivamente judicial.

Acusaciones, defensas y el avance del proceso judicial

La causa está a cargo de los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, encabezados por Jay Clayton, y se basa en una investigación de largo alcance de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La acusación formal, publicada el sábado previo a la audiencia, imputa a Maduro los delitos de conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína, mientras que a Flores se la acusa de conspiración para traficar cocaína. De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua.

Según el expediente, Maduro y su esposa habrían participado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en asociación con organizaciones violentas como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua.

Maduro estuvo representado inicialmente por un abogado de oficio, aunque luego se confirmó la contratación de un defensor privado, Barry Pollack, quien planteó que existen “cuestiones sobre la legalidad de su secuestro militar” y anticipó la presentación de documentos preliminares “voluminosos” para impugnar el procedimiento. Además, sostuvo que su cliente “es jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio” que ese estatus confiere.

Ambos acusados aceptaron permanecer detenidos por el momento. La posibilidad de solicitar libertad bajo fianza será evaluada más adelante. El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, y se estima que podría pasar más de un año antes de que se conforme un jurado y comience el juicio propiamente dicho.

Al finalizar la audiencia, que concluyó a las 12.31 hora local (14.31 en la Argentina), un hombre del público le gritó a Maduro “presidente ilegítimo”. El acusado respondió: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”. El manifestante fue identificado como Pedro Rojas, quien aseguró haber estado encarcelado por el régimen venezolano.

Captura, traslado y reconfiguración del poder en Venezuela

La comparecencia judicial fue el corolario de un operativo militar estadounidense ejecutado en la madrugada del sábado en Caracas, que incluyó comandos en tierra, bombardeos aéreos y una fuerte presencia naval. Maduro y Flores fueron sacados por la fuerza y trasladados a Estados Unidos.

Durante la mañana del lunes, una caravana partió desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hacia un campo deportivo cercano, donde un helicóptero trasladó a los detenidos a Manhattan. Desde allí fueron conducidos en un vehículo blindado al tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, un edificio de 27 pisos ubicado en las afueras de Chinatown.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien expresó su disposición a cooperar con Washington y a avanzar en una agenda de “desarrollo compartido”.

Trump evitó precisar el alcance del control estadounidense, pero ante la insistencia de la prensa respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”. Desde la Casa Blanca se reiteró que la relación con el nuevo gobierno venezolano dependerá, entre otros puntos, de la apertura al acceso de inversión estadounidense en las reservas petroleras venezolanas, consideradas las más grandes del mundo.

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Trump mira el petróleo venezolano, pero la recuperación demandará años según analistas

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La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de avanzar sobre el control político y económico de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro reactivó un viejo objetivo estratégico de Washington: el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, aunque el mandatario dejó en claro su intención de que empresas estadounidenses lideren la recuperación de la industria petrolera venezolana, los analistas advierten que el costo económico, los riesgos políticos y los plazos de maduración convierten al plan en una apuesta de largo aliento, con impactos limitados en el mercado global en el corto y mediano plazo.

Trump afirmó que Estados Unidos “administrará” el país hasta que se concrete una transición “segura” y sostuvo que las petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reparar una infraestructura “muy dañada” y “empezar a generar dinero para el país”. El anuncio, de fuerte carga política e institucional, abre interrogantes sobre la viabilidad real de explotar un recurso hoy subutilizado y condicionado por sanciones, deterioro operativo y un escenario político incierto.

Reservas récord, producción mínima y una infraestructura colapsada

Venezuela cuenta con aproximadamente 303.000 millones de barriles de reservas probadas, la mayor cifra a nivel mundial. No obstante, la brecha entre ese potencial y la producción efectiva es significativa. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, en noviembre el país produjo cerca de 860.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que generaba una década atrás y menos del 1% del consumo mundial de petróleo.

El declive productivo se profundizó desde comienzos de los años 2000, cuando los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro reforzaron el control estatal sobre PDVSA, lo que derivó en la salida de personal calificado, falta de inversiones y deterioro sostenido de las instalaciones. A ese proceso se sumaron las sanciones estadounidenses, aplicadas inicialmente en 2015 durante la presidencia de Barack Obama por presuntas violaciones a los derechos humanos, que restringieron el acceso a financiamiento, repuestos y tecnología clave.

El verdadero desafío que enfrentan es su infraestructura”, señaló Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec. Las refinerías, oleoductos y campos petroleros muestran un desgaste acumulado que, según los especialistas, no se resuelve con inversiones puntuales ni en plazos breves.

A esto se suma una característica técnica relevante: el crudo venezolano es mayormente pesado y agrio, más complejo y costoso de refinar que el petróleo “ligero y dulce” que produce Estados Unidos y que resulta más apto para la elaboración de naftas.

Riesgos políticos, sanciones y contratos en suspenso

Más allá del diagnóstico energético, los principales obstáculos para una reactivación a gran escala son de carácter legal y político. Homayoun Falakshahi, analista principal de Kpler, advirtió que las empresas interesadas en operar en Venezuela deberán alcanzar acuerdos con un nuevo gobierno, algo inviable mientras no se consolide un sucesor de Maduro con estabilidad institucional.

Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, sostuvo Falakshahi, quien remarcó que las compañías estarían arriesgando miles de millones de dólares en un contexto de alta incertidumbre. Antes de iniciar inversiones significativas, las petroleras necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno, definir marcos regulatorios y garantizar seguridad jurídica.

En paralelo, Estados Unidos incautó dos buques petroleros frente a las costas venezolanas e impuso un bloqueo a la entrada y salida de buques cisterna sancionados, lo que añade presión sobre los flujos de exportación y refuerza el carácter coercitivo de la estrategia.

Los analistas coinciden en que restablecer los niveles históricos de producción demandará decenas de miles de millones de dólares y podría llevar hasta una década, incluso bajo condiciones políticas favorables. Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, consideró que los planes de Trump tendrán un impacto limitado sobre el suministro global y, por lo tanto, sobre los precios internacionales del crudo.

“El plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo”, señaló Shearing, quien estimó que en 2026 los precios del petróleo mostrarán muy pocos cambios asociados a Venezuela. Incluso si el país lograra recuperar una producción cercana a tres millones de barriles diarios, seguiría fuera del grupo de los diez principales productores del mundo.

El interés de las petroleras y una apuesta de largo plazo

En este escenario, Chevron es la única petrolera estadounidense que permanece activa en Venezuela, tras recibir una licencia de operación en 2022 durante la presidencia de Joe Biden, a pesar de las sanciones vigentes. La compañía es responsable de aproximadamente una quinta parte de la producción venezolana y afirmó que su prioridad es la seguridad de sus empleados y el cumplimiento de “todas las leyes y regulaciones relevantes”.

El resto de las grandes firmas mantiene silencio público, aunque los analistas señalan que internamente evalúan la oportunidad. “El apetito de ir a alguna parte está vinculado a dos factores principales: la situación política y los recursos sobre el terreno”, explicó Falakshahi, quien consideró que, pese a la incertidumbre, “la ganancia potencial podría ser demasiado grande para eludirla”.

En la misma línea, el ex director ejecutivo de BP, John Browne, definió la reactivación petrolera venezolana como un “proyecto a muy largo plazo”. “La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear recursos, materiales y personal lleva muchísimo tiempo”, afirmó, y advirtió que incluso podría darse una caída inicial de la producción mientras la industria se reorganiza.

Para Browne, sin embargo, el atractivo estratégico persiste: “Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía, vas a querer involucrarte muy rápidamente”. Aun así, el consenso entre los expertos es claro: el petróleo de Venezuela representa una promesa enorme, pero su explotación efectiva exigirá estabilidad política, inversiones masivas y una paciencia que excede ampliamente los tiempos de la coyuntura.

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Delcy Rodríguez propone a Trump una agenda de cooperación tras la captura de Maduro

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En medio de la detención y judicialización del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, la funcionaria a cargo de la transición política en Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó formalmente a Washington a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”. El pronunciamiento se produjo horas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y que necesita “acceso total” a sus recursos estratégicos, en particular el petróleo.

El cruce de mensajes marca un punto de inflexión institucional tras la captura de Maduro en Caracas el sábado y su posterior traslado a Nueva York, donde este lunes debe comparecer ante un juez federal por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. La situación abre un escenario de redefinición política, diplomática y económica, con impacto directo en la relación bilateral y en la transición interna venezolana.

El mensaje de Rodríguez: paz, cooperación y nueva diplomacia

El domingo por la noche, Rodríguez difundió un comunicado a través de su canal de Telegram en el que reafirmó la “vocación de paz” de Venezuela y su aspiración a vivir “sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”. En el texto, sostuvo que “la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

La funcionaria, que asumió de manera temporal la presidencia con el aval de la Corte Suprema y de las fuerzas militares, planteó como prioridad avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones exteriores. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, afirmó.

Rodríguez extendió además una invitación directa al gobierno estadounidense: “Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

El pronunciamiento se conoció instantes después de declaraciones públicas de Trump, quien aseguró que Estados Unidos mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo” en Venezuela. Consultado sobre quién ejerce el control político, evitó precisiones: “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”.

Trump, los recursos estratégicos y la presión judicial

Desde Washington, Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos, aunque aclaró que aún no habló personalmente con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, dijo. En ese marco, el mandatario vinculó la cooperación con intereses estratégicos concretos: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”.

El presidente estadounidense describió a Venezuela como “un país muerto” y sostuvo que serán necesarias “grandes inversiones de las compañías petroleras” para poner en funcionamiento su infraestructura. Trump rechazó que Rodríguez haya respondido con críticas formales a la operación que derivó en la captura de Maduro, pese a que la dirigente había calificado ese accionar como una violación del derecho internacional y de la soberanía. “Ustedes escuchan a una persona diferente de la que yo escucho”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en paralelo al avance del proceso judicial contra Maduro. Trump anticipó que el país enfrentará “un juicio muy duro” y aseguró que “el caso es infalible”. “La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”, declaró.

Maduro tiene previsto comparecer este lunes al mediodía ante un tribunal federal de Nueva York, bajo la supervisión del juez de distrito Alvin K. Hellerstein, a quien Trump calificó como “muy respetado”.

Comisión política y el inicio formal del proceso contra Maduro

Tras los comunicados cruzados, el gabinete chavista informó la creación de una comisión “de alto nivel” destinada a buscar la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El anuncio fue realizado por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien integrará el grupo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el canciller Iván Gil.

En paralelo, Delcy Rodríguez encabezó el domingo su primera reunión del Consejo de Ministros, apenas un día después de asumir formalmente la presidencia interina.

El núcleo del expediente judicial contra Maduro gira en torno a cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de una figura penal que combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes. Los fiscales sostienen que el ex líder chavista participó durante años en un entramado destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones no son nuevas. En marzo de 2020, fiscales federales ya habían presentado cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes, vinculándolos con el denominado Cartel de los Soles. El expediente también menciona a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas, y recuerda que dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York en 2017 por intentar introducir cocaína en Estados Unidos.

Desde el punto de vista judicial, la audiencia de este lunes no implica aún un juicio ni una evaluación de pruebas, sino el inicio formal del proceso con el acusado presente. En esa instancia, la fiscalía detallará los cargos, la defensa podrá plantear objeciones preliminares y el juez resolverá cuestiones como la detención preventiva, el calendario procesal y las condiciones de acceso a la evidencia.

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Las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina: del siglo XIX a la captura de Maduro

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Lejos de constituir un hecho excepcional, la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos se inscribe en una larga tradición de intervenciones militares en el hemisferio occidental que atraviesa más de dos siglos. La incursión de este sábado, que incluyó bombardeos sobre territorio venezolano y el traslado del mandatario a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcoterrorismo, volvió a poner en primer plano una práctica estructural de la política exterior de Washington: el uso directo de la fuerza para imponer objetivos estratégicos, políticos o de seguridad.

El propio Donald Trump confirmó la operación y defendió su legalidad y necesidad, pero el episodio abrió un debate inmediato sobre sus implicancias jurídicas y geopolíticas, especialmente en una región históricamente marcada por la proyección militar estadounidense.

De la Doctrina Monroe a la Guerra Fría: dos siglos de intervenciones

Desde sus orígenes, Estados Unidos articuló una política exterior orientada a consolidar su dominio regional. La Doctrina Monroe de 1823 —según la cual cualquier intervención europea en América sería considerada una agresión contra Washington— estableció el principio fundacional de esa hegemonía hemisférica. Con el tiempo, esa doctrina evolucionó hacia una práctica concreta de intervención directa o indirecta en los asuntos internos de los países latinoamericanos.

Durante el siglo XIX, la expansión territorial estadounidense se realizó mediante conflictos armados y anexiones. La guerra contra México entre 1846 y 1848 culminó con la ocupación y posterior incorporación de vastos territorios que hoy conforman buena parte del suroeste estadounidense, consolidando el uso de la fuerza como instrumento de construcción estatal.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, tras derrotar a España en 1898, Estados Unidos emergió como potencia global e inauguró una etapa de ocupaciones en el Caribe y Centroamérica, conocidas como las Banana Wars. Nicaragua, Haití, Honduras y República Dominicana fueron intervenidos o directamente ocupados para garantizar gobiernos funcionales a intereses políticos y económicos estadounidenses. La ocupación de Haití entre 1915 y 1934 fue uno de los ejemplos más duraderos y explícitos de ese patrón.

Con la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría, la región pasó a formar parte del tablero de la confrontación global entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La lógica de la “contención del comunismo” justificó golpes de Estado, operaciones encubiertas y guerras por delegación. El fracaso de Bahía de Cochinos en 1961, el respaldo a dictaduras militares y el financiamiento de los Contras en Nicaragua en los años ochenta marcaron una época de fuerte injerencia política y militar, con consecuencias devastadoras para la estabilidad democrática de la región.

En paralelo, Estados Unidos recurrió también a intervenciones abiertas: la invasión de Granada en 1983 y la de Panamá en 1989, para capturar al general Manuel Noriega, mostraron que el uso directo de la fuerza seguía siendo un recurso disponible. Aquella operación en Panamá fue condenada por Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos como una violación al derecho internacional.

La nueva disputa global y el regreso del poder militar

Tras el fin de la Guerra Fría, Washington desplazó el centro de su política exterior hacia Medio Oriente, Europa Oriental y Asia, pero América Latina nunca dejó de ser un espacio estratégico. En las últimas dos décadas, el ascenso de China como principal socio comercial de varios países latinoamericanos, su expansión en infraestructura, energía y financiamiento, y su creciente influencia diplomática reactivaron en Washington la percepción de que su histórica esfera de influencia estaba siendo desafiada.

En ese marco, Venezuela adquirió un valor simbólico y estratégico. La captura de Nicolás Maduro no solo representa una acción contra un gobierno hostil a Estados Unidos, sino también una señal hacia el resto del continente: Washington vuelve a mostrar que está dispuesto a utilizar su poder militar para imponer límites en su entorno regional inmediato.

El operativo se produjo además en un contexto internacional altamente fragmentado. La guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis permanente en Medio Oriente y la creciente rivalidad entre grandes potencias configuran un sistema global inestable, donde las reglas multilaterales pierden peso frente a la lógica de la fuerza.

Argentina ocupa un lugar singular dentro de ese esquema. Desde la llegada de Javier Milei al poder, la política exterior argentina se alineó explícitamente con Washington. Ese posicionamiento se expresó tanto en el respaldo político de Donald Trump al gobierno argentino como en la reacción frente al caso venezolano: Buenos Aires fue uno de los primeros gobiernos en celebrar públicamente la detención de Maduro.

Para numerosos analistas, ese alineamiento reabre viejas discusiones sobre soberanía, dependencia y autonomía en la política exterior argentina. En una región históricamente marcada por la intervención externa, el regreso de operaciones militares directas plantea interrogantes que van mucho más allá del destino personal de un presidente capturado: ponen en juego el equilibrio de poder, el derecho internacional y el futuro político de América Latina en la nueva disputa global.

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Milei viajó al Nobel de la Paz y reforzó su alineamiento con la oposición venezolana

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Milei participó en la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado en plena tensión geopolítica entre Estados Unidos y el régimen de Maduro

En un contexto de creciente presión internacional sobre Venezuela, el presidente Javier Milei viajó este miércoles a Oslo para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. La presencia del mandatario argentino coincide con la ofensiva declarada por Donald Trump contra Nicolás Maduro y constituye un gesto político que refuerza el alineamiento de la Casa Rosada con la estrategia de Washington en torno al conflicto venezolano.

Un viaje político al centro de la tensión global

El Presidente llegó a Noruega al mediodía, acompañado por una delegación reducida integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El objetivo inmediato fue participar de la ceremonia del Nobel en el Ayuntamiento de Oslo, donde Machado —la figura opositora más relevante frente al régimen venezolano— fue distinguida.

La secuencia internacional ofrece una lectura clara: mientras Donald Trump afirma que Maduro “tiene los días contados”, Milei se posiciona públicamente junto a la principal referente de la oposición venezolana, actualmente en la clandestinidad desde agosto de 2024, cuando el régimen intensificó las órdenes de captura contra miembros de su movimiento político.

Este gesto diplomático se enmarca en una sintonía declarada entre Buenos Aires y Washington. Tanto Milei como Trump comparten una lectura geopolítica que identifica al gobierno venezolano como un aliado estratégico de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, con repercusiones directas en la seguridad regional.

Tras la ceremonia, Milei mantendrá reuniones bilaterales con el rey Harald V y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, con foco en la relación diplomática entre Argentina y Noruega.

María Corina Machado: clandestinidad, persecución y un premio recibido en ausencia

Si bien se especuló con un encuentro entre Milei, María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, esto quedó descartado horas antes del evento. Machado no asistió al acto debido a su situación de clandestinidad.

Erik Aasheim, portavoz del Comité del Nobel Noruego, había relativizado su presencia, al señalar que “hay expectativas”, pero destacando la dificultad logística para que la dirigente viajara desde Caracas.

Machado, finalmente, envió un mensaje afirmando que está “en camino ahora” y que llegará a Oslo “entre la noche del miércoles y la mañana del jueves”. Agregó que el reconocimiento “es un premio para todos los venezolanos” y que espera reencontrarse con su familia “después de dos años”.

La dirigente fue forzada a la clandestinidad tras ser acusada —sin evidencia presentada— de conspirar contra Maduro. Según los datos difundidos, escapará y regresará protegida por su inmunidad internacional, evitando así ser capturada por el aparato represivo venezolano.

Además del mandatario argentino, asistieron los presidentes José Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Todos forman parte del bloque regional que respalda la transición democrática en Venezuela y adhieren a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, donde la situación venezolana es considerada un tema prioritario.

Impacto diplomático y proyección de la crisis venezolana

La presencia conjunta de Milei, Mulino, Noboa y Peña en Oslo refleja un alineamiento hemisférico frente al régimen de Maduro. La región vive un momento de máxima tensión: Estados Unidos fortaleció su presión diplomática con el apoyo explícito de Trump, mientras Venezuela sostiene alianzas estratégicas con países como Rusia, China e Irán, que le proveen asistencia financiera, tecnológica y militar.

Para los analistas internacionales, el rol de María Corina Machado es central. Su liderazgo articuló la resistencia civil y política más amplia de la última década, convirtiéndose en un símbolo de presión global sobre el régimen de Caracas. El reconocimiento del Comité del Nobel no solo legitima esa posición, sino que amplifica la presión sobre la permanencia de Maduro en el poder.

En este marco, el equipo político de Machado desmintió cualquier insinuación de que la dirigente no regresaría a Venezuela tras el viaje a Oslo. Magalli Meda, ex vocera de su campaña, respondió que pensar en su exilio sería “como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”.

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