economía argentina

Caída real del 6,1% en gasto agropecuario y ajuste del 16,4% en 2026, según Analytica

Compartí esta noticia !

El último informe de la consultora Analytica revela una reconfiguración del gasto público en Argentina, con impactos significativos en el sector agropecuario. En los primeros nueve meses de 2025, el gasto primario cayó 2% interanual a precios constantes, mientras las partidas agrícolas sufrieron una contracción del 6,1%. Estas tendencias se profundizan en el presupuesto proyectado para 2026, que implicaría una reducción real de hasta 16,4% en inversión agropecuaria, afectando áreas clave como investigación, sanidad y productividad. El análisis cobra relevancia en un contexto de exención transitoria de retenciones a la soja, medida con un costo fiscal estimado en $1,6 billones (0,19% del PIB) y efectos directos sobre la capacidad de inversión estatal en el sector.

En septiembre, el gasto primario devengado disminuyó un 2% interanual medido a precios constantes. En el acumulado en los primeros nueve meses se incrementó un 0,9% comparado con igual período del año pasado.

Los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-septiembre 2024 fueron las transferencias corrientes a provincias (+42,2%), las asignaciones familiares y por hijo (+15,8%), particularmente la AUH (+23,2%), y los bienes y servicios (+15,0%).

Por otro lado, las partidas con mayores ajustes reales interanuales en el acumulado en los primeros nueve meses fueron los programas sociales (-21,1%), el gasto en subsidios económicos (-45,2%), particularmente los asociados a la energía (-57,0%), y la obra pública (-48,3%) donde la caída se concentra en las transferencias de capital (-61,9%) mientras que las construcciones tuvieron una leve mejora (+4,5%).

Dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En los primeros nueve meses se incrementaron un 206,6% interanual real.

GASTO EN AGRICULTURA

La decisión de eliminar transitoriamente las retenciones al sector agro exportador tiene un costo fiscal de $1,6 billones, 0,19% del PIB. Como se observa a continuación la mayor parte de la menor recaudación proviene de la exención aplicada a la soja y sus derivados —que concentran la mayor parte del valor exportado—, lo que refleja el peso estratégico del complejo sojero en la generación de divisas y en la recaudación tributaria.

Por su parte, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto público asociado a la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” registró una contracción interanual del 6,1% en términos reales. Esta caída se suma al fuerte ajuste observado en igual período de 2024, cuando el gasto se redujo un 61,7% real interanual. Aun así, cabe señalar que la reducción del año pasado está influenciada por la alta base de comparación, ya que en 2023 se registró un gasto históricamente alto en esta función, que pudo estar en parte influenciado por la sequía.

En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, los fondos destinados al sector agropecuario se concentraron en: “Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible” (17,9%), “Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria” (14,7%), “Acciones para la Protección Vegetal” (9,9%), “Acciones para la Sanidad Animal” (9,5%), “Investigación y Desarrollo Pesquero” (6,1%) y “Promoción del Comercio y Producción de Semillas” (2,9%). A su vez, un 38,6% del gasto se concentró en actividades centrales y comunes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, mientras que el 0,30% restante se distribuyó entre los programas “Administración y Control Comercial Agropecuario” y “Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario”. En particular, este último redujo en gran medida su ponderación, pasando de representar el 8,9% en 2022 y el 6,9% en 2023, a ser el 0,26% en 2025. Aun así, y como se mencionó antes, esto puede explicarse por la sequía iniciada en 2022 y prolongada hasta inicios de 2023, lo cual también puede explicar el motivo de un mayor gasto en esos años.

El proyecto de presupuesto 2026 contempla un crédito de $375.461,2 millones para la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” y toma como base de comparación un presupuesto de $351.355,6 millones para 2025, lo que implicaría un aumento nominal del 6,9%. Sin embargo, si se toma como base de comparación al crédito vigente al 2 de octubre, el monto es de $363.704 millones por lo que el aumento nominal sería del 3,2%. Más aún, si se descuenta la inflación promedio proyectada en el presupuesto (14%), se obtendría una caída real del 8,4%, mientras que utilizando nuestra proyección del 23,5%, la caída sería del 16,4%.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

Es uno de los organismos más importantes de la política pública en el sector agropecuario, actualmente es un descentralizado del Ministerio de Economía luego de que el Congreso revierta el DNU 462/2025 que lo reagrupaba a la Administración Centralizada.

En los primeros nueve meses del año, el gasto en el INTA se redujo un 23% real interanual, y se mantiene en niveles históricamente bajos.

El programa principal que ejecuta el INTA es “Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural”, el cual concentra el 71,1% del gasto total del organismo. En lo que va del año, este programa registró una reducción del 15,2% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. Por fuera de las actividades centrales, el segundo programa en relevancia es “Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas”, que tuvo un recorte interanual del 26,5% a pesos constantes.

Compartí esta noticia !

CEPA alerta que el Gobierno compró tiempo con dólares caros y poca credibilidad

Compartí esta noticia !

CEPA advierte: el Gobierno “compró tiempo” con apoyo de EE.UU., pero a un costo fiscal elevado y de corta duración

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el desempeño del Gobierno tras el apoyo inédito del Tesoro de Estados Unidos y la eliminación de retenciones al agro. Según el informe, la estrategia brindó apenas una semana de oxígeno financiero, con alto costo fiscal y riesgos crecientes en materia cambiaria y de deuda.

Apoyo de Estados Unidos y eliminación de retenciones

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que la administración económica recurrió a un rescate coordinado con el Tesoro de Estados Unidos, que incluyó un respaldo público de Scott Bessent y la eliminación de las retenciones para el agro.

La medida, anunciada el lunes 23 de septiembre, buscó generar confianza en los mercados luego de que el Banco Central (BCRA) vendiera USD 1.100 millones el 19/9 para sostener el techo de la banda cambiaria.

El impacto fiscal fue inmediato: El Tesoro resignó USD 1.450 millones de recaudación (0,3% del PBI) por la reducción a cero de las retenciones. A pesar de la liquidación de USD 5.760 millones del complejo agroexportador, el BCRA solo logró acumular USD 2.154 millones (37,4% de lo liquidado).

El CEPA considera que el gobierno “desaprovechó otra ventana para acumular reservas”, lo que volvió a forzar un endurecimiento del cepo cambiario.

El swap con EE.UU. y las tensiones con China

Uno de los puntos más relevantes es la negociación de un swap de monedas con el Tesoro estadounidense por un monto estimado en USD 20.000 millones.

Si el swap es instrumentado por el Tesoro, su plazo sería de 6 meses a un año (con aval del Congreso). Si lo ejecuta la Reserva Federal, el límite temporal no aplicaría.

Según el CEPA, este mecanismo podría reemplazar parte del swap vigente con China, que mantiene un tramo activo refinanciado de USD 5.000 millones y un tramo no activado de USD 14.000 millones. En el mejor escenario, la posición neta de reservas mejoraría apenas en USD 6.000 millones, lo que deja “sabor a poco”.

El organismo también advierte sobre condicionalidades posibles: tasa de interés, esquema de activación, alineamientos internacionales y hasta la política de retenciones, dado que Bessent mencionó públicamente el fin del “tax holiday”.

Mercado: de la euforia al atrincheramiento

En la semana posterior al anuncio, el tipo de cambio reaccionó con fuerza: el dólar pasó de $1.475 a $1.328, el riesgo país cayó 550 puntos básicos y las acciones bancarias subieron hasta 25% en dólares en tres días.

Sin embargo, el optimismo se desvaneció rápidamente: El BCRA repuso restricciones con la Comunicación A 8336, lo que provocó una brecha cambiaria de 10% entre el oficial y el CCL. Se prohibió a los brokers ofrecer dólares oficiales, endureciendo aún más el cepo. El BCRA vendió USD 450 millones y 200 millones en dos días para frenar la suba del mayorista en $1.425. Además, se desprendió de USD 1.700 millones en títulos dólar linked y realizó un canje por USD 7.300 millones, incrementando la exposición de la deuda al tipo de cambio.

El informe alerta que esta estrategia aumenta los riesgos de overshooting cambiario, dado que cada suba del dólar incrementa los vencimientos del Tesoro y las pérdidas por futuros del BCRA, que ya rondan el billón de pesos.

Perspectivas: octubre crítico y dudas sobre el financiamiento

De acuerdo con el CEPA, la estrategia oficial resultó “cara y efímera”: Se perdieron USD 1.471 millones de recaudación en beneficio de pocas cerealeras. El Tesoro enfrenta vencimientos por USD 4.500 millones en enero, con menos de USD 2.000 millones disponibles. El riesgo país volvió a ubicarse en torno a 1.250 puntos básicos.

El organismo concluye que el gobierno “dinamitó su credibilidad” y que el mercado ya no se conforma con declaraciones: “ahora exige ver la plata”. Si el apoyo de Estados Unidos no se concreta en los próximos días, el mes de octubre podría ser decisivo, con un esquema de bandas cada vez más debilitado o el regreso a un cepo similar al previo al acuerdo con el FMI.

Compartí esta noticia !

El Gobierno difiere hasta noviembre la actualización de impuestos a los combustibles

Compartí esta noticia !

El Gobierno vuelve a postergar la suba de impuestos a los combustibles hasta noviembre

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, que posterga nuevamente la entrada en vigencia de los incrementos remanentes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, previstos en la Ley 23.966. La medida difiere los aumentos, que estaban programados para el 1° de octubre, hasta el 1° de noviembre de 2025, con el objetivo de sostener la actividad económica en un contexto de transición fiscal.

Impuestos alcanzados

El decreto modifica los plazos establecidos en el Decreto 617/2025, extendiendo hasta el 31 de octubre el período en el cual no se aplicarán los incrementos pendientes en los montos fijos de los tributos sobre nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.

Estos gravámenes surgen del Título III de la Ley 23.966 (texto ordenado 1998 y modificatorias), que regula tanto el impuesto a los combustibles líquidos como el impuesto al dióxido de carbono. Los montos, fijados en pesos por unidad de medida, se actualizan trimestralmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Desde 2018, el artículo 7° del Decreto 501/2018 faculta a la entonces AFIP —hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— a disponer las actualizaciones en enero, abril, julio y octubre de cada año, pero sucesivas normas han venido difiriendo los efectos de esas subas para amortiguar su impacto inflacionario.

Impacto económico y razones de la prórroga

La decisión responde, según los fundamentos oficiales, a la necesidad de “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando trasladar en el corto plazo mayores costos a los precios de los combustibles, insumo clave para la logística, el transporte y la producción.

El esquema vigente implica que las actualizaciones correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025, que debían entrar en vigor gradualmente este año, quedarán diferidas hasta noviembre. Esto supone un alivio transitorio para los consumidores y sectores productivos, pero también posterga la recomposición de la recaudación fiscal atada a estos tributos.

El Gobierno mantiene así una política de diferimiento escalonado que busca equilibrar el impacto inflacionario de los aumentos en los surtidores con la necesidad de cumplir las reglas de actualización automática previstas en la ley.

Compartí esta noticia !

Argentina obtiene préstamo del BCIE por USD 100 millones para reforzar la Prestación Alimentar

Compartí esta noticia !

Argentina asegura financiamiento por USD 100 millones del BCIE para reforzar la seguridad alimentaria

El Gobierno aprobó el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la cuarta fase del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Argentina. Los fondos estarán destinados principalmente a sostener la Prestación Alimentar y serán ejecutados por el Ministerio de Capital Humano.

Un préstamo clave para sostener políticas alimentarias

Mediante el Decreto 687/2025, publicado el 26 de septiembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó el Contrato de Préstamo BCIE N° 2355, por el cual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgará hasta USD 100 millones a la República Argentina.

El financiamiento respaldará la continuidad del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Fase IV, cuyo objetivo es garantizar recursos para la Prestación Alimentar, una de las principales herramientas de asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad.

El programa se organizará en cuatro componentes: 1) Apoyo a la Prestación Alimentar, 2) Auditoría Externa, 3) Imprevistos y 4) Comisión BCIE. La ejecución quedará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.

Condiciones financieras y marco institucional

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó la operación y concluyó que el préstamo tendrá un impacto limitado en la balanza de pagos, al considerarlo consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas.

En paralelo, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que el costo financiero resulta inferior al que el país podría obtener en el mercado, lo que justifica el acuerdo en términos de eficiencia del endeudamiento.

El decreto faculta al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas a firmar el contrato y su documentación complementaria. Asimismo, se autorizó al titular de Economía a introducir modificaciones que no impliquen cambios sustanciales en el destino de los fondos ni en los montos.

La aprobación del préstamo del BCIE refleja la estrategia del Gobierno de recurrir a organismos multilaterales para reforzar programas sociales clave en un contexto de restricciones fiscales.

El apoyo financiero permitirá sostener la Prestación Alimentar, política que apunta a garantizar la cobertura alimentaria básica de millones de familias en situación de pobreza. El desembolso, además, funcionará como un alivio fiscal al cubrir parte del costo de este programa en el presupuesto nacional.

El decreto, suscripto por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, marca la continuidad de la cooperación con el BCIE, organismo que ya financió fases anteriores del mismo programa.

Compartí esta noticia !

El Tesoro colocó $7,3 billones y más de la mitad fue en bonos dólar linked

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía logró financiamiento neto positivo en la licitación del 26 de septiembre. La demanda se concentró en instrumentos atados al dólar, con fuerte participación de las cerealeras en plena liquidación de exportaciones.

Financiamiento neto y rollover positivo

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación del 26 de septiembre se recibieron ofertas por $7,74 billones y se adjudicaron $7,34 billones, lo que implicó un rollover del 130,2% respecto de los vencimientos del día. El resultado dejó un financiamiento neto de $1,71 billones, otorgando oxígeno a las necesidades inmediatas de caja del Tesoro.

De las 3.059 ofertas recibidas, 2.525 correspondieron a instrumentos en pesos y 534 a títulos vinculados al dólar. La composición final mostró que más de la mitad de lo adjudicado se concentró en bonos dólar linked, una señal clara de las preferencias del mercado en el actual contexto cambiario.

La preferencia por dólar linked

La atención de los inversores se centró en la cobertura cambiaria. En total, los instrumentos atados al dólar absorbieron $3,94 billones, con tasas moderadas:

  • D31O5 (octubre 2025): adjudicó USD 1.002 millones equivalentes a $1,33 billones, a tasa cero.
  • D28N5 (noviembre 2025): colocó USD 1.299 millones, equivalentes a $1,72 billones, con rendimiento anual de 1,01%.
  • TZVD5 (diciembre 2025): adjudicó USD 485 millones, por $641.126 millones, con TIREA de 1,25%.
  • D30A6 (abril 2026): absorbió USD 194 millones, equivalentes a $253.804 millones, con tasa de 1,99%.

El atractivo de estos instrumentos se vinculó directamente con la estrategia de las cerealeras, que aprovecharon la licitación como mecanismo formal de cobertura en plena temporada de liquidaciones, evitando presionar sobre los dólares financieros.

Bonos en pesos con menor protagonismo

Los títulos a tasa fija tuvieron menor peso en el total. Entre ellos:

  • S28N5 (noviembre 2025): adjudicó $1,49 billones con una TIREA de 53,4%.
  • T30E6 (enero 2026): colocó $1,49 billones con una TIREA de 63,1%.
  • S30A6 (abril 2026): sumó $417.962 millones con TIREA de 51,6%.
  • T15E7 (enero 2027): quedó desierto, reflejando la baja disposición del mercado a comprometerse en plazos largos en pesos.

El comportamiento secundario en BYMA reforzó esta tendencia: los bonos dólar linked mostraron firmeza, mientras que los títulos ajustados por CER tuvieron caídas de hasta 3,9% en tramos largos.

Señal política y desafíos futuros

El resultado de la licitación dejó un doble efecto: el Tesoro consiguió financiamiento neto positivo y al mismo tiempo canalizó la demanda de cobertura cambiaria hacia instrumentos oficiales, reduciendo presión sobre el MEP y el CCL.

Sin embargo, la sostenibilidad de este esquema dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener el atractivo de los bonos dólar linked una vez que se modere el flujo de exportaciones. El desafío será equilibrar las necesidades de caja con un esquema de deuda que no incremente la exposición al riesgo cambiario en el mediano plazo.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin