La administración de Donald Trump profundiza su estrategia de presión comercial y aplicará desde este viernes un nuevo esquema de aranceles a las importaciones provenientes de 60 países, con tasas que oscilarán entre el 10% y el 12,5%, en una medida que busca forzar a sus socios comerciales a reforzar los controles contra el trabajo forzoso en las cadenas de producción.
La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y reemplaza el régimen transitorio de gravámenes del 10% que vencía este viernes. La nueva estructura se implementa bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que habilita al Ejecutivo estadounidense a imponer sanciones comerciales frente a prácticas consideradas “injustificadas, irrazonables o discriminatorias”.
Según explicó el organismo, la investigación concluyó que las políticas de las 60 economías analizadas respecto de la prohibición de importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso resultan insuficientes o carecen de mecanismos efectivos de aplicación.
Argentina quedó en el grupo con la menor alícuota
Argentina integra el grupo de países que enfrentarán un arancel del 10%, el nivel más bajo previsto dentro del nuevo esquema. En esa misma categoría aparecen Canadá, México, India, Indonesia, Malasia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Pakistán, Sri Lanka, Reino Unido y Bangladesh, entre otros.
De acuerdo con la USTR, estas economías cuentan con algún tipo de legislación o compromiso internacional para combatir el trabajo forzoso, aunque Washington considera que todavía existen falencias en la implementación de esos controles.
En cambio, determinados productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza afrontarán gravámenes de entre 10% y 12,5%, mientras que otros países alcanzados por la investigación recibirán directamente la tasa máxima.
China quedó excluida de este esquema debido a que mantiene un régimen arancelario específico dentro de la relación comercial bilateral con Estados Unidos.
Un giro tras el fallo de la Corte Suprema
El nuevo esquema reemplaza los aranceles generales que Trump había impuesto de manera provisoria luego de que un fallo de la Corte Suprema limitara la capacidad del Poder Ejecutivo para establecer determinados gravámenes sin intervención del Congreso.
Para evitar ese obstáculo legal, la Casa Blanca recurrió ahora a la Sección 301, vinculando las nuevas tarifas a una investigación formal sobre prácticas comerciales relacionadas con el trabajo forzoso.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que el objetivo es que otros países adopten estándares similares a los de Estados Unidos.
“Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición sobre la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso y la aplica rigurosamente. Es momento de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó.
Excepciones y posibles efectos
La medida contempla excepciones para determinados bienes estratégicos, entre ellos petróleo, gas natural y fertilizantes. También quedan excluidos los productos que ingresan bajo las condiciones del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).
En la práctica, los aranceles serán abonados inicialmente por las empresas estadounidenses importadoras. Sin embargo, una parte de ese costo suele trasladarse posteriormente a los consumidores mediante aumentos de precios, aunque la administración Trump sostiene que el objetivo principal es modificar las prácticas comerciales de los países exportadores.
La lucha contra el trabajo forzoso
Washington fundamentó la decisión en la necesidad de fortalecer la presión internacional contra el trabajo forzoso, una problemática que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afectaba a unas 27,6 millones de personas en todo el mundo en 2021.
Diversas organizaciones especializadas consideran que las restricciones comerciales pueden convertirse en un incentivo para mejorar los controles laborales, aunque advierten que los países afectados necesitarán tiempo, asistencia técnica y mecanismos efectivos para adecuarse a las nuevas exigencias.
En paralelo, la USTR mantiene abiertas otras investigaciones comerciales sobre posibles casos de sobreproducción y competencia desleal en 16 países, lo que anticipa que la política arancelaria seguirá siendo uno de los principales instrumentos de la estrategia económica de la Casa Blanca.
La escalada comercial entre Estados Unidos y Brasil sumó un capítulo con impacto directo sobre uno de los principales instrumentos de la economía cotidiana brasileña: Pix, el sistema de pagos instantáneos que también se convirtió en una herramienta habitual para miles de turistas argentinos.
El gobierno de Donald Trump anunció un arancel adicional del 25% sobre la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil, como respuesta a una investigación comercial que cuestionó distintas políticas del país sudamericano. Entre ellas aparece el funcionamiento del mercado de pagos electrónicos y el lugar que ocupa Pix frente a empresas privadas, varias de ellas estadounidenses.
La medida no constituye técnicamente una sanción exclusiva contra Pix. El sistema de pagos forma parte de un expediente mucho más amplio, iniciado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, que también analiza aranceles preferenciales, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol, políticas contra la corrupción, comercio digital y deforestación ilegal.
Sin embargo, la inclusión de Pix tiene un fuerte peso político y económico. Washington considera que determinadas decisiones de Brasil pueden favorecer al sistema administrado por el Banco Central brasileño y reducir las oportunidades de competencia para compañías internacionales de tarjetas, plataformas financieras y proveedores de pagos digitales.
Qué cuestiona Estados Unidos
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó que algunas políticas y prácticas brasileñas resultan “irrazonables” o discriminatorias y afectan al comercio estadounidense.
En el capítulo referido a los servicios digitales y los medios de pago, el planteo estadounidense apunta a determinar si Brasil otorga ventajas regulatorias o comerciales a Pix frente a otros operadores.
La controversia enfrenta dos modelos. Por un lado, Pix funciona como una infraestructura pública impulsada y administrada por el Banco Central de Brasil. Por otro, las compañías privadas estadounidenses reclaman condiciones de competencia equivalentes para operar dentro de uno de los mercados digitales más grandes de América Latina.
El Gobierno estadounidense sostiene que la nueva tarifa busca responder a esas prácticas y proteger a sus empresas. El arancel del 25% se aplicará a la mayoría de las importaciones brasileñas, aunque contempla excepciones para determinadas categorías de bienes.
Pix no fue creado por un banco privado
Pix comenzó a funcionar plenamente el 16 de noviembre de 2020 y fue desarrollado por el Banco Central de Brasil, no por una empresa financiera privada.
La plataforma permite transferir dinero y realizar pagos de forma instantánea durante las 24 horas, incluidos fines de semana y feriados. Las operaciones pueden concretarse mediante códigos QR o claves vinculadas con números de teléfono, correos electrónicos, documentos fiscales o identificadores aleatorios.
Para las personas físicas, las transferencias suelen ser gratuitas. Los comercios, en tanto, enfrentan costos generalmente inferiores a los cobrados por los sistemas tradicionales de tarjetas.
Ese esquema permitió que Pix se expandiera rápidamente y pasara a ocupar un lugar central dentro de la economía brasileña. El propio Banco Central de Brasil lo presenta como una de las innovaciones que transformaron el mercado de pagos del país durante los últimos cinco años.
Por qué Pix importa para los argentinos
La disputa también tiene una dimensión turística. Pix dejó de ser una herramienta utilizada exclusivamente por residentes brasileños y se convirtió en una de las alternativas preferidas por los argentinos que viajan a playas y ciudades del país vecino.
Distintos bancos y billeteras argentinas permiten escanear códigos Pix y pagar en Brasil desde cuentas en pesos o dólares. La operación evita la necesidad de comprar reales en efectivo y reduce la dependencia de tarjetas internacionales.
Según el Monitor KamiPay citado en el informe original, el 61% de los argentinos utiliza Pix durante sus vacaciones en Brasil, por encima del efectivo, con el 49%, y de las tarjetas, con el 45,7%. Ocho de cada diez usuarios de Pix lo emplean para pagar al menos la mitad de sus consumos.
Para los viajeros argentinos, el atractivo está en la facilidad de uso, la aceptación entre pequeños comercios y vendedores, y la posibilidad de conocer antes de cada operación cuántos pesos se debitarán para cancelar una compra expresada en reales.
Por el momento, los aranceles aplicados por Washington no modifican el funcionamiento técnico de Pix ni impiden que los argentinos continúen utilizándolo en Brasil. El riesgo está en la evolución de la disputa: una negociación más agresiva podría derivar en presiones regulatorias, cambios sobre las condiciones de competencia o mayores exigencias para las plataformas que conectan cuentas argentinas con el sistema brasileño.
La respuesta de Lula
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó los cuestionamientos estadounidenses y defiende a Pix como una infraestructura pública orientada a aumentar la competencia, reducir costos y facilitar la inclusión financiera.
Brasil sostiene que la plataforma no excluye a los operadores privados y que bancos tradicionales, entidades digitales y empresas financieras pueden participar del sistema bajo las reglas establecidas por el Banco Central.
La administración de Lula evalúa responder con medidas comerciales recíprocas y recurrir a los mecanismos internacionales de solución de controversias. Al mismo tiempo, mantiene abiertas las negociaciones con Washington para evitar una profundización del conflicto.
El choque excede a Pix. Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los actores centrales del bloque de los BRICS. Una guerra arancelaria con Estados Unidos puede alterar exportaciones, inversiones, cadenas industriales y decisiones diplomáticas en toda la región.
Una batalla por el negocio de los pagos
Detrás de la pulseada comercial aparece una discusión estratégica: quién controla la infraestructura por la que circula el dinero.
Pix redujo el espacio ocupado por el efectivo y por operaciones tradicionales con tarjetas. Su masificación permitió que pequeños comercios, trabajadores independientes y consumidores realizaran transferencias inmediatas sin depender de redes privadas internacionales.
Para Brasil, se trata de una política de modernización y soberanía financiera. Para Estados Unidos, el diseño regulatorio puede generar una ventaja injusta frente a compañías privadas que buscan competir en ese mercado.
La controversia también anticipa debates que comenzarán a repetirse en otras economías. A medida que los bancos centrales desarrollen monedas digitales, sistemas de transferencias instantáneas e infraestructuras públicas de pago, aumentarán las tensiones con las redes privadas que hasta ahora dominaron las operaciones internacionales.
El impacto regional
Argentina observa la disputa desde una posición particular. Brasil es su principal socio comercial y uno de los destinos internacionales más elegidos por los turistas argentinos. Cualquier deterioro significativo de la economía brasileña puede repercutir sobre las exportaciones industriales argentinas, el turismo y el movimiento fronterizo.
En provincias limítrofes como Misiones y Corrientes, Pix también ganó espacio en las operaciones cotidianas vinculadas con compras, servicios y viajes.
La aplicación del arancel estadounidense no amenaza de manera inmediata los pagos realizados por argentinos. Pero la inclusión de Pix dentro de la investigación confirma que el sistema dejó de ser solamente una innovación financiera brasileña: ahora forma parte de una disputa geopolítica entre las dos mayores economías del continente.
Estados Unidos cuestiona las ventajas que podría recibir la plataforma pública. Brasil responde que no renunciará a uno de sus principales instrumentos de modernización financiera. En medio de la pelea quedan empresas, exportadores, viajeros y millones de usuarios que incorporaron Pix como una forma cotidiana de mover dinero.
La relación entre Brasil y Estados Unidos volvió a ingresar en una etapa de fuerte tensión política y diplomática. Mientras la administración de Donald Trump aprovecha su estrategia de combate contra las organizaciones criminales transnacionales para implementar sanciones económicas y financieras, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con un contundente mensaje en defensa de la soberanía regional: “Nadie es dueño de América del Sur”.
El cruce se produjo luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra dos ciudadanos brasileños, tres empresas radicadas en el estado de San Pablo y una firma portuguesa, acusados de integrar una estructura de lavado de dinero al servicio del Primer Comando Capital (PCC), considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.
La decisión profundiza el endurecimiento de Washington frente al crimen organizado regional y, al mismo tiempo, incrementa las diferencias con el gobierno brasileño sobre el alcance de la política estadounidense en Sudamérica.
Estados Unidos apunta al financiamiento internacional del PCC
Las sanciones fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, utilizando las órdenes ejecutivas 14059 —orientada al combate del narcotráfico— y 13224, que habilita medidas económicas contra organizaciones catalogadas como terroristas y quienes las apoyen.
Entre los sancionados figuran el empresario Victor de Oliveira Shimada, señalado como uno de los principales nexos financieros entre operadores del PCC en Florida y estructuras criminales radicadas en Brasil, y Stella Nunes Henrique de Oliveira, identificada como colaboradora directa.
También fueron alcanzadas las empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluciones de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda y la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Según la investigación estadounidense, la organización habría lavado más de 30 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante transferencias internacionales y operaciones con criptomonedas, utilizando empresas de fachada para canalizar recursos obtenidos por actividades ilegales en distintas ciudades de Estados Unidos.
Washington sostiene que estos mecanismos permitían enviar fondos hacia integrantes del PCC en Brasil, fortaleciendo la estructura financiera de una organización dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y homicidios por encargo.
La nueva estrategia de Washington contra el crimen organizado
Las sanciones forman parte de un cambio más amplio en la política de seguridad estadounidense.
Hace pocas semanas, la administración Trump incluyó formalmente tanto al Primer Comando Capital (PCC) como al Comando Vermelho (CV) dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplía significativamente las herramientas jurídicas disponibles para perseguir sus activos financieros alrededor del mundo.
La calificación permite congelar bienes, bloquear operaciones bancarias, prohibir cualquier tipo de asistencia económica y perseguir internacionalmente a personas o empresas vinculadas con estas estructuras criminales.
El objetivo declarado por Washington consiste en desarticular la infraestructura financiera de las organizaciones dedicadas al narcotráfico antes que concentrar exclusivamente los esfuerzos en la persecución policial de sus integrantes.
Lula respondió desde la cumbre del Mercosur
La respuesta política llegó pocas horas después desde Asunción, durante la cumbre del Mercosur.
Sin mencionar directamente a Donald Trump, Lula utilizó un discurso de fuerte contenido geopolítico para reivindicar la autonomía regional.
“Nadie es dueño del mundo, nadie es dueño de América del Sur”, afirmó el mandatario brasileño, al tiempo que cuestionó los alineamientos automáticos con las grandes potencias y defendió una política exterior basada en la multipolaridad y la diversificación de alianzas comerciales, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos con China.
Las declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa al creciente protagonismo estadounidense en los asuntos de seguridad regional y a la decisión de catalogar como terroristas a organizaciones criminales brasileñas.
Aunque el gobierno brasileño respalda el combate contra el crimen organizado, dentro del Palacio del Planalto existe preocupación por las implicancias jurídicas y geopolíticas que puede tener la nueva doctrina estadounidense.
Sectores del oficialismo consideran que la utilización de la legislación antiterrorista podría abrir la puerta a mayores niveles de intervención internacional sobre cuestiones que Brasil entiende como parte exclusiva de su jurisdicción interna.
El canciller Mauro Vieira ya había advertido meses atrás que este tipo de clasificaciones podrían convertirse en un precedente para justificar acciones unilaterales de Washington bajo el argumento de combatir organizaciones terroristas.
Ese debate adquirió mayor intensidad luego del operativo estadounidense desarrollado este año en Venezuela, donde Estados Unidos ejecutó una operación de captura contra Nicolás Maduro en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.
Aunque ambos escenarios presentan diferencias jurídicas y políticas significativas, en Brasil algunos funcionarios observan con preocupación la ampliación del concepto de seguridad hemisférica impulsado por la Casa Blanca.
Un nuevo foco de tensión regional
Más allá del caso puntual del PCC, el episodio refleja una disputa mucho más amplia sobre el liderazgo político en América Latina.
Mientras Estados Unidos profundiza una estrategia basada en sanciones financieras, persecución internacional del narcotráfico y presión diplomática sobre gobiernos considerados ambiguos frente al crimen organizado, Brasil intenta consolidar un perfil de autonomía regional, fortaleciendo espacios como el Mercosur y ampliando sus relaciones con socios extrarregionales.
En ese contexto, las sanciones contra la red financiera vinculada al PCC trascienden el plano judicial y se convierten también en un nuevo capítulo dentro de la creciente competencia geopolítica entre Washington y Brasilia por la definición de las reglas de seguridad y gobernanza en América del Sur.
Por Daniel Pradas / IPS Noticias – La Bodeguita del Medio, icono en el mundo por considerarse la cuna del mojito y uno de los destinos preferidos de los visitantes extranjeros en el casco histórico de La Habana, apenas tiene estos días algún cliente, en lo que simboliza el desplome del turismo en Cuba con el bloqueo petrolero, ahora agravado con la retirada de varias cadenas hoteleras de sus negocios con empresas de la isla.
“Hace tres meses empezó a sentirse de verdad la baja del turismo. Ya no está entrando turismo en Cuba. Ninguno, ninguno. Hoy me puse de suerte y un español me compró una pieza de madera. Hemos estado días sin vender nada”, dijo a IPS Dunia Rodríguez, la vendedora de artesanías de un local frente al restaurante-bar.
Rodríguez gana 10 % de comisión del valor de las ventas que concrete. Ha sido así durante los 22 años que lleva trabajando en el mismo negocio y siempre había sido fructífero, pero en estos tiempos suele pasarse más de una semana sin ganar un centavo.
“Este momento del turismo es el peor de todos los tiempos”, sentenció Rodríguez.
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), entre enero y abril de 2026 arribaron en Cuba 328 608 visitantes internacionales, 44,2 % con respecto a igual período del año anterior, lo que significa que entraron unos 400 000 turistas menos a esta nación caribeña, cuya economía depende de la llamada industria sin chimeneas.
Para Carlos Gutiérrez, de 37 años, quien conduce para turistas en un automóvil clásico estadounidense de la década de 1950, la falta de clientes es un síntoma de la crisis, incluso peor que la falta de combustible.
“Con la cantidad de combustible que nos asignan por la empresa que nos representa, nos alcanza para tres días de trabajo al mes. Comprar el combustible por la calle es muy caro, pero que no haya turismo es lo que lo vuelve poco rentable”, dijo Gutiérrez a IPS.
Una de los primeros bajones del turismo debido a la crisis energética ocurrió cuando, en febrero, se divulgó la noticia de que el combustible de avión se había acabado en los principales aeropuertos de Cuba, y varias aerolíneas cancelaron sus vuelos a la isla.
Sin embargo, el hundimiento de la industria turística cubana apenas acababa de empezar, tras padecer múltiples desestímulos, que incluyen los crecientes y prolongados cortes de energía eléctrica, agudizados desde enero.
Dos turistas caminan por una calle cerca del hotel Iberostar Habana Selection y Habana Libre, en La Habana. Cuba depende, en gran medida, de los ingresos económicos producto de su industria turística. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS
Ultimátum al turismo
El mes de junio comenzó con la salida en desbandada de compañías hoteleras que llevaban años operando en Cuba pese a las restricciones de las sanciones estadounidenses.
El lunes 1, la canadiense Blue Diamond se retiró de los 15 alojamientos que gestionaba en la isla.
El martes 2, la cadena española Iberostar, presente en Cuba desde 1993, confirmó que abandonaba 12 de los 18 establecimientos que hasta entonces manejaba, incluidos hoteles de lujo como el Grand Packard y el Selection La Habana, el edificio más alto de Cuba.
La cadena indonesia Archipelago International también dejó de administrar, ese mismo día, sus seis hoteles, mientras el miércoles 3, la cadena española Meliá, la mayor cadena extranjera en el territorio con instalaciones en Cuba desde 1990, dejó de operar “de forma inmediata” 15 de sus más de 30 hoteles esta la nación caribeña.
Si bien el parque hotelero de la isla —con más de 80 000 habitaciones y de 300 instalaciones—, cerró 2025 con una ocupación de apenas 18,9 %, el motivo de la actual huida masiva se debe a que este viernes 5 vencía el plazo dado por la nueva orden ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo.
La medida amenaza con aplicar sanciones a casi cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.
El 15 de mayo, la minera canadiense Sherritt International había anunciado que disolvería su empresa conjunta con la estatal cubana General Nickel Company S.A., pero luego flexibilizó la decisión tras nuevas consultas con asesores y una caída de su valor en bolsa.
A partir del sábado 6, los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard también dejarán de funcionar en Cuba para evitar sanciones del gobierno de Estados Unidos, informó el miércoles 3 el Banco Central de Cuba (BCC).
La institución estatal explicó en un comunicado que el banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior —sin nombrarse en el comunicado— informó al BCC que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex, que pertenece al conglomerado empresarial del ejército, Gaesa.
El BCC dijo que “dicha interrupción” se relaciona directamente con la orden ejecutiva del 1 de mayo y que, debido a esta, “Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio” de Visa y Mastercard”.
Según el BCC, los medios de pago para divisas que se mantienen en la isla son el efectivo, tarjetas prepago nacionales y las tarjetas internacionales Mir, de Rusia, y Union Pay, de China.
Exterior del hotel Grand Packard, en La Habana. La cadena española Iberostar abandona 12 de los 18 establecimientos que manejaba hasta la primera semana de junio, para evitar las sanciones de Estados Unidos. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS
Todos los huevos en una canasta
En virtud de la orden ejecutiva 14404, Estados Unidos sancionó el 7 de mayo al conglomerado militar cubano Grupo de Administración Empresarial SA (llamado GAE y también Gaesa) así como a su directora, Ania Lastres Morera.
Según el Departamento de Estado, Gaesa “constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, al controlar «un estimado de 40 % o más de la economía de la isla”, en beneficio de las “élites corruptas”, mientras el pueblo cubano sufre “hambre, enfermedades” y falta inversión en infraestructuras críticas como la red eléctrica.
En respuesta a las acusaciones de Washington, el gobierno cubano publicó un inusual comunicado defendiendo al GAE como una “una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico” de Estados Unidos a Cuba.
Asimismo, asegura que el objetivo de la organización, nacida en la década de 1990, “siempre ha sido ha sido agrupar empresas con capacidades en la generación de divisas y recursos que el Estado requiere para mantener y desarrollar las conquistas sociales” y que ha permitido financiar centrales termoeléctricas, vías hidráulicas, hospitales y escuelas.
Este grupo estatal, en efecto, agrupa bajo su paraguas a múltiples empresas de variopintas ramas: gran parte del sector turístico, telecomunicaciones, firmas importadoras y distribuidoras, red de servicentros, bancos, puertos, inmobiliarias, transporte, entre otros.
“El GAE no es obra del secretismo, ni de élites y mucho menos la vía deenriquecimiento de unos pocos”, enfatiza el comunicado.
Pero su estructura también ha sido criticada por su falta de transparencia e, incluso, por no rendir cuentas al Estado.
En 2024, la entonces contralora general de Cuba, Gladys Bejerano, declaró a medios internacionales que Gaesa no estaba bajo su supervisión, porque a disciplina de la organización era encomiable y que la Contraloría concentra “fuerzas” donde hacen falta “avances”.
Pero la política Estados Unidos no pretende centrarse en Gaesa, sino que su abanico de sanciones trasciende hacie múltiples sectores de la institucionalidad cubana.
El jueves 4, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), emitió sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y algunos familiares cercanos, así como contra familiares del expresidente Raúl Castro.
Asimismo, sancionó a cinco instituciones y empresas cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), Amistur Cuba —la agencia de viajes del Icap—, y Minera La Victoria.
Díaz-Canel criticó esas nuevas sanciones a través de su cuenta de X: “Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”, escribió.
En este panorama de asfixia a la economía cubana, el gobierno de la isla deberá plantearse qué hacer para sortear las sanciones de Estados Unidos y evitar la caída libre del turismo, entre otros rubros de su economía.
“Llevamos años dejando que los altos cargos militares manejen toda la industria hotelera y prácticamente la economía del país. No solo es malo para el país, sino que es ingenuo, más cuando Estados Unidos está al acecho”, dijo a IPS Cristóbal, un programador habanero de 31 años, quien prefirió no decir su apellido.
Como Cristobal, no pocas personas se preguntan si, para salvar su economía, Cuba deberá quizás amputar alguno de sus miembros o, más específicamente, reorganizar su estructura empresarial.
“Todos saben que no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta”, agregó el joven programador.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que aún no está satisfecho con las ofertas de Irán para alcanzar un acuerdo, después de que la televisión estatal iraní revelara detalles de un borrador de la contrapropuesta de Teherán, todo esto en medio de una guerra en suspenso y una frágil tregua que exceptúa al estrecho de Ormuz.
En declaraciones públicas, el inquilino de la Casa Blanca precisó que el estrecho de Ormuz, vía marítima por donde circula una gran parte de los hidrocarburos del mundo, “estará abierta a todos” y que ningún país lo controlará si EE.UU. llega a un acuerdo, tras los informes revelados por la prensa iraní que afirman que Irán y el estado del Golfo de Omán podrían controlar un sistema de peaje para el estrecho.
“Lo vigilaremos, pero nadie lo controlará. Eso forma parte de la negociación. Quieren controlarlo, pero nadie lo hará. Son aguas internacionales y Omán se comportará como cualquier otro país o tendremos que destruirlo”, declaró Trump en una reunión de su gabinete. Lo vigilaremos, pero nadie lo va a controlar. Eso forma parte de la negociación que estamos llevando a cabo
“Irán está muy decidido a llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han conseguido… No estamos satisfechos, pero lo estaremos. O eso, o tendremos que terminar el trabajo”, añadió, sin dar más detalles, haciendo un alusión indirecta a que reanudaría con los bombardeos contra el territorio iraní para terminar de exterminar el programa nuclear iraní, cuyo uranio enriquecido aún no le fue entregado a Washington.
“El acuerdo tiene que ser perfecto”, sentenció más tarde, insistiendo en que el estrecho de Ormuz se abriría inmediatamente después de que se alcanzara un acuerdo y que ningún país tendría el control de la vía marítima.
Al respecto, un alto funcionario iraní confirmó a Reuters que este ese sigue siendo un punto conflictivo en las negociaciones.
Trump también aseguró que no le parece adecuado que Rusia o China se apoderaran de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, un rumor que se instaló en la últimas horas, al mismo tiempo que insistió en que no tiene prisa por lograr un acuerdo, a pesar de que la guerra le puede costar perder las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Según el promedio de sondeos elaborado por RealClearPolitics, el 58,3% de los estadounidenses desaprueba actualmente la gestión del presidente Trump.
Ellos pensaron que me iban a hacer esperar, ya sabes, ‘lo vamos a aguantar, él tiene las elecciones de mitad de mandato. No me importan las elecciones de mitad de mandato
Crispación entre Estados Unidos e Irán en torno al acuerdo para poner fin a la guerra
Con la intermediación de Qatar y Pakistán, las delegaciones estadounidense e iraní estarían negociando un memorando de entendimiento, casi tres meses después de que Israel y EE.UU. destaran la guerra, según revela Bloomberg y Reuters.
Sin embargo, aún hay puntos de crispación en las negociaciones en torno a las reservas de uranio enriquecido del país persa, las que Washington exige que sean entregadas para evitar el desarrollo de una bomba nuclear. Por lo que en esta primera etapa del acuerdo no se halla incluida la cuestión nuclear.
Según el portal estadounidense Axios, que citó a un funcionario de la administración de Donald Trump, Estados Unidos le hizo llegar a Teherán una propuesta de paz que contempla un memorando de entendimiento con una duración inicial de 60 días, el cual incluye un alto el fuego ampliado y las primeras discusiones para un acuerdo de nuclear definitivo.
Esto sería prorrogable si ambas partes consideran que las negociaciones avanzan.
El memorando de entendimiento estipula que durante esos 60 días Irán reabrirá totalmente el estrecho de Ormuz, retirará las minas que habría colocado en las aguas de Ormuz e iniciará con las negociaciones definitivas para un acuerdo nuclear. Del lado de Washington, por su parte, Estados Unidos levantaría el bloqueo sobre puertos iraníes y flexibilizaría ciertas sanciones petroleras para permitir que Teherán vuelva a exportar crudo.
“La administración Trump está trabajando en un posible acuerdo con Irán que reabriría completamente el estrecho a cambio de que Estados Unidos flexibilice o levante el bloqueo a la navegación iraní, poniendo fin a una de las interrupciones más importantes en el suministro energético mundial de la historia reciente. Sin embargo, las conversaciones dejan sin resolver cuestiones más espinosas, como si Irán aceptaría limitaciones importantes o el desmantelamiento de su programa nuclear —una exigencia de larga data de Trump— y si Teherán recibiría incentivos económicos más amplios como parte de cualquier acuerdo de alto el fuego”, expuso este martes TWSJ.
Pero también está incluido en el memorando, según las recientes filtraciones de The Wall Street Journal, un pacto para normalizar las relaciones entre Israel y Medio Oriente en general, mientras el inquilino de la Casa Blanca presionaría con todo a Arabia Saudita y a otro países de la región para que se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con el Estado hebreo.
